Miguel Angel Anaya Villegas
Expediente 356/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Angel Anaya Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 356/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morels, remitió los autos originales del expediente 64/2011 y un cuaderno de amparo, por el cual se formaron los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 356/2019-IV, promovido por MIGUEL ÁNGEL ANAYA VILLEGAS y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, MIGUEL ÁNGEL ANAYA VILLEGAS, promovió juicio de amparo directo contra actos del Juez y Actuario adscritos al referido juzgado. SEGUNDO.- Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el Juez responsable, dio el trámite correspondiente a la demanda de amparo directo, corrió traslado a las partes, concedió la suspensión de la resolución reclamada, y rindió el informe justificado remitiendo los autos originales del juicio especial hipotecario 64/2011 al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito. TERCERO.- El trece de marzo de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, tuvo por recibida la demanda de amparo y sus anexos, la radicó con el número 260/2019 y determinó que carecía de competencia legal para conocer de la misma por lo que ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos a efecto de que fuera turnada al Juez de Distrito correspondiente. CUARTO.- El veinte de marzo de dos mil diecinueve, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este Juzgado de Distrito la demanda de amparo suscrita por MIGUEL ÁNGEL ANAYA VILLEGAS, por lo que por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se asumió el conocimiento de la misma radicándola con el número 356/2019-IV, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y en virtud de que se encontraba emplazada la tercera interesada se ordenó notificar la radicación del juicio de manera personal. Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama: Del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se ordena la desocupación y entrega del inmueble ubicado en la calle Lomas Verdes Poniente, número 714 fraccionamiento Lomas Tetela de Cuernavaca, Morelos, identificado en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos como la fracción dos, con casa habitación y demás construcciones e instalaciones en ella existentes, resultante de la división del lote de terreno marcado con el número 80 de la manzana primera, sección primera, de la lotificación del fraccionamiento Lomas Tetela, ubicado en el camino a Chalma, con folio electrónico inmobiliario 33936. Del Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la ejecución del acuerdo reclamado. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con el original del expediente 64/2011 (anexo I), que la responsable exhibió, del que se advierte que por auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, turnó los autos a la fedataria adscrita a efecto de requerir a los demandados lo ordenado en auto de diez de agosto de dos mil dieciocho (la entrega y desocupación del inmueble identificado como fracción dos, con casa habitación y demás construcciones e instalaciones en ella existentes, resultante de la división del lote de terreno marcado con el número 80 de la manzana primera, sección primera, de la lotificación del fraccionamiento Lomas Tetela, ubicado en el camino a Chalma, actualmente calle Lomas Verdes poniente, número 714 fraccionamiento Lomas Tetela). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que se trata de documentos públicos. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, toda vez que no obstante de encontrarse notificado del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en el que se le requirió su informe justificado no lo rindió. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, la tercero interesada HSBC MÉXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple, argumentó que el quejoso no acreditó su interés jurídico ya que el contrato de arrendamiento que exhibió es de fecha incierta. Asiste la razón a la referida tercera interesada, toda vez que una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima, que en el caso, procede decretar el sobreseimiento al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), Décima Época, de número de registro 2019456, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el caso concreto, el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclama actos provenientes de una autoridad judicial. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al impetrante contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester analizar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso en específico el quejoso señaló como acto reclamado el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el juicio especial hipotecario 64/2011, a través del cual, la Juez responsable, turnó los autos a la fedataria adscrita a efecto de requerir a los demandados lo ordenado en auto de diez de agosto de dos mil dieciocho, es decir la entrega y desocupación del inmueble identificado como fracción dos, con casa habitación y demás construcciones e instalaciones en ella existentes, resultante de la división del lote de terreno marcado con el número 80 de la manzana primera, sección primera, de la lotificación del fraccionamiento Lomas Tetela, ubicado en el camino a Chalma, actualmente calle Lomas Verdes poniente, número 714 fraccionamiento Lomas Tetela; sin embargo, el impetrante no acredita la afectación a su esfera jurídica por lo que en seguida se expondrá. Como ya se mencionó, el impetrante refiere que la orden de entrega y desocupación combatida resulta violatoria de sus derechos humanos, al asegurar que el uno de julio de dos mil diecisiete, celebró contrato de arrendamiento con Carlos Alberto Guzmán Muñoz, por el que el quejoso es poseedor a título de arrendatario del inmueble materia de la referida orden de entrega y desocupación; que pactaron como plazo del arrendamiento cinco años a partir del uno de julio de dos mil diecisiete, con una renta mensual de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 m.n), que ignoraba la existencia del juicio entre el Banco HSBC y su arrendador, por lo que lo resuelto por la Juez responsable le causa perjuicios ya que no se le otorgó oportunidad de defenderse en el procedimiento. Para acreditar lo anterior exhibió el original del contrato de arrendamiento que celebró con Carlos Alberto Guzmán Muñoz, respecto del inmueble calle Lomas Verdes Poniente, número 714-B Fraccionamiento Lomas Tetela, Cuernavaca, Morelos, en el que el quejoso tiene el carácter de arrendador. Ahora bien, para la procedencia del juicio de garantías es indispensable que el quejoso MIGUEL ÁNGEL ANAYA VILLEGAS, acredite un interés jurídico, que este interés sea afectado con el acto reclamado, y que la afectación sea personal y directa. Como se narró en los párrafos que anteceden el peticionario de amparo, se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, y manifiesta ser titular del derecho de posesión derivada sobre el inmueble controvertido, en calidad de arrendatario, por haber celebrado contrato de arrendamiento con Carlos Alberto Guzmán Muñoz, el uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 13 a 17). No obstante lo anterior, de autos se advierte que no existe identidad entre el inmueble materia de ejecución del juicio hipotecario 64/2011 con el que ampara el contrato de arrendamiento exhibido por el quejoso. En efecto, el inmueble relacionado en el citado juicio se encuentra identificado como fracción dos, con casa habitación y demás construcciones e instalaciones en ella existentes, resultante de la división del lote de terreno marcado con el número 80 de la manzana primera, sección primera, de la lotificación del fraccionamiento Lomas Tetela, ubicado en el camino a Chalma, actualmente calle Lomas Verdes poniente, número 714 fraccionamiento Lomas Tetela de Cuernavaca, Morelos. Y el inmueble relativo al contrato de arrendamiento exhibido por el quejoso se refiere al ubicado en calle Lomas Verdes Poniente, número 714-B Fraccionamiento Lomas Tetela, Cuernavaca, Morelos. De lo anterior se advierte una discrepancia substancial en el número que identifica el inmueble pues el relacionado en el juicio hipotecario se refiere al número 714 y el del contrato de arrendamiento al 714-B, por lo tanto, ante tal discordancia, no se tiene la certidumbre de que se trate del mismo bien inmueble; pues la parte quejosa no ofreció la pericial en agrimensura que era necesaria para que pericialmente se determinara si se trata del mismo bien inmueble. Apoya a la anterior consideración jurídica la jurisprudencia VI.1o.C. J/13 de la Novena Época, con número de registro 190377, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, materia Civil, página: 1606 del rubro y texto: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." En ese orden de ideas, se estima que al no encontrarse demostrado, que el inmueble materia de la orden de entrega y desocupación emitida en el juicio hipotecario 64/2011, es el mismo que el quejoso dice poseer a título de arrendatario, por ende, no se acredita la afectación a su interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Independientemente de lo anterior, tampoco acredita su interés jurídico por las siguientes consideraciones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene establecido jurisprudencialmente que la posesión que protege el artículo 14 Constitucional, cuando el quejoso se ostenta tercero extraño al procedimiento natural, es sólo la que deriva de un título sustentado en alguna institución jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, como se lee en la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Por lo anterior, si el quejoso aduce ser tercero extraño al juicio natural, tiene la carga procesal de acreditar dos extremos: a) contar con un título que se sustente en alguna institución jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, y b) tener la posesión material del inmueble involucrado en la litis del juicio de origen. Respecto del primer elemento, el documento privado que contiene el acto traslativo de dominio o uso, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requiere, ser de fecha cierta, en los términos de la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de la Primara Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En la especie, el contrato de arrendamiento exhibido por el quejoso, visible a fojas 13 a 17 de autos, es un documento privado, y no consta en autos la satisfacción de alguno de los supuestos para la adquisición de fecha cierta, si bien detenta valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, al tratarse de una documental privada, carece de fecha cierta porque no consta en él que se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni ratificado ante fedatario público, ni se justificó la muerte de cualquiera de sus firmantes. Esto es, dicho documento no es apto para comprobar que el quejoso adquirió el derecho subjetivo de posesión sobre el inmueble ubicado en calle Lomas Verdes Poniente, número 714-B Fraccionamiento Lomas Tetela, Cuernavaca, Morelos, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y menos aún con antelación al juicio natural. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 24/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Novena Época, con número de registro 169963, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, página 11 del rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Por otra parte, el impetrante de amparo tampoco acredita plenamente el segundo elemento, relativo a la posesión material y actual del inmueble objeto del contrato de arrendamiento que exhibió, pues no ofreció la prueba idónea para acreditar ese extremo. Así las cosas, se concluye que el peticionario no acredita su interés jurídico; pues no quedó probado de manera fehaciente que la causa generadora de la posesión hubiese ocurrido con antelación al juicio de origen, por lo que los actos que reclama no le irrogan perjuicio de ninguna especie. En consecuencia, al no demostrarse la afectación del quejoso en su interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer en el juicio con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en virtud de que no se combatieron por vicios propios. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 231, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por MIGUEL ÁNGEL ANAYA VILLEGAS, respecto a los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por el juez responsable; por tanto, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el escrito de la parte tercera interesada el escrito signado por Vanessa Sánchez Hernández como apoderada legal de la tercera interesada "HSBC MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC", lo cual acredita con la copia certificada del instrumento público número trece mil cuatrocientos setenta y cinco tirado el diecinueve de agosto de dos mil diez, del protocolo de la Notaría Pública Doscientos Veintitrés de la Ciudad de México; a través del cual realiza alegatos. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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