Miguel Alberto Garambullo Osuna

Expediente 141/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
141/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Miguel Alberto Garambullo Osuna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por Miguel Ángel Orozco Sánchez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que fueron presentados en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, devuélvanse a la parte quejosa los documentos que refiere, dejando en autos constancia de su recepción, a satisfacción de este juzgado federal. Por tanto, dígase al promovente que deberá generar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ" para el trámite correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, remítasele de manera digital al correo electrónico lic.natalyramirez@gmail.com, copia certificada de las constancias que solicita. Por otra parte, se le tiene autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Orozco Sánchez, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando número telefónico a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    El cinco de octubre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir catorce de mayo de dos mil veinticuatro. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo décimo octavo del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el quince de marzo de dos mil veinticuatro, debiéndose conservar únicamente las resoluciones en que se concedió la suspensión provisional. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral vigésimo, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, por lo que se señala como fecha para tal efecto el seis de abril de dos mil veintidós. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que ha transcurrido el término de veinte días que se otorgó a la parte quejosa en auto de once de agosto de dos mil veintiuno; para que recibiera los edictos ordenados y entregarlos para su publicación, en el Diario Oficial de la Federación o bien, en cualquier diario de mayor circulación en el país; por lo que dicho plazo transcurrió para la parte quejosa del dieciséis de agosto al diez de septiembre de dos mil veintiuno; ya que fue notificada por medio de lista el doce de agosto del año en curso. De lo anterior, podemos advertir que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Ahora, de los autos que integran el presente sumario, se advierten las siguientes actuaciones: Que al haberse agotado los medios de localización ordenados en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a fin de emplazar a juicio a la tercero interesada Griselda de la Rosa Chávez, en proveído de once de agosto del año en curso, se ordenó la publicación de los edictos a fin de emplazar a la parte tercero interesada a su costa y se hizo del conocimiento a la parte quejosa que debería acreditar haber hecho los trámites correspondientes dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveído, consistentes en: Recoger los edictos ante este órgano jurisdiccional. Entregarlos para su publicación; y, Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término ordenado, se sobreseería en el presente juicio. Que dicha determinación le fue notificada a la parte quejosa el doce de agosto de dos mil veintiuno (transcurriendo dicho plazo del dieciséis de agosto al diez de septiembre de dos mil veintiuno), sin que a la fecha haya informado lo conducente; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la promovente del amparo, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada Griselda de la Rosa Chávez, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Miguel Alberto Garambullo Osuna, pues con la falta de emplazamiento de la tercero interesada Griselda de la Rosa Chávez, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la promovente del amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1859, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013740, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Así también, apoya lo precisado, la jurisprudencia 22/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página: 24, de rubro y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, -como se anticipó-, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Sin que la presente determinación vulnere el derecho fundamental del quejoso al derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José"; en ese sentido, resulta inconcuso que el sobreseimiento en los términos señalados no puede constituir cosa juzgada y, por ende, no impide la promoción de una nueva demanda de amparo contra el propio acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia en materia penal XI.P. J/1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO." Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

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