Miguel Ángel Arevalo Mendez

Expediente 412/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
412/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Arevalo Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    ME. Uruapan, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. RESUELVE CONFLICTO. Agréguese el oficio de cuenta enviado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, a través del cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del conflicto competencial 24/2019 de su índice, suscitado entre la Titular de este Juzgado y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; determinación de la que textualmente se advierte: "PRIMERO. Existe el conflicto competencial planteado, por los órganos contendientes. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para conocer del juicio de amparo indirecto 948/2019, de su índice, promovido por Miguel Ángel Arévalo Méndez." Acúsese recibo. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EJ. Uruapan, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. ADMITE CONFLICTO COMPETENCIAL. Agréguese el oficio signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, por el cual se informa que ese órgano colegiado se avocó al conocimiento del conflicto competencial planteado por este tribunal, respecto del conocimiento de la demanda presentada por Miguel Ángel Arévalo Méndez, el cual se registró bajo el número 24/2019 del índice del referido Tribunal. Circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, diez de septiembre de dos mil diecinueve. JUZGADO NO ACEPTA COMPETENCIA Y SE PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta, por medio del cual el homólogo federal, por conducto del Secretario oficiante, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, informa que no acepta la competencia declinada a su favor por este Juzgado para conocer y resolver del presente asunto, en el que se señaló como acto reclamado el siguiente: Acto Reclamado: ". IV.- LA LEY O ACTO QUE SE RECLAMA. - Lo es LOS JUICIOS SUCESORIOS AGRARIOS NUMEROS 529/2017 Y 434/2018, AMBOS TRAMITADOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 CON RECIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN, POR HABER SIDO PROMOVIDOS CON FALSEDAD EN LAS DECLARACIONES. DE QUIEN RECLAMO AL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 36, ACCIÓN DE NULIDAD DE LOS JUICIOS SUCESORIOS TESTAMENTARIOS NUMEROS 529/2017 Y 434/2018, AMBOS TRAMITADOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 36; Juicios que indebidamente promovió mi hermano J. JESUS AREVALOS MENDEZ, ya que al fallecimiento de mi padre en el año 2015, fue hasta el año del 2017 el día 28 de marzo de ese año, en el que SUPUESTAMENTE COMPARECIO MI MADRE A PROMOVER A SU FAVOR, JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO, Y REITERO SUPUESTAMENTE PORQUE COMPARECIO EN SU NOMBRE MI HERMANO J. JESUS AREVALOS MENDEZ, OSTENTANDOSE CON CARTA PODER NOTARIAL DE FECHA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, PERO SUCEDE QUE MI SEÑORA MADRE HABÍA SIDO DECLARADA EN ESTADO DE INTERDICCION MEDIANTE SENTENCIA DE FECHA 24 DEL MES MARZO DEL 2015, JUICIO EN EL QUE SE DECLARA QUE MI MADRE MARGARITA, ES INCAPAZ Y SE NOMBRA COMO TUTORA LEGAL A MI HERMANA ANGELINA AREVALOS MENDEZ, JUICIO EN EL QUE TAMBIEN PARTICIPO COMO OPOSITOR MI HERMANO J. JESUS AREVALOS MENDEZ, DE AHÍ QUE NO DEBIO COMPARECER MI HERMANO A PROMOVER DICHO JUICIO A NOMBRE DE MI MADRE SABIENDO QUE LA MISMA ERA INCAPAZ LEGALMENTE Y QUE EN SU CASO QUIEN DEBIO COMPARECER FUE SU TUTORA LEGAL, MI HERMANA ANGELINÁ, '(NO ÉL QUIEN ACTUO CON DOLO MALA FE Y PREMEDITACION OSTENTANDOSE CON UNA CALIDAD QUE NO LE CORRESPONDIA EN VIRTUD DEL ESTADO DE INTERDICCION DE MI MADRE, DE AHÍ QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE DICHOS JUICIOS AGRARIOS (SIC). De igual forma al fallecimiento de mi señora madre, mismo que ocurrió EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, compareció a promover Juicio Sucesorio Testamentario mi hermano J. JESUS AREVALOS MENDEZ, quien presento un testamento de fecha 04 del mes de agosto del 2009, pero en dicho testamento en ningún apartado hace referencia de derechos agrarios, ejidales o parcelarios., y solo señala "...qué instruye como HEREDEROS a su fallecimiento de todos sus bienes muebles e inmuebles en partes iguales incluso los que pertenecieron a su esposo..." de ahí la incongruencia del testamento YA QUE LA TESTADORA NO PUEDE DISPONER DE LOS BIENES QUE LE PERTENECIERON A SU ESPOSO, más aun el testamento en ningún apartado hace mención de que la suscrita sea ejidataria, pues el mismo se hizo antes del fallecimiento de su esposo Serafín, y por ende la Testadora aún no había adquirido dichos derechos agrarios de su esposo...". Ahora bien, de la lectura del acuerdo de veintiocho de agosto del presente año, se obtiene que el Juzgado oficiante no aceptó la competencia declinada, en razón de que, a su consideración, al no encontrarse narrados bajo protesta de decir verdad los hechos que motivan la demanda, no pueden ser considerados para determinar el señalamiento de un acto de ejecución dentro de la circunscripción territorial del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en términos de los establecido en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, además de que, en los términos que se precisan los actos combatidos, no se advierte una ejecución material, o bien, que sus consecuencias requieran una materialización en la esfera jurídica del promovente, sin que tampoco se precise una autoridad a la que le asista el carácter de ejecutora y el acto que se le atribuye, que a su vez pudiera determinar la competencia en favor de ese órgano jurisdiccional. Por lo anterior, considera que en el caso, opera la primera regla (sic) prevista en el artículo 37, de la ley de la materia, esto es, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, en razón de que el acto reclamado no requiere ejecución material. Sin embargo, no se comparte el criterio sostenido, pues reiterando las razones emitidas en el auto de veintitrés de agosto del año en curso y controvirtiendo las vertidas por el juzgado homólogo se considera lo siguiente: En primer lugar, es de precisarse que las cuestiones competenciales son de orden público, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados, y por ello no pueden quedar al arbitrio de las partes, sino que se encuentran condicionadas a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. Precisado lo anterior, y toda vez que dichos actos, al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material, sin embargo, tienen efectos positivos y sus consecuencias legales se materializarán, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad que los emitió y se lleva el juicio; esto es, en Morelia, Michoacán, donde se encuentran radicados los juicios agrarios 529/2017 y 434/2018, que sobre sucesión testamentaria de derechos agrarios a bienes de Serafín Arévalo Estrada y Margarita Méndez Ramírez, promovió J. Jesús Arévalos Méndez, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esa ciudad capital del Estado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: VII.1o.C.2 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005170 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II Pag. 1107 Tesis Aislada(Común) "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL." Atento a lo expuesto, se sostiene que la competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Arévalo Méndez, por propio derecho, corresponde al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al ser el órgano jurisdiccional que ejerce su competencia territorial en el lugar en que los actos reclamados deberán tener efectos positivos en la esfera jurídica del quejoso. En ese tenor, con fundamento en el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se plantea conflicto competencial para conocer del juicio de amparo 412/2019-II del orden cronológico de este Juzgado, y radicado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, con el número X-948/2019, respetuosamente hágase del conocimiento del referido Juzgado Federal para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, para que conozca del presente conflicto competencial. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    II-RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO MÉNDEZ, por su propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán, por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 412/2019-II; se comisiona al Secretario la revisión de integración de los expedientes. INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA POR CUESTIÓN DE TERRITORIO. Ahora, apreciada íntegramente la demanda, en el caso y de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, éste juzgador estima que carece de competencia legal para su conocimiento, por las razones jurídicas que a continuación se exponen. De la demanda se advierte que el promovente designa como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán: ". IV.- LA LEY O ACTO QUE SE RECLAMA. - Lo es LOS JUICIOS SUCESORIOS AGRARIOS NUMEROS 529/2017 Y 434/2018, AMBOS TRAMITADOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 CON RECIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN, POR HABER SIDO PROMOVIDOS CON FALSEDAD EN LAS DECLARACIONES. DE QUIEN RECLAMO AL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 36, ACCIÓN DE NULIDAD DE LOS JUICIO SUCESORIOS TESTAMENTARIOS NUMEROS 529/2017 Y 434/2018, AMBOS TRAMITADOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 36; Juicios que indebidamente promovió mi hermano J. JESUS AREVALOS MENDEZ, ya que al fallecimiento de mi padre en el año 2015, fue hasta el año del 2017 el día 28 de marzo de ese año, en el que SUPUESTAMENTE COMPARECIO MI MADRE A PROMOVER A SU FAVOR, JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO, Y REITERO SUPUESTAMENTE PORQUE COMPARECIO EN SU NOMBRE MI HERMANO J. JESUS AREVALOS MENDEZ, OSTENTANDOSE CON CARTA PODER NOTARIAL DE FECHA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, PERO SUCEDE QUE MI SEÑORA MADRE HABÍA SIDO DECLARADA EN ESTADO DE INTERDICCION MEDIANTE SENTENCIA DE FECHA 24 DEL MES MARZO DEL 2015, JUICIO EN EL QUE SE DECLARA QUE MI MADRE MARGARITA, ES INCAPAZ Y SE NOMBRA COMO TUTORA LEGAL A MI HERMANA ANGELINA AREVALOS MENDEZ, JUICIO EN EL QUE TAMBIEN PARTICIPO COMO OPOSITOR MI HERMANO J. JESUS AREVALOS MENDEZ, DE AHÍ QUE NO DEBIO COMPARECER MI HERMANO A PROMOVER DICHO JUICIO A NOMBRE DE MI MADRE SABIENDO QUE LA MISMA ERA INCAPAZ LEGALMENTE Y QUE EN SU CASO QUIEN DEBIO COMPARECER FUE SU TUTORA LEGAL, MI HERMANA ANGELINÁ, '(NO ÉL QUIEN ACTUO CON DOLO MALA FE Y PREMEDITACION OSTENTANDOSE CON UNA CALIDAD QUE NO LE CORRESPONDIA EN VIRTUD DEL ESTADO DE INTERDICCION DE MI MADRE, DE AHÍ QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE DICHOS JUICIOS AGRARIOS (SIC). De igual forma al fallecimiento de mi señora madre, mismo que ocurrió EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, compareció a promover Juicio Sucesorio Testamentario mi hermano J. JESUS AREVALOS MENDEZ, quien presento un testamento de fecha 04 del mes de agosto del 2009, pero en dicho testamento en ningún apartado hace referencia de derechos agrarios, ejidales o parcelarios., y solo señala "...qué instruye como HEREDEROS a su fallecimiento de todos sus bienes muebles e inmuebles en partes iguales incluso los que pertenecieron a su esposo..." de ahí la incongruencia del testamento YA QUE LA TESTADORA NO PUEDE DISPONER DE LOS BIENES QUE LE PERTENECIERON A SU ESPOSO, más aun el testamento en ningún apartado hace mención de que la suscrita sea ejidataria, pues el mismo se hizo antes del fallecimiento de su esposo Serafín, y por ende la Testadora aún no había adquirido dichos derechos agrarios de su esposo...". Ahora, de las constancias que adjunta a su libelo constitucional el promovente del amparo, se advierte que mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán se tuvo a J. Jesús Arévalo Méndez, promoviendo juicio agrario por la vía de Jurisdicción Voluntaria a Juicio Sucesorio Intestamentario, a favor de su madre Margarita Méndez Ramírez, respecto de los bienes de su difunto conyugue Serafín Arévalo Estrada, quien era miembro ejidatario del ejido el Sauz de Abajo, perteneciente al Municipio Zamora, Michoacán, consistentes en la parcela 31, Zona 1, polígono 01, superficie 8-85-41.970 hectáreas, parcela 32, zona 1, polígono 1, superficie 2-73-80.650 hectáreas, así como las tierras de uso común con número de certificado 16368, que avalan el 1.470% de las tierras ubicadas en dicho predio ejidal. En auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por admitiendo a trámite el juicio de referencia registrándose bajo el número 529/2017, señalando fecha y hora para el desahogo de la testimonia a cargo de los testigos Héctor Manuel Espinoza Ruíz y David Barajas Cano, misma que tuvo su verificativo el tres de mayo siguiente, dejando los autos a la vista a efecto de dictar resolución definitiva. Por otra parte, mediante resolución definitiva de nueve siguiente, dictada dentro del juicio agrario 529/2017, por la vía de Jurisdicción Voluntaria a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Serafín Arévalo Estrada, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán, resolvió dicho fallo, esto es, reconociendo el carácter de ejidataria a Margarita Méndez Ramírez, del poblado de Sauz de Abajo, del Municipio de Zamora, Michoacán, respecto de los derechos agrarios que le correspondían a su conyugue Serafín Arévalo Estrada. Asimismo, por oficio de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, signado por el Subdelegado de Registro Agrario Nacional, informó al Titular del Tribunal Unitario de referencia, que procedió a dar cumplimiento con la sentencia, ordenando lo correspondiente. En otro orden de ideas, mediante ocurso presentado el seis de abril de dos mil dieciocho, ante el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán, se tuvo promoviendo a J. Jesús Arévalo Méndez y Guillermina Arévalo Méndez, por propio derecho, promoviendo juicio sucesorio testamentario, sobre los derechos agrarios de Margarita Méndez Ramírez, en su calidad de miembro ejidataria del Sauz de Abajo, Municipio de Zamora, Michoacán, consistentes en la parcela 31, Zona 1, polígono 01, superficie 8-85-41.970 hectáreas, parcela 32, zona 1, polígono 1, superficie 2-73-80.650 hectáreas, así como las tierras de uso común con número de certificado 16368, que avalan el 1.470% de las tierras ubicadas en dicho predio ejidal. En acuerdo de veintitrés de abril del dos mil dieciocho, se admitió a trámite dicho juicio y se registró bajo el número 434/2018, fijando las doce horas con cuarenta minutos del dieciséis de mayo siguiente, a efecto de desahogar la audiencia de derecho, misma que tuvo verificativo tal y como se advierte del acta correspondiente de esa data, ordenando turnar los autos a la secretaria de estudio y cuenta a fin de dictar resolución. Mediante resolución definitiva de veintidós siguiente, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en Morelia, Michoacán, resolvió en el sentido de trasmitir los derechos agrarios de Margarita Méndez Ramírez, al promovente J. Jesús Arévalo Méndez. Por tanto, a consideración de este Tribunal, es evidente que el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo en estudio, por ser dentro de su competencia territorial donde deberá tener ejecución el acto reclamado; lo anterior, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los juzgados de Distrito en la República Mexicana, los cuales son: 1) Será competente el juez del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, será competente aquel ante el que se presente la demanda; 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, se puntualiza que en el caso, se surte la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que los efectos de la ejecución del acto reclamado se verificarán fuera de la Jurisdicción que ocupa este juzgado de Distrito, esto es, en Morelia, Michoacán, donde se materializa el tramite de los juicios agrarios 529/2017 y 434/2018, que sobre sucesión testamentaria de derechos agrarios a bienes de Serafín Arévalo Estrada y Margarita Méndez Ramírez, promovió J. Jesús Arévalos Méndez, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esa capital del estado, respecto de los cuales el promovente del amparo reclama la acción de nulidad; ello, con apego a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior es así, porque los actos combatidos implican consecuencias jurídicas con ejecución material, los cuales tendrán lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán, demarcación en la que este Juzgado carece de jurisdicción territorial. De modo que, es evidente que el Juez de Distrito con residencia en la Capital del Estado, es el legalmente competente para conocer de la presente demanda, por ser dentro de su competencia territorial donde deberá tener ejecución el acto reclamado. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 12, Tomo 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, que dispone: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Apoyan lo anterior, los criterios siguientes: Tesis: I.1o.A.44 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 189167 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIV, Agosto de 2001 Pág. 1299 Tesis Aislada(Administrativa, Común) "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." De igual forma, es de invocarse la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1595, tomo XLVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO, EN MATERIA DE AMPARO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, actualmente en vigor, en relación con la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, es Juez competente para conocer del juicio de amparo, aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; por lo que cuando en la demanda de amparo se señala como autoridad ejecutora del acto que se reclama, a la policía de determinada entidad federativa, es claro que el Juez federal radicado en dicho Estado, es el competente para conocer del amparo, por ser dentro de su jurisdicción territorial donde trata de ejecutarse el acto reclamado, sin que baste en contrario, para estimarlo incompetente, la circunstancia de que la autoridad ejecutora niegue la existencia del acto que de ella se reclama, porque tal negativa puede ser desvirtuada mediante las pruebas que se rindan en la audiencia, y porque, aún en el caso de que dicha autoridad no hubiese recibido la orden que se ataca en la demanda de amparo, puede recibirla posteriormente y pretender llevar adelante el acto que se le atribuye". Por consiguiente, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO MENDEZ; por lo que, con apoyo en el artículo 48 de la legislación en cita, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno; solicitándole de la manera más atenta a su titular, que dentro del plazo que señala dicho numeral, informe si acepta o no la competencia que se le plantea. Circunstancia que deberá hacerse por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya firmado su demanda y señalado como domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, pues resulta inconcuso que el acto por el que se duele, como ya se precisó, se ejecutará dentro de su territorio jurisdiccional (Morelia, Michoacán), máxime que la autoridad que se señala como responsable se encuentra en la capital del Estado; de ahí que se afirme, que no por las manifestaciones del quejoso debe estimarse que la competencia para conocer del asunto radica en el Juez de Distrito donde se ubica el domicilio, pues adoptar este criterio equivaldría a dejar al arbitrio del promovente la determinación de la competencia, con el sólo hecho de signar su demanda en el lugar en donde quisiera promover, por lo que la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito en donde pertenece la autoridad responsable que se señala en la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 147, tomo II, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, que dice: "COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCIÓN COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA, ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado." Aunado a que el quejoso MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO MENDEZ, no señaló autoridades ejecutoras con residencia en la circunscripción de este juzgado, circunstancia que finca la competencia a su favor; además adujo que los juicios agrarios 529/2017 y 434/2018, que sobre sucesión testamentaria de derechos agrarios a bienes de Serafín Arévalo Estrada y Margarita Méndez Ramírez, fueron tramitados respecto de los predios ejidales a los que tenía derecho su padre Arévalo Estrada, los que se encuentran ubicados en Zamora, Michoacán, de esta Entidad Federativa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo, anexos correspondientes, así como las copias relativas de la misma, al Juez de Distrito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán, que se considera competente para su conocimiento, previamente la integración del cuaderno de antecedentes que se forme con copia del libelo constitucional; a quien se solicita acuse el recibo correspondiente e informe lo que provea, referente a la competencia planteada. Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de los actos reclamados solicitada, dado que no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Quinta Época 316027 1 de 1 Segunda Sala Tomo CXXX Pág. 357 Tesis Aislada(Común) "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor." AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales en el inmueble marcado con el número 7, de la localidad de Caltzontzin, municipio de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Gabriel Soto Soto, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que obra registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho No así a Roque Rafael Rodríguez Ortega, a quien se le autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado numeral, toda vez que no cumple con dicho requisito. Lo anterior encuentra sustento en la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE.

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