MIGUEL ALBERTO ANTONIO AVENDAÑO y Otros.

Expediente 254/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
254/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • MIGUEL ALBERTO ANTONIO AVENDAÑO y Otros.
  • Miguel Alberto Antonio Avendaño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el quince de marzo del actual, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 14, 15 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, en vigor el veintiséis de marzo de la misma anualidad, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Directriz establecida en el manual correspondiente En términos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en su punto 7.4, se estableció como lineamiento que los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables", con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Depuración del expediente Con esa base, si bien se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; sin embargo, en autos se concedió la suspensión de plano, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, -área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal-, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado, en relación con el precitado punto 7.4 del referido Manual. Lo anterior es así, en virtud de que el supuesto de marras, no se encuentra contemplado expresamente en el mencionado Acuerdo General. Anotaciones en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en representación del titular de dicha institución, - previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-. Pruebas de la autoridad responsable Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admite la prueba documental consistente en copia certificada del acuse de la boleta de libertad de siete de marzo de dos mil veintidós, deducida de la carpeta de investigación "".....""", suscrita por la Fiscal Investigador de la Fiscalía VI con detenido de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado; la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Proporciona número telefónico y correo electrónico Ahora, toda vez que también en la parte inferior del informe que se agrega la responsable proporciona correo electrónico y número telefónico; por tanto, con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante Acuerdo 1/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), instrúyase al Actuario que de ""....."" resultar necesario establezca contacto con dicha autoridad a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, y de las constancias que obran en autos, se advierte que este juicio de amparo únicamente se tramita por lo que hace al acto reclamado consistente en lo siguiente: ? Detención. En este sentido, cabe precisar que la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó en la existencia del acto reclamado, y precisó que el quejoso "".....""", fue detenido como probable responsable del delito de violación, por lo que se inició la carpeta de investigación """....""", quedando a disposición del Fiscal Investigador de la Fiscalía VI con detenido de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, al resolverse su situación jurídica, el siete de marzo del actual, fue puesto en libertad bajo reservas de ley. Para justificar lo anterior, remitió copia certificada del acuse de la boleta de libertad de siete de marzo de dos mil veintidós, deducida de la carpeta de investigación ""....""", suscrita por la Fiscal Investigador de la Fiscalía VI con detenido de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado. En esa tesitura, respecto del acto reclamado consistente en la detención, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] La interpretación literal de la fracción de que se trata, ""......"" indefectiblemente conlleva a sostener que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, la fracción del numeral de referencia, vinculada con la tesis aislada 2a. CXI/96,1 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva a sostener que para la actualización de la causal de referencia, por regla general, deben concurrir los siguientes requisitos: a) El acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De lo anterior, se pone de manifiesto que los requisitos previamente mencionados se colman, toda vez que el acto reclamado al Fiscal General del Estado de Oaxaca, consistente en 1 CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, diciembre de 1996, Materia(s): Común, Novena Época, página 219. Registro 199808]. ""......"" la detención, proviene de una etapa del procedimiento penal dentro de la carpeta de investigación ""...."", luego el siete de marzo pasado, al resolverse su situación jurídica fue puesto en libertad bajo reservas de ley; circunstancia que indefectiblemente cambia la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó, por ello no puede decidirse sobre la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica; con lo cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, y finalmente, es de establecer que existe autonomía o independencia entre el acto reclamado, y la nueva determinación de la autoridad responsable, -estar en libertad el quejoso-, de modo que ésta última subsiste, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Por tanto, queda de manifiesto que ha cambiado la situación jurídica del acto reclamado por el quejoso, al consumarse irreparablemente la violación aducida, sin afectar la nueva situación jurídica creada al haber sido puesto en libertad con reservas de ley, bajo lo cual se rige actualmente. Por similitud jurídica, se cita la jurisprudencia 95/2007 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto ""....."" de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. [Novena Época, registro: 171841, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, Materia(s): Penal]. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte que en diligencia de once de marzo pasado, se tuvo al directo quejoso ""....""", ratificando la demanda de amparo promovida a su favor por Julieta de Lourdes Concha Vázquez, por lo que se ordenó continuar con el procedimiento de este juicio de amparo; así también, que en acuerdo de nueve de marzo del año en curso, se reservó proveer respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como "AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL A SU CARGO", hasta en tanto el directo quejoso manifestara su ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor, lo que en la especie aconteció. En consecuencia, ya que de la razón actuarial de ocho de marzo del año en curso, se advierte que no fue posible entregar el oficio "...."" dirigido a la autoridad señalada como "AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL A SU CARGO", en virtud de que dicha autoridad no existe, según información proporcionada por la persona encargada de la Oficialía de Partes de la Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Por tanto, en términos de los artículos 108, fracción III, de la Ley de Amparo, y del arábigo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa para que en un plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea para que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad en cita; en el entendido de que de no hacerlo, se decretará la inexistencia de la referida responsable, interrumpiendo toda comunicación con la misma en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 153/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se 16 informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió. [Décima Época, Registro: 2021029, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, página: 440]. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca-previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-; mediante el cual rinde su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano concedida en autos. Delegados En otro orden, con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable, a las personas que menciona. Correo electrónico y número telefónico Por otra parte, respecto del correo electrónico y número telefónico que obran en la parte inferior de su informe de cuenta, con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante el diverso Acuerdo 1/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha autoridad a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Notifíquese.

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