Miguel Angel Avila Aguado

Expediente 918/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 44 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
918/2018
Año
2018
Actuaciones
44
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Avila Aguado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Visto el estado procesa que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio de amparo, habiéndose ordenado el archivo del mismo. Sin embargo en el párrafo correspondiente a la valoración del expediente principal se asentó que el mismo sería susceptible de destrucción siendo que en el presente juicio se concedió la suspensiónde plano, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede y de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012, lo que se asienta para debida constancia legal.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo dictado en este Juicio de Amparo el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con lo establecido con el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue negada la suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.

  3. Principal

    Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el primero de los oficios de cuanta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, a través del cual formula alegato ministerial, mismo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado. En cuanto a su solicitud de que se expida a su costa copia de la sentencia que se dicte en este asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral segundo, se accede a su solicitud tan pronto la resolución a que alude se dicte. Enseguida, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el segundo de los oficio de cuenta, éste recibido en línea signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Vigésima Investigadora de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial con sede en la Ciudad de México, al que adjunto legajo de constancias; a través del cual rinde informe con justificación en los autos del juicio de amparo 918/2018, en que se actúa; por ser dicha autoridad quien tramita la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-GTO/0000620/2018 de la que dice, derivan los actos reclamados por el quejoso ***. En consecuencia, continúese el trámite de este juicio de amparo teniéndose como autoridad responsable a la citada Agencia Vigésima del Ministerio Público Investigadora de la Federación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, dejándose de tener como tal en consecuencia a la diversa Décimo Séptima Agencia Investigadora de tal Unidad Especializada de Investigación. Téngase por tanto a la Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Vigésima Investigadora de la Federación, de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, de conformidad con lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindiendo el informe de ley que a su parte corresponde y adjuntando como justificación del mismo las constancias que agregó, todas derivadas del trámite de la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-GTO/0000620/2018; lo anterior, sin que se considere necesario dar vista con su contenido a las partes, atento al sentido de la resolución que se dicta. Del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, *** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó entre otras, del Jefe de Célula del Ministerio Público Federal subsede Uriangato, Guanajuato; e hizo consistir en esencia en el cateo, la confiscación y aseguramiento de bienes perpetrado el uno de noviembre de dos mil dieciocho en el domicilio ubicado en *** Uriangato, Guanajuato. Turnada la demanda, correspondió conocer de la misma a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, siendo que, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, registró con el número de expediente 918/2018, se admitió a trámite y se requirió el informe de ley de la autoridad señalada como responsable. En proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho y derivado de la solicitud enderezada por el quejoso se amplió la demanda y se tuvo también con el carácter de autoridad responsable al Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales con sede en la Ciudad de México, de ahí que se le requirió su informe de ley. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se aclaró la denominación de la autoridad inicialmente reconocida como responsable, precisando que debía continuarse el procedimiento en el juicio de amparo teniendo como tal a la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientador de la Unidad de Atención Inmediata, con sede en Uriangato, Guanajuato, por lo que se le requirió su informe de ley. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el informe con justificación de la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientador de la Unidad de Atención Inmediata, con sede en Uriangato, Guanajuato; quien en lo que ahora importa negó el acto que se le atribuyó en el ámbito de sus atribuciones legales; teniéndose por recibido el diverso informe de ley de la diversa autoridad responsable Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales con sede en la Ciudad de México, quien de la misma forma negó el acto que le fue reclamado. Derivado que del informe con justificación rendido por el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales con sede en la Ciudad de México, se desprendió la existencia de la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-GTO/0000620/2018; de ahí que en auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, se le requirió aclarara a que Agencia del Ministerio Público Federal correspondió conocer de la misma. Después de haber recibido diversas comunicaciones oficiales, en esta propia fecha se tuvo por rendido el informe con justificación de la Agencia Vigésima del Ministerio Público Investigadora de la Federación, de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial con sede en la Ciudad de México, por ser dicha autoridad quien tramita la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-GTO/0000620/2018 de la que derivan los actos reclamados en el presente asunto. Ahora bien, del contenido del informe con justificación a que se alude en el párrafo inmediato anterior, si bien la agencia del Ministerio Público de la Federación oficiante, aduce que no existe el acto reclamado, lo cierto es que de su contenido se obtiene que reconoce que efectivamente, en el trámite de la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-GTO/0000620/2018 de su índice, fue autorizada la técnica de investigación 104/2018 que derivó con el cateo perpetrado el uno de noviembre de dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en *** Uriangato, Guanajuato; que concluyó con el aseguramiento de bienes. Acta de cateo de la que incluso agrega copia a su informe de ley. En este orden, expone también en su informe que derivado del perdón otorgado por la parte ofendida en dicha carpeta de investigación, mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos el aseguramiento reclamado por el ahora quejoso, de ahí que ordenó la entrega de los bienes respectivos, así como la consulta del NO ejercicio de la acción penal; a lo que resta agregar que en diligencia de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, se entregaron a ***, esos bienes asegurados. Actuaciones de las que también adjuntó copia; mismas que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Precisado lo anterior a consideración de este Tribunal, respecto de los actos reclamados en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas del trece de junio de dos mil diecinueve. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre los actos que reclama *** destacados en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto reclamado en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que como expresamente expone y acredita la autoridad responsable Agencia Vigésima del Ministerio Público Investigadora de la Federación, de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial con sede en la Ciudad de México, mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos el aseguramiento reclamado por el ahora quejoso, de ahí que ordenó la entrega de los bienes respectivos, lo que incluso ocurrió en diligencia de catorce de diciembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, CESARON EN SUS EFECTOS los actos que ante esta autoridad de Amparo reclamó ***; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo; a lo que conviene destacar que el referido quejoso NO obstante habérsele prevenido para ese efecto en proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en que se dio trámite a la demanda de amparo que nos ocupa, NO MANIFESTÓ INCONFORMIDAD ALGUNA con los actos realizados por la autoridad responsable aludida, al dejar insubsistente el aseguramiento de bienes que reclamó. Lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo respecto de los actos reclamados a la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientador de la Unidad de Atención Inmediata, con sede en Uriangato, Guanajuato, como al Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales con sede en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo; puesto que al rendir su informe con justificación, negaron el acto que les fue reclamado en el ámbito de sus atribuciones legales; ello, sin que de las constancias que integran el expediente se advierta circunstancia distinta o incluso los hayan desvirtuado las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI. 2º. J/20, visible en la página 627, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyo texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas del trece de junio de dos mil diecinueve. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra los actos que reclamó de las autoridades Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientador de la Unidad de Atención Inmediata, con sede en Uriangato, Guanajuato, como al Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales y Agencia Vigésima del Ministerio Público Investigadora de la Federación, de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial; las dos últimas con sede en la Ciudad de México; de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.

  4. Incidental

    En esta fecha, tuvo verificativo la audiencia incidental, la cual una vez concluida se resolvió: ÚNICO.- Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***, por los actos que reclama de la autoridad señalada en el considerando único de esta resolución interlocutoria.

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