Miguel Angel Bojorquez Lopez
Expediente 624/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Miguel Angel Bojorquez Lopez
Actuaciones
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Bojórquez López; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por tanto, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Vista la demanda promovida por Miguel Ángel Bojórquez López contra actos de la licenciada Marisela Castañeda Vega en su carácter de Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Integral del Ministerio Público con sede en Guasave Sinaloa y otra autoridad, registrada en el libro de gobierno electrónico correspondiente a los juicio de amparo 624/2023-4A, por considerarlos violatorios del derecho fundamental previstos en los artículos 1º, 14, 16, 19, 20, 103 y 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno electrónico correspondiente a los juicios de amparo con el número 624/2023-4A. A) Justificación para desechar la demanda de amparo. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado numeral, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El citado numeral faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." El citado criterio jurisprudencial establece que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. B) Acto reclamado. El acto reclamado por el quejoso, son los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: "Yo le reclamo al Ministerio Público que la supuesta investigación que ha llevado para procurarme justicia en el delito del que soy víctima, la ha realizado sin profesionalismo, sin eficiencia, sin eficacia y sin la debida diligencia, y por ende, no he tenido acceso a la justicia, mucho menos a una justicia pronta y expedita. A la asesora jurídica, le reclamo que no ha hecho absolutamente nada para corregir el total y absoluto desdén con que la fiscal atiende mi asunto." Como se observa, el acto reclamado por el quejosa a las autoridades responsables licenciada Marisela Castañeda Vega en su carácter de Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Integral del Ministerio Público con sede en Guasave Sinaloa y la licenciada Meliza en su carácter de Asesora Pública, es que la investigación que se ha llevado para procurarle justicia en el delito del cual es víctima, se ha realizado sin profesionalismo, sin eficiencia, sin eficacia y sin la debida diligencia, y debido a que no ha tenido acceso a la justicia, ni mucho menos a una justicia pronta y expedita; y a su asesora jurídica que no ha realizado alguna gestión para corregir lo anterior. C) Causa de improcedencia que se actualiza. Pues bien, de lo expuesto se concluye la actualización, en el caso, respecto del acto reclamado, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. En efecto, el precepto 61, fracción XX, de la invocada ley, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Efectivamente, la fracción transcrita contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Por su parte, el artículo 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado numeral es claro en señalar que uno de los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, es la de estar en la posibilidad jurídica de impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del agente del Ministerio Publico en su función persecutora del delito, además de las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. D) Caso concreto. En la especie, se reitera, el firmante de la demanda de amparo señala que aproximadamente el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós acudió a interponer denuncia ante la autoridad responsable quien al parecer abrió la carpeta de investigación GUAS/UIMP/0166/2023/CI, y al acudir a las instalaciones a solicitar información sobre su asunto, no ha recibido respuestas ni resultados en la investigación del delito del cual es víctima y que su asesora jurídica no ha realizado ninguna gestión para que su asunto avance; sin embargo, y como se adujo anteriormente, contra este acto procede un recurso ordinario de defensa que debe agotar el solicitante de amparo, antes de instar a este órgano de control constitucional, por tratarse de actos omisivos generados por la Representación Social. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017 señaló que una interpretación funcional y extensiva del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales permitía concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora debían estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Además, afirmó que dicha circunstancia, conducía estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, concluyó que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación que tuvieran ese efecto paralizante, encuadran en el supuesto indicado, ya que tal omisión conlleva la paralización de su función investigadora. Asimismo, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el precepto 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado ordinal 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, como en el caso concreto, es la omisión del agente del Ministerio Público de llevar a cabo los actos de investigación en la carpeta número GUAS/UIMP/0166/2023/CI, pues no los ha hecho en el término de los últimos nueve meses y, por ende, que no se concluya con la citada indagatoria. No se soslaya que el citado numeral 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Sin embargo, sobre ese particular, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país consideró que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Lo antes dicho le dio origen a las jurisprudencias 1ª./J.27/2018 y 1ª./J.28/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 945 y 943, respectivamente, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, con los rubros y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar las omisiones en que refiere han incurrido las autoridades responsables en la carpeta de investigación del hecho delictuoso denunciado, ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control, por lo que al no haberlo hecho así, opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aclarando, que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que afirma le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente, los cuales no se materializan en la especie. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el procedimiento es más expedito en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para las referidas omisiones que atribuye al representante social, las que serán resueltas en una audiencia a la que el Juez de Control convocará para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor y será en ese mismo acto donde se determine lo conducente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, la demanda de amparo que nos ocupa es improcedente, por no observarse el principio de definitividad que lo rige, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia, en la medida que el promovente de amparo debió agotar la controversia judicial, como medio ordinario de defensa, establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del juicio constitucional en la vía indirecta. Por otra parte, se reserva hacer pronunciamiento a lo solicitado por la parte quejosa en su demanda de amparo respecto a que se le designe defensor público adscrito a este Juzgado de Distrito, toda vez que del escrito inicial de demanda no se advierte que se encuentre privado de su libertad. Finalmente, toda vez que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la parte quejosa se encuentra fuera de esta ciudad, se ordena notificar el presente proveído por lista de estrados que se pública en este Juzgado de Distrito.
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