Miguel Angel Alcocer Muñoz

Expediente 58/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
58/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Alcocer Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, por medio del cual acusa recibo e informa que dicho órgano jurisdiccional, aceptó la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, el cual se ordena agregar para los fines legales conducentes. En virtud de lo indicado en el párrafo que antecede, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atendiendo a punto vigésimo, fracción I del citado acuerdo, y toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, aceptó la competencia planteada por este juzgado federal, el presente expediente auxiliar deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Agréguese sin mayor trámite el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, toda vez que el diecinueve de febrero actual, se recibió el mismo vía correo electrónico, acordándose sobre su contenido.

  3. Principal

    Por recibido el oficio enviado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del oficio 1351/2019-II.1 de la numeración de este juzgado, e informa que previo a resolver la determinación a que alude el artículo 47 de la Ley de Amparo, requirió al juez Cuarto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, realizara diversas gestiones a efecto de pronunciarse respecto de la incompetencia planteada por este juzgado federal. Por tanto, estese en espera de que el tribunal oficiante, informe lo conducente.

  4. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de treinta y uno de enero pasado, que en lo conducente dice: Visto el escrito de demanda que promueve ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del juez Cuarto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, por violaciones a los artículos 1.°, 8.°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 58/2019-II.1. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. Ahora bien, del escrito de demanda se aprecia que el promovente reclama de la autoridad responsable, el acto que esencialmente hace consistir en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. .LA RESOLUCIÓN DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2019, Y EN VIRTUD DE LA CUAL DETERMINA NO HA LUGAR A ADMITIR LA DEMANDA INSTAURADA POR MIS ENDOSATARIOS EN PROCURACION DE MIS DERECHOS, DENTRO DEL JUICIO M 0008/2019 QUE SE SIGUE ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE YA REFERIDA A SUPRA LÍNEAS" En este orden, del contenido integral de la demanda se advierte que el solicitante del amparo ***, reclama el acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número ***, del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, a través del cual tuvo por no presentada la demanda al estimar que no era competente para conocer de la misma (por razón de cuantía). De la narrativa anterior, se llega a la conclusión que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución citada en líneas precedentes, sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial, pues si bien no constituye una sentencia, dicha determinación puso fin al juicio. En este orden, el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, señala que se entiende por resolución que pone fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Numeral que en su literalidad establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. En la especie, la decisión asumida por el juez Menor Cuarto Civil, residente en Celaya, Guanajuato, se encuentra en el supuesto del numeral 170, fracción primera, párrafo segundo, de la invocada Ley de Amparo, pues se trata de una resolución que puso fin en forma definitiva al juicio ejecutivo mercantil sobre acción cambiaria directa número ***. Por tanto, compete el conocimiento de la demanda de cuenta a un Tribunal Colegiado de Circuito, conforme lo establece el diverso artículo 47 del citado ordenamiento legal, que establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Por lo anterior, se concluye que la resolución que constituye el acto reclamado, se ubica en la hipótesis que se desprende del artículo 47 en vinculación con el diverso 170, fracción I, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el tema, es de invocarse, por su puntual aplicación la tesis número XXVII.7 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, página 1107, Octubre de 2003, Materia Común, Novena Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, de rubro y texto que establece: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole "no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas"; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar "su definitividad" debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio." En consecuencia, de conformidad con lo expresamente establecido por el numeral 47, de la Ley de Amparo, este Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por **, por lo que en estricto cumplimiento a lo mandado también por el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir la demanda de amparo promovida por ***, con sus respectivas copias, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente, así como que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este Juzgado Federal actuante la decisión tomada en el sentido de confirmar o no la determinación asumida en el presente acuerdo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, con una copia de la demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el ubicado en calle Parque ***. Se tiene como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y al licenciado ***, en términos de artículo 24 de la ley de la materia.

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