Miguel Alberto Serrano Velasco
Expediente 1238/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/10/2019
Partes del expediente
- Miguel Alberto Serrano Velasco
Actuaciones
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Se recibe oficio. Agréguese a los autos la copia certificada del oficio signado por la perito oficial, mediante el cual manifiesta los motivos personales por los cuales se ha visto impedida para emitir su dictamen en el presente asunto y en diversos del índice de este juzgado de distrito. Justificación de la perito. Al respecto dígasele que este órgano de control constitucional tiene la obligación de administrar e impartir justicia de forma pronta, completa y expedita, conforme lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 8.1 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos. Por su parte, el artículo 149, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, dispone que los peritos emitirán su dictamen de forma inmediata, siempre que la naturaleza del asunto lo permita o, en caso contrario se les dará un término prudente para que lo rindan. Ahora bien, en el caso en particular la perito en comento fue designada para emitir dictamen en el mes de febrero del año en curso, siendo el caso que hasta el quince de agosto de esta anualidad compareció para aceptar y protestar cumplir el cargo, de ahí que se considere que a la fecha el plazo prudente que pudiera requerir para emitir su opinión técnica ha sido rebasado en exceso por el tiempo en que ha sido omisa en cumplir con su obligación legal, pues desde la fecha de su designación hasta el día de hoy han transcurrido más de 0de meses. Situación que se traduce en un retraso innecesario que sufren los justiciables en su aspiración de obtener justicia pronta, completa y expedita, aunado a la pérdidas y gastos económicos que el transcurso del tiempo conlleva esperar la emisión de una resolución judicial, misma que no es posible de dictar ante la falta de los elementos necesarios para resolver la litis constitucional en el presente juicio de amparo derivado de la falta de una prueba ofrecida por las partes. Resulta aplicable la tesis 2a. LXV/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, número de registro: 178190, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, Materia Común, página 238, que dice: "JUSTICIA PRONTA. EL LEGISLADOR DEBE GARANTIZARLA EN LAS LEYES, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE LOS GOBERNADOS TIENEN A SU DEFENSA PLENA. Es cierto que el legislador, además de la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar en las leyes que expida el derecho a la defensa plena en beneficio de las partes del conflicto jurídico, debe asegurar que los procedimientos que para tal efecto instruya garanticen una administración de justicia pronta, como lo manda el artículo 17 de la propia Norma Fundamental; sin embargo, esto último no podría lograrse si so pretexto de evitar la prolongación innecesaria de los juicios, se proscribiera la admisión de pruebas que pudieran resultar indispensables para crear convicción en el juzgador sobre los hechos materia de la controversia, porque no podría existir una verdadera impartición de justicia sin el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el derecho que tienen las partes, dentro del proceso, a probar sus acciones y excepciones". Facultad de subsanar el procedimiento. De la interpretación armónica de los artículos 120 de la Ley de Amparo, así como los artículos 58 y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la legislación en cita, se advierte la facultad que tienen los juzgadores para hacer el nombramiento de los expertos que deban emitir su dictamen, con el fin de conocer la verdad de los hechos materia de la controversia constitucional, al tratarse de una materia o especialidad que requiera de conocimientos técnicos. Facultad que recae en el juzgador a fin de que a la luz del dictamen que emita el experto designado, se emita la resolución que en derecho corresponda, misma que está condicionada a que el perito satisfaga los requisitos de ley y no presente impedimento alguno que le permita actuar en el procedimiento jurisdiccional como auxiliar de la administración de justicia. De manera que si es facultad de los juzgadores nombrar a los peritos que deban intervenir en los juicios de amparo de su conocimiento, también recae en estos la obligación de vigilar su correcta preparación y posterior desahogo; de ahí que al observar cualquier anomalía, retraso o aspecto que conlleve a la incorrecta preparación y desahogo de la prueba pericial, el juez está compelido a subsanar cualquier irregularidad que se presente, atendiendo a las facultades y obligaciones que derivan del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable a lo antes expuesto, la tesis XII.C.1 K (10a.), de la Décima Época (registro 2015359), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, Materia Común, consultable en la página 2523, que dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO INDIRECTO. ATENTO A LA FORMA SUI GÉNERIS DE SU INTEGRACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VIGILAR SU CORRECTO DESAHOGO POR LO QUE SE REFIERE A LOS PERITOS POR ÉL DESIGNADOS. El artículo 120 de la Ley de Amparo establece que al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que se estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, es decir, le impone al juzgador la obligación de participar directamente en la integración de tal medio de convicción, concretamente, de encargarse de la designación de los expertos en la materia a peritar. Inclusive, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 81/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 300, de rubro: 'PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO.', determinó que el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del perito nombrado por el Juez. Luego, en atención a esa forma sui géneris de integración de la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto, debe considerarse válidamente que la obligación que el precepto citado le impone al Juez de Distrito, conlleva implícitamente a que vigile su correcto desahogo por lo que se refiere a los peritos por él designados, en cuanto a que le aporten los elementos indispensables para que pueda resolver el tópico sobre el que versa la prueba; por lo que, al tener por recibido el dictamen, debe verificar que cuente con los elementos e información suficientes para que lo ilustren en cuanto a la materia o especialidad requerida; caso contrario, para mejor proveer en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debe pedir que subsanen la deficiencia. Y si bien, el juzgador puede ilustrarse con los peritajes ofrecidos por las partes, lo cierto es que esto no lo exime de llevar a cabo el desahogo correcto del experto por él designado, en tanto que la facultad que dispuso el legislador en el numeral 120 referido de la ley de la materia, respecto a la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, es que éste puede crearle mayor convicción al no estar vinculado con la posición de alguna de las partes, de lo que se traduce que es imparcial y desprovisto de cualquier ventaja o inferioridad que tendiere a favorecer o a perjudicar a las partes. Revocación de nombramiento. En este sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Amparo, 58 y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se revoca el nombramiento de la perito oficial Ninfa Ocampo Noverón, derivado de las omisiones y retrasos en que ha incurrido para la emisión del dictamen que debía presentar en este juicio de amparo, mismo que ha imposibilitado desarrollar la audiencia constitucional y emitir la sentencia correspondiente. Oficio para conocimiento. En atención a lo anterior gírese oficio al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, a fin de que por su conducto se notifique a la perito oficial Ninfa Ocampo Noveron, que ha sido revocada en el presente juicio de amparo para emitir el dictamen en materia de contabilidad correspondiente, en atención a los consideraciones de hecho y de derecho previamente establecidas, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Se designa perito oficial. En atención a ello, requiérase a la Consejera de la Judicatura y Coordinadora de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que en auxilio de este órgano de control constitucional, en el término de tres días, legalmente contado, proporcione el nombre y domicilio de alguna persona que pueda fungir como perito en materia contable para el desahogo de la prueba pericial admitida en autos, para el cual se le remite copia del cuestionario exhibido. Apercibimiento. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo, mediante oficio, notifíquese a la fiscal federal el presente proveído.
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