Miguel Angel Aguirre Yañez

Expediente 297/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
297/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
15/06/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Aguirre Yañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Finalmente, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huetamo, Michoacán, la documental que anexó a su informe justificado, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a guisa de alegatos, lo anterior, resulta porque el veinticuatro de mayo pasado se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso Miguel Ángel Aguirre Yáñez, atento a su contenido y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, expídansele a su costa las copias en los términos que solicita, y como autorizada a la persona que refiere para recibirlas, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, según oficio CCJ/ST/1814/2018, quien actúa asistida del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huetamo, Michoacán. Por otro lado, téngase al juez responsable anexando prueba documental, consistente en la causa penal 26/2012 de su índice, misma que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, en términos de los artículos 119 y 123 de la ley de Amparo. Con dichas constancias fórmese un cuaderno de pruebas, quedando bajo el resguardo de esta secretaría. Hágase nueva relación con lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, del informe de cuenta se advierte que el doce de octubre de dos mil doce, dentro de la causa de origen, se dictó orden de aprehensión contra el aquí quejoso por el delito de robo calificado en agravio de Yurel González Maldonado; de igual forma, se colige que el veintitrés de abril del presente año se decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal en favor del impetrante de amparo, determinación que se declaró ejecutoriada el tres de mayo pasado. En virtud de lo anterior y, por ser preferente su estudio este Juzgado de Distrito analiza la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, tomando en consideración que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la orden de aprehensión contra el aquí quejoso y de las constancias que remitió el juez responsable, se desprende que el veintitrés de abril del año en curso se decretó el auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal en favor del quejoso Miguel Ángel Aguirre Yañez, determinación que causó ejecutoria el tres de mayo del presente año. Por tanto, dicha prescripción de la acción penal a favor del quejoso trae como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado, toda vez que la acción que le causaba agravio a la parte quejosa era precisamente la orden de aprehensión dictada en su contra. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a las autoridades responsables a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo derecho exija. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, Materia común, pagina 386, tomo XVII, marzo 2003 de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo con el artículo 217 del mismo ordenamiento, el Juez de Distrito no se encuentra obligado a dar vista con las causas de improcedencia advertidas de oficio. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia VI. 1. T.J/I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007628, Materia común, pagina 2421, octubre 2014 de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO." En consecuencia se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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