Miguel Ángel Cortés Martínez

Expediente 1182/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1182/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Cortés Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, ya que el juicio concluyó con una resolución en la que se determinó sobreseer el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. ? Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por los magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado, por el cual manifiestan que mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso, acordó lo conducente en relación al exhorto 63/2021 deducido del juicio laboral D-411/2018 de su índice, por lo que se les tiene dando cumplimiento a lo requerido mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno. ? Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, ante todo debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. ? Cesación de efectos del acto reclamado. Sentado lo anterior, respecto al acto reclamado, consistente la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y emplazar al demandado H. Ayuntamiento del Municipio de Huejotzingo, dentro del juicio laboral D-411/2018 del índice de la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y emplazar al demandado H. Ayuntamiento del Municipio de Huejotzingo, dentro del juicio laboral D-411/2018 del índice de la autoridad responsable; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que de las constancias que obran en autos se advierte que la autoridad responsable señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley, emplazó al demandado H. Ayuntamiento del Municipio de Huejotzingo, tan es así que dicha parte procesal ya dio contestación al escrito de demanda dentro del juicio laboral D-411/2018, tal y como se advierte de las siguientes reproducciones gráficas. (SIN TEXTO) De las imágenes insertas se aprecia que la autoridad responsable señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y que ya se emplazó a la parte demandada en el juicio laboral de origen -incluso ya se apersonó-, esto es, se pronunció respecto de la omisión reclamada por la parte quejosa. En consecuencia, dado que han cesados las omisiones reclamadas, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. ? Subsiste el acto reclamado pero no puede surtir efectos. En otra tesitura, por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno por el que la autoridad responsable se ordenó emplazar al demandado dentro del juicio laboral D-411/2018 vía exhorto, oficiosamente se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contemplada en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, cuyo contenido dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En efecto, la causa de improcedencia del juicio constitucional, se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario (que no depende de la autoridad responsable), que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es posible que el acto reclamado lesione a la parte quejosa; en consecuencia, tal causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. Esto es así, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, no obstante ello, existen diversos requisitos que condicionan a la procedencia del juicio de amparo, dado que debe trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En ese contexto, la causa de improcedencia del juicio constitucional que se analiza prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, prevé que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho humano que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del citado quejoso. Una vez sentado lo anterior, conviene destacar que de las constancias requeridas oficiosamente al Juzgado de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, dentro del exhorto 63/2021, se advierte el cumplimiento dado al diverso 4/2021 ordenado por el Tribunal de Arbitraje dentro del Juicio Laboral D-411/2018 mediante proveído de siete de enero de dos mil veintiuno por el que solicitó que en auxilio de sus funciones, emplazara al demandado Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla al juicio laboral en cita. Exhorto que se tuvo por cumplido mediante diligencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, en la que se emplazó al demandado, tal y como se advierte en la siguiente reproducción gráfica: Comunicación oficial que la autoridad responsable ya tuvo por recibida, incluso se recuerda que en diligencia del dieciséis de marzo del año en curso, se tuvo por apersonada la parte demandada al juicio laboral de origen. Lo relatado, pone de relieve la actualización de la causa de improcedencia en estudio, pues si bien subsiste el acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, por el que la autoridad responsable ordenó emplazar al demandado dentro del juicio laboral D-411/2018 por exhorto; sin embargo, aquél ya no produce alguna afectación al quejoso, puesto que dicho emplazamiento ya se realizó, incluso el demandado dio contestación, tal y como lo refiere en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, el acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno ya no incide en la esfera jurídica del quejoso, pues en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de amparo y se concediera la protección constitucional a su favor, resultaría nugatorio restituirla en el goce de su derecho que estima violado, pues al dejar sin efectos dicho proveído sería ilógico que se le concediera la protección constitucional para que en su caso, se emplazará nuevamente al demandado dentro del juicio laboral en comentó, por conducto del actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, lo que tendría como consecuencia un retardo en la impartición de justicia. Lo anterior es así, pues como se ha señalado, el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del peticionario de amparo, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Entonces, aun cuando subsiste acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, lo cierto es que ha dejado de existir su materia u objeto, pues el emplazamiento dentro del juicio laboral D-411/2018, ya se practicó; por tanto, la posible afectación que se producía en la esfera jurídica de la quejosa al aducir la dilación procesal, dejo de concretarse por la modificación de la situación en que ahora impera, lo cual se insiste, ya no deja huella alguna en el quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, del tomo XXIV, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2006, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia por todo lo expuesto, es evidente que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, pues en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las quince horas con diez minutos del seis de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse en esta fecha; sin embargo, en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se requirió información a la autoridad responsable, por lo que se encuentra transcurriendo su término para dar cumplimiento. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que lo anterior, se difiere la continuación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las quince horas con diez minutos del seis de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. ...Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Juez de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, por el cual remite copia certificada del exhorto 63/2021 de su índice, deducido del juicio laboral D-411/2018 del índice de la autoridad responsable, por lo que da cumplimiento a lo requerido en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte. En relación con la documental en comento, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo se ordena girar atento oficio, adjuntando copia del exhorto 63/2021, al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, manifieste si ya acordó lo conducente en relación a dicha comunicación procesal. Con el apercibimiento que de ser omiso se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización por desacato a un mandato judicial, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifiquese.

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