Miguel Angel Corona Saldivar
Expediente 1196/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/09/2022
Partes del expediente
- Miguel Angel Corona Saldivar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la caratula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. El Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla cumple el requerimiento formulado mediante auto de veintinueve de julio del año en curso, y al efecto remite copia certificada de los acuses de recibo del exhorto y oficio elaborados de manera oficiosa, a efecto de emplazar a las partes demandadas en el juicio de origen. En ese orden, se deja sin efectos el apercibimiento decretado y se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes. Pruebas. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo las pruebas documentales que anexa, las cuales se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, ante todo debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Bajo esa perspectiva, resulta oportuno precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte la litis siguiente: Parte quejosa. Miguel Ángel Corona Saldívar, en representación de la menor N.G.C.V. Autoridades responsables: Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla Actos reclamados: Al Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla. La omisión de emplazar a los demandados dentro del juicio de rectificación de acta 146/2022. Al Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla. La omisión de elaborar y despachar la correspondencia oficial, ordenada en auto de tres de marzo del dos mil veintidós, dentro del expediente 146/2022. En el presente caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de emplazar a los demandados dentro del juicio de rectificación de acta 146/2022, y la omisión de elaborar y despachar la correspondencia oficial -a fin de lograr el emplazamiento de los demandados-, ordenada en auto de tres de marzo del dos mil veintidós. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable y recibidas el diecisiete de agosto pasado, se desprende: El seis de julio se elaboró el oficio dirigido al Juez del Registro del Estado Civil de las personas de la Libertad (quién autorizó el acta cuya rectificación se demandó en el juicio de origen), a fin de darle vista para que contestara la demanda; el cual se notificó a dicha autoridad el catorce de julio. Por su parte, de las constancias recibidas en este auto, se aprecia lo siguiente: El diecinueve de agosto, el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla remitió debidamente diligenciado, el exhorto enviado por el juez responsable, a fin de que emplazara a las personas físicas demandadas dentro del expediente de origen, las cuales fueron notificadas el quince y dieciséis de agosto. **Todas fechas de dos mil veintidós En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de emplazar a los demandados dentro del expediente 146/2022 de origen, y la omisión de elaborar y despachar la correspondencia oficial, ordenada en auto de tres de marzo del dos mil veintidós para lograr el emplazamiento de los demandados, se evidencia que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por ende, la omisión reclamada cesó en sus efectos. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite voto particular. La Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, remite copia certificada del voto aclaratorio formulado por el Magistrado Alejandro de Jesús Baltazar Robles, dentro del recurso de revisión 388/2021 de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, acúsese recibo de estilo a la superioridad. Ejecutoria en vías de cumplimento. Por otra parte, a través del diverso oficio de cuenta, la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, informa el contenido del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente ..., derivado del juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación de contrato y falta de pago de pensiones rentísticas, del que se advierte lo siguiente: a. El dieciséis de agosto del año en curso, se llevó a cabo la diligencia en la que se procedió a realizar la restitución del inmueble ubicado en ... De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Requerimiento. Atento a lo anterior, se requiere a la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: Remita copia certificada de la diligencia realizada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ... Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Quejoso remite oficio. ...., remite el oficio ..., suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Cédula de II-3 Puebla, del cual se advierte que dicha autoridad solicita se informe el estado procesal que guarda el presente asunto y remita las constancias respectivas y, proporciona número telefónico y correo electrónico. En atención a su contenido, indíquese a la parte quejosa que una vez que la representación social precisada en el párrafo que antecede, presente ante este juzgado federal el oficio respectivo, se proveerá lo que en derecho corresponda. Correo electrónico y número telefónico. Por otra parte acorde a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que indica. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Parte quejosa solicita devolución de documentos. El quejoso ..., solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su demanda de amparo y señala autorizado. Atento a lo anterior, se deja a su disposición los documentos que refiere en su escrito de cuenta, previa razón que por su entrega se asiente en autos; en el entendido de que dichas constancias deberán entregarse a la parte quejosa o a la persona que autoriza en su escrito de mérito, quien deberá comparecer debidamente identificadas con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese.
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