Miguel Adrian Solis Sanchez

Expediente 966/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
966/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Juez de Control del Poder Judicial de Tijuana, Baja California.
  • Miguel Adrian Solis Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se negó el amparo solicitado. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse negado la protección constitucional por una parte respecto de algunos de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando la resolución relativa a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintiuno. Notificación por lista. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo que le fue otorgado al tercero interesado Ismael Chico Primero, en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiese hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por ende, se ordena realizar por lista la notificación de la sentencia definitiva dictada el veintiuno de enero del año en curso, así como las subsecuentes que se generen el presente asunto, aun las de carácter personal, al tercero interesado Ismael Chico Primero, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica al tercero interesado Ismael Chico Primero, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la sentencia de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, misma que en sìntesis dice: "RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio respecto al acto reclamado al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con sede en esta ciudad, en los términos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, en contra del acto y autoridad descritos en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia."

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Emplazamiento por edictos. Visto la certificación de cuenta y el estado de autos de los que se advierte que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento por edictos del tercero interesado Ismael Chico Primero al haberse agotado las gestiones necesarias para investigar el domicilio y llamar al presente juicio al citado tercero interesado, sin que ello hubiere sido posible. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso Miguel Adrián Solís Sánchez, se encuentra actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social Tijuana en esta ciudad, es decir, está privado de su libertad personal; de lo que se colige que no tiene estabilidad laboral y económica para sufragar dicho gasto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el diverso 26 fracción II, inciso a) de la ley de la materia, se regulariza el procedimiento y por ello se ordena llevar a cabo la primera notificación al tercero interesado a juicio por medio de edictos con cargo al Consejo de la Judicatura Federal. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, incisos b), párrafo segundo y c), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a juicio a Ismael Chico Primero, por medio de edictos, a costa del Consejo de la Judicatura Federal, dado que el asunto es de materia penal y, si bien es verdad no se encuentra demostrado que el quejoso sea de escasos recursos económicos para sufragar la publicación de los edictos, existe presunción de que así lo es, en atención a que se encuentra actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social Tijuana en esta ciudad, es decir, está privado de su libertad personal. Es aplicable al caso en concreto, la jurisprudencia 54/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 26, con el rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Así como, la Tesis VI.1o.P.32 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, página 2146, con el rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido. En ese contexto, gírese atento oficio al Administrador Regional en Tijuana, Baja California del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en esta ciudad, a efecto de que lleve a cabo los trámites correspondientes para la publicación de los edictos. De conformidad con lo establecido en los artículos 239 al 244 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince, relativos a "publicación de edictos y otro tipo de publicaciones solicitadas por órganos jurisdiccionales", se hace de su conocimiento lo siguiente: Número de expediente: 966/2019-IV. Partes en el juicio: Quejosa: Miguel Adrián Solís Sánchez. Tercero interesado: Ismael Chico Primero. Autoridades responsables: Juez de Control del Poder Judicial de Tijuana, Baja California y Director del Centro de Reinserción Social Tijuana. Tipo de Juicio: Amparo indirecto. Fechas de Publicaciones: Por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación; y en el periódico "Excélsior" de la capital de la República. Consecuentemente, realícese la publicación de los mismos por tres veces, de siete en siete días, tal como lo prevé el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las publicaciones de los edictos sólo deben efectuarse en esos días y deben mediar entre ellas seis días hábiles, para que precisamente la siguiente se efectúe en el séptimo, también hábil, en el Diario Oficial de la Federación, así como en el periódico "Excélsior" de la capital de la República. Sustenta lo anterior, la tesis XVII 2º. 30 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1723, Tomo XVII, del mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "EDICTOS, EMPLAZAMIENTO POR. DEBEN MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN SEIS DÍAS HÁBILES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El emplazamiento por medio de edictos se lleva a cabo cuando se desconozca en qué lugar se encuentra una persona por notificar, mediante las publicaciones que el Juez ordena, que de conformidad con lo que dispone el artículo 123, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado deberán realizarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario que se edite en el lugar del juicio. Ahora bien, como el emplazamiento es una actuación procesal que debe practicarse en días hábiles, tal como lo prevé el artículo 69 del ordenamiento legal antes invocado, las publicaciones de los edictos sólo deben efectuarse en esos días y deben mediar entre ellas seis días hábiles, para que precisamente la siguiente se efectúe en el séptimo, también hábil; en consecuencia, si entre cada publicación no existen esos días, el emplazamiento por edictos resulta ilegal y violatorio de garantías." Haciéndole saber al tercero interesado Ismael Chico Primero, que tendrá un término de treinta días contado a partir del día siguiente al de la última publicación de los edictos aquí ordenados, para comparecer a este juicio de amparo a hacer valer sus derechos y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y si pasado dicho término, no comparece a este juicio de amparo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, residente esta ciudad, en términos de los artículos 27, fracción II y 29, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, se le informa que en la secretaría de este órgano jurisdiccional quedará a su disposición copia de la demanda de amparo y de los informes justificados obrantes en autos, para correrle traslado. Por tanto, hágase del conocimiento del Administrador Regional en Tijuana, Baja California del Consejo de la Judicatura Federal, que los edictos ordenados deberán publicarse conforme a lo establecido en los párrafos que anteceden. No pasa inadvertido para la suscrita que algunos criterios plasmados en párrafos precedentes, hacen alusión a diversos artículos de la anterior Ley de Amparo; sin embargo, al no oponerse al contenido de la actual legislación, en términos del artículo sexto transitorio del decreto que crea la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, siguen siendo aplicables. Notifíquese personalmente.

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