Miguel Ángel Arellano Flores
Expediente 1156/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 07/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Ángel Arellano Flores
- Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1156/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el quince de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I al IV; en esas condiciones, devuélvanse los mismos a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte tercera interesada Miriam Arizmendi González, Saira Arizmendi González, Tomás Bobadilla Barrios, Eli Samuel Arizmendi González, Francisco Romero Cabrera y Norberto Avelar, la sentencia de quince de enero de dos mil diecinueve; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que, como se le apercibió en autos a la citada parte, practique la notificación de la sentencia a la parte tercera interesada de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe...sentencia que en lo conducente establece: ...Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1156/2018-V, por promovido por MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, por derecho propio, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en la misma fecha, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que hizo consistir en lo siguiente: "...IV. ACTO RECLAMADO: consistente en la Resolución de Fecha 26 (veintiséis) de junio del año 2018 dictada la PRIMER Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior De Justicia, en el Toca 443/2018-5; Teniendo conocimiento del acto reclamado bajo protesta de decir verdad el día 11 de julio del 2018 a través de la defensa oficial Lic. Ángeles Cleopatra Ocampo Ocampo.". (Sic). SEGUNDO. Prevención de la demanda. El veinte de julio de dos mil dieciocho se registró la demanda con el número 1156/2018-V y se previno a la parte quejosa a fin de que proporcionara el domicilio de aquéllas personas que tuvieran el carácter de ofendidos en la causa penal de origen. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil dieciocho el quejoso aclaró que no conocía los domicilios. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de julio de dos mil dieciocho se admitió la demanda y se solicitó a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; asimismo se emplazó a los terceros interesados. CUARTO. Aclaración de la autoridad responsable. Mediante auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho se tuvo a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos rindiendo el informe justificado, aceptando la emisión del acto reclamado; por consiguiente se tuvo a ésta como autoridad responsable y se ordenó suspender toda comunicación con la Segunda Sala de dicho Tribunal. QUINTO. Audiencia Constitucional. Finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, tiene ejecución material en el Estado de Morelos donde se encuentra recluido el quejoso en el Centro de Reinserción Social "Morelos", con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil dieciocho emitida en el toca penal 443/2018, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa pública de MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, contra la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 393/1996, por el que la Jueza Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, declaró improcedente el incidente no especificado por el que se solicitó la compurgación simultánea de penas, así como en su caso, los beneficios de libertad anticipada en las modalidades de beneficio preliberacional, libertad praparatoria y remisión parcial de la pena. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado en virtud de que así lo aceptó la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos al rendir su informe justificado. Además, se corrobora a través de la fotocopia certificada de las constancias del toca penal 443/2018, a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Al no existir causal de improcedencia del juicio hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. Es pertinente establecer que en virtud de que el presente juicio es promovido por quien tiene el carácter de sentenciado en la causa penal de origen, el análisis del acto reclamado se realizará bajo la consideración de que operará en beneficio de éste la suplencia de la queja, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, en el supuesto de advertirse causa que así lo justifique. Ahora bien por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, se estima que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son, en una parte, fundados pero inoperantes y en otra infundados. Para la mejor comprensión del asunto, conviene citar algunos antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias del juicio natural remitidas por la autoridad responsable: El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, dentro de la causa penal 393/1996, fue sentenciado por la Jueza Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro, robo de vehículo, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa; cometidos en agravio de los siguientes: el primero de ELI SAMUEL ARIZMENDI GONZÁLEZ; el segundo, de FRANCISCO ROMERO CABRERA y NORBERTO AVELAR; el tercero, de MIRIAM Y SAIRA, ambas de apellidos ARIZMENDI GONZÁLEZ y TOMÁS BOBADILLA BARRIOS, imponiéndosele entre otras penas las siguientes: Por el delito de SECUESTRO siendo la mayor, una pena privativa de la libertad personal de VEINTISIETE AÑOS CINCO MESES DE PRISIÓN, y a pagar una multa equivalente a TRESCIENTOS DIAS de salario mínimo general, vigente en la entidad; En cuanto al delito de ROBO CALIFICADO, una pena privativa de la libertad personal de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, y a pagar una multa equivalente a QUINIENTOS CINCUENTA DÍAS de salario mínimo general, vigente en la entidad; Por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, una pena privativa de la libertad de DOS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN; Respecto al delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, una pena de TRES AÑOS CINCO MESES DE PRISIÓN y una multa de trescientos días de salario mínimo general, vigente en la entidad; Se estableció también en la sentencia, que la suma de dichas penas excedía el máximo permitido por el artículo 68 del Código Penal para el Estado de Morelos, de ahí que imponía CUARENTA AÑOS DE PRISIÓN y mil cien días de salario mínimo general, vigente en la entidad. El trece de julio de dos mil diecisiete, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, dentro de la causa penal 393/1996, promovió incidente no especificado a fin de que la Jueza Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, resolviera sobre la compurgación simultánea de las penas de prisión respecto a los delitos por los que se le sentenció, o bien para que se le concediera algún beneficio preliberacional (fojas 5 a 8 del anexo II). El dos de octubre dos mil diecisiete se admitió a trámite la solicitud del sentenciado, como incidente no especificado, tramitándose por cuerda separada (foja 46 del anexo II). El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho la Jueza de primer grado emitió resolución en el incidente, concluyendo en sus puntos resolutivos que era improcedente la compurgación simultánea de las penas impuestas al sentenciado e improcedente otorgarle beneficios de libertad anticipada en las modalidades tanto de beneficio preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena (fojas 137 a 151 del anexo II). Tal resolución fue apelada por el defensor público del sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, resuelto en el toca penal 443/2018, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien el veintinueve de junio de dos mil dieciocho confirmó la sentencia interlocutoria impugnada (fojas 161 a 170 del anexo II), siendo el acto que se combate en la presente instancia constitucional. Sentado lo anterior, este tribunal de amparo advierte en suplencia de la deficiencia de la queja, que el acto reclamado se emitió sin que la autoridad responsable hubiera tenido a la vista la totalidad de las constancias para resolver el recurso de apelación planteado. Ello es así, porque en el incidente de mérito el sentenciado, aquí quejoso, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, sustentó que la pena prisión preventiva respecto a los delitos por los que fue sentenciado, se debió compurgar de manera simultánea. Ahora, conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación. Así se ha confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2000631, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 35/2012 (10a.), Página: 720, con el rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme. En tal virtud tomando en cuenta que en la resolución combatida, al resolver el recurso de apelación se analizó la legalidad de la interlocutoria emitida en el incidente no especificado por la juez de primer grado, relativo a la solicitud del sentenciado de que se declarara la procedencia de la compurgación simultánea de la prisión preventiva respecto a los delitos por los que se le condenó a prisión, se estima que entre las constancias de la causa penal 393/1996 que la Sala responsable debió allegarse y tener a la vista para resolver el recurso de apelación que se le planteó, se encuentran tanto la sentencia definitiva de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, así como, de existir, el auto o resolución que le brindara el carácter de ejecutoriada. Sin embargo, la Sala responsable emitió el acto reclamado sin tener a la vista tales documentos, a pesar de ser necesarias para apreciar los hechos materia del incidente, tales como la época de detención, los delitos cometidos, la pena de prisión impuesta; también, si se estaba ante la presencia de una sentencia firme y definir a partir de qué fecha la condena de prisión impuesta adquirió el carácter de cosa juzgada; y tener certeza del instante de inicio y fin de la prisión preventiva y del comienzo de la compurgación de la pena de prisión en estricto sentido; actuaciones sin las cuales debió abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria del incidente innominado planteado por el ahora sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, ante la juez primaria y requerir su remisión. En efecto, a través de oficio 799 de quince de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos rindió informe justificado (foja 27), mediante el que remitió: "testimonio autorizado del toca penal 443/2018-5 en cuarenta y cuatro fojas; así como el original del cuadernillo incidental de la causa al rubro citada, en donde constan las razones y fundamentos legales que apoyan la constitucionalidad del acto reclamado.". Tal mención permite identificar que remitió con su informe la totalidad de las constancias que integran el toca 443/2018-5 (con el que en el presente juicio se formó el anexo I) y el cuaderno original relativo al incidente promovido por MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, (con el que en el presente juicio se formó el anexo II); sin que pueda advertirse de dichas actuaciones, la existencia de la sentencia definitiva emitida en la causa penal 393/1996, ni del acuerdo que la declara ejecutoriada o bien la de segundo grado. Tan es así que por auto de veinte de agosto del dos mil dieciocho, al no haberse enviado a este juzgado de Distrito, se requirieron a la Sala responsable las sentencias de primero y segundo grado dictadas en la indicada causa penal (foja 28). Aunado lo anterior, es patente que la Sala responsable no tuvo a la vista la sentencia definitiva emitida en la causa penal, ni la resolución por la que se advierta que causó ejecutoria, ya que ninguna de éstas se encuentran en el cuaderno original relativo al incidente de compurgación simultánea de la prisión preventiva, ni en la fotocopia certificada del toca 443/2018-5. Además, porque en dicho toca consta la existencia del oficio 929 de quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 10 del anexo I) recibido por la Sala responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, en el que ésta refiere haber recibido en esa fecha llamada telefónica y que le solicitaron proporcionar al Tribunal de Alzada los nombres y domicilios de los terceros interesados con especificación de qué delitos se cometieron en su agravio; esto indica que la responsable no tenía constancia de la sentencia definitiva ni de la resolución que le confiriera el carácter de cosa juzgada, pues de haberlas tenido no hubiera sido necesario requerir a la juez natural los nombres y domicilios de los terceros ni la explicación de qué delito se había cometido en agravio de cada uno, pues podría haber obtenido tales datos de su sola lectura de haberlos integrado al toca respectivo. A mayor abundamiento, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en el presente juicio de amparo, el oficio 855 (foja 32), proveniente de la autoridad responsable, por el que remitió la fotocopia certificada de la sentencia de primer grado dictada en la causa penal 393/1996, e informó a éste juzgado que requirió tal documento a la juez de la causa, quien se la remitió mediante oficio 1602 (que consta a foja 33), y que a su vez ésta le había informado que ninguna de las partes la había recurrido; constituyendo este documento una prueba más de que la responsable resolvió sin contar con los documentos indispensables para abordar el estudio de la apelación que se le planteó, pues es claro que requirió las constancias relativas a la juez de primer grado porque la Sala responsable nunca las tuvo integradas al toca 443/2018-5. Por todo lo dicho con anterioridad, queda patente que la Sala responsable al emitir la interlocutoria combatida, no tuvo a la vista la sentencia definitiva ni la resolución que le confería el carácter de ejecutoriada, lo que determina que al emitir la resolución reclamada careciera de los datos para emitir una resolución válidamente sustentada; ya que como se refirió, la sentencia definitiva contiene el juzgamiento de los hechos por los que se impusieron las penas de prisión al sentenciado, aquí quejoso; en tanto que el acuerdo o resolución que le confiere firmeza, sirve de pauta para fijar el fin del lapso efectivo de prisión preventiva y el inicio de la compurgación de la pena en estricto sentido. De ahí que al resolver sin las constancias aludidas, el acto reclamado es dogmático, pues atiende únicamente a lo afirmado por la juez responsable en la resolución incidental combatida mediante la apelación. Así, al no allegarse las constancias que se han indicado, la autoridad responsable resolvió el recurso de apelación con trasgresión a las formalidades previstas en el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el nueve de octubre de mil novecientos noventa y seis, vigente en la época de comisión de los hechos delictivos, que prevé que los recursos tienen por consecuencia bajo las previsiones de dicho ordenamiento legal, confirmar, revocar, anular o modificar la resolución recurrida. Para ello el tribunal que conozca de la impugnación examinará los motivos y fundamentos de la resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia, en su caso, de las normas relativas a la admisión y valoración de la prueba. La disposición de mérito es del tenor literal siguiente: "Artículo 194. Los recursos tienen por consecuencia bajo las previsiones de este título, confirmar, revocar, anular o modificar la resolución recurrida. Para ello el tribunal que conozca de la impugnación examinará los motivos y fundamentos dela resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia, en su caso, de las normas relativas a la admisión y valoración de la prueba. Cuando el juzgador que conozca de la impugnación revoque o anule la resolución combatida, la autoridad facultada para emitirla deberá dictar otra que la sustituya. Cuando se confirme la resolución impugnada, no habrá lugar a nueva resolución de quien dictó ésta. Cuando se modifique, la autoridad que conoce de la impugnación señalará los puntos de la resolución que deben conservarse y aquéllos que no debensubsistir, y establecerá los nuevos términos de los puntos resolutivos cuya modificación disponga. La autoridad judicial que conoce de la impugnación recibirá las pruebas procedentes que las partes propongan y ordenará libremente las diligencias para mejor proveer que juzgue convenientes.". Sin embargo el deber impuesto en dicha disposición no puede ser cumplido cabalmente, si el Tribunal de Apelación no procura tener a la vista las constancias con las que pueda contrastar los hechos narrados en la resolución sometida a su revisión, su valoración así como los fundamentos y motivos en ella expuestos; con lo cual la responsable transgredió la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. No obstante las violaciones formales advertidas, con fundamento en el imperativo constitucional consignado en el artículo 17 de la Carta Magna, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, se estima que, por cuanto al fondo, tales inconsistencias son insuficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de que respecto al fondo del asunto, este juzgador advierte razones para considerar que se sostiene el pronunciamiento de la Sala responsable acerca de que fue acertado el criterio de la juez natural en el sentido de declarar infundado el incidente no especificado respecto a beneficios preliberacionales y a la compurgación simultánea de la prisión preventiva por los delitos por los que fue sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, en la causa penal 393/1996. Ello es así, en razón de que, en efecto, como bien lo estableció la juzgadora natural en la sentencia interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el incidente no especificado y, a su vez, lo confirmó la Sala responsable en el acto reclamado, Ia petición de compurgación simultánea de la prisión preventiva impuesta al sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, es improcedente en virtud de que lo que pretendía el quejoso es que se abonara de manera indebida el lapso referido como prisión preventiva en la causa penal de origen, a cada una de las penas que refiere se le impusieron, a su criterio, de manera individual, por cada uno de los delitos por los que fue condenado, efectuando así un descuento de dicho lapso en cada uno de ellos. Pretensión que efectivamente resultó improcedente, ya que al dictarse una sola sentencia condenatoria en la causa penal de origen, en la cual se juzgó la existencia de un concurso real de delitos, no es exacto que se hubieran dictado diversos fallos en contra de MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES ni mucho menos tantas penas por delitos reprochados; de ahí que al imponerse en una sola sentencia la pena por cada delito y luego realizarse la suma total de cuarenta años de prisión por todos ellos, resulta que la reducción del tiempo de la prisión preventiva se aplica sobre el total de los cuarenta años de prisión que se encuentra compurgando el sentenciado; sin que ello implique que las penas de prisión deban compurgarse de manera simultánea por cuanto hace al lapso de prisión preventiva sufrido. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho) -y, de forma posterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, del artículo 20, apartado B, fracción IX, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, se desprende que en aquellos casos en los que se decrete un concurso real de delitos dentro de un solo proceso penal, el tiempo de prisión preventiva debe computarse con respecto a la pena privativa de libertad que surja como resultado del ejercicio de acumulación realizado por el juzgador a partir de las sanciones que corresponden a los delitos cometidos, y no respecto de cada una de dichas sanciones de forma individual. Por lo tanto, que al decretarse un concurso real de delitos dentro de una sola causa penal, el juzgador no impone al sentenciado diversas penas de prisión correspondientes a los distintos delitos cometidos, que sean susceptibles de realización autónoma, sino que se realiza un ejercicio de acumulación a partir del cual fija una sola pena privativa de libertad que deberá ser compurgada por el sentenciado, acorde con el "principio de unidad de la respuesta punitiva". Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2013071, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 45/2016 (10a.), Página: 874, con el rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. CUANDO SE DECRETE UN CONCURSO REAL DE DELITOS DENTRO DE UN SOLO PROCESO PENAL, DEBE DESCONTARSE EL TIEMPO DE AQUÉLLA AL TOTAL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LAS PENAS DE PRISIÓN QUE CORRESPONDAN POR CADA DELITO Y NO A CADA UNA DE ÉSTAS EN LO INDIVIDUAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008) -y, de forma posterior a la reforma de 18 de junio de 2008, del artículo 20, apartado B, fracción IX, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, así como de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, se desprende que en aquellos casos en los que se decrete un concurso real de delitos dentro de un solo proceso penal, el tiempo de prisión preventiva debe computarse con respecto a la pena privativa de libertad que surja como resultado del ejercicio de acumulación realizado por el juzgador a partir de las sanciones que corresponden a los delitos cometidos, y no respecto de cada una de dichas sanciones de forma individual. Lo anterior es así, pues al decretarse un concurso real de delitos dentro de una sola causa penal, el juzgador no impone al sentenciado diversas penas de prisión correspondientes a los distintos delitos cometidos, que sean susceptibles de realización autónoma, sino que conforme a lo estipulado en el artículo 64 del Código Penal Federal, realiza un ejercicio de acumulación a partir del cual fija una sola pena privativa de libertad que deberá ser compurgada por el sentenciado, acorde con el "principio de unidad de la respuesta punitiva". Por lo tanto, en aplicación de la jurisprudencia de mérito, se concluye que en el fondo, la resolución combatida es constitucional, puesto que correctamente se confirmó la negativa de la juez de descontar la prisión preventiva en los términos pretendidos por el sentenciado, en relación con la pena de prisión impuesta en la causa penal 393/1996, en atención a que, al determinarse la existencia de un concurso real únicamente la prisión preventiva que se descuenta es del total de la pena impuesta por la totalidad de los delitos cometidos, es decir, será disminuido el tiempo que el sentenciado estuvo privado de la libertad con motivo de los hechos atribuidos, lo que incluye la duración de la reclusión preventiva; sin que pueda admitirse la sobreposición o una doble disminución de esta última, pues ello reduciría injustificadamente la pena de prisión. En efecto, no es admisible dar un tratamiento extensivo a la compurgación de la prisión preventiva que es de carácter simultánea, a la ejecución de sanciones, cuya aplicación es sucesiva -como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 8/2007-, transgrediendo el principio de unidad de la pena privativa de la libertad, que al momento de su imposición sólo admite la reducción de esa sanción a partir de la detención que incluye la reclusión preventiva, pero no la sobreposición o duplicidad de esta última, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho. En este aspecto resulta aplicable la tesis aislada de la Décima, Registro: 2010507, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCLXIII/2015 (10a.), Página: 990, con el rubro y texto: "PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL. El artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, así como el apartado B, fracción IX, párrafo tercero, del citado precepto en su actual redacción, prevén que en toda pena de prisión se computará el tiempo de la detención, de lo que deriva el principio de unidad de la pena privativa de libertad, el cual exige que, al momento de su imposición, sea disminuido el tiempo que el sentenciado estuvo privado de la libertad con motivo de los hechos atribuidos, lo que incluye la duración de la reclusión preventiva, sin que pueda admitirse la sobreposición o una doble disminución de esta última, pues ello reduciría injustificadamente la pena de prisión. De igual manera, por identidad de razón jurídica la tesis aislada de la Décima Época, Registro: 2010508, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCCLXIV/2015 (10a.), Página: 991, que enseguida se cita: "PRISIÓN PREVENTIVA. SU INDEBIDA SOBREPOSICIÓN O DOBLE DISMINUCIÓN A LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA EN MATERIA PENAL FEDERAL. El artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, así como el apartado B, fracción IX, párrafo tercero, del citado precepto, en su actual redacción, prevén que en toda pena de prisión se computará el tiempo de la detención. Ahora bien, la consideración constitucional de tomar en cuenta la duración de la prisión preventiva constituye un derecho fundamental en favor de los sentenciados, el cual debe respetarse en toda sentencia condenatoria que establezca una sanción privativa de la libertad. Sin embargo, en ningún caso el tiempo que excedió de la reclusión preventiva en relación con la duración de la pena de prisión decretada a un delito que -al ser menor- se tuvo por compurgada, debe ser descontada a la pena por compurgar de un segundo ilícito, si es que la responsable ya redujo a este último el tiempo de esa misma prisión preventiva. Considerar lo contrario implicaría, paralelamente, respecto de la pena de prisión impuesta al delito no compurgado, el descuento del tiempo total de la prisión preventiva y una disminución parcial adicional de esa misma reclusión cautelar derivada del tiempo que ésta excedió de la pena del primer delito que se tuvo por cumplida; es decir, se generaría una doble disminución a la pena de prisión impuesta, respecto del mismo plazo de duración de la reclusión preventiva, que reduciría considerablemente la sanción privativa de la libertad decretada, con lo que se daría un tratamiento extensivo a la compurgación de la prisión preventiva que es de carácter simultánea, a la ejecución de sanciones, cuya aplicación es sucesiva -como lo ha establecido esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 8/2007-, transgrediendo el principio de unidad de la pena privativa de la libertad, que al momento de su imposición sólo admite la reducción de esa sanción a partir de la detención que incluye la reclusión preventiva, pero no la sobreposición o duplicidad de esta última, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional, en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, en relación con los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal.". En las relatadas condiciones, fue correcto que la Sala responsable confirmara el criterio de la Juez natural y concluyera que es inadmisible la compurgación separada y a la vez simultánea de las penas de prisión impuestas por cada uno de los delitos por los que se sentenció al quejoso, como éste lo pretende; en razón de que, como se ha venido señalando, la juez del proceso determinó en la causa penal 393/1996 la existencia de un concurso real y, por ende, si bien se aprecia que en dicha resolución fijó la pena que correspondía a cada delito y luego hizo la sumatoria imponiendo la única pena de prisión de cuarenta años por la totalidad de los delitos, ello es acorde a lo que previene el artículo 68, párrafo primero del Código Penal para el Estado de Morelos, vigente en la época de comisión de los hechos, del tenor literal siguiente: "ARTICULO 68.- En el caso de concurso real, se aplicará la sanción del delito que merezca la mayor, aumentándola hasta por la suma de las sanciones correspondientes a cada uno de los demás delitos, sin que exceda de cuarenta años de prisión, en su caso. El juez señalará en la sentencia la sanción relativa a cada uno de los delitos por los que se condene al agente...". Como se ve, dicha norma prevé que en el caso de concurso real, se aplicará la sanción del delito que merezca la mayor, aumentándola hasta por la suma de las sanciones correspondientes a cada uno de los demás delitos, sin que exceda de cuarenta años de prisión, en su caso; además, que el juez señalará en la sentencia la sanción relativa a cada uno de los delitos por los que se condene al agente; y la Sala responsable confirmó tal criterio asumido por la Juez responsable en el incidente no especificado que le promovió MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES. Así, se concluye por las razones expresadas, que el acto reclamado no trasgrede los derechos humanos del quejoso, con la confirmación de la autoridad responsable de la interlocutoria dictada por la juez del proceso en la causa penal 393/1996 en el incidente no especificado, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en virtud de como correctamente lo resolvió la responsable en el acto reclamado, se disminuirá de la pena de prisión el tiempo de la detención de MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES en prisión preventiva, pero en la totalidad y unidad de dicha pena como sanción y no por cada uno de los delitos por los que fue sentenciado, lo que es acorde con el texto constitucional a que se ha hecho alusión y la jurisprudencia y tesis aisladas del Máximo Tribunal de justicia de la nación. Por consiguiente es acertado el criterio de la Sala, en el sentido de que MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, no ha compurgado la totalidad de los cuarenta años de prisión que le fueron impuestos en la sentencia definitiva de la causa penal 393/1996, aun cuando toma en cuenta el descuento de la prisión preventiva y los días de remisión parcial de la pena. De ahí que se estima infundado el concepto de violación que el respecto formula el quejoso. Por otro lado, en la resolución combatida, la Sala responsable declaró infundados los agravios planteados por la defensa del quejoso, contra la interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la juez del proceso, en la parte referente a la negativa de otorgar al sentenciado, aquí quejoso, algún beneficio de libertad anticipada en las modalidades de tratamiento preliberacional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena; sin embargo, debe advertirse que la parte quejosa no formuló conceptos de violación para atacar las consideraciones que hizo el referido tribunal para confirmar lo resuelto por la juez de la causa penal en la sentencia del incidente no especificado dentro de la causa penal 393/1996; razón por la que al no advertir este juzgador razones para suplir la deficiencia de la queja, debe convalidar la constitucionalidad de dicho pronunciamiento. Ello es así, porque por un lado, en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la juez natural negó los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal al considerar que esta norma, entre otros requisitos para concederlos, requiere que no se haya impuesto al sentenciado una diversa condena firme; pero que MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES tiene una diversa condena en la causa penal 12/1997, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. De igual manera, en dicha resolución la juez del proceso resolvió que por cuanto al diverso beneficio de remisión parcial de la pena, éste sí se encontraba previsto en la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, al prever en el artículo 67, que por cada dos días de trabajo se hará remisión de un día de prisión; de ahí que por ello es más benéfica que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que no prevé tal beneficio. Tal norma es del texto siguiente: "Artículo 67.- Remisión parcial de la pena. La remisión parcial de la pena es un beneficio otorgado por el Juez de Ejecución y consistirá, en que por cada dos días de trabajo, se hará remisión de uno de prisión, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I.- Que el interno haya observado durante su estancia en prisión buena conducta; II.- Que participe regularmente en las actividades educativas, deportivas o de otra índole que se organicen en el establecimiento, y III.- Que con base en los Estudios de personalidad que practique el Consejo Técnico Interdisciplinario, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción social. Este será el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los dos requisitos anteriores. (REFORMADO, P.O. 24 DE ABRIL DE 2013) Los requisitos señalados en las fracciones anteriores se acreditarán con los informes que emita la Unidad de Reinserción. Con estos elementos el Juez de Ejecución de Sanciones dictaminará sobre la procedencia del beneficio.". En ese sentido, estableció igualmente, que los veintiún años dos meses y veinte días de reclusión de MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, más los días de remisión, a saber diez años, ocho meses y diez días, sumaban treinta y un años, ocho meses y diez días, por lo que no cubre la temporalidad de cuarenta años de prisión a que fue sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES. Tal criterio, fue confirmado por la Sala responsable en la interlocutoria combatida de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en la que estableció que a esa fecha el sentenciado computaba veintiún años dos meses y veinte días de prisión compurgada, más diez años, ocho meses y diez días, de días redimidos, que sumados obtenían treinta y dos años, tres meses, y que no satisfacía la totalidad de los cuarenta años de prisión que le fueron impuestos en la causa penal de origen; lo que como se indicó no se estima violatorio de garantías. En ese sentido, no escapa a este juzgador que la defensa del sentenciado en los agravios planteados en la apelación contra la negativa de la juez de conceder beneficios al resolver el incidente no especificado (foja 25 del anexo I), señaló que le era aplicable por ser más benéfica la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Morelos, porque en el periódico oficial "Tierra y Libertad", de veintinueve de junio de dos mil cuatro, fue adicionado un segundo párrafo al artículo 98, en el que se establece que el beneficio de remisión parcial de la pena, no se otorgará a los sentenciados por delitos considerados graves por la legislación penal del Estado de Morelos; sin embargo, lo cierto es que la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, tampoco contiene una limitante de esa naturaleza ni establece mayores requisitos para el acceso al aludido beneficio que los que señala el primero de los ordenamientos legales referido. A propósito de ello, en la resolución combatida la Sala, confirmando el criterio de la juez de primer grado, sostiene que la causa de improcedencia del beneficio de remisión parcial de la pena, obedece a que la suma de los días compurgados de la pena y los de remisión a virtud de los días de trabajo, todavía no completaban los cuarenta años de prisión impuestos al quejoso en la sentencia definitiva en la causa penal de origen, siendo éste el motivo primordial y no la existencia de impedimento para otorgarlo, por la sola naturaleza de los delitos por los que fue sentenciado. Luego, se considera que el quejoso no resiente afectación a sus derechos humanos, con el explicado proceder de la autoridad responsable, ya que estableció en la sentencia combatida, al igual que la juez natural en la determinación del incidente, que llegado el momento, cumpliendo las condiciones y requisitos que se prevén en la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, es posible que MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES pueda acceder a ese beneficio; pronunciamiento que como se indicó se estima que no resulta transgresor de prerrogativa alguna en perjuicio del quejoso. En las relatadas condiciones, aun ante la inobservancia de las formalidades legales descritas por parte de la Sala responsable al no recabar las constancias necesarias para resolver, se estima que la resolución combatida, no trasgrede derechos humanos de la parte quejosa, previstos en los artículos 1, 17 y 20 de la Carta Magna, como lo invoca en la demanda, ya que en cuanto al fondo no se advierte aspecto qué suplir en deficiencia de la queja; razón por la que al ser fundados pero inoperantes e infundados los conceptos de violación, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, contra la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal 443/2018-5, que se reclama a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por las razones expuestas en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de enero de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1156/2018-V, por promovido por MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, por derecho propio, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en la misma fecha, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que hizo consistir en lo siguiente: "...IV. ACTO RECLAMADO: consistente en la Resolución de Fecha 26 (veintiséis) de junio del año 2018 dictada la PRIMER Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior De Justicia, en el Toca 443/2018-5; Teniendo conocimiento del acto reclamado bajo protesta de decir verdad el día 11 de julio del 2018 a través de la defensa oficial Lic. Ángeles Cleopatra Ocampo Ocampo.". (Sic). SEGUNDO. Prevención de la demanda. El veinte de julio de dos mil dieciocho se registró la demanda con el número 1156/2018-V y se previno a la parte quejosa a fin de que proporcionara el domicilio de aquéllas personas que tuvieran el carácter de ofendidos en la causa penal de origen. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil dieciocho el quejoso aclaró que no conocía los domicilios. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de julio de dos mil dieciocho se admitió la demanda y se solicitó a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; asimismo se emplazó a los terceros interesados. CUARTO. Aclaración de la autoridad responsable. Mediante auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho se tuvo a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos rindiendo el informe justificado, aceptando la emisión del acto reclamado; por consiguiente se tuvo a ésta como autoridad responsable y se ordenó suspender toda comunicación con la Segunda Sala de dicho Tribunal. QUINTO. Audiencia Constitucional. Finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, tiene ejecución material en el Estado de Morelos donde se encuentra recluido el quejoso en el Centro de Reinserción Social "Morelos", con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil dieciocho emitida en el toca penal 443/2018, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa pública de MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, contra la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 393/1996, por el que la Jueza Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, declaró improcedente el incidente no especificado por el que se solicitó la compurgación simultánea de penas, así como en su caso, los beneficios de libertad anticipada en las modalidades de beneficio preliberacional, libertad praparatoria y remisión parcial de la pena. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado en virtud de que así lo aceptó la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos al rendir su informe justificado. Además, se corrobora a través de la fotocopia certificada de las constancias del toca penal 443/2018, a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Al no existir causal de improcedencia del juicio hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. Es pertinente establecer que en virtud de que el presente juicio es promovido por quien tiene el carácter de sentenciado en la causa penal de origen, el análisis del acto reclamado se realizará bajo la consideración de que operará en beneficio de éste la suplencia de la queja, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, en el supuesto de advertirse causa que así lo justifique. Ahora bien por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, se estima que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son, en una parte, fundados pero inoperantes y en otra infundados. Para la mejor comprensión del asunto, conviene citar algunos antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias del juicio natural remitidas por la autoridad responsable: El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, dentro de la causa penal 393/1996, fue sentenciado por la Jueza Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro, robo de vehículo, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa; cometidos en agravio de los siguientes: el primero de ELI SAMUEL ARIZMENDI GONZÁLEZ; el segundo, de FRANCISCO ROMERO CABRERA y NORBERTO AVELAR; el tercero, de MIRIAM Y SAIRA, ambas de apellidos ARIZMENDI GONZÁLEZ y TOMÁS BOBADILLA BARRIOS, imponiéndosele entre otras penas las siguientes: Por el delito de SECUESTRO siendo la mayor, una pena privativa de la libertad personal de VEINTISIETE AÑOS CINCO MESES DE PRISIÓN, y a pagar una multa equivalente a TRESCIENTOS DIAS de salario mínimo general, vigente en la entidad; En cuanto al delito de ROBO CALIFICADO, una pena privativa de la libertad personal de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, y a pagar una multa equivalente a QUINIENTOS CINCUENTA DÍAS de salario mínimo general, vigente en la entidad; Por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, una pena privativa de la libertad de DOS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN; Respecto al delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, una pena de TRES AÑOS CINCO MESES DE PRISIÓN y una multa de trescientos días de salario mínimo general, vigente en la entidad; Se estableció también en la sentencia, que la suma de dichas penas excedía el máximo permitido por el artículo 68 del Código Penal para el Estado de Morelos, de ahí que imponía CUARENTA AÑOS DE PRISIÓN y mil cien días de salario mínimo general, vigente en la entidad. El trece de julio de dos mil diecisiete, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, dentro de la causa penal 393/1996, promovió incidente no especificado a fin de que la Jueza Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, resolviera sobre la compurgación simultánea de las penas de prisión respecto a los delitos por los que se le sentenció, o bien para que se le concediera algún beneficio preliberacional (fojas 5 a 8 del anexo II). El dos de octubre dos mil diecisiete se admitió a trámite la solicitud del sentenciado, como incidente no especificado, tramitándose por cuerda separada (foja 46 del anexo II). El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho la Jueza de primer grado emitió resolución en el incidente, concluyendo en sus puntos resolutivos que era improcedente la compurgación simultánea de las penas impuestas al sentenciado e improcedente otorgarle beneficios de libertad anticipada en las modalidades tanto de beneficio preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena (fojas 137 a 151 del anexo II). Tal resolución fue apelada por el defensor público del sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, resuelto en el toca penal 443/2018, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien el veintinueve de junio de dos mil dieciocho confirmó la sentencia interlocutoria impugnada (fojas 161 a 170 del anexo II), siendo el acto que se combate en la presente instancia constitucional. Sentado lo anterior, este tribunal de amparo advierte en suplencia de la deficiencia de la queja, que el acto reclamado se emitió sin que la autoridad responsable hubiera tenido a la vista la totalidad de las constancias para resolver el recurso de apelación planteado. Ello es así, porque en el incidente de mérito el sentenciado, aquí quejoso, MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, sustentó que la pena prisión preventiva respecto a los delitos por los que fue sentenciado, se debió compurgar de manera simultánea. Ahora, conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación. Así se ha confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2000631, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 35/2012 (10a.), Página: 720, con el rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme. En tal virtud tomando en cuenta que en la resolución combatida, al resolver el recurso de apelación se analizó la legalidad de la interlocutoria emitida en el incidente no especificado por la juez de primer grado, relativo a la solicitud del sentenciado de que se declarara la procedencia de la compurgación simultánea de la prisión preventiva respecto a los delitos por los que se le condenó a prisión, se estima que entre las constancias de la causa penal 393/1996 que la Sala responsable debió allegarse y tener a la vista para resolver el recurso de apelación que se le planteó, se encuentran tanto la sentencia definitiva de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, así como, de existir, el auto o resolución que le brindara el carácter de ejecutoriada. Sin embargo, la Sala responsable emitió el acto reclamado sin tener a la vista tales documentos, a pesar de ser necesarias para apreciar los hechos materia del incidente, tales como la época de detención, los delitos cometidos, la pena de prisión impuesta; también, si se estaba ante la presencia de una sentencia firme y definir a partir de qué fecha la condena de prisión impuesta adquirió el carácter de cosa juzgada; y tener certeza del instante de inicio y fin de la prisión preventiva y del comienzo de la compurgación de la pena de prisión en estricto sentido; actuaciones sin las cuales debió abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria del incidente innominado planteado por el ahora sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, ante la juez primaria y requerir su remisión. En efecto, a través de oficio 799 de quince de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos rindió informe justificado (foja 27), mediante el que remitió: "testimonio autorizado del toca penal 443/2018-5 en cuarenta y cuatro fojas; así como el original del cuadernillo incidental de la causa al rubro citada, en donde constan las razones y fundamentos legales que apoyan la constitucionalidad del acto reclamado.". Tal mención permite identificar que remitió con su informe la totalidad de las constancias que integran el toca 443/2018-5 (con el que en el presente juicio se formó el anexo I) y el cuaderno original relativo al incidente promovido por MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, (con el que en el presente juicio se formó el anexo II); sin que pueda advertirse de dichas actuaciones, la existencia de la sentencia definitiva emitida en la causa penal 393/1996, ni del acuerdo que la declara ejecutoriada o bien la de segundo grado. Tan es así que por auto de veinte de agosto del dos mil dieciocho, al no haberse enviado a este juzgado de Distrito, se requirieron a la Sala responsable las sentencias de primero y segundo grado dictadas en la indicada causa penal (foja 28). Aunado lo anterior, es patente que la Sala responsable no tuvo a la vista la sentencia definitiva emitida en la causa penal, ni la resolución por la que se advierta que causó ejecutoria, ya que ninguna de éstas se encuentran en el cuaderno original relativo al incidente de compurgación simultánea de la prisión preventiva, ni en la fotocopia certificada del toca 443/2018-5. Además, porque en dicho toca consta la existencia del oficio 929 de quince de mayo de dos mil dieciocho (foja 10 del anexo I) recibido por la Sala responsable el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por la Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, en el que ésta refiere haber recibido en esa fecha llamada telefónica y que le solicitaron proporcionar al Tribunal de Alzada los nombres y domicilios de los terceros interesados con especificación de qué delitos se cometieron en su agravio; esto indica que la responsable no tenía constancia de la sentencia definitiva ni de la resolución que le confiriera el carácter de cosa juzgada, pues de haberlas tenido no hubiera sido necesario requerir a la juez natural los nombres y domicilios de los terceros ni la explicación de qué delito se había cometido en agravio de cada uno, pues podría haber obtenido tales datos de su sola lectura de haberlos integrado al toca respectivo. A mayor abundamiento, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en el presente juicio de amparo, el oficio 855 (foja 32), proveniente de la autoridad responsable, por el que remitió la fotocopia certificada de la sentencia de primer grado dictada en la causa penal 393/1996, e informó a éste juzgado que requirió tal documento a la juez de la causa, quien se la remitió mediante oficio 1602 (que consta a foja 33), y que a su vez ésta le había informado que ninguna de las partes la había recurrido; constituyendo este documento una prueba más de que la responsable resolvió sin contar con los documentos indispensables para abordar el estudio de la apelación que se le planteó, pues es claro que requirió las constancias relativas a la juez de primer grado porque la Sala responsable nunca las tuvo integradas al toca 443/2018-5. Por todo lo dicho con anterioridad, queda patente que la Sala responsable al emitir la interlocutoria combatida, no tuvo a la vista la sentencia definitiva ni la resolución que le confería el carácter de ejecutoriada, lo que determina que al emitir la resolución reclamada careciera de los datos para emitir una resolución válidamente sustentada; ya que como se refirió, la sentencia definitiva contiene el juzgamiento de los hechos por los que se impusieron las penas de prisión al sentenciado, aquí quejoso; en tanto que el acuerdo o resolución que le confiere firmeza, sirve de pauta para fijar el fin del lapso efectivo de prisión preventiva y el inicio de la compurgación de la pena en estricto sentido. De ahí que al resolver sin las constancias aludidas, el acto reclamado es dogmático, pues atiende únicamente a lo afirmado por la juez responsable en la resolución incidental combatida mediante la apelación. Así, al no allegarse las constancias que se han indicado, la autoridad responsable resolvió el recurso de apelación con trasgresión a las formalidades previstas en el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el nueve de octubre de mil novecientos noventa y seis, vigente en la época de comisión de los hechos delictivos, que prevé que los recursos tienen por consecuencia bajo las previsiones de dicho ordenamiento legal, confirmar, revocar, anular o modificar la resolución recurrida. Para ello el tribunal que conozca de la impugnación examinará los motivos y fundamentos de la resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia, en su caso, de las normas relativas a la admisión y valoración de la prueba. La disposición de mérito es del tenor literal siguiente: "Artículo 194. Los recursos tienen por consecuencia bajo las previsiones de este título, confirmar, revocar, anular o modificar la resolución recurrida. Para ello el tribunal que conozca de la impugnación examinará los motivos y fundamentos dela resolución combatida, su conformidad con la ley aplicable, la apreciación que contenga acerca de los hechos a los que se refiere y la debida observancia, en su caso, de las normas relativas a la admisión y valoración de la prueba. Cuando el juzgador que conozca de la impugnación revoque o anule la resolución combatida, la autoridad facultada para emitirla deberá dictar otra que la sustituya. Cuando se confirme la resolución impugnada, no habrá lugar a nueva resolución de quien dictó ésta. Cuando se modifique, la autoridad que conoce de la impugnación señalará los puntos de la resolución que deben conservarse y aquéllos que no debensubsistir, y establecerá los nuevos términos de los puntos resolutivos cuya modificación disponga. La autoridad judicial que conoce de la impugnación recibirá las pruebas procedentes que las partes propongan y ordenará libremente las diligencias para mejor proveer que juzgue convenientes.". Sin embargo el deber impuesto en dicha disposición no puede ser cumplido cabalmente, si el Tribunal de Apelación no procura tener a la vista las constancias con las que pueda contrastar los hechos narrados en la resolución sometida a su revisión, su valoración así como los fundamentos y motivos en ella expuestos; con lo cual la responsable transgredió la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. No obstante las violaciones formales advertidas, con fundamento en el imperativo constitucional consignado en el artículo 17 de la Carta Magna, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, se estima que, por cuanto al fondo, tales inconsistencias son insuficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de que respecto al fondo del asunto, este juzgador advierte razones para considerar que se sostiene el pronunciamiento de la Sala responsable acerca de que fue acertado el criterio de la juez natural en el sentido de declarar infundado el incidente no especificado respecto a beneficios preliberacionales y a la compurgación simultánea de la prisión preventiva por los delitos por los que fue sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, en la causa penal 393/1996. Ello es así, en razón de que, en efecto, como bien lo estableció la juzgadora natural en la sentencia interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el incidente no especificado y, a su vez, lo confirmó la Sala responsable en el acto reclamado, Ia petición de compurgación simultánea de la prisión preventiva impuesta al sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, es improcedente en virtud de que lo que pretendía el quejoso es que se abonara de manera indebida el lapso referido como prisión preventiva en la causa penal de origen, a cada una de las penas que refiere se le impusieron, a su criterio, de manera individual, por cada uno de los delitos por los que fue condenado, efectuando así un descuento de dicho lapso en cada uno de ellos. Pretensión que efectivamente resultó improcedente, ya que al dictarse una sola sentencia condenatoria en la causa penal de origen, en la cual se juzgó la existencia de un concurso real de delitos, no es exacto que se hubieran dictado diversos fallos en contra de MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES ni mucho menos tantas penas por delitos reprochados; de ahí que al imponerse en una sola sentencia la pena por cada delito y luego realizarse la suma total de cuarenta años de prisión por todos ellos, resulta que la reducción del tiempo de la prisión preventiva se aplica sobre el total de los cuarenta años de prisión que se encuentra compurgando el sentenciado; sin que ello implique que las penas de prisión deban compurgarse de manera simultánea por cuanto hace al lapso de prisión preventiva sufrido. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho) -y, de forma posterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, del artículo 20, apartado B, fracción IX, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, se desprende que en aquellos casos en los que se decrete un concurso real de delitos dentro de un solo proceso penal, el tiempo de prisión preventiva debe computarse con respecto a la pena privativa de libertad que surja como resultado del ejercicio de acumulación realizado por el juzgador a partir de las sanciones que corresponden a los delitos cometidos, y no respecto de cada una de dichas sanciones de forma individual. Por lo tanto, que al decretarse un concurso real de delitos dentro de una sola causa penal, el juzgador no impone al sentenciado diversas penas de prisión correspondientes a los distintos delitos cometidos, que sean susceptibles de realización autónoma, sino que se realiza un ejercicio de acumulación a partir del cual fija una sola pena privativa de libertad que deberá ser compurgada por el sentenciado, acorde con el "principio de unidad de la respuesta punitiva". Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2013071, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 45/2016 (10a.), Página: 874, con el rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. CUANDO SE DECRETE UN CONCURSO REAL DE DELITOS DENTRO DE UN SOLO PROCESO PENAL, DEBE DESCONTARSE EL TIEMPO DE AQUÉLLA AL TOTAL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LAS PENAS DE PRISIÓN QUE CORRESPONDAN POR CADA DELITO Y NO A CADA UNA DE ÉSTAS EN LO INDIVIDUAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008) -y, de forma posterior a la reforma de 18 de junio de 2008, del artículo 20, apartado B, fracción IX, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, así como de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, se desprende que en aquellos casos en los que se decrete un concurso real de delitos dentro de un solo proceso penal, el tiempo de prisión preventiva debe computarse con respecto a la pena privativa de libertad que surja como resultado del ejercicio de acumulación realizado por el juzgador a partir de las sanciones que corresponden a los delitos cometidos, y no respecto de cada una de dichas sanciones de forma individual. Lo anterior es así, pues al decretarse un concurso real de delitos dentro de una sola causa penal, el juzgador no impone al sentenciado diversas penas de prisión correspondientes a los distintos delitos cometidos, que sean susceptibles de realización autónoma, sino que conforme a lo estipulado en el artículo 64 del Código Penal Federal, realiza un ejercicio de acumulación a partir del cual fija una sola pena privativa de libertad que deberá ser compurgada por el sentenciado, acorde con el "principio de unidad de la respuesta punitiva". Por lo tanto, en aplicación de la jurisprudencia de mérito, se concluye que en el fondo, la resolución combatida es constitucional, puesto que correctamente se confirmó la negativa de la juez de descontar la prisión preventiva en los términos pretendidos por el sentenciado, en relación con la pena de prisión impuesta en la causa penal 393/1996, en atención a que, al determinarse la existencia de un concurso real únicamente la prisión preventiva que se descuenta es del total de la pena impuesta por la totalidad de los delitos cometidos, es decir, será disminuido el tiempo que el sentenciado estuvo privado de la libertad con motivo de los hechos atribuidos, lo que incluye la duración de la reclusión preventiva; sin que pueda admitirse la sobreposición o una doble disminución de esta última, pues ello reduciría injustificadamente la pena de prisión. En efecto, no es admisible dar un tratamiento extensivo a la compurgación de la prisión preventiva que es de carácter simultánea, a la ejecución de sanciones, cuya aplicación es sucesiva -como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 8/2007-, transgrediendo el principio de unidad de la pena privativa de la libertad, que al momento de su imposición sólo admite la reducción de esa sanción a partir de la detención que incluye la reclusión preventiva, pero no la sobreposición o duplicidad de esta última, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho. En este aspecto resulta aplicable la tesis aislada de la Décima, Registro: 2010507, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCLXIII/2015 (10a.), Página: 990, con el rubro y texto: "PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL. El artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, así como el apartado B, fracción IX, párrafo tercero, del citado precepto en su actual redacción, prevén que en toda pena de prisión se computará el tiempo de la detención, de lo que deriva el principio de unidad de la pena privativa de libertad, el cual exige que, al momento de su imposición, sea disminuido el tiempo que el sentenciado estuvo privado de la libertad con motivo de los hechos atribuidos, lo que incluye la duración de la reclusión preventiva, sin que pueda admitirse la sobreposición o una doble disminución de esta última, pues ello reduciría injustificadamente la pena de prisión. De igual manera, por identidad de razón jurídica la tesis aislada de la Décima Época, Registro: 2010508, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCCLXIV/2015 (10a.), Página: 991, que enseguida se cita: "PRISIÓN PREVENTIVA. SU INDEBIDA SOBREPOSICIÓN O DOBLE DISMINUCIÓN A LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA EN MATERIA PENAL FEDERAL. El artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, así como el apartado B, fracción IX, párrafo tercero, del citado precepto, en su actual redacción, prevén que en toda pena de prisión se computará el tiempo de la detención. Ahora bien, la consideración constitucional de tomar en cuenta la duración de la prisión preventiva constituye un derecho fundamental en favor de los sentenciados, el cual debe respetarse en toda sentencia condenatoria que establezca una sanción privativa de la libertad. Sin embargo, en ningún caso el tiempo que excedió de la reclusión preventiva en relación con la duración de la pena de prisión decretada a un delito que -al ser menor- se tuvo por compurgada, debe ser descontada a la pena por compurgar de un segundo ilícito, si es que la responsable ya redujo a este último el tiempo de esa misma prisión preventiva. Considerar lo contrario implicaría, paralelamente, respecto de la pena de prisión impuesta al delito no compurgado, el descuento del tiempo total de la prisión preventiva y una disminución parcial adicional de esa misma reclusión cautelar derivada del tiempo que ésta excedió de la pena del primer delito que se tuvo por cumplida; es decir, se generaría una doble disminución a la pena de prisión impuesta, respecto del mismo plazo de duración de la reclusión preventiva, que reduciría considerablemente la sanción privativa de la libertad decretada, con lo que se daría un tratamiento extensivo a la compurgación de la prisión preventiva que es de carácter simultánea, a la ejecución de sanciones, cuya aplicación es sucesiva -como lo ha establecido esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 8/2007-, transgrediendo el principio de unidad de la pena privativa de la libertad, que al momento de su imposición sólo admite la reducción de esa sanción a partir de la detención que incluye la reclusión preventiva, pero no la sobreposición o duplicidad de esta última, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional, en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, en relación con los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal.". En las relatadas condiciones, fue correcto que la Sala responsable confirmara el criterio de la Juez natural y concluyera que es inadmisible la compurgación separada y a la vez simultánea de las penas de prisión impuestas por cada uno de los delitos por los que se sentenció al quejoso, como éste lo pretende; en razón de que, como se ha venido señalando, la juez del proceso determinó en la causa penal 393/1996 la existencia de un concurso real y, por ende, si bien se aprecia que en dicha resolución fijó la pena que correspondía a cada delito y luego hizo la sumatoria imponiendo la única pena de prisión de cuarenta años por la totalidad de los delitos, ello es acorde a lo que previene el artículo 68, párrafo primero del Código Penal para el Estado de Morelos, vigente en la época de comisión de los hechos, del tenor literal siguiente: "ARTICULO 68.- En el caso de concurso real, se aplicará la sanción del delito que merezca la mayor, aumentándola hasta por la suma de las sanciones correspondientes a cada uno de los demás delitos, sin que exceda de cuarenta años de prisión, en su caso. El juez señalará en la sentencia la sanción relativa a cada uno de los delitos por los que se condene al agente...". Como se ve, dicha norma prevé que en el caso de concurso real, se aplicará la sanción del delito que merezca la mayor, aumentándola hasta por la suma de las sanciones correspondientes a cada uno de los demás delitos, sin que exceda de cuarenta años de prisión, en su caso; además, que el juez señalará en la sentencia la sanción relativa a cada uno de los delitos por los que se condene al agente; y la Sala responsable confirmó tal criterio asumido por la Juez responsable en el incidente no especificado que le promovió MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES. Así, se concluye por las razones expresadas, que el acto reclamado no trasgrede los derechos humanos del quejoso, con la confirmación de la autoridad responsable de la interlocutoria dictada por la juez del proceso en la causa penal 393/1996 en el incidente no especificado, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en virtud de como correctamente lo resolvió la responsable en el acto reclamado, se disminuirá de la pena de prisión el tiempo de la detención de MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES en prisión preventiva, pero en la totalidad y unidad de dicha pena como sanción y no por cada uno de los delitos por los que fue sentenciado, lo que es acorde con el texto constitucional a que se ha hecho alusión y la jurisprudencia y tesis aisladas del Máximo Tribunal de justicia de la nación. Por consiguiente es acertado el criterio de la Sala, en el sentido de que MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, no ha compurgado la totalidad de los cuarenta años de prisión que le fueron impuestos en la sentencia definitiva de la causa penal 393/1996, aun cuando toma en cuenta el descuento de la prisión preventiva y los días de remisión parcial de la pena. De ahí que se estima infundado el concepto de violación que el respecto formula el quejoso. Por otro lado, en la resolución combatida, la Sala responsable declaró infundados los agravios planteados por la defensa del quejoso, contra la interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la juez del proceso, en la parte referente a la negativa de otorgar al sentenciado, aquí quejoso, algún beneficio de libertad anticipada en las modalidades de tratamiento preliberacional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena; sin embargo, debe advertirse que la parte quejosa no formuló conceptos de violación para atacar las consideraciones que hizo el referido tribunal para confirmar lo resuelto por la juez de la causa penal en la sentencia del incidente no especificado dentro de la causa penal 393/1996; razón por la que al no advertir este juzgador razones para suplir la deficiencia de la queja, debe convalidar la constitucionalidad de dicho pronunciamiento. Ello es así, porque por un lado, en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la juez natural negó los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal al considerar que esta norma, entre otros requisitos para concederlos, requiere que no se haya impuesto al sentenciado una diversa condena firme; pero que MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES tiene una diversa condena en la causa penal 12/1997, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. De igual manera, en dicha resolución la juez del proceso resolvió que por cuanto al diverso beneficio de remisión parcial de la pena, éste sí se encontraba previsto en la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, al prever en el artículo 67, que por cada dos días de trabajo se hará remisión de un día de prisión; de ahí que por ello es más benéfica que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que no prevé tal beneficio. Tal norma es del texto siguiente: "Artículo 67.- Remisión parcial de la pena. La remisión parcial de la pena es un beneficio otorgado por el Juez de Ejecución y consistirá, en que por cada dos días de trabajo, se hará remisión de uno de prisión, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I.- Que el interno haya observado durante su estancia en prisión buena conducta; II.- Que participe regularmente en las actividades educativas, deportivas o de otra índole que se organicen en el establecimiento, y III.- Que con base en los Estudios de personalidad que practique el Consejo Técnico Interdisciplinario, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción social. Este será el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los dos requisitos anteriores. (REFORMADO, P.O. 24 DE ABRIL DE 2013) Los requisitos señalados en las fracciones anteriores se acreditarán con los informes que emita la Unidad de Reinserción. Con estos elementos el Juez de Ejecución de Sanciones dictaminará sobre la procedencia del beneficio.". En ese sentido, estableció igualmente, que los veintiún años dos meses y veinte días de reclusión de MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, más los días de remisión, a saber diez años, ocho meses y diez días, sumaban treinta y un años, ocho meses y diez días, por lo que no cubre la temporalidad de cuarenta años de prisión a que fue sentenciado MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES. Tal criterio, fue confirmado por la Sala responsable en la interlocutoria combatida de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en la que estableció que a esa fecha el sentenciado computaba veintiún años dos meses y veinte días de prisión compurgada, más diez años, ocho meses y diez días, de días redimidos, que sumados obtenían treinta y dos años, tres meses, y que no satisfacía la totalidad de los cuarenta años de prisión que le fueron impuestos en la causa penal de origen; lo que como se indicó no se estima violatorio de garantías. En ese sentido, no escapa a este juzgador que la defensa del sentenciado en los agravios planteados en la apelación contra la negativa de la juez de conceder beneficios al resolver el incidente no especificado (foja 25 del anexo I), señaló que le era aplicable por ser más benéfica la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Morelos, porque en el periódico oficial "Tierra y Libertad", de veintinueve de junio de dos mil cuatro, fue adicionado un segundo párrafo al artículo 98, en el que se establece que el beneficio de remisión parcial de la pena, no se otorgará a los sentenciados por delitos considerados graves por la legislación penal del Estado de Morelos; sin embargo, lo cierto es que la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, tampoco contiene una limitante de esa naturaleza ni establece mayores requisitos para el acceso al aludido beneficio que los que señala el primero de los ordenamientos legales referido. A propósito de ello, en la resolución combatida la Sala, confirmando el criterio de la juez de primer grado, sostiene que la causa de improcedencia del beneficio de remisión parcial de la pena, obedece a que la suma de los días compurgados de la pena y los de remisión a virtud de los días de trabajo, todavía no completaban los cuarenta años de prisión impuestos al quejoso en la sentencia definitiva en la causa penal de origen, siendo éste el motivo primordial y no la existencia de impedimento para otorgarlo, por la sola naturaleza de los delitos por los que fue sentenciado. Luego, se considera que el quejoso no resiente afectación a sus derechos humanos, con el explicado proceder de la autoridad responsable, ya que estableció en la sentencia combatida, al igual que la juez natural en la determinación del incidente, que llegado el momento, cumpliendo las condiciones y requisitos que se prevén en la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, es posible que MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES pueda acceder a ese beneficio; pronunciamiento que como se indicó se estima que no resulta transgresor de prerrogativa alguna en perjuicio del quejoso. En las relatadas condiciones, aun ante la inobservancia de las formalidades legales descritas por parte de la Sala responsable al no recabar las constancias necesarias para resolver, se estima que la resolución combatida, no trasgrede derechos humanos de la parte quejosa, previstos en los artículos 1, 17 y 20 de la Carta Magna, como lo invoca en la demanda, ya que en cuanto al fondo no se advierte aspecto qué suplir en deficiencia de la queja; razón por la que al ser fundados pero inoperantes e infundados los conceptos de violación, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MIGUEL ÁNGEL ARELLANO FLORES, contra la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal 443/2018-5, que se reclama a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por las razones expuestas en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de enero de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito presentado por los autorizados del quejoso, mediante el cual en atención a lo solicitado en auto de veintiuno de noviembre actual, manifiestan que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el expediente de origen, no es posible localizar el domicilio del tercero interesado NORBERTO AVELAR, por lo que solicitan se emplace a dicho tercero a través de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ante la insolvencia de su representado por encontrarse privado de su libertad. Asimismo, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que una vez agotado el procedimiento de búsqueda de los terceros interesados SAIRA ARIZMENDI GONZÁLEZ y ELI SAMUEL ARIZMENDI GONZÁLEZ, ordenado por auto de trece de septiembre del año en curso, no se obtuvo domicilio alguno en el que pudieran ser emplazados. En esas condiciones, toda vez que el acto reclamado en el presente sumario, lo constituye la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 443/2018-5 del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, misma que fue notificada a la Agente del Ministerio Público de su adscripción el tres de julio siguiente, como se advierte del testimonio certificado que en apoyo a su informe justificado remitió dicha autoridad; en consecuencia, los intereses de los terceros interesados NORBERTO AVELAR, SAIRA ARIZMENDI GONZÁLEZ y ELI SAMUEL ARIZMENDI GONZÁLEZ, quienes tienen el carácter de víctimas en la causa penal de origen, se encuentran representados por la referida Fiscal adscrita a la Sala responsable. Se estima así, porque de la interpretación integral de los artículos 12, 16, 17 y 119 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", que entró en vigor a partir del siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, aplicable al caso, en virtud de la época de comisión de los hechos delictivos; se aprecia que al Agente del Ministerio Público le asiste el deber de llevar a cabo las medidas convenientes para la protección de los intereses del ofendido y, en general de las víctimas de la conducta delictiva; además, durante la averiguación previa y el proceso, debe proporcionar al ofendido auxilio durante el procedimiento; ejercer la acción civil de reparación del daño. Estas disposiciones son del tenor literal siguiente: "ARTICULO 12. En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministerio Público recibirá las denuncias y querellas que se presenten por hechos probablemente delictuosos cometidos en el Estado de Morelos, realizará las investigaciones conducentes a comprobar los elementos del delito y la probable responsabilidad del indiciado, dictará las medidas convenientes para la protección del ofendido y, en general, de las víctimas de la conducta delictiva, resolverá o solicitará el aseguramiento de objetos relacionados con el delito, inclusive los mencionados en el segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución General de la República, en su caso, y la adopción de medidas precautorias, ejercitará la acción penal, aportará las pruebas de sus pretensiones, requerirá la aplicación de sanciones, propondrá la liberación de quienes resulten inocentes, hará las promociones e intentará los recursos pertinentes en el procedimiento judicial y vigilará el debido cumplimiento de las sentencias. Asimismo, el Ministerio Público ejercitará ante la justicia penal la acción civil de resarcimiento, de oficio o cuando el ofendido lo solicite, en la forma prevista por este Código. El agente del Ministerio Público que hubiese actuado en la causa de la que derivó la sentencia reclamada por el inculpado como quejoso en amparo directo, deberá presentar sus alegaciones por escrito ante el tribunal colegiado de circuito que conozca del juicio de garantías, en los términos del artículo 180 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 16. El ofendido podrá ejercitar ante el juzgador penal la acción civil de reparación de daños y perjuicios ocasionados por el hecho sometido a esa jurisdicción. Cuando el ofendido no ejercite la acción, lo hará el Ministerio Público de oficio o a solicitud de aquél. La reclamación de daños y perjuicios se substanciará como procedimiento especial en los términos previstos por este Código. En lo relativo al ejercicio de la acción penal, de igual manera el ofendido podrá coadyuvar con el Ministerio Público. En tal virtud, podrá aportar al tribunal las pruebas de que disponga para acreditar los elementos de tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, promover el desahogo de las diligencias probatorias respectivas, por sí, por conducto del Ministerio Público o por medio de su representante y de su asesor jurídico. Este último deberá ser abogado, con título legalmente expedido y registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de la que deberá haber obtenido la patente de ejercicio respectiva, y tener registro ante la Dirección de Profesiones del Estado y en la sección correspondiente del juzgado o del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En todo caso, el juez ordenará de oficio citar al ofendido para que comparezca en el proceso a manifestar lo que a su derecho convenga, si así lo desea el propio ofendido. Las facultades que este Código atribuye al ofendido, se entenderán asignadas a sus causahabientes, por lo que toca a derechos resultantes directamente del hecho delictuoso, cuando aquél no pueda ejercerlas por si mismo. ARTICULO 17. Para los efectos previstos en el artículo precedente, y en general para brindarle auxilio durante el procedimiento, el Estado proveerá al ofendido, por conducto de la Procuraduría General de Justicia, de asistencia jurídica oportuna, competente y gratuita a partir del inicio de la averiguación y hasta que cause ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses. El asesor jurídico del ofendido tendrá, en lo conducente, los mismos derechos y obligaciones que un defensor de oficio. ARTICULO 119. Iniciada la averiguación, el Ministerio Público o la autoridad que legalmente lo sustituya y actúe en su auxilio, adoptarán las medidas conducentes a probar los elementos del tipo penal en el caso que se investiga, las circunstancias en que se cometió éste, la identidad y responsabilidad de quienes participaron en él, así como a salvaguardar los legítimos intereses del ofendido, asegurar las personas y cosas relacionadas con los hechos, precisar los daños y perjuicios causados y, en general, desarrollar legalmente la averiguación, conforme a la naturaleza y finalidades de ésta. El Ministerio Público o quien lo sustituya y auxilie, adoptarán o solicitarán sin demora las medidas precautorias que procedan en relación con las personas o con los bienes relacionados con la averiguación. Se observarán y harán constar cualesquiera datos relevantes para el ejercicio de la acción y para la formulación de conclusiones del Ministerio Público, así como para la individualización penal que realice el juzgador, en su caso, conforme a las estipulaciones del Código Penal. Asimismo, el Ministerio Público pondrá en conocimiento del juzgador los elementos que pudieran ser tomados en cuanta (sic) para fijar la caución correspondiente a la libertad caucional o resolver sobre la libertad bajo protesta. El Ministerio Público levantará por duplicado, acta de todas las actuaciones que disponga o practique y dejará en el expediente constancia de los acuerdos que dicte. Se integrarán a éste los documentos relacionados con la averiguación." Por consiguiente, con fundamento en el inciso b), de la fracción II, del artículo 26, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar mediante oficio a los terceros interesados NORBERTO AVELAR, SAIRA ARIZMENDI GONZÁLEZ y ELI SAMUEL ARIZMENDI GONZÁLEZ, por conducto del Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, escrito aclaratorio y copia simple del presente proveído, haciéndole de su conocimiento, que si así lo estima pertinente, con tal carácter puede comparecer en el presente juicio de garantías en defensa de sus derechos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
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- Miguel Ángel Alarcón Ibarra1178/2014
- Miguel Ángel Almiralla Coyote144/2016
- Miguel Ángel Alonso Peña1660/2014
- Miguel Angel Anaya Villegas356/2019
- Miguel Angel Arellano Monteverde1599/2015
- Miguel Angel Arias Lopez769/2023
- Miguel Ángel Armenta Gómez883/2017
- Miguel Ángel Avilés Bahena881/2017
- Miguel Ángel Barranco García899/2018
- Miguel Ángel Bosch Gómez273/2016