Miguel Alberto Huicho Buitimea

Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
18/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Miguel Alberto Huicho Buitimea
  • Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliacion Y Arbitraje, Ciudad
  • MIGUEL ALBERTO HUICHO BUITIMEA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Carlos Lorenzo Flores Ochoa en su carácter de apoderado legal de Miguel Alberto Huicho Buitimea; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Por recibido el escrito de cuenta signado por Carlos Lorenzo Flores Ochoa, quien refiere ser apoderado legal del directo quejoso Miguel Alberto Huicho Buitimea, mediante el cual pretende dar cumplimiento a lo prevenido en autos de veinticinco y veintiocho de julio dos mil veintidós. Empero, la demanda de amparo o el escrito por el cual se subsana la prevención, exige que sea suscritos por quien alega sufrir un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción o, en su caso, de su representante legal. En ese sentido, no se advierte prueba que demuestre fehacientemente que el promovente es el representante del actor en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, pues si bien, adjuntó al escrito aclaratorio diversas documentales, éstas son copias simples, las cuales no tienen el peso probatorio para demostrar uno de los presupuestos procesales más importantes y que va concomitante con el principio de instancia de parte agraviada que permea en el juicio de amparo. Se invocan como apoyo los criterios jurisprudenciales que se transcriben a continuación: "FOTOCOPIAS. DIFERENTE VALOR PROBATORIO AL DE LAS COPIAS SIMPLES. Los documentos probatorios allegados al juicio, en fotocopia sin certificar, tienen un diverso valor probatorio que aquellos que se presenten en copias simples. Mientras los primeros, por sí solos carecen de valor probatorio, los segundos tienen el valor que les otorga el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. de la Ley de Amparo1.". "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas2.". Bajo ese contexto, subsiste la prevención impuesta en autos; por ende, de conformidad con el artículo 108, fracción I, y 114, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que exhiba el original o copia certificada del documento mediante el cual demuestre la personalidad con la que se ostenta. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia P./J.23/2009, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 07, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, correspondiente al mes de abril de dos mil nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". Al subsistir la prevención impuesta, también el apercibimiento formulado en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por lo que, se precisa, dicho auto le fue notificado de manera electrónica el diecinueve del mismo mes y año, y el escrito de cuenta se presentó el veinticinco del citado mes y año; por tanto, aún tiene un plazo de DOS DÍAS para cumplir con lo requerido en líneas precedentes. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 400 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Finalmente, no pasan desapercibidas las manifestaciones del promovente en el sentido de que no cuenta con original o copia certificada de documento exhibido, dado que no tienen acceso al expediente del cual deriva el acto reclamado, en razón de que se encuentra en proyecto de laudo, lo que, acorde a lo que refiere, le fue informado por personal de la junta responsable. Sin embargo, debe considerarse que está en aptitud de solicitarla directamente y por escrito y en caso de negarse la autoridad para acordar de conformidad esa petición, este órgano jurisdiccional requerirá al omiso, lo anterior, de conformidad con el artículo 121 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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