Miguel Alvarado Galaviz

Expediente 778/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
778/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Miguel Alvarado Galaviz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; al cual se deberá acompañar el expediente original del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    El doce de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el escrito signado por el quejoso Miguel Alvarado Galaviz, registrado con folio 5911, y con la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso Miguel Alvarado Galaviz, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto recurso de revisión, en contra del auto dictado en diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. En consecuencia, distribúyase entre las partes copia simple del escrito de expresión de agravios, y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos a la superioridad para su substanciación, acompañándole el escrito original de expresión de agravios y copia correspondiente. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente y córrase traslado a las partes con el escrito de agravios.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 En el caso, resulta innecesario analizar los conceptos de violación formulados contra los actos reclamados, toda vez que este juzgador, oficiosamente advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." Lo anterior, consagra lo que ha sido reconocido en términos generales desde la interpretación jurisdiccional y doctrinaria como el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo y que, tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional que pueden ser modificados, revocados o nulificados, mediante algún recurso o medio de defensa legal que conceda la ley ordinaria, impide emitir una sentencia de fondo en el juicio de amparo que se promueva en su contra. El referido principio deriva del texto del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" De la transcripción anterior es posible advertir que, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La referida exigencia de agotamiento de los recursos ordinarios previo a acudir al juicio de amparo como regla de procedencia de la acción constitucional, impone el deber de las autoridades judiciales locales de solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Al mismo tiempo, otorga a los justiciables la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatidos. Por otro lado, se desprende que la ley de la materia admite excepciones a esa regla general, en GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 las que será posible dejar de exigir el cumplimiento del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, entre otros casos, cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate del auto de vinculación a proceso. De igual forma, la excepción al principio de definitividad se presentará cuando se trate de persona extraña al procedimiento y en el supuesto de que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En relación con el tema, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal a un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo indirecto solamente es procedente GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? aunque existan recursos ordinarios previstos por la legislación ordinaria correspondiente, si el quejoso careció posibilidad de intentarlos por haber tenido conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que se dictó la sentencia definitiva en el juicio natural, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el impetrante del amparo está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo. Por ende, no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado. Tienen aplicación a lo anterior, en la parte que no han sido interrumpidas, pues en el juicio de origen no se ha dictado sentencia definitiva, las tesis de jurisprudencia 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, emitidas por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 58, octubre de 1992, páginas 15, 16 GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 y 17, registros digitales 206781, 206783 y 206784, que respectivamente establecen: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la segunda parte, de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.", sustentó el criterio siguiente: "Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes"; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse "... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ...", debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo." "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b). Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados." "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." Así como lo señalado en la tesis V.3o.C.T.20 L (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible a página 1850, libro 79, Octubre de 2020, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022329, cuyo rubro y texto son: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL DE ORIGEN EN EL QUE AÚN NO SE DICTA LAUDO [ALCANCE DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 67/2013 (10a.) Y 2a./J. 198/2008]. En la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que bastaba que antes de que se dictara sentencia el promovente del amparo tuviera conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, para que perdiera el carácter de extraño al juicio por equiparación, en cuyo caso estaría en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios y, así, ejercer su garantía de audiencia. En congruencia con ello, en la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, la Segunda Sala determinó que carecía del carácter de tercero extraño a juicio por equiparación quien se ostentara sabedor del procedimiento laboral seguido en su contra en cualquiera de sus etapas, hasta antes de la emisión del laudo, por estar en condiciones de imponerse de los autos y defender sus intereses. En ese orden de ideas, si durante la tramitación del juicio de amparo indirecto promovido contra la falta o el ilegal emplazamiento, el quejoso conoce de manera completa y exacta la existencia del procedimiento laboral de origen en el que aún no se dicta laudo, pierde su calidad de persona extraña a juicio por equiparación debiendo, en todo caso, impugnar las actuaciones relativas a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado sólo se justifica en la medida en que en el juicio de origen ya no existan medios ordinarios de defensa para remediar la afectación adjetiva resentida, y en el supuesto GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? planteado, en tanto no se dicte laudo, es posible para el demandado combatir la legalidad del emplazamiento a través del referido incidente de nulidad; de ahí que en aras de respetar la naturaleza extraordinaria del procedimiento de amparo, éste deba declararse improcedente." Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto del que derivan los actos reclamados en este amparo, se estima pertinente señalar los antecedentes del juicio sumario civil de desahucio 580/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja California, mismos que se desprenden de las constancias que en copia certificada remitió el Juez responsable con su informe justificado, de las que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de Juzgados de Primera Instancia en Tecate, Baja California, el quince de abril de dos mil veintiuno, el aquí tercero interesado Rubén Soto López, por su propio derecho, demandó en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción de desahucio, al hoy quejoso Miguel Alvarado Galaviz, la desocupación y entrega del inmueble arrendado denominado "Rancho El Viejón", ubicado en delegación Ruiz Echeverría Álvarez, del municipio de Tecate, Baja California, así como el pago de la cantidad de $18,000.00 dólares (dieciocho mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América), el pago de intereses moratorios y los gastos y costas que se generaran con la tramitación del juicio. 2. La demanda se turnó al Juez de Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 California, quien mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, formó el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número 580/2021; luego, previa prevención, por acuerdo de diecisiete de mayo siguiente, admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, ordenó emplazar al demandado para que dentro del término de cinco días compareciera a dar contestación a la demanda. 3. En cumplimiento al mandato anterior, mediante diligencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario Actuario adscrito al Juzgado de origen, llevó a cabo el emplazamiento del demandado Miguel Alvarado Galaviz, por conducto de Manuel de Jesús Payán Parra, persona que se encontraba en el domicilio señalado como del pasivo procesal, en los términos precisados en el acta relativa. 4. En acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, el juez de origen declaró la rebeldía en que incurrió el demandado Miguel Alvarado Galaviz, aquí quejoso, y en consecuencia por perdido su derecho para dar contestación a la demanda; se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por el actor y señaló las once horas del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de las pruebas que así lo ameritaron. 5. En audiencia de esta última fecha, se hizo constar la incomparecencia del pasivo procesal, y de persona alguna que lo representara; se desahogó la prueba confesional a su cargo y, posteriormente, se tuvo a la parte actora por desistida de la prueba de declaración de parte que debía desahogar el GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? demandado Miguel Alvarado Galaviz, por así convenir sus intereses; hecho lo cual, se procedió a la etapa de alegatos, y por último, se citó el asunto a vista del Juez de primera instancia, a efecto de emitir la sentencia definitiva que en derecho procediera. Documentales que en copia certificada adjuntó el Juez responsable a su informe justificado; constancias que merecen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y no se objetaron de falsedad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice 1995, registro digital 394182, con el rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Como se adelantó, los actos reclamados de manera destacada en el presente juicio de amparo indirecto, lo constituyen todo lo actuado dentro del expediente 580/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja California, en razón de la falta de llamamiento a juicio de la parte quejosa, así como su ejecución. De lo expuesto, es posible concluir que la parte quejosa ha contado con la posibilidad de integrarse a GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 la relación procesal de origen, pues como ella misma lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que "un par de días después" del día uno de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento que en el juicio sumario de desahucio 580/2021, del índice del Juzgado natural, se ordenó su desalojo del predio de nombre "Rancho Alvarado", domicilio conocido sin número, kilómetro 92, Carretera Federal Mexicali-Tijuana, delegación Luis Echeverría Álvarez, en Tecate, Baja California; esto es, conoce del juicio seguido en su contra, el número de expediente del mismo y la autoridad ante la cual se tramita. A este primer requisito, se suma el hecho de que, según las constancias relativas al informe justificado por parte del Juez Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja California, en el citado juicio sumario de desahucio, a la fecha de la presentación de la demanda de garantías aún no se dictaba la sentencia definitiva. Así pues, en el caso se tiene que el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen, asimismo, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se encontraba en aptitud de incorporarse al mismo haciendo uso de los medios ordinarios que la legislación civil le otorga e integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios y, así, ejercer su garantía de audiencia en virtud del carácter de demandado que le asistía en dicha contienda, sin que se advierta la existencia de "impedimento" alguno para ello. GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? Lo que permite al solicitante de amparo, preparar actos de defensa, en virtud de que, lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que, al enterarse de forma completa y exacta de la existencia del juicio natural seguido en su contra con motivo del informe justificado rendido por el Juez responsable, y que en dicho proceso de origen no se ha dictado sentencia, ya no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio, puesto que en este caso, está en posibilidad de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia, por lo cual es dable afirmar que el impetrante carece del carácter de tercero extraño por equiparación. Sin que impida arribar a las conclusiones alcanzadas, el hecho de que ese conocimiento completo y exacto del juicio natural lo haya tenido la parte quejosa con motivo de la rendición del informe justificado por parte del Juez responsable, ya que lo toral para tener por perdido el carácter de tercero extraño del quejoso, es ese conocimiento por cualquier vía, antes de que se dicte la sentencia respectiva en el juicio natural, lo que en la especie aconteció, con lo cual es inconcuso que se encontraba en aptitud de integrarse al procedimiento a fin de promover los medios ordinarios de impugnación para ejercer su GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 garantía de audiencia, y en su caso, de no resultarle favorable la resolución correspondiente, atacarla a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que se dicte. En las relatadas condiciones, se reitera, al estar en posibilidad de integrarse a la relación procesal cuando aún no se ha dictado sentencia en el juicio de origen, es dable afirmar que el quejoso carece del carácter de tercero extraño por equiparación con el que se ostentó, razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso -a contrario sensu- 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, si el quejoso reclama la ilegalidad del emplazamiento que se le practicó en el juicio sumario de desahucio de origen, instaurado en su contra, en el cual a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se encontraba en trámite, ello hace indiscutible que el promovente del amparo quedó incorporado al procedimiento y torna inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el amparo en revisión civil 237/2019, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en el amparo en revisión civil 148/2019. Es decir, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y que deriva del texto del numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión mediante el incidente de nulidad de notificaciones en términos de los artículos 74 al 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por encontrarse en los supuestos que ahí establece y que al efecto se transcriben: "ARTÍCULO 74.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. ARTÍCULO 75.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. ARTÍCULO 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. ARTÍCULO 77.- La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." De lo anterior es claro que de acuerdo con el sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo. Por lo anteriormente expuesto, para la procedencia de este juicio de amparo indirecto, al GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 reclamarse todo lo actuado dentro del expediente 580/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja California, así como la falta de llamamiento a dicho juicio y su ejecución, era necesario agotar el incidente de nulidad contemplado en los artículos 74 al 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, pues como se dijo, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que en el caso el quejoso estaba obligado a agotar el medio de defensa ordinario antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y que deriva del texto del numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que en el caso se actualice alguna de las restantes causas de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; no se trata de un auto de vinculación a proceso; y, como se concluyó en párrafos anteriores, el quejoso no es persona extraña al procedimiento. En suma, el hecho de que el acto reclamado pudiera afectar directamente derechos sustantivos del quejoso, de modo alguno exime a éste de agotar el medio de defensa ordinario que procedía en su contra, ya que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), citada por el juez de distrito en el auto recurrido, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, registro digital 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En tales términos, dado que contra la diligencia reclamada el quejoso debió haber agotado el incidente de nulidad de notificaciones, pues como ya se dijo, resulta el medio idóneo por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada, sin que lo haya hecho; entonces se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la ley de la materia, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. Se cita como fundamento a lo anterior, la tesis jurisprudencial VI.2o. J/343, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, diciembre de 1994, página 55, registro digital 209640, que establece: "EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ESTE. Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiera podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley." De igual forma, se invoca como sustento la diversa tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/53, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, segunda parte-1, juliodiciembre de 1990, página 351, registro digital 224791, que dice: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE SENTENCIA Y EL QUEJOSO FIGURA COMO DEMANDADO EN EL JUICIO. Si el peticionario de garantías se enteró del juicio seguido en su contra antes de que se dictara la sentencia de primera instancia, tuvo la obligación de promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de la notificación hecha indebidamente, para lograr que se declarara, en caso de comprobarse la omisión del GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 emplazamiento, la nulidad de las actuaciones posteriores a dicha diligencia, y así entonces contestar la demanda correspondiente y ofrecer sus pruebas, pero si tenía a su alcance un medio de impugnación capaz de nulificar el acto impugnado y no lo hizo valer en el momento que se enteró del juicio, para combatir la supuesta falta de notificación que alega, consintió el acto, perdiendo la oportunidad de reclamar con posterioridad las supuestas violaciones cometidas en su contra." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVIII, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubrediciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 ??????????????? Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En virtud de que la parte quejosa no compareció ante este Juzgado a notificarse de forma personal, se hace efectivo el apercibimiento señalado en aviso fijado en el domicilio y se notifica personalmente por medio de lista y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto de diecinueve de abril de este año, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 En el caso, resulta innecesario analizar los conceptos de violación formulados contra los actos reclamados, toda vez que este juzgador, oficiosamente advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. . Lo anterior, consagra lo que ha sido reconocido en términos generales desde la interpretación jurisdiccional y doctrinaria como el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo y que, tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional que pueden ser modificados, revocados o nulificados, mediante algún recurso o medio de defensa legal que conceda la ley ordinaria, impide emitir una sentencia de fondo en el juicio de amparo que se promueva en su contra. El referido principio deriva del texto del artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 b Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] De la transcripción anterior es posible advertir que, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La referida exigencia de agotamiento de los recursos ordinarios previo a acudir al juicio de amparo como regla de procedencia de la acción constitucional, impone el deber de las autoridades judiciales locales de solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Al mismo tiempo, otorga a los justiciables la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatidos. Por otro lado, se desprende que la ley de la materia admite excepciones a esa regla general, en GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 las que será posible dejar de exigir el cumplimiento del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, entre otros casos, cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate del auto de vinculación a proceso. De igual forma, la excepción al principio de definitividad se presentará cuando se trate de persona extraña al procedimiento y en el supuesto de que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En relación con el tema, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal a un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo indirecto solamente es procedente GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 aunque existan recursos ordinarios previstos por la legislación ordinaria correspondiente, si el quejoso careció posibilidad de intentarlos por haber tenido conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que se dictó la sentencia definitiva en el juicio natural, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el impetrante del amparo está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo. Por ende, no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado. Tienen aplicación a lo anterior, en la parte que no han sido interrumpidas, pues en el juicio de origen no se ha dictado sentencia definitiva, las tesis de jurisprudencia 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, emitidas por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 58, octubre de 1992, páginas 15, 16 GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 y 17, registros digitales 206781, 206783 y 206784, que respectivamente establecen: EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la segunda parte, de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro: EMPLAZAMIENTO, FALTA DE., sustentó el criterio siguiente: Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no está obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse ... el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ..., debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en el juicio natural, causó estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo. EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a. Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b. Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados. PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Así como lo señalado en la tesis V.3o.C.T.20 L 10a., del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible a página 1850, libro 79, Octubre de 2020, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022329, cuyo rubro y texto son: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL DE ORIGEN EN EL QUE AÚN NO SE DICTA LAUDO [ALCANCE DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 67/2013 10a. Y 2a./J. 198/2008]. En la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 10a., la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que bastaba que antes de que se dictara sentencia el promovente del amparo tuviera conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, para que perdiera el carácter de extraño al juicio por equiparación, en cuyo caso estaría en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios y, así, ejercer su garantía de audiencia. En congruencia con ello, en la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, la Segunda Sala determinó que carecía del carácter de tercero extraño a juicio por equiparación quien se ostentara sabedor del procedimiento laboral seguido en su contra en cualquiera de sus etapas, hasta antes de la emisión del laudo, por estar en condiciones de imponerse de los autos y defender sus intereses. En ese orden de ideas, si durante la tramitación del juicio de amparo indirecto promovido contra la falta o el ilegal emplazamiento, el quejoso conoce de manera completa y exacta la existencia del procedimiento laboral de origen en el que aún no se dicta laudo, pierde su calidad de persona extraña a juicio por equiparación debiendo, en todo caso, impugnar las actuaciones relativas a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado sólo se justifica en la medida en que en el juicio de origen ya no existan medios ordinarios de defensa para remediar la afectación adjetiva resentida, y en el supuesto GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 planteado, en tanto no se dicte laudo, es posible para el demandado combatir la legalidad del emplazamiento a través del referido incidente de nulidad; de ahí que en aras de respetar la naturaleza extraordinaria del procedimiento de amparo, éste deba declararse improcedente. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto del que derivan los actos reclamados en este amparo, se estima pertinente señalar los antecedentes del juicio sumario civil de desahucio 580/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja California, mismos que se desprenden de las constancias que en copia certificada remitió el Juez responsable con su informe justificado, de las que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de Juzgados de Primera Instancia en Tecate, Baja California, el quince de abril de dos mil veintiuno, el aquí tercero interesado Rubén Soto López, por su propio derecho, demandó en la vía sumaria civil y en ejercicio de la acción de desahucio, al hoy quejoso Miguel Alvarado Galaviz, la desocupación y entrega del inmueble arrendado denominado Rancho El Viejón, ubicado en delegación Ruiz Echeverría Álvarez, del municipio de Tecate, Baja California, así como el pago de la cantidad de $18,000.00 dólares dieciocho mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América, el pago de intereses moratorios y los gastos y costas que se generaran con la tramitación del juicio. 2. La demanda se turnó al Juez de Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 California, quien mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, formó el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número 580/2021; luego, previa prevención, por acuerdo de diecisiete de mayo siguiente, admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, ordenó emplazar al demandado para que dentro del término de cinco días compareciera a dar contestación a la demanda. 3. En cumplimiento al mandato anterior, mediante diligencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario Actuario adscrito al Juzgado de origen, llevó a cabo el emplazamiento del demandado Miguel Alvarado Galaviz, por conducto de Manuel de Jesús Payán Parra, persona que se encontraba en el domicilio señalado como del pasivo procesal, en los términos precisados en el acta relativa. 4. En acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, el juez de origen declaró la rebeldía en que incurrió el demandado Miguel Alvarado Galaviz, aquí quejoso, y en consecuencia por perdido su derecho para dar contestación a la demanda; se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por el actor y señaló las once horas del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de las pruebas que así lo ameritaron. 5. En audiencia de esta última fecha, se hizo constar la incomparecencia del pasivo procesal, y de persona alguna que lo representara; se desahogó la prueba confesional a su cargo y, posteriormente, se tuvo a la parte actora por desistida de la prueba de declaración de parte que debía desahogar el GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 demandado Miguel Alvarado Galaviz, por así convenir sus intereses; hecho lo cual, se procedió a la etapa de alegatos, y por último, se citó el asunto a vista del Juez de primera instancia, a efecto de emitir la sentencia definitiva que en derecho procediera. Documentales que en copia certificada adjuntó el Juez responsable a su informe justificado; constancias que merecen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y no se objetaron de falsedad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice 1995, registro digital 394182, con el rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena. Como se adelantó, los actos reclamados de manera destacada en el presente juicio de amparo indirecto, lo constituyen todo lo actuado dentro del expediente 580/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja California, en razón de la falta de llamamiento a juicio de la parte quejosa, así como su ejecución. De lo expuesto, es posible concluir que la parte quejosa ha contado con la posibilidad de integrarse a GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 la relación procesal de origen, pues como ella misma lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que un par de días después del día uno de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento que en el juicio sumario de desahucio 580/2021, del índice del Juzgado natural, se ordenó su desalojo del predio de nombre Rancho Alvarado, domicilio conocido sin número, kilómetro 92, Carretera Federal Mexicali-Tijuana, delegación Luis Echeverría Álvarez, en Tecate, Baja California; esto es, conoce del juicio seguido en su contra, el número de expediente del mismo y la autoridad ante la cual se tramita. A este primer requisito, se suma el hecho de que, según las constancias relativas al informe justificado por parte del Juez Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja California, en el citado juicio sumario de desahucio, a la fecha de la presentación de la demanda de garantías aún no se dictaba la sentencia definitiva. Así pues, en el caso se tiene que el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen, asimismo, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se encontraba en aptitud de incorporarse al mismo haciendo uso de los medios ordinarios que la legislación civil le otorga e integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios y, así, ejercer su garantía de audiencia en virtud del carácter de demandado que le asistía en dicha contienda, sin que se advierta la existencia de impedimento alguno para ello. GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 Lo que permite al solicitante de amparo, preparar actos de defensa, en virtud de que, lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que, al enterarse de forma completa y exacta de la existencia del juicio natural seguido en su contra con motivo del informe justificado rendido por el Juez responsable, y que en dicho proceso de origen no se ha dictado sentencia, ya no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio, puesto que en este caso, está en posibilidad de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia, por lo cual es dable afirmar que el impetrante carece del carácter de tercero extraño por equiparación. Sin que impida arribar a las conclusiones alcanzadas, el hecho de que ese conocimiento completo y exacto del juicio natural lo haya tenido la parte quejosa con motivo de la rendición del informe justificado por parte del Juez responsable, ya que lo toral para tener por perdido el carácter de tercero extraño del quejoso, es ese conocimiento por cualquier vía, antes de que se dicte la sentencia respectiva en el juicio natural, lo que en la especie aconteció, con lo cual es inconcuso que se encontraba en aptitud de integrarse al procedimiento a fin de promover los medios ordinarios de impugnación para ejercer su GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 garantía de audiencia, y en su caso, de no resultarle favorable la resolución correspondiente, atacarla a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que se dicte. En las relatadas condiciones, se reitera, al estar en posibilidad de integrarse a la relación procesal cuando aún no se ha dictado sentencia en el juicio de origen, es dable afirmar que el quejoso carece del carácter de tercero extraño por equiparación con el que se ostentó, razón por la cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso -a contrario sensu- 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, si el quejoso reclama la ilegalidad del emplazamiento que se le practicó en el juicio sumario de desahucio de origen, instaurado en su contra, en el cual a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se encontraba en trámite, ello hace indiscutible que el promovente del amparo quedó incorporado al procedimiento y torna inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el amparo en revisión civil 237/2019, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en el amparo en revisión civil 148/2019. Es decir, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y que deriva del texto del numeral 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión mediante el incidente de nulidad de notificaciones en términos de los artículos 74 al 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por encontrarse en los supuestos que ahí establece y que al efecto se transcriben: ARTÍCULO 74.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. ARTÍCULO 75.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. ARTÍCULO 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. ARTÍCULO 77.- La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. De lo anterior es claro que de acuerdo con el sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo. Por lo anteriormente expuesto, para la procedencia de este juicio de amparo indirecto, al GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 reclamarse todo lo actuado dentro del expediente 580/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil en el Municipio de Tecate, Baja California, así como la falta de llamamiento a dicho juicio y su ejecución, era necesario agotar el incidente de nulidad contemplado en los artículos 74 al 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, pues como se dijo, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que en el caso el quejoso estaba obligado a agotar el medio de defensa ordinario antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y que deriva del texto del numeral 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que en el caso se actualice alguna de las restantes causas de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; no se trata de un auto de vinculación a proceso; y, como se concluyó en párrafos anteriores, el quejoso no es persona extraña al procedimiento. En suma, el hecho de que el acto reclamado pudiera afectar directamente derechos sustantivos del quejoso, de modo alguno exime a éste de agotar el medio de defensa ordinario que procedía en su contra, ya que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 10a., citada por el juez de distrito en el auto recurrido, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, registro digital 2017117, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales términos, dado que contra la diligencia reclamada el quejoso debió haber agotado el incidente de nulidad de notificaciones, pues como ya se dijo, resulta el medio idóneo por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada, sin que lo haya hecho; entonces se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la ley de la materia, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. Se cita como fundamento a lo anterior, la tesis jurisprudencial VI.2o. J/343, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, diciembre de 1994, página 55, registro digital 209640, que establece: EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ESTE. Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiera podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley. De igual forma, se invoca como sustento la diversa tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/53, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, segunda parte-1, juliodiciembre de 1990, página 351, registro digital 224791, que dice: EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE SENTENCIA Y EL QUEJOSO FIGURA COMO DEMANDADO EN EL JUICIO. Si el peticionario de garantías se enteró del juicio seguido en su contra antes de que se dictara la sentencia de primera instancia, tuvo la obligación de promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de la notificación hecha indebidamente, para lograr que se declarara, en caso de comprobarse la omisión del GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 emplazamiento, la nulidad de las actuaciones posteriores a dicha diligencia, y así entonces contestar la demanda correspondiente y ofrecer sus pruebas, pero si tenía a su alcance un medio de impugnación capaz de nulificar el acto impugnado y no lo hizo valer en el momento que se enteró del juicio, para combatir la supuesta falta de notificación que alega, consintió el acto, perdiendo la oportunidad de reclamar con posterioridad las supuestas violaciones cometidas en su contra. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVIII, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubrediciembre de 1989, Octava Época, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. GERARDO CASTILLO RIEDEL 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 25/06/24 19:09:22 Notifíquese personalmente.

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