Miguel Ángel Bringas González

Expediente 434/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
434/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Bringas González

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiséis de mayo del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Devolución de documentos En consideración a que en el presente juicio obran documentos originales exhibidos por el quejoso en su demanda de amparo. Con fundamento en el punto décimo primero, párrafo tercero1, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, se constituya en el local de este juzgado a recoger los documentos de que se trata, apercibido que en caso de no hacerlo, transcurrido el término de cinco años a partir de la fecha en que se hubiera ordenado su archivo como asunto concluido, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Se recibe el escrito firmado por el quejoso Miguel Ángel Bringas González, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado para los mismos efectos. Domicilio procesal y persona autorizada Con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En otro punto, se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a Carlos Reyes Nava, por así solicitarlo la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese la demanda de amparo, promovida por Miguel Ángel Bringas González, por propio derecho, contra las autoridades y actos reclamados, siguientes: Autoridades responsables Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (ordenadora). Ejecutor, adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (ejecutora). Acto reclamado --Todo lo actuado en el expediente número 282/2019, relativo al juicio especial de desahucio donde figuran como actora Marcía Téllez Gómez y como demandado Adolfo Ortega Jiménez, así como toda orden y acto tendiente a ejecutar la sentencia en cuanto al lanzamiento del demandado y puesta en posesión de la actora. Radicación de demanda Se registra este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 434/2021-I y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico, prevista en la fracción XII del ordinal 61, con relación en la fracción I del dispositivo 5, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los artículos en cita se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando el acto reclamado no lesiona intereses jurídicos del quejoso; en otras palabras, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio real, y objetivo, comprobable, con motivo de un acto de autoridad o una ley. Ese perjuicio, para efectos del amparo, consiste en el daño u ofensa (acreditable) ocasionado a los particulares por un acto de autoridad sobre los derechos o intereses de los cuales son titulares; ello implica que para la procedencia de aquél, necesariamente debe acreditarse la afectación que causa el acto reclamado sobre los derechos legalmente tutelados que se invocan, ya sean posesorios o de cualquiera otra clase. Lo expuesto se advierte de la jurisprudencia identificada con el número 10, emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 46 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Séptima Época, Parte VII, del título y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4º de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la jurisprudencia, 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII (enero de dos mil ocho), del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." (Lo resaltado no es de origen). De esta manera, el interés jurídico no depende de la existencia del acto reclamado, ni de los vicios que se atribuyan a éste, sino de que el promovente de amparo acredite que aquél le afecta en forma personal y directa algún derecho tutelado por el ordenamiento legal, aunque sea de manera indiciaría al proveer sobre la radicación del juicio; por tal razón, quien ejerza la acción constitucional debe tener una facultad o derecho reconocido por la ley, para exigir coercitivamente al órgano del Estado la obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Por otra parte, para arribar a la conclusión apuntada al inicio de este auto, es necesario traer a consideración la figura jurídica de "Hecho notorio", en general, y en específico el "Hecho notorio respecto de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación", el cual ha sido definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 4/007 en sesión de veintitrés de mayo de dos mil siete, de la siguiente manera: ".hecho notorio es aquel acontecimiento respecto del cual no hay duda ni discusión de su existencia, de manera que al ser notorio, la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. También se ha concluido en este Alto Tribunal, que la emisión de una ejecutoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para los Ministros que lo integraron e intervinieron en su discusión y votación; por tanto, el contenido y existencia de tal ejecutoria, cuando así sea advertido por los integrantes de una Sala del propio tribunal, puede introducirse, de oficio, como elemento de prueba en un juicio diverso." .En las relatadas condiciones, es incuestionable que un hecho notorio para un tribunal, es aquél del que conozca por razón de su actividad jurisdiccional; lo que por consecuencia conduce a determinar que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles invocado con antelación, los Magistrados de un Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente ante el propio órgano jurisdiccional, a fin de poder resolver un asunto en específico, o pronunciarse sobre su procedencia, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento.". (Las negritas no son de origen). En ese sentido, también es orientador el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Registro digital: 199531, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 295, de rubro y texto, siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. En el caso, la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio y reclama todas las actuaciones del expediente 282/2019 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como su ejecución por parte del ejecutor adscrito a ese juzgado, en el que se ordena la desocupación de un bien inmueble. Sin embargo, si bien la calidad de tercero extraño a juicio entraña ciertos beneficios, como no agotar los recursos ordinarios, previo a instar la acción de amparo, así como respetar su derecho de audiencia, no releva a la parte quejosa de acreditar su interés jurídico, aunque sea de manera indiciara al inicio. Ya que, como hecho notorio, se advierte que en el juicio de amparo 581/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, Rosalba Franco Azatre, solicitó el amparo y protección de la justicia federal respecto de idénticos actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, que afectaban, bajo protesta de decir verdad, el inmueble ubicado en la calle José María Morelos Poniente, número 1213, en esta localidad, del cual adujó que celebró un contrato de arrendamiento con Adolfo López Ortega, por la duración de tres años a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, es decir hasta el uno de enero de dos mil veintidós. Por tanto, si en el primer amparo citado vino Rosalba Franco Azatre ostentándose como arrendataria del inmueble, manifestando bajo protesta de decir verdad que celebró un contrato de arrendamiento con Adolfo Ortega Jiménez, con duración de tres años a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, es decir hasta el uno de enero de dos mil veintidós, reclamando idénticos actos reclamados surgidos en el expediente 282/2019 del índice de la autoridad responsable, y en este juicio Miguel Ángel Bringas González, refiere en su demanda de amparo que celebró un contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble multicitado con Adolfo López Ortega, a partir del uno de enero de dos mil veintiuno, con una duración de dos años, es claro que el aquí quejoso no tienen interés jurídico, ni lo tendrá aunque se substancie el procedimiento del juicio de amparo, puesto que como hecho notorio, en el juicio 581/2020 existen las manifestaciones rendidas bajo protesta de decir verdad, esto es, información objetiva. En consecuencia, en aras de evitar la proliferación de demandas de amparo sin sustento fáctico ni jurídico, que demeriten la impartición de justicia debe declararse improcedente el juicio de amparo intentado por Miguel Ángel Bringas González. En consecuencia, al no haberse acreditado la afectación real, actual y directa como elemento integrante del interés jurídico, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en la fracción I del artículo 5, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, atento a lo establecido en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA signada por Miguel Ángel Bringas González, por notoriamente improcedente. Vista al Agente del Ministerio Público Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador que el aquí quejoso Miguel Ángel Bringas González, pretende retardar el procedimiento de ejecución del expediente 282/2019 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primero Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con un amparo improcedente que perjudica a la tercera interesada Marcia Téllez Gómez. En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia P.J./13/20179 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional en atención a hechos que podrían ser constitutivos de delito; en consecuencia, se deja a su disposición la consulta del presente expediente. Domicilio procesal Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa las listas publicadas en este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Ministerio Público adscrito.

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