Miguel Angel Bennetts Candelaria

Expediente 1490/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1490/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Bennetts Candelaria

Actuaciones

  1. Principal

    L. Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. ... Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Intégrese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio del cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio; asimismo, informa que lo admitió como recurso de revisión 633/2022; por lo que, este juzgado federal está a la espera de la resolución que se emita en dicho medio de impugnación.

  3. Principal

    P.- Toluca, Estado de México; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ******************; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1490/2022-I-C. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Miguel Ángel Bennetts. DESECHAMIENTO Previo admisión o desechamiento de la demanda, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En virtud a lo anterior, se explica que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, los actos que en esta vía constitucional se reclaman a las autoridades responsables Órgano de Justicia del Partido de la Revolución Democrática, Dirección Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y el Titular de la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros del Partido de la Revolución Democrática, consistes en: La emisión y suspensión de derechos y cargos partidarios. La ejecución de dichos actos que se traduce en negarles la entrada a su centro de trabajo. No constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, en razón que con ellos no se crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la quejosa. Ello es así, en virtud de que en el acto reclamado por el que los quejosos a esta instancia constitucional, las autoridades que señalan actúan con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones del partido político con su personal, pues prescindiendo de su imperio, se sitúan en el mismo plano que los gobernados; lo anterior es así, toda vez que el órgano de justicia intrapartidaria es parte del organigrama del partido político que los contrató, por lo que se estima que se trata de cuestiones de índole laboral. Ahora bien, si los trabajadores, aquí quejosos consideran violados sus derechos laborales, entonces, las multicitadas autoridades, actuaron como simples particulares y sus actos necesariamente tienen ese carácter; lo que significa que cualquier decisión que se atribuya al patrón con motivo del desempeño de las labores, no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral, de ahí que su reclamo deberá hacerlo ante las instancias correspondientes que conocen de las relaciones laborales entre el trabajador y el ente patronal. En tal circunstancia, si lo reclamado en la demanda de amparo es lo concerniente a la emisión y suspensión de derechos y cargos partidarios; así como la ejecución de dichos actos que se traduce en negarles la entrada a su centro de trabajo, ello no constituye acto alguno de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, porque, las autoridades señaladas como responsables, no tienen tal carácter para efectos del juicio de cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en un conflicto derivado de la prestación de servicios de trabajo, como en la especie, ya que en ese supuesto ello se condujo bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que las autoridades y los quejosos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de índole de trabajo. No es óbice que el segundo párrafo de la fracción II del mencionado artículo 5o. de la Ley de Amparo establezca que los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, ya que para ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo su actuación debe de reunir los requisitos mencionados, de tal manera que quien emita el acto reclamable en amparo lo haga en una situación de suprasubordinación respecto de otro particular derivado de la condición especial que establezca una norma de carácter general, sin embargo, no se advierte dicha circunstancia en el caso en estudio, pues se reclaman aspectos de tipo laboral. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos señalados en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el oficio signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación México "1", mediante el cual en atención al oficio 29697/2021 de dos de septiembre del año en curso, solicita se remitan los datos generales del sancionado como son nombre, fecha de nacimiento, domicilio RFC y/o CURP, que ostenta el cargo de Presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, a efecto de que se haga el cobro de la multa impuesta. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere a la Presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ordene a quien corresponda proporcione a este órgano jurisdiccional la información personal (datos generales como son nombre, fecha de nacimiento, domicilio, RFC y/o CURP) de la persona física que desempeña el cargo referido, a fin de continuar con la ejecución de la multa. Se apercibe a la autoridad que en caso de ser omisa al respecto, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda.

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