Miguel Angel Antonio Gutierrez Ysita

Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1028/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Antonio Gutierrez Ysita

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de julio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de veintidós de junio del año en curso, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda promovida aparentemente por Miguel Ángel Antonio Gutiérrez Ysita, quien se ostenta como Titular de la Notaría Pública Número Cincuenta y Uno del Estado de México, con residencia en Tenancingo, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1028/2022-IV-B. Acto reclamado El quejoso señala como autoridad responsable a la siguiente: Secretaría de Economía De quien reclama: "el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de dos mil veintidós, a partir de la página 39 y subsecuentes, que corresponde a la Secretaria de Economía y en concreto a fojas 103 y 104 en los apartados 3.1.1 incisos a) y b)". Desechamiento Del análisis al escrito de demanda, este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;. " Además, conviene precisar que si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece expresamente qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129, determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal, se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el citado artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. Tomando en consideración lo anterior, el escrito inicial de demanda de amparo contiene por sí, las características de un documento privado, porque proviene de un particular sin que aparezca la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 122 de la Ley de Amparo, disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo con lo establecido en el precepto últimamente citado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J. 148/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página once, del Tomo XII, Diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado." Por tanto, en razón de que el artículo 108 de la Ley de Amparo, exige como uno de los requisitos de la demanda el que sea firmada por quien la promueve, y si bien en ese numeral no se menciona expresamente la palabra firma, lo cierto es que al establecer que debe formularse por escrito, implícitamente así lo reconoce, toda vez que con la firma, se exterioriza la voluntad de realizar determinado acto y se acredita la autoría del documento. Bajo esta tesitura, cuando la demanda de amparo es promovida sin firma, resulta obvio que ello da origen a la improcedencia del juicio de amparo así intentado, porque quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado pueda afectar su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo. En ese tenor, toda vez que en el caso en particular, se aprecia que el escrito de amparo no contiene la firma o rúbrica de Miguel Ángel Antonio Gutiérrez Ysita, quien se ostenta como Titular de la Notaría Pública Número Cincuenta y Uno del Estado de México, con residencia en Tenancingo, debe decirse que no se asegura la relación jurídica entre dicho escrito y el quejoso; de ahí que no pueda identificarse a la persona que presenta el ocurso, como el peticionario del amparo. Lo que se robustece con la anotación realizada en la boleta de turno de demanda por parte del personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en la que asentó "Observaciones: . CARECE DE FIRMA DEL QUEJOSO". En consecuencia, si el juicio de amparo puede promoverse sólo por la parte en quien recae el perjuicio que el acto reclamado le genera y si el escrito de cuenta no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado y consecuentemente tenerse por no interpuesta la demanda de amparo, tal y como lo expone la Tesis Jurisprudencial I. 15o.A.17 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en los artículos 6, 61 fracción XXIII, y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, al no encontrarse firmado el escrito inicial, es procedente con fundamento en el precepto 113, de la ley de materia en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Domicilio Por otra parte, no ha lugar a proveer de conformidad el domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones; ello, en virtud de que se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional y su zona conurbada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene para tal efecto la lista que se pública en este juzgado de Distrito. No obstante, atendiendo la trascendencia de la presente determinación, por única ocasión se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en Moctezuma trescientos cuatro, Colonia Centro, código postal 52,400, Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Medio de comunicación alterno De conformidad con el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio de comunicación alterno (no procesal) el correo electrónico "electrónico migelangelantonioysitaGmail.com". Notificación especial a las partes En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2022. Consulta del expediente Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal.

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