Míguel Ángel Carranza Murillo

Expediente 446/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
446/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Míguel Ángel Carranza Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 446/2018-II, en virtud de la incompetencia planteada por este juzgado a favor de la citada superioridad, relativa a la demanda de garantías promovida por Miguel Ángel Carranza Murillo, la cual quedó registrada con el número de juicio de amparo directo 1178/2018, de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Bertoldo Castillo Gómez, quien se ostenta como apoderado de Miguel Ángel Carranza Murillo, contra actos que reclama de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 3, primer párrafo, 5, 8, segundo párrafo, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 446/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En principio, resulta pertinente destacar que una lectura íntegra de la demanda de amparo, permite establecer que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos de la tercería excluyente de dominio 06/2018/E.D.., tramitada dentro del juicio laboral 217/2010/JE del índice de Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante la cual da por concluido el trámite del expediente de tercería y ordena su archivo como un asunto total y definitivamente concluido. Sobre este contexto, conviene destacar el contenido de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Así, el suscrito considera que, por las razones que a continuación se exponen, carece de competencia legal para resolver en la vía indirecta el juicio de amparo que promueve Bertoldo Castillo Gómez, quien se ostenta como apoderado de Miguel Ángel Carranza Murillo, contra actos de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Lo anterior se afirma así, ya que de conformidad con los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, transcritos con antelación, el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas. Luego, si en el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos de la tercería excluyente de dominio 06/2018/T.D.E., tramitada dentro del juicio laboral 217/2010/JE del índice de Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante la cual da por concluido el trámite del expediente de tercería y ordena su archivo como un asunto total y definitivamente concluido; es claro que la aludida determinación en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, constituye la resolución que pone fin a dicha tercería, y por tanto, de conformidad con el numeral 34 de la legislación en comento, en su contra procede el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 47 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, declara carecer legalmente de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Bertoldo Castillo Gómez, quien se ostenta como apoderado de Miguel Ángel Carranza Murillo, y por consiguiente, para los efectos precisados en el propio numeral, se ordena remitir este expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, al que se considera competente, para que, de considerarlo así, proceda a su conocimiento, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Proporciona sustento a lo anterior la Jurisprudencia 126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 952, de rubro y texto siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." Igualmente la tesis XVII.25 L, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 1254 de rubro y texto siguientes: "TERCERÍAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. AL SER JUICIOS AUTÓNOMOS, LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ELLAS POR LAS JUNTAS, FUNCIONANDO EN PLENO, SON IMPUGNABLES EN AMPARO DIRECTO. Las tercerías son verdaderos juicios autónomos, ya que, por una parte, en ellas se decide una controversia de sustantividad propia, surgida entre las partes a propósito de un interés distinto al que es materia del juicio principal; y, por otra, el artículo 977, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo ordena que las tercerías se tramiten por cuerda separada. Consecuentemente, al conservar autonomía, es claro que las resoluciones que en ellas dicten las Juntas de Conciliación y Arbitraje funcionando en Pleno tienen el carácter de definitivas, porque la ley común no concede recurso ordinario alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas y, por ende, el medio legal para impugnarlas es el amparo directo." Sin que obste a lo anterior, que no se haya agotado el medio de defensa, lo anterior en cumplimento a la jurisprudencia P.J. 6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013): De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". En tal virtud, con fundamento en los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, declinando la competencia para tal efecto a favor del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. En ese sentido, se ordena remitir la demanda y sus copias, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como el oficio con el que se informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, dejando cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en avenida Juárez junto al 201 y Guerrero de esta ciudad. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente y cúmplase.

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