Miguel Angel Conde Ramirez

Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Angel Conde Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución en la que se CONCEDIÓ al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, en auto de treinta y uno de octubre del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del oficio ... signado por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que ya aconteció; por tanto, se tiene a la autoridad responsable, remitiendo constancias con las que se advierte el cumplimiento del fallo protector. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se instruye a la Actuaria encargada de realizar las notificaciones de este expediente, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a la parte quejosa, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    NOTIFICO LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución en la que se CONCEDIÓ al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, en auto de treinta y uno de octubre del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del oficio ... signado por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que ya aconteció; por tanto, se tiene a la autoridad responsable, remitiendo constancias con las que se advierte el cumplimiento del fallo protector. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se instruye a la Actuaria encargada de realizar las notificaciones de este expediente, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a la parte quejosa, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, remite copias de las constancias con la que se advierte el cumplimiento del fallo protector. Atento lo anterior, se reserva acordar lo procedente hasta en tanto se declare que la sentencia emitida en este asunto cause ejecutoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA ".. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 594/2023 promovido por ********************, ....C O N S I D E R A N D O:****************************************PRIMERO. Competencia.******************** Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un procedimiento de naturaleza administrativa, seguido ante una dependencia del orden federal con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.******************** Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo.******************** Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:******************** "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto".******************** Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta al escrito trece de febrero de dos mil veintitrés, en donde solicitó la revisión a la pensión que le fue concedida, en términos del artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo del dos mil siete.******************** Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos.****************************************TERCERO. Certeza de los actos.**************************************** Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable NEGÓ la existencia del acto reclamado.****************************************Sin embargo, de las manifestaciones que aduce, se advierte la existencia de la omisión reclamada pues no se ha dado la respuesta a la parte quejosa; por lo que, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se desvirtúa la negativa de la responsable y se tiene por cierto el acto que se le reclama.****************************************CUARTO. Antecedentes del acto reclamado.**************************************** En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente:**************************************** 1. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés, ante el Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en el que solicitó la revisión de su pensión que le fue concedida, para el efecto de que se le haga el pago correcto desde que se generó ese derecho tal como lo dispone el artículo 60, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete.****************************************Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo.****************************************QUINTO. Causas de improcedencia. ****************************************Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 22/91, registro 205800, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, página 60, por identidad de razón jurídica, de rubro y texto:****************************************"IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento".**************************************** No obstante, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa.**************************************** SEXTO. Conceptos de violación. ******************** ******************** La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: **************************************** "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer".**************************************** No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes:****************************************1. Se transgrede en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que su solicitud que presentó no ha sido atendida ni se ha emitido una respuesta alguna.****************************************2. Asimismo, se viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su solicitud a pesar de que la realizó de manera pacífica y respetuosa, vulnerando su garantía de audiencia.**************************************** SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. ****************************************Son FUNDADOS los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, en el que esencialmente sostiene que se transgrede su derecho fundamental contenido en el numeral 8 constitucional, ya que no ha obtenido respuesta por escrito, fundada y motivada por parte de la autoridad responsable, respecto de su escrito de presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés, ante el Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en el cual solicitó la revisión de su pensión que le fue concedida, para el efecto de que se le haga el pago correcto desde que se generó ese derecho tal como lo dispone el artículo 60, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete.****************************************En principio, conviene señalar que el derecho fundamental que el peticionario del amparo estima infringido, se encuentra previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: ****************************************"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. ********************A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." ****************************************Dicho numeral dispone que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impera la obligación de las autoridades a acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de su petición. ****************************************En términos del mencionado artículo 8° constitucional, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario "por escrito" de "manera congruente" y "en breve término", debiendo entenderse que toda respuesta de autoridad que recaiga a una petición de los gobernados deberá ser por escrito, atendiendo a lo realmente solicitado, sin omisión de alguna cuestión o suma de puntos hechos valer, además que no existan consideraciones contrarias entre sí, aunado a ello, el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición deberá ser breve.******************** ********************Apoya las consideraciones expuestas, por identidad jurídica de las razones que le dan sustento, la tesis I.1o.A.J/9, que integró el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 764, con registro 195706, que establece:********************"PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos."****************************************En síntesis, el precepto constitucional analizado, consagra el derecho de petición bajo las siguientes premisas:****************************************-La facultad del gobernado para acudir ante cualquier autoridad o funcionario público para formular una solicitud;******************** ********************-Dicha solicitud debe de ser de forma escrita, pacífica y respetuosa; y,****************************************-Como consecuencia de la solicitud, la autoridad debe de emitir un acuerdo congruente a lo planteado en breve término y hacerlo de su conocimiento.****************************************Apoya lo expuesto, jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2167, con registro 162603, que expresa:********************"DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa."****************************************En ese orden de ideas, válidamente puede concluirse que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable analizar si la parte quejosa demuestra la existencia de la petición y la autoridad responsable haber dictado el acuerdo correspondiente, que sea congruente a la cuestión planteada y que lo haya notificado fehacientemente al promovente.****************************************Ahora bien, el quejoso refiere que se transgreden sus derechos fundamentales, pues no ha obtenido respuesta por escrito, fundada y motivada por parte de la autoridad responsable, respecto de su escrito presentado uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual, solicitó la revisión de la pensión que le fue concedida y el pago retroactivo conforme lo dispone el artículo 60, segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete.****************************************Dicha manifestación, quedó corroborada con el acuse de recibo de dicho ocurso y anexos exhibidos por la parte quejosa, pues con tales constancias se evidencia que efectivamente presentó su petición ante la autoridad responsable Encargado del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca.****************************************Con lo anterior, queda de manifiesto, que existe solicitud por parte de la quejosa; esto es, que elevó la petición de que se duele a la responsable, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo [doce de junio de dos mil veintitrés], incluso durante la tramitación de este sumario y hasta la data en que se dicta la presente resolución, se hubiese allegado constancia alguna de la que se advierta que la responsable se hubiese pronunciado al respecto; por tanto, asiste razón jurídica a la parte quejosa al afirmar que la responsable, transgrede el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional. ****************************************Ahora bien, el precitado artículo 8º constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que la autoridad de respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados; sin embargo, en su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término". ****************************************Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. ****************************************Así, el "breve término" con que cuentan las autoridades para dar respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados se encuentra determinado por las siguientes condiciones: ****************************************1. La complejidad que represente el contenido de la petición, ya sea técnica, jurídica o material. ****************************************2. La actividad que el solicitante haya desplegado en seguimiento a la petición, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta.****************************************3. La actividad que las autoridades hayan desplegado para agilizar la pronta respuesta a la petición, así como sus cargas de trabajo. ****************************************En congruencia con lo expuesto, en los casos en los que un gobernado impugne en la vía jurisdiccional la falta de respuesta a una petición formulada en los términos previstos en el artículo 8º constitucional, por parte de una autoridad, corresponderá a esta última justificar su silencio, a través de la demostración de cualquiera de las condiciones apuntadas, sin que pueda aducir válidamente como eximente del cumplimiento de la obligación relativa, el hecho de que aún no haya transcurrido un plazo determinado. ****************************************En ese sentido, si la autoridad responsable aún no emite respuesta a la solicitud de la parte impetrante, estando obligada a ello, la consecuencia será tener por infringido el derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 8º constitucional; por lo tanto, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que se solicita.****************************************Efectos de la sentencia. ****************************************En términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, para que la Representante Legal y Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: ****************************************a) En el término de veinticuatro horas, instruya a quien corresponda de contestación de manera congruente, fundada y motivada, al escrito con sello de recibido de uno de marzo de dos mil veintitrés, en el cual, solicitó la revisión de la pensión que le fue concedida, y, ****************************************b) Notifique en el mismo término de manera personal esa determinación a la parte quejosa.****************************************Por lo expuesto y fundado, se ****************************************R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra actos del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de la Representación Estatal, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.****************************************NOTIFÍQUESE.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano