Miguel Amauri Martínez Colunga

Expediente 292/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
292/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Miguel Amauri Martínez Colunga
  • Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, autorizado para seguir conociendo asuntos en materia penal hasta su total conclusión, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí (anteriormente Juez Primero Penal con residencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le devolvieron las constancias que remitió como complemento a su informe justificado y dado que de autos se advierte que no existe trámite pendiente, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Miguel Amauri Martínez Colunga interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto dictado el quince de octubre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 del último ordenamiento legal en cita, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. ...Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, autorizado para seguir conociendo asuntos en materia penal hasta su total conclusión, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copia certificada de la causa penal 12/2017, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Por lo que una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve (foja 147), se tuvo al Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, autorizado para seguir conociendo asuntos en materia penal hasta su total conclusión, con sede en esta ciudad, informando que el cuatro del mes y año en curso se cumplimentó la orden de reaprehensión librada en contra del aquí quejoso, solicitando su libertad bajo fianza, misma que le concedió, quedando en libertad ***; circunstancia que acreditó con las copias certificadas de las actuaciones que remitió. Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 61, párrafo final, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que en el presente asunto trae la cumplimentación de la orden de reaprehensión librada en contra del demandante de amparo. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. "Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" En efecto, la norma transcrita indica que la improcedencia de mérito cobra vigor cuando los actos reclamados emanen de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no poder decidirse ya en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso reclamó la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o comparecencia y/o presentación girada en su contra; y, sin embargo, de las constancias que remite el citado juez, consistentes en copias certificadas de los autos de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se advierte que en la citada fecha, se cumplimentó la orden de reaprehensión en contra del inculpado -aquí quejoso-, quien solicito su libertad bajo caución, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones y daño en las cosas, ambos por culpa, dentro de la causa penal número 12/17/2° del índice del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, autorizado para seguir conociendo asuntos de materia penal hasta su total conclusión, misma que le fue concedida; quedando en libertad el quejoso. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de reaprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el juicio que nos ocupa, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí con sede en esta ciudad, el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, mientras que la cumplimentación de la orden de reaprehensión y puesta a disposición del aquí quejoso ante el juez responsable, así como la concesión de libertad caucional en favor del impetrante de amparo corresponde al cuatro de octubre de dos mil diecinueve, tal y como consta del oficio dirigido al Director del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad (foja 144) en el que el Juez natural solicitó se deje en inmediata libertad al inculpado, aquí quejoso, Miguel Amauri Martínez Colunga. En efecto, como en el caso, durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se cumplimentó la orden de reaprehensión reclamada, quedando a disposición del Juez de la causa el hoy quejoso, quien posteriormente se dejó en libertad al haber otorgado la fianza impuesta para poder gozar de su libertad bajo caución y, en consecuencia existió un cambio de situación jurídica; por lo que, deben considerarse consumadas irreparablemente, en caso de haber existido, las violaciones reclamadas con motivo de la orden de reaprehensión, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica, aunque persistieran las violaciones que el impetrante aduce; ya que, el acto reclamado quedo legalmente sustituido con la cumplimentación de la orden de reaprehensión de Miguel Amauri Martínez Colunga, quien se dejó en libertad al haber otorgado la fianza que le fue impuesta para poder gozar de su libertad bajo caución. Ahora bien, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto que concede la libertad bajo caución implica que la misma se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de reaprehensión tildada de inconstitucional, sin afectar la nueva situación derivada del auto que concede la libertad caucional, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley en comento. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y la fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil diecinueve. Sin que pase desapercibido para este juzgado federal que en auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve se tuvo a Miguel Amauri Martínez Colunga y/o Miguel Amaury Martínez Colunga, ampliando su demanda de amparo en cuanto al acto reclamado consistente en la diligencia de notificación de veinticinco de junio del año en curso, en la cual se le notificó el auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mismo que contenía una citación a una audiencia conciliatoria, para el ocho de julio de dos mil diecinueve; a la cual no se presentó, motivo por el que el juez de la causa libró una orden de reaprehensión en contra del demandante de amparo. Sin embargo, es evidente que al haber cumplimentado la orden de reaprehensión y al haber quedado en libertad bajo fianza se modificó totalmente la situación jurídica del solicitante de amparo, esto es, que el acto del que se duele pasa a ser sustituido por los motivos y fundamentos que sustentan tal determinación; por lo tanto, la situación ha cambiado, cesaron los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo en contra de la situación jurídica anterior. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibidos y agréguense para los efectos a que haya lugar, los oficio de cuenta y un anexo, suscritos por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, autorizado para seguir conociendo asuntos en materia penal hasta su total conclusión, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, informa: que en fecha cuatro de octubre del año en curso se cumplimentó la orden de reaprehensión librada en contra del aquí quejoso; quedando a disposición de ese juzgado en cuanto a la continuación del procedimiento y a disposición de este órgano de control constitucional, en lo que concierne a su libertad personal, y; en el segundo de los oficios, informa que en la fecha de referencia, fue cumplimentada la orden de reaprehensión librada en contra del demandante de amparo; solicitando su libertad bajo fianza, misma que le fue concedida habiéndose puesto en libertad al quejoso *** circunstancia que acredita con las copias certificadas de las actuaciones que remite; documentales que se tienen como pruebas, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo Notifíquese.

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