Miguel Ángel Alejo García

Expediente 1556/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1556/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Alejo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, en relación con 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de once de abril de dos mil diecisiete, se concedió el amparo, para el efecto de que, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra en la que: 1. Excluyera del proceso, por ser ilícita, la declaración ministerial de ***, emitida el veintiocho de febrero de dos mil once; en la inteligencia que por las razones y fundamentos dados al principio del análisis de este asunto, debe considerarse válida esa parte en la que negó los hechos que le imputaron e incluso agregó su versión defensiva; y, 2. Con libertad de jurisdicción y considerando los medios de prueba a su alcance de manera fundada y motivada de nueva cuenta se pronunciara en lo relativo al cuerpo del delito y en su caso la probable responsabilidad referente a los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, imputados a ***. Inconforme con dicha resolución, la defensa pública del quejoso, interpuso revisión, recurso del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien en los autos de amparo en revisión 143/2017, en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió: "PRIMERO. Con consideraciones de este tribunal, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto, inciso b) de la presente ejecutoria; y, para los efectos señalados en la parte final de la misma y en la parte conducente de la resolución recurrida.". Los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, fijados por el Tribunal de Alzada, fueron para que: "I. El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México: II. Deje insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 52/2011-V; III. En su lugar dicte otra donde, con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica del solicitante del amparo, empero, no tome en cuenta las declaraciones ministeriales del quejoso y sus codetenidos, que hacen alguna referencia hacia su persona o manifiestan algo que le perjudique, esto es de **** alias "***", ****, ****, **** alias "***", al tratarse de pruebas recabadas de manera ilícita, dada la demora injustificada que sufrieron previo a ser puestos a disposición de la Representación Social. IV. Valore adecuadamente las copias certificadas de las sentencias irrevocables dictadas dentro del Amparo Directo 70/2006, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y en el toca 285/2005 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, conforme a los aspectos destacados en esta ejecutoria. V. Valore el parte informativo y puesta a disposición suscrito por elementos de la Secretaría de Marina, en el que informaron la captura del quejoso y sus codetenidos, solo en aquello que les consta de manera directa, sin tomar en cuenta lo que les manifestaron los sujetos que detuvieron, por carecer de valor probatorio. VI. Por lo que se refiere al delito de delincuencia organizada, valore los partes informativos que cita al tenor no solo de código adjetivo de la materia y fuero, sino que lo haga aplicando también lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que regula el sistema de libre valoración probatoria en tratándose de dicho delito. Además, en apego al principio non reformatio in peius, no podrá agravarse la actual situación jurídica del quejoso. Concesión de amparo, que se hace extensiva a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios. Por auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se requirió su cumplimiento; por lo que el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a través del oficio 12212 presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete en este órgano de control constitucional, trascribió el acuerdo dictado por su titular el ocho de ese mismo mes y año, del que se advierte que, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efecto el acto reclamado que se hizo consistir en el auto de formal prisión dictado el dos de octubre de dos mil dieciséis, contra el quejoso ***. Por su parte, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/DG/17206/2017, presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete en este juzgado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que se limitaba a mantener las cosas en el estado en que se encontraban, hasta en tanto la autoridad competente, emitiera la resolución que en derecho correspondiera, con base en los lineamientos señalados en el fallo protector. Luego, mediante diverso 12811/2017 de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez responsable remitió testimonio autorizado del auto de plazo constitucional de esa fecha. De dicha determinación se advierte que, en el apartado relativo a REQUISITOS DEL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL Y LA CONSTATACIÓN DE QUE SE CUMPLEN PARA SU EMISIÓN, la responsable señaló que de los medios de prueba que conformaban el sumario, existían indicios para tener por demostrados los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza área -respecto de una granada de fragmentación, con la agravante a que se refiere el párrafo último del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. Luego, asentó, que los elementos del delito de delincuencia organizada, se acreditaban con los siguientes medios de convicción: 1. Copia certificada de la ejecutoria emitida en dieciocho de mayo del dos mil seis, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el amparo directo 70/2006, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante la cual se negó la protección de la justicia federal a ***, por los delitos de Violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otros. 2. Copia certificada de la diversa emitida el dos de marzo de dos mil siete, dentro del toca penal 285/2005, del índice del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, relativa al recurso de apelación interpuesto por el enjuiciado ****, su defensor particular y el agente del Ministerio Público de la Federación, en contra de la sentencia condenatoria de once de noviembre de dos mil cinco, pronunciada por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la causa penal 90/2003, por el Delito de Delincuencia Organizada en cumplimiento a la ejecutoria de siete de febrero de dos mil siete, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, dentro del amparo directo 401/2006. Documentales públicas a las que por una parte, estimó concederles valor probatorio pleno, en términos de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con sujeción a lo previsto en el dispositivo 7 ibídem, con relación a los numerales 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, al considerar que reunían los requisitos que establece el precepto 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque había sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, lo cual conllevaba a engendrar convicción respecto de su contenido, especialmente, porque no ha sido contradicha con medio de prueba idóneo; y, para robustecer la eficacia jurídica de la prueba documental de que se trataba, estimó aplicable la tesis jurisprudencial 226, pronunciada por el Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Y, agregó, que su alcance convictivo surgía porque, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, era dable para establecer sólo indiciariamente la existencia de la agrupación criminal relacionada identificada como ****, que tenía como grupo armado a la célula identificada como *** que además al menos desde el año dos mil dos, también tenía como finalidad el trasiego de narcóticos, que operaba en la República Mexicana, incluso en el extranjero, conformada de hecho por más de tres personas y operando de manera permanente. 3. Oficio PF/DA/CICTA/260/2011, de veintiuno de febrero del dos mil once, suscrito y ratificado por los elementos de la Policía Federal *** y ***. 4. Puesta a disposición sin número de oficio, de veintitrés de febrero de dos mil once, suscrito y ratificado por elementos de la Agencia Federal de Investigación *** y *** 5. Puesta a disposición sin número de oficio, de veintitrés de febrero de dos mil once, suscrito y ratificado por los elementos del Ejército mexicano, José **** y **** 6. Puesta a disposición, con número de oficio PF/DA/CICTA/267/2011, de veintisiete de febrero de dos mil once, suscrito y ratificado por *** y ***, elementos de la Policía Federal. 7. Puesta a disposición sin número de oficio, de veintiocho de febrero de dos mil once, suscrito por ***, **** y ****, todos ellos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. 8. Oficio de puesta a disposición PF/DSR/ACO/02741/2011, de tres de abril de dos mil once, suscrito por **** y ****, elementos de la Policía Federal. 9. Oficio de puesta a disposición PF/DSR/ACO/02861/2011, de siete de abril de dos mil once, suscrito y ratificado por elementos de la Policía Federal **** y **** 10. Puesta a disposición sin número, de siete de abril de dos mil once, suscrita por ***y ****, elementos del Ejército Mexicano. Oficios de puestas a disposición que al haber sido ratificados ante el fiscal federal durante la etapa de averiguación del hecho delictivo, la responsable estimo adquirían el carácter de testimonio, con valor de indicio, con relación a los hechos que constan de forma directa a los suscriptores, en términos de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, según se exigía en la ejecutoria de amparo, con sujeción a lo previsto en el dispositivo 7 ibídem, con relación a los preceptos 285, 287, párrafo último, y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, ello, en virtud que los elementos eran mayores de dieciocho años, además de que por su capacidad e instrucción, se estimaba que tenían criterio suficiente para apreciar el acto; asimismo, por su probidad e independencia de posición, dedicados a la procuración de justicia, se consideraba que eran imparciales; los hechos narrados eran susceptibles de conocerse por los sentidos; lo manifestado era claro, preciso y congruente, sin dudas ni reticencias, tanto en la sustancia como en las circunstancias esenciales del hecho, y de autos no se advertía que hubieran emitido su testimonio obligados por la fuerza o miedo ni impulsados por engaño, error o soborno; además, al ser su función pública el motivo por el cual tomaron participación de los hechos, haciéndolos del conocimiento de la autoridad investigadora, de los cuales se percataron mediante los sentidos; condición tal que permitía valorar sus atestes como el de cualquier testigo idóneo, en atención a las disposiciones legales establecidas al efecto. Y en cuanto a su alcance convictivo, precisó la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, solamente se consideraba lo conducente que permitía establecer que el veintiocho de febrero de dos mil once, detuvieron, en lo que interesaba, al inculpado y otras personas, a quienes les aseguraron diversos objetos, entre ellos, granadas de fragmentación y dólares, pues indicaron que en periférico ****, entre la calle **** y ****, en el municipio de ****, Estado de Coahuila, aproximadamente a las ocho horas con diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil once, se percataron que del interior de las habitaciones marcadas con el número doscientos cuarenta y ocho y doscientos cincuenta del *** salieron seis sujetos los cuales se dirigían a abordar dos vehículos, un vehículo Marca ***, color gris, con placas *** del Estado de Coahuila, y una camioneta ***, color rojo, placas ***, los cuales se encontraban en el estacionamiento del ***, abordando cuatro sujetos el vehículo Honda ***, color gris y dos sujetos abordaron la camioneta, color rojo, percatándose de que uno de los sujetos descendió rápidamente de la camioneta roja, ***** y abrió la puerta de un tercer vehículo Honda ****, color ****, con placas****de San Luis Potosí, del cual alcanzaron a visibilizar que descendió del mismo un sujeto que portaba en su mano derecha un objeto que parecía una granada de fragmentación de mano, y posteriormente se incorpora a la camioneta ****; momento en el cual dichos vehículos circulan rumbo a la salida del ***; por lo cual, el marinero ****, les marcó el alto a los dos vehículos y se identificó como elemento de la Marina Armada de México y les pidió que descendieran del mismo, por lo cual elementos de la Marina Armada de México montaron un dispositivo de seguridad alrededor de ambos vehículos y procedieron a registrar a los tripulantes, por lo que, en lo que interesa, el marinero **** registró a **** alias ***, quien se encontraba en el asiento del copiloto de la camioneta *****, y al momento de ser registrado se le encontró en su mano derecha una granada de mano. Enseguida, la responsable refrió que también se contaba con los medios de convicción siguientes: 11. Testimonial de *****, realizada el veintitrés de enero de dos mil once. 12. Testimonial de ****era, de veintitrés de enero de dos mil once, ante el agente del Ministerio Público de la Federación. 13. Testimonial de **** alias **** realizada el veinticuatro de febrero de dos mil once. 14. Declaración de ****, veinticuatro de febrero de dos mil once, quien ante el Agente del Ministerio Público de la Federación. 15. Declaración ministerial de ****, de veinticuatro de febrero de dos mil once. 16. Declaración ministerial de ***, de siete de abril de dos mil once, quien ante el Agente del Ministerio Público de la Federación. 17. Declaración ministerial de *****, de siete de abril de dos mil once, quien ante el agente del Ministerio Público. 18. Declaración ministerial de ****, de siete de abril de dos mil once. 19. Declaración ministerial de ****, de siete de abril de dos mil once. 20. Declaración ministerial de *****elázquez, de veinticuatro de febrero de dos mil once. 21. Testimonial del testigo colaborador con clave *** de identidad *****, de dieciocho de febrero de dos mil once, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación. 22. Testimonial del testigo protegido con clave **** de identidad ***, de dieciocho de febrero de dos mil once, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación. 23. Ampliación de declaración del testigo colaborador con nombre clave *** de identidad ****, emitida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, el uno de marzo de dos mil once. 24. Testimonial del testigo protegido con clave *** , de identidad *****, de dieciocho de febrero de dos mil once, ante el Agente del Ministerio público de la Federación. 25. Ampliación de declaración del referido testigo colaborador con nombre clave **** cuya identidad **** , emitida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, el dos de marzo de dos mil once. 26. Testimonial del testigo protegido con clave ****de identidad ****, de dos de marzo de dos mil once, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación. 27. Ampliación de declaración del testigo colaborador con nombre clave **** de identidad ****, emitida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, el seis de abril de dos mil once, Seguidamente, la Juez responsable arribó a la conclusión de que también se encontraba acreditado el ilícito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea -respecto a una granada de mano-, con la agravante a que se refiere el párrafo último del artículo 83 del citado ordenamiento legal, con los siguientes medios de prueba: a) Fe de armamento bélico practicada el veintiocho de febrero de dos mil once, por el agente del Ministerio Público de la Federación. b) Dictamen en materia de balística, emitido el veintiocho de febrero de dos mil once, por un perito oficial adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. c) Puesta a disposición sin número de oficio, de veintiocho de febrero de dos mil once, suscrito y ratificado por *** y ***, todos ellos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. En tanto que, para tener por acreditado el diverso delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí custodie dentro del territorio nacional recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), la responsable consideró las siguientes pruebas: 1. Inspección ministerial de veintiocho de febrero de dos mil once, practicada por el agente del Ministerio Público de la Federación investigador. 2. Pericial en contabilidad, de uno de marzo de dos mil once, suscrito por la perito oficial ***. 3. Oficio de puesta a disposición sin número de oficio, de veintiocho de febrero de dos mil once, suscrito y ratificado por *** y César ****, todos ellos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. 4. Inspección ministerial de ocho de abril de dos mil once, practicada por el agente del Ministerio Público de la Federación investigador. Finalmente, en apego al principio non reformatio in peius, la responsable resolvió dictar auto de bien preso al aquí quejoso, en los siguientes términos: Primero. A las veintiuna horas con diez minutos del miércoles veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se dicta auto de formal prisión contra el procesado*** por su probable responsabilidad penal en la comisión de los ilícitos: A) Delincuencia organizada (hipótesis de cometer delitos contra la salud) previsto y sancionado en los artículos 2, párrafo primero, fracción I y 4, fracción I, inciso b) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. B) Portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, con relación al diverso 11, inciso h), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, respecto de una granada de fragmentación, con la gravante a que se refiere el párrafo último del artículo 83 del citado ordenamiento legal, como autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. C) Operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí custodie dentro del territorio nacional recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, como autor material, en términos del precepto 13, fracción III, ibídem. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos de la ejecutoria de amparo, pues a través del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto el acto reclamado que se hizo consistir en el auto de formal prisión dictado el dos de octubre de dos mil dieciséis, contra el quejoso *****; y, con plenitud de jurisdicción, emitió otra resolución, en acatamiento a los lineamientos de la sentencia amparadora, para lo cual no tomó en cuenta las declaraciones ministeriales del quejoso y sus codetenidos, que hacían alguna referencia hacia su persona o manifestaban algo que le perjudicara, esto es de *** alias ****, **** alias ****, al tratarse de pruebas recabadas de manera ilícita, dada la demora injustificada que sufrieron previo a ser puestos a disposición de la Representación Social. Asimismo, valoró adecuadamente las copias certificadas de las sentencias irrevocables dictadas dentro del Amparo Directo 70/2006, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y en el toca 285/2005 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, conforme a los aspectos destacados en la ejecutoria. De igual manera, valoró el parte informativo y puesta a disposición suscrito por elementos de la Secretaría de Marina, en el que informaron la captura del quejoso y sus codetenidos, sólo en aquello que les constaba de manera directa, sin tomar en cuenta lo que les manifestaron los sujetos que detuvieron, por carecer de valor probatorio. Por lo que se refiere al delito de delincuencia organizada, valoró los partes informativos que citó al tenor no sólo de código adjetivo de la materia y fuero, sino que lo hizo aplicando también lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que regula el sistema de libre valoración probatoria en tratándose de dicho delito. Y, en apego al principio non reformatio in peius, no agravó la situación jurídica del quejoso, al emitir el nuevo auto de plazo constitucional. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de cumplir la sentencia dictada en el presente juicio, circunstancia de la cual se toma conocimiento.

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