Miguel Ángel Aguirre Abellaneda

Expediente 1061/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1061/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Aguirre Abellaneda
  • No Existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    ...se agrega informe justificado,,,

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese sin mayor pronunciamiento el previo que remite la Directora Contenciosa y el Subdirector Contencioso ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos C, quienes comparecen mancomunadamente en ejercicio de la facultad de su titular en representación del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, dado que el trece de noviembre del presente año se dictó la resolución interlocutoria definitiva en el presente incidente de suspensión y en la cual se proveyó lo conducente a dicha autoridad. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual manifiesta que por auto de seis de noviembre del presente año, este juzgado tuvo por admitiendo la ampliación de demanda de la parte quejosa, por lo cual solicita se le remita copia del escrito de ampliación a efecto de rendir su informe de ley. Atento lo anterior, dígasele a la responsable que dicha ampliación solamente fue respecto de la autoridad señalada por el quejoso como Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores "D", con residencia en la Ciudad de México y no así de las restantes autoridades, por lo cual resulta innecesario rendir informe; no obstante, se ordena remitirle copia del escrito de ampliación. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1061/2023, sin la comparecencia de las partes. En seguida, con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que no se ofreció medio probatorio alguno. El Juez acuerda: Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez provee: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del Juez, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S : PRIMERA. La parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable: Director General de Atención a Autoridades se la Comisión Nacional Bancaria y de Valores "D" Licenciado Jorge Alberto Selva Rey; con residencia en la Ciudad de México. Actos reclamados: "La emisión de los oficios siguientes: A).- Oficio 214-4/18719257/2023, dentro del expediente E/AS3-2307-010272-AMP, con Folio 158056, dirigido a Banca Afirme, S.A., institución de banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, de fecha 28 de julio de 2023, a través del cual hace del conocimiento de esa institución bancaria del diverso oficio número 110/G/658/2023, de fecha 27 de julio de 2023, suscrito por la Unidad de Inteligencia Financiera, a efecto de que atienda la solicitud contenida en el mismo B).- Oficio 214-4/187I9230/2023, dentro del expediente E/AS3-2307-010272-AMP, con Folio 158056, dirigido a Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero Banorte, de fecha 28 de julio de 2023, a través del cual hace del conocimiento de esa institución bancaria del diverso oficio número 110/G/658/2023, de fecha 27 de julio de 2023, suscrito por la Unidad de Inteligencia Financiera, a efecto de que atienda la solicitud contenida en el mismo. Con motivo de los anteriores oficios, es decir, del acto de ejecución de la autoridad ahora señalada como responsable, se integró mi nombre en la LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, como la medida cautelar establecida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, sin que tal autoridad administrativa cuente con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. En tal virtud, se reclama la ejecución para la integración de mi nombre en dicha lista de Personas Bloqueadas". SEGUNDA. Ahora, del estado de autos se advierte que no obra el informe previo de la autoridad responsable Director General de Atención a Autoridades se la Comisión Nacional Bancaria y de Valores "D" Licenciado Jorge Alberto Selva Rey; con residencia en la Ciudad de México; atento lo anterior, de conformidad con el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable, toda vez que no rindió su informe previo aun cuando fue oportunamente notificada del auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual se le requirió el mismo, tal como se advierte del acuse de recibo que obra en autos, en el cual se aprecia que el nueve de noviembre del presente a las diez horas con cinco minutos acuso recibo del oficio que le fue remitido por vía correo electrónico. Atento lo anterior, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 217 de la Ley de Amparo, constituye hecho notorio para este juzgado que del informe previo rendido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, con residencia en la Ciudad de México, informó que inició la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM-MICH/0000142/2022, con motivo del escrito de denuncia formulada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por el Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, en términos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, por lo que este Juzgado de Distrito se pronunciará respecto de éstos. Por tanto, en relación con la procedencia de la medida cautelar, el artículo 128 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Además de los requisitos señalados en el precepto que antecede, en diversos criterios emitidos por los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación, se han establecido los siguientes criterios de procedencia para decretar la suspensión de los actos reclamados, en el orden que enseguida se citan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva se requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera); 4. La parte quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la jurisprudencia por reiteración XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007358, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Por otro lado, cabe destacar, que si bien es cierto no se ha establecido un criterio que defina concluyentemente lo que debe entenderse por interés social, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido razonablemente que en términos generales, es aquél que de concederse la suspensión, se privaría a la colectividad de un beneficio que las leyes le otorgan. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, Séptima Época, registro: 805484, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." Del criterio precedente, se advierte que interés social es todo aquello que tienda a la protección del derecho subjetivo que la normatividad positiva (llámese ley constitucional o secundaria) otorga a la comunidad social como tal, siempre y cuando se contraponga con el derecho subjetivo de cada uno de los miembros en particular. No pasa desapercibido que el interés social se encuentra estrechamente vinculado al concepto de orden público, no obstante que resulte difícil su definición; así, el interés social es aquél que existe cuando, debido a la existencia y realización de algún acto, omisión u hecho, la sociedad, considerada como la comunidad de personas que integran una población determinada puede obtener un provecho o una ventaja previstos en la ley, ya sea mediante la satisfacción de una necesidad colectiva, o el rechazo de cualquier trastorno que resulte en un mal público, todo ello con el propósito de alcanzar el bienestar común. De ahí que, al valorarse cada caso en concreto, se debe ponderar en qué forma se logra el respeto al orden público y al interés social, lo que llevará a concluir si se debe o no conceder la medida cautelar, pues si bien, existen leyes que otorgan beneficios a la colectividad, de los que no debe privársele, por encima de esas leyes está la Constitución y es entonces cuando debe considerarse que el interés social y el orden público no se salvaguardan sólo con el respeto a las leyes, sino fundamentalmente, con la tutela de los derechos humanos, ya que la sociedad también se encuentra interesada en que no queden irremediablemente consumadas las violaciones a esos derechos. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al conceder la suspensión cuando dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal público o busquen satisfacer una necesidad pública, siempre que la suspensión afecte a ese orden público y, en su caso, se deben examinar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pude sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, volumen 72, Sexta Parte, registro: 254979, de título: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN." Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados del Primer Circuito, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro: 254980, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL." Con fundamento en los artículos 128, fracción II, 129, fracción III, 132, 136, 138 y 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada, toda vez que no se actualiza el segundo de los requisitos del artículo 128 fracción II precitado, pues de otorgar la medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público e interés social. Así se considera pues, aunque no pasa inadvertido que el aseguramiento lo ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera México, sin que fuera por alguna solicitud de organismo internacional o de otro país con el que se tuviera convenio para realizar esas medidas, en el caso válido a que se refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.46/2018; lo que conllevaría a que, por regla general, por el solo aseguramiento de dicho organismo, se concediera una suspensión restitutoria, lo cierto es que en el presente caso existe un motivo diverso que impide la suspensión restitutoria para efectos de que se levantara la medida de aseguramiento, que es precisamente, la circunstancia de que en este caso, se presentó una denuncia penal en contra del aquí quejoso, ante la Fiscalía General de la República, como se obtiene del informe previo y documentos anexos que rindió la autoridad responsable; merecedora de eficacia demostrativa plena respecto de la presentación de la propia denuncia, por su calidad de documento público y conforme al artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Con lo anterior se dio inicio a la carpeta de investigación de origen, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, según se narra en dicho informe. De lo anterior se infiere que en el presente caso opera el supuesto de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, conforme al cual se seguiría perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, si se otorgara la suspensión en el juicio de amparo, pues se permitiría la consumación o continuación de los delitos o de sus efectos. Por ello, se insiste, lo conducente es NEGAR LA SUSPENSIÓN SOLICITADA PARA LOS EFECTOS DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. TERCERA. Por otra parte, se concede solamente para el efecto de que la autoridad no le de destino final a los recursos que se llegaran a asegurar en las diversas cuentas bancarias materia del incidente, con apoyo en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque con esa medida, que es sólo suspensiva, no se sigue perjuicio al interés social ni se afecta el orden público, pues solo se evita que las autoridades den disposición final de los recursos hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo y no se concede al quejoso ningún poder para actuar sobre los mismos. Concesión que se concede sin fijar garantía porque no se advierte que exista un tercero a quien le provoque perjuicio esta medida cautelar, por lo que no encuadra en el supuesto normativo del artículo 132 de la Ley de Amparo. "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; (.)" Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Primero. Se niega a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda la suspensión definitiva respecto de la autoridad responsable precisada en la consideración primera de esta interlocutoria en términos de la segunda consideración. Segundo. Se concede a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda la suspensión definitiva respecto de la autoridad responsable precisada en la consideración primera de esta interlocutoria en términos de la tercera consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano