Mercedes Sanchez Silva

Expediente 375/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
375/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Mercedes Sanchez Silva
  • Presidente de la Junta Especial Numero 6 de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    III. Uruapan, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del respectivo expediente, como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, del acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, lo que significa que únicamente se conservará el proveído y resolución en donde se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    III. Uruapan, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Del estado de autos se advierte que por proveído de treinta de abril del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal resolución, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables...

  3. Principal

    III. Uruapan, Michoacán, treinta de abril de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna respecto de la vista que les fue otorgada en auto de diez de abril del año en curso, en que se tuvo al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con residencia en Morelia, Michoacán, pretendiendo acreditar el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto (foja 357 a 390). Por tanto, este juzgado de Distrito procede a estudiar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, tomo XI, marzo del 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se establece lo siguiente: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho por este juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 299 a 314). Por auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia respectiva; se requirió a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, para que dentro del término de tres días informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: 1) Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de remate del juicio laboral 518/2010, de su índice, a partir del auto de trece de julio de dos mil diecisiete, en el que tiene por exhibido el convenio celebrado entre la apoderada jurídica de la parte actora y el demandado Luis García Crisantos; y, 2) Con libertad de jurisdicción, dicte otro en el que, atendiendo a lo determinado en esta ejecutoria, dé la intervención correspondiente a la quejosa Mercedes Sánchez Silva, a fin de que comparezca a ratificar el convenio en cita, notificándola en su domicilio actual, atendiendo a las formalidades del procedimiento, previstas en la Ley Federal del Trabajo; y, 3) La Junta determine si una vez ratificado procede aprobar ese convenio en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. La anterior concesión se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con domicilio en Morelia, Michoacán con residencia en Morelia, por ser consecuencia directa e inmediata del proveído reclamado, en razón que su acto no fue impugnado por vicios propios. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, de Zamora, Michoacán, remitió los siguientes comunicados. Oficio J-VI-518/2018, de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, al que anexó copia certificada de diversas constancias (fojas 328 a 331). Oficio J-VI-490/2018, de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, al que anexó copia certificada de diversas constancias (fojas 337 a 341). El Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con domicilio en Morelia, Michoacán con residencia en Morelia, mediante oficio RPP/DAT/1709/2019, de cuatro de abril de dos mil diecinueve, anexó copia certificada de diversas constancias (fojas 357 a 390). Del examen de las documentales de referencia, los cuales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que la autoridad responsable en cuestión, y las diversas precisadas en relación con los efectos del fallo constitucional, acreditaron lo siguiente: 1) Dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de remate del juicio laboral 518/2010, de su índice, a partir del auto de trece de julio de dos mil diecisiete, en el que tiene por exhibido el convenio celebrado entre la apoderada jurídica de la parte actora y el demandado Luis García Crisantos; y, 2) Dictó otra determinación, en la que atendiendo a la ejecutoria de amparo, dio la intervención a la quejosa Mercedes Sánchez Silva, a fin de que comparezca a ratificar el convenio en cita, notificándola en su domicilio actual, atendiendo a las formalidades del procedimiento, previstas en la Ley Federal del Trabajo; y, 3) Determinó lo conducente, tomando en consideración que la quejosa no ratificó el convenio celebrado entre la apoderada jurídica de la parte actora y el demandado Luis García Crisantos. Como complemento a lo anterior, en relación con los actos de ejecución de la sentencia reclamada, el Director del Registro Púbico de la Propiedad Raíz y del Comercio, con residencia en Morelia, Michoacán, dejó insubsistente la cancelación de los gravámenes inscritos bajo los números 22 y 31 de los tomos 545 y 547 de los libros de gravamen, correspondientes al Distrito de Jiquilpan, y reactivó los mismos, únicamente respecto de los inmuebles materia del acto reclamado. Ante tales circunstancias, se estima que el Presidente de la Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, cumplió con las exigencias precisadas dentro de los efectos de la concesión del amparo. Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables...

  4. Principal

    III. Uruapan, Michoacán, diez de abril de dos mil diecinueve. Agréguense el oficio y anexo de cuenta enviados por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiséis de marzo del año en curso (fojas 352 y 353), informa las gestiones realizadas en torno al cumplimiento al fallo protector y al efecto anexa las constancias respectivas. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolverá sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia (Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes...

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