Miguel Angel Barrios Ortega

Expediente 157/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
157/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
17/04/2017

Partes del expediente

  • Miguel Angel Barrios Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VI.- De la certificación de cuenta se desprende que el quejoso ******************** a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: - El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de veintitrés de marzo del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental, y además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo.

  2. Principal

    VI) En Toluca, Estado de México, a las doce horas con cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, hora y día señalados en auto de veintisiete de febrero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 157/2017-VI, promovido por Miguel Ángel Barrios Ortega, en audiencia pública, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ante Emmanuel Ramirez Gómora, Secretario quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Al caso es aplicable la tesis publicada en la página 185, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a Diciembre de 1998, Tomo IV, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por hecha la relación de constancias. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. El Juez acuerda: Al no tener pruebas que acordar se da por concluida la presente etapa. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no formularon las alegaciones correspondientes. El Juez acuerda: Al no tener alegatos que acordar se da por concluida la presente etapa. Con lo expuesto, se tienen por realizadas las etapas precedentes de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 157/2017-VI promovido por Miguel Ángel Barrios Ortega, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Miguel Ángel Barrios Ortega, solicitó el amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indica: AUTORIDADES RESPONSABLES: - Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México - Director Operativo del Gobierno del Estado de México - Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social denominado "Santiaguito". - Jefe de Seguridad y Custodia del Centro Preventivo y de Readaptación Social denominado "Santiaguito". ACTO RECLAMADO: - La orden de traslado del lugar en que se encuentra recluido el quejoso a otro centro penitenciario y su ejecución.". Segundo. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por determinación de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento inició al tenor del acta que antecede. Tercero. inexistencia de autoridades. Mediante proveído de dos de febrero del año en curso, se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable al Director Operativo del Gobierno del Estado de México, por las consideraciones allí insertas, por ende la presente resolución no se ocupara de dicha autoridad. En consecuencia, la audiencia constitucional, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48, con relación en el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que confirma, adiciona y deroga el similar 03/2013, ya que el acto que se reclama se pretende ejecutar dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado de las autoridades responsables se hace consistir en "La orden de traslado del lugar en que se encuentra recluido el quejoso a otro centro penitenciario y su ejecución.". Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Tercero. Inexistencia del acto reclamado y causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, con registro 212775, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A4 mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables siguientes: 1) Director y el Subjefe en ausencia y por suplencia del Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México; 2) Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. Al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto reclamado por el quejoso Miguel Ángel Barrios Ortega. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna en contrario tendente a desvirtuar dichas negativas, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con número de registro 917818, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Aunado a que el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la parte quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde a la solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Barrios Ortega, por el acto precisado en el considerando segundo, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el oficio remitido vía fax de cuenta a través del cual la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en Funciones de Juez de Distrito en Términos del artículo 43, párrafo segundo y 81 Fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicita informe sobre el estado procesal que guardan los presentes autos. Ahora al oficio remitido vía fax, de conformidad con lo previsto en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de amparo, se le otorga valor probatorio, pues se reconoce como medio de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el fax, como un medio de transmisión de datos empleados en la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática y por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel. Además, en el caso, se identificó a las personas que los remitieron y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como la hora y fecha de recepción, lo cual se desprende de las certificaciones secretariales que obran al reverso de los oficios en comento. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 27/2007, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2007, Tomo XXV, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." Atento a lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante su conocimiento que en veintidós de junio de dos mil quince se emitió sentencia, la cual recurrió el quejoso Sidronio Casarrubias Salgado y por razón de turno le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien en sesión de ocho de septiembre de dos mil dieciséis resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia que se revisa. SEGUNDO. Se SOBRESEE, en el juicio de amparo indirecto respecto de los actos, autoridades y por los motivos establecidos en las consideraciones cuarta y quinta de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto del acto y autoridad precisados en la parte considerativa sexta de esta ejecutoria." Y por auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se proveyó sobre el archivo del juicio en que se actúa. Finalmente, como lo solicita la autoridad de referencia se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que comuníquese lo anterior mediante oficio que se remita vía fax al número telefónico; lo anterior para todos los efectos a que haya lugar.

  4. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; trece de febrero de dos mil diecisiete. Para conocimiento de las partes y a fin que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México; a través del cual rinde su informe justificado al presente juicio de amparo. En tal virtud, téngase por rendido el informe de mérito y hágase relación de él al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

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