Migdalia Ramírez Roque

Expediente 1473/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1473/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
09/01/2018

Partes del expediente

  • Migdalia Ramírez Roque
  • MIGDALIA RAMÍREZ ROQUE y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida por .... , fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1473/2017. Luego, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y Ejecutor de su adscripción, la parte quejosa reclama la interlocutoria dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en el cuaderno de pruebas del demandado reconvencional .... , relativo al expediente 64/2015, que declara improcedente el recurso de revocación hecho valer por la aquí quejosa, y confirma el auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, por el que el juez responsable requiere al citado demandado reconvencional para que en el término de tres días, presente el pliego de posiciones de la prueba confesional que ofreció, y se esté en posibilidad de señalar nuevo día y hora para su desahogo. Ahora, conviene precisar algunos antecedentes del acto reclamado, a fin de ubicar la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen de donde deriva el acto reclamado, por lo que se evidencia que el ocho de julio de dos mil quince, ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, .... , promovió acción reivindicatoria en contra de la aquí quejosa .... y otras personas, quienes al contestar la demanda, presentaron en la vía reconvencional, acción de prescripción positiva en contra de la actora y de los señores..... . Seguido el procedimiento, las partes ofrecieron sus pruebas, por lo que en auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se admitieron entre otras pruebas, de parte del demandado .... , la confesional a cargo de .... , señalándose las trece horas del nueve de junio de dos mil diecisiete para su desahogo; y una vez llegado el día, al abrir el sobre cerrado que contenía el pliego de posiciones presentado por el oferente de la prueba, éste se encontraba firmado por persona distinta, esto es, por la codemandada .... , a lo que el juez responsable dictó un auto en el que requiere a .... , para que en el término de tres días, presente el pliego de posiciones y se esté en posibilidad de señalar nuevo día y hora para su desahogo. Inconforme con dicha determinación, la aquí quejosa .... , interpuso recurso de revocación, mismo que resolvió el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, declarando improcedente dicho medio de impugnación, y confirmando la determinación recurrida, lo que la quejosa estima violatorio de sus derechos fundamentales. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Lo anterior se corrobora, si se toma en cuenta, además, que cuando se desahoga una prueba indebidamente -como lo sostiene la parte quejosa- constituye una violación a las leyes de procedimiento, como está previsto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. En el anterior contexto, es claro que, cuando el acto reclamado consiste en el auto relacionado con el desahogo de pruebas, el mismo debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo ; de esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con el desahogo de pruebas, es reclamable hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio, si la misma resulta adversa a sus intereses. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la interlocutoria dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en el cuaderno de pruebas del demandado reconvencional..... , relativo al expediente 64/2015, que declara improcedente el recurso de revocación hecho valer por la aquí quejosa, y confirma el auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, por el que el juez responsable requiere al citado demandado reconvencional para que en el término de tres días, presente el pliego de posiciones de la prueba confesional que ofreció, y se esté en posibilidad de señalar nuevo día y hora para su desahogo; lo cual resulta incuestionable que no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos, pues en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio natural mediante el recurso o medio de defensa correspondiente, como está previsto en el artículo 171 de la referida Ley , de ser el caso. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De igual manera, apoya la determinación adoptada, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 73, volumen 82 Sexta Parte, materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: PRUEBAS, ADMISIÓN O RECHAZAMIENTO DE LAS. CONSTITUYEN VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA EL OFERENTE. Establece el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, que en los juicios seguidos ante tribunales civiles o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que legalmente había ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Es decir, que la violación procesal antes mencionada, contempla dos situaciones: que no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, y que no se reciban conforme a la ley, debiendo entenderse que dichas hipótesis se refieren tanto a las pruebas del quejoso como a las de su contraparte, porque la no recepción o la indebida admisión de unas pruebas sí pueden afectar las defensas del quejoso trascendiendo al resultado de fallo, independientemente de quién sea el oferente. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el acto reclamado no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, toda vez que la impetrante señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones de carácter personal, hágansele por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, y se tienen por autorizados a ..... con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a la restante persona, únicamente se le tiene por autorizada para recibir notificaciones, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el aludido sistema computarizado. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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