Miguel Angel Alvarado Palma
Expediente 1661/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1661/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/01/2017
Partes del expediente
- Miguel Angel Alvarado Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
I. Toluca, Estado de México; cinco de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, al haberse negado la medida cautelar solicitada. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; cinco de enero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso Miguel Ángel Alvarado Palma, a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al haberse negado la medida cautelar definitiva. 3. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original. Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
SENTENCIA. Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1661/2016-I, promovido por Miguel Ángel Alvarado Palma, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remitido ese mismo día a este juzgado, Miguel Ángel Alvarado Palma, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Señalo como autoridad responsable en su carácter de ORDENADORA: I.- AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA FAMILIAR DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE MÉXICO. b).- Señalo como autoridad responsable en su carácter de EJECUTORAS Al C. Procurador General de Justicia del Estado de México. Al C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADOR(sic) GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. Al C. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE MÉXICO. .- Al C. DIRECTOR GENERAL DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIAL(sic) DEL ESTADO DE MÉXICO. Al C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE "SANTIAGUITO". "4. -ACTO RECLAMADO: De las autoridades precisadas en el inciso A) anterior, se reclama la posible existencia de una orden de Aprehensión girada en mi contra. De las autoridades precisadas en el inciso B) anterior, se reclama la ejecución de la posible orden de aprehensión librada en mi contra, ya sea en forma personal o por cualquiera de sus subordinados, misma que pretenden hacer efectiva en esta jurisdicción territorial." DERECHOS HUMANOS INVOCADOS. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y, dada la naturaleza del acto reclamado, no señaló tercero interesado, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y precisó que los actos reclamados aducidos son violatorios de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante auto de veintiocho de octubre anterior, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. AUTORIDAD INEXISTENTE. La presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a la autoridad señalada como "Director General de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México", pues mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, se les dejó de tener como autoridad responsable para efecto del trámite subsecuente del presente juicio de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado, de existir, podría tener ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que el peticionario de amparo reclama: - La orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados a cada una de las autoridades responsables en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, misma que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, las autoridades señaladas como responsables: Director del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México Procurador General de Justicia del Estado de México y el Comisario General de la Policía Ministerial, por conducto del Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva. Jefa de Grupo de la Policía Ministerial del Centro de Justicia para las Mujeres, sede Toluca, adscrita a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Genero. Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, sede Toluca, México. Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que les atribuye la impetrante de amparo, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Ahora bien, toda vez que la quejosa no desvirtuó la negativa de los actos dentro de su oportunidad procesal; en consecuencia, se sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades indicadas, por surtirse el supuesto normativo contenido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este juzgador que de las constancias que la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, sede Toluca, México, anexó a su informe justificado consistentes en un legajo de la copias certificadas de la carpeta de investigación con número de NUC:TOL/TOL/VGT/1070/074947/16/10, relativa al delito de sustracción de hijo en agravio de Elidia Gómez Garduño en contra del ahora quejoso; sin embargo, advierte que no existe orden de aprehensión contra el quejoso Miguel Ángel Alvarado Palma; máxime que el cuatro de noviembre del año en curso, el ahora quejoso entregó al menor Ángel Alvarado Gómez con su madre, lo que evidencia la inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión en su contra, así como su ejecución. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Miguel Ángel Alvarado Palma, en contra del acto reclamado atribuido a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de este fallo constitucional, en términos de lo razonado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del presente sumario, del cual se advierte que está transcurriendo el término de ocho días que debe mediar entre la fecha de notificación a las partes del informe justificado, en relación con el señalado para la audiencia de ley, según lo estipula el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que el veinticuatro de noviembre del año en curso, fue acordado el informe rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, sede Toluca, Estado de México, notificándose a las partes el veinticinco siguiente; por tanto, a fin de dar oportunidad a que trascurra el plazo citado y no violar las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se señalan las once horas con cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
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