Miguel Ángel Alvarado Franco
Expediente 502/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 33 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 19/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Miguel Ángel Alvarado Franco
- Tribunal de Control y Enjuiciamiento de esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Durango, Durango, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. De la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se otorgó a la parte quejosa y a los terceros interesados, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento del fallo protector informado por las autoridades responsables, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de Amparo, este órgano federal se avoca a resolver lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la propia autoridad. El artículo 77 del propio ordenamiento reglamentario dispone que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En la parte concesoria se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Miguel Ángel Alvarado Franco contra la orden de aprehensión librada en su contra el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve por la Juez Tercero de Control de esta capital de Durango dentro del cuadernillo 77/2019-CN, así como su ejecución por parte de la Fiscal General del Estado de Durango, del Vicefiscal de Investigación y Litigación, del Director de la Policía Investigadora de Delitos y del Comandante de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delitos, todos de la Fiscalía General del Estado de Durango, por las siguientes consideraciones: ".el impetrante Miguel Ángel Alvarado Franco reclama la orden de aprehensión librada en su contra el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve por la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral de esta ciudad de Durango dentro del cuadernillo 77/2019-CN, por la probable comisión del delito de lesiones calificadas previsto y sancionado en los artículos 140, fracción IV, 141, 145 y 147 del Código Penal del Estado de Durango, con la agravante de ventaja, en agravio de Andrés de Jesús Villegas Valles. Ahora, la reproducción del Disco Versátil Digital (DVD) relativo a la audiencia privada celebrada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve ante la juzgadora responsable, al que se concedió valor probatorio pleno, revela que después de la individualización de la representante social (minuto 1:13) la Juez de oralidad concedió el uso de la voz a la Agente del Ministerio Público (minuto 1:23), quien solicitó el libramiento de la orden de aprehensión controvertida y expuso los datos de prueba que obran en la indagatoria para sustentar su petición, y después de esa intervención la juez de control se pronunció de la siguiente manera: (Se transcribe). Esta reproducción revela que la juzgadora de control responsable sin ningún tipo de estudio se limitó a considerar que una vez valorados y ponderados los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación arribó a la conclusión de que efectivamente se reunían los requisitos exigidos en los artículos 16 de la Constitución Federal y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el libramiento de una orden de aprehensión, empero desde luego que esa sola mención es insuficiente para colmar el extremo jurídico de motivación, pues la juez de control no externó alguna consideración propia para establecer las razones que la llevaron a determinar el tipo penal del hecho delictivo que se atribuye al ahora impetrante de garantías Miguel Ángel Alvarado Franco, así como la probabilidad de que participó en su comisión. En efecto, el concepto "hecho ilícito" no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad, o sea acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, sino que su actualización se limita al estudio conceptual que implica el establecimiento desde la lógica formal, no con pruebas sino con datos, de los elementos esenciales y comunes del concepto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. En esa tesitura, la autoridad judicial debe analizar si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras la legalidad, o sea si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que pueda constituir sólo datos; esto es, establecer de qué forma la actividad reprochada al inculpado encaja en la conducta típica, lo que desde luego consiste en una ponderación entre la versión de la expuesta por el Ministerio Público y los datos de prueba. . No se desatiende que en la constancia escrita de la orden de aprehensión reclamada, la juzgadora responsable transcribió los elementos de prueba expuestos por la fiscal al sustentar su petición, empero la transcripción no debe exceder los alcances de la resolución oral atento a lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pasa desapercibido que con motivo de la reforma al propio ordenamiento adjetivo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los jueces de control también pueden resolver la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia a través del sistema informático, empero si la juzgadora responsable estimó pertinente citar a la Agente del Ministerio Público a una audiencia privada para que sustentara su petición, y la propia representante social expuso sus planteamientos verbalmente, lo cierto es que estaba obligada a resolver en la misma audiencia, con la debida secrecía, y emitiendo pronunciamiento sobre cada uno de los elementos planteados por el órgano técnico. En tales condiciones, la orden de aprehensión reclamada por el impetrante de garantías Miguel Ángel Alvarado Franco adolece del vicio formal expuesto, lo que se traduce en una violación a las garantías contenidas en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento de esta capital de Durango: Dicte un acuerdo en el que deje insubsistente la resolución oral que emitió el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve en el cuadernillo 77/2019-CN, así como su versión escrita de la propia fecha, y reponga el procedimiento para lo cual deberá citar a las partes a una nueva audiencia en la que resuelva sobre la solicitud de orden de aprehensión que le formule la Agente del Ministerio Público, empero sin incurrir en la falta de forma advertida; y Una vez llevada a cabo esa diligencia, inmediatamente redacte la versión escrita de la determinación que tome, la cual no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, sin que exceda del término de veinticuatro horas, tal como lo exigen los numerales 67 y 70 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que el amparo se concedió para efecto de que la Juez Tercero de Control de esta capital de Durango dejara insubsistente dicho mandamiento, y con libertad de jurisdicción resolviera de nuevo la petición de captura que le formuló la representante social, empero esta vez no incurriera en los vicios formales detectados en el fallo protector. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Fiscal General del Estado de Durango, Vicefiscal de Investigación y Litigación, Director de la Policía Investigadora de Delitos y el Comandante de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales, todos de la Fiscalía General del Estado de Durango. Para justificar su acatamiento, la Juez Tercera de Control y Enjuiciamiento de esta capital de Durango, envió el oficio TCE/21116/2019, al que acompañó copias con firmas autógrafas del proveído del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y de la nueva resolución que dictó el veintidós del mismo mes, en los que en el primero dejó sin efectos la orden de captura reclamada, y en la última, al resolver nuevamente la petición que le formuló la representante social determinó librar nuevamente orden de aprehensión en contra el amparista Miguel Ángel Alvarado Franco, al considerar que se satisfacen los requisitos constitucionales para ello, lo que se corrobora con la reproducción del Disco Versátil Digital (DVD) relativo a la audiencia privada celebrada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve que la juzgadora responsable allegó en misiva T.C.E/19802/2019, de la que se obtiene que la Juez estudió los datos de prueba expuestos por la fiscal y externó las consideraciones por las cuales determinó que se reúnen los requisitos constitucionales para librar mandamiento de captura. Por su parte, la Vicefiscal de Investigación y Litigación de la Fiscalía del Estado de Durango remitió el oficio del dieciocho de octubre del año en curso, en el que comunicó que solicitó al Director de la Policía Investigadora de Delitos cancelara la ejecución de la orden de captura reclamada en contra del aquí quejoso. Asimismo, el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Durango, el Director y el Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango informaron que en cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, giraron instrucciones a fin de que se ejecute la orden de aprehensión contra el quejoso Miguel Ángel Alvarado Franco, librada dentro del cuadernillo penal 077/2019 CN, derivada de la Carpeta de Investigación 025/2018. De lo anterior se concluye que se cumplió la ejecutoria de amparo en la medida en que la Juez responsable dejó sin efectos la orden de aprehensión reclamada, y resolvió nuevamente la petición de captura que le formuló el representante social, en la que con libertad de jurisdicción determinó librar orden de aprehensión en contra de los amparista Miguel Ángel Alvarado Franco empero en esta ocasión purgando los vicios detectados en la ejecutoria de mérito; y por su parte las autoridades ejecutoras dejaron sin efectos la ejecución de la orden de captura reclamada, por tanto, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Este expediente es susceptible de depuración, por encontrarse en el supuesto a que se refiere la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que derogó el diverso Acuerdo 1/2001, y al no estar contenido en el catálogo de juicios considerados de relevancia documental, como son los que atañen a delitos contra la Seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, o que contenga resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, así como resoluciones que tengan trascendencia jurídica, política, social o económica, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Durango, Durango, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. De la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se otorgó a la parte quejosa y a los terceros interesados, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento del fallo protector informado por las autoridades responsables, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de Amparo, este órgano federal se avoca a resolver lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la propia autoridad. El artículo 77 del propio ordenamiento reglamentario dispone que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En la parte concesoria se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Miguel Ángel Alvarado Franco contra la orden de aprehensión librada en su contra el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve por la Juez Tercero de Control de esta capital de Durango dentro del cuadernillo 77/2019-CN, así como su ejecución por parte de la Fiscal General del Estado de Durango, del Vicefiscal de Investigación y Litigación, del Director de la Policía Investigadora de Delitos y del Comandante de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delitos, todos de la Fiscalía General del Estado de Durango, por las siguientes consideraciones: ".el impetrante Miguel Ángel Alvarado Franco reclama la orden de aprehensión librada en su contra el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve por la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral de esta ciudad de Durango dentro del cuadernillo 77/2019-CN, por la probable comisión del delito de lesiones calificadas previsto y sancionado en los artículos 140, fracción IV, 141, 145 y 147 del Código Penal del Estado de Durango, con la agravante de ventaja, en agravio de Andrés de Jesús Villegas Valles. Ahora, la reproducción del Disco Versátil Digital (DVD) relativo a la audiencia privada celebrada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve ante la juzgadora responsable, al que se concedió valor probatorio pleno, revela que después de la individualización de la representante social (minuto 1:13) la Juez de oralidad concedió el uso de la voz a la Agente del Ministerio Público (minuto 1:23), quien solicitó el libramiento de la orden de aprehensión controvertida y expuso los datos de prueba que obran en la indagatoria para sustentar su petición, y después de esa intervención la juez de control se pronunció de la siguiente manera: (Se transcribe). Esta reproducción revela que la juzgadora de control responsable sin ningún tipo de estudio se limitó a considerar que una vez valorados y ponderados los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación arribó a la conclusión de que efectivamente se reunían los requisitos exigidos en los artículos 16 de la Constitución Federal y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el libramiento de una orden de aprehensión, empero desde luego que esa sola mención es insuficiente para colmar el extremo jurídico de motivación, pues la juez de control no externó alguna consideración propia para establecer las razones que la llevaron a determinar el tipo penal del hecho delictivo que se atribuye al ahora impetrante de garantías Miguel Ángel Alvarado Franco, así como la probabilidad de que participó en su comisión. En efecto, el concepto "hecho ilícito" no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad, o sea acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, sino que su actualización se limita al estudio conceptual que implica el establecimiento desde la lógica formal, no con pruebas sino con datos, de los elementos esenciales y comunes del concepto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. En esa tesitura, la autoridad judicial debe analizar si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras la legalidad, o sea si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que pueda constituir sólo datos; esto es, establecer de qué forma la actividad reprochada al inculpado encaja en la conducta típica, lo que desde luego consiste en una ponderación entre la versión de la expuesta por el Ministerio Público y los datos de prueba. . No se desatiende que en la constancia escrita de la orden de aprehensión reclamada, la juzgadora responsable transcribió los elementos de prueba expuestos por la fiscal al sustentar su petición, empero la transcripción no debe exceder los alcances de la resolución oral atento a lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pasa desapercibido que con motivo de la reforma al propio ordenamiento adjetivo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los jueces de control también pueden resolver la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia a través del sistema informático, empero si la juzgadora responsable estimó pertinente citar a la Agente del Ministerio Público a una audiencia privada para que sustentara su petición, y la propia representante social expuso sus planteamientos verbalmente, lo cierto es que estaba obligada a resolver en la misma audiencia, con la debida secrecía, y emitiendo pronunciamiento sobre cada uno de los elementos planteados por el órgano técnico. En tales condiciones, la orden de aprehensión reclamada por el impetrante de garantías Miguel Ángel Alvarado Franco adolece del vicio formal expuesto, lo que se traduce en una violación a las garantías contenidas en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento de esta capital de Durango: Dicte un acuerdo en el que deje insubsistente la resolución oral que emitió el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve en el cuadernillo 77/2019-CN, así como su versión escrita de la propia fecha, y reponga el procedimiento para lo cual deberá citar a las partes a una nueva audiencia en la que resuelva sobre la solicitud de orden de aprehensión que le formule la Agente del Ministerio Público, empero sin incurrir en la falta de forma advertida; y Una vez llevada a cabo esa diligencia, inmediatamente redacte la versión escrita de la determinación que tome, la cual no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, sin que exceda del término de veinticuatro horas, tal como lo exigen los numerales 67 y 70 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que el amparo se concedió para efecto de que la Juez Tercero de Control de esta capital de Durango dejara insubsistente dicho mandamiento, y con libertad de jurisdicción resolviera de nuevo la petición de captura que le formuló la representante social, empero esta vez no incurriera en los vicios formales detectados en el fallo protector. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Fiscal General del Estado de Durango, Vicefiscal de Investigación y Litigación, Director de la Policía Investigadora de Delitos y el Comandante de la Unidad de Ejecución de Mandamientos Judiciales, todos de la Fiscalía General del Estado de Durango. Para justificar su acatamiento, la Juez Tercera de Control y Enjuiciamiento de esta capital de Durango, envió el oficio TCE/21116/2019, al que acompañó copias con firmas autógrafas del proveído del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y de la nueva resolución que dictó el veintidós del mismo mes, en los que en el primero dejó sin efectos la orden de captura reclamada, y en la última, al resolver nuevamente la petición que le formuló la representante social determinó librar nuevamente orden de aprehensión en contra el amparista Miguel Ángel Alvarado Franco, al considerar que se satisfacen los requisitos constitucionales para ello, lo que se corrobora con la reproducción del Disco Versátil Digital (DVD) relativo a la audiencia privada celebrada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve que la juzgadora responsable allegó en misiva T.C.E/19802/2019, de la que se obtiene que la Juez estudió los datos de prueba expuestos por la fiscal y externó las consideraciones por las cuales determinó que se reúnen los requisitos constitucionales para librar mandamiento de captura. Por su parte, la Vicefiscal de Investigación y Litigación de la Fiscalía del Estado de Durango remitió el oficio del dieciocho de octubre del año en curso, en el que comunicó que solicitó al Director de la Policía Investigadora de Delitos cancelara la ejecución de la orden de captura reclamada en contra del aquí quejoso. Asimismo, el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Durango, el Director y el Comandante de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango informaron que en cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, giraron instrucciones a fin de que se ejecute la orden de aprehensión contra el quejoso Miguel Ángel Alvarado Franco, librada dentro del cuadernillo penal 077/2019 CN, derivada de la Carpeta de Investigación 025/2018. De lo anterior se concluye que se cumplió la ejecutoria de amparo en la medida en que la Juez responsable dejó sin efectos la orden de aprehensión reclamada, y resolvió nuevamente la petición de captura que le formuló el representante social, en la que con libertad de jurisdicción determinó librar orden de aprehensión en contra de los amparista Miguel Ángel Alvarado Franco empero en esta ocasión purgando los vicios detectados en la ejecutoria de mérito; y por su parte las autoridades ejecutoras dejaron sin efectos la ejecución de la orden de captura reclamada, por tanto, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de Amparo téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Este expediente es susceptible de depuración, por encontrarse en el supuesto a que se refiere la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que derogó el diverso Acuerdo 1/2001, y al no estar contenido en el catálogo de juicios considerados de relevancia documental, como son los que atañen a delitos contra la Seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, o que contenga resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, así como resoluciones que tengan trascendencia jurídica, política, social o económica, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial y disco de audio y video que acompaña, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del veinticuatro de este mes. Con el contenido de dicho oficio y anexo respectivo, así como con los oficios y anexos que obran agregados a fojas ciento ochenta a ciento ochenta y dos, ciento ochenta y cinco a ciento noventa y cinco de autos, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, y con las manifestaciones que en su caso se hagan, o una vez transcurrido dicho término sin que se formulen, se resolverá si ya está o no debidamente cumplida la sentencia de amparo dictada en este juicio de garantías, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial y disco de audio y video que acompaña, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del veinticuatro de este mes. Con el contenido de dicho oficio y anexo respectivo, así como con los oficios y anexos que obran agregados a fojas ciento ochenta a ciento ochenta y dos, ciento ochenta y cinco a ciento noventa y cinco de autos, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, y con las manifestaciones que en su caso se hagan, o una vez transcurrido dicho término sin que se formulen, se resolverá si ya está o no debidamente cumplida la sentencia de amparo dictada en este juicio de garantías, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo.
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