Migdal Marytrini Benitez Rocha
Expediente 538/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Migdal Marytrini Benitez Rocha
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el oficio de la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consulta y Contencioso Estatal, por corresponder al juicio de amparo 538/2017-IV del índice de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, visto el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consulta y Contencioso Estatal, mediante el cual designa nuevos delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, revocando a los señalados en el presente asunto; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, y téngase por hechas las designaciones que refiere. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del acta donde se ordena emplazar a la parte demandada y el oficio 418/2017 dirigido a la secretaria auxiliar de peritajes y diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con Residencia en la Ciudad de México, ambos de veinticinco de abril de dos mil diecisiete; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días siguientes en que se notifique el presente acuerdo, acredite con las constancias del envió a la Secretaria auxiliar de peritajes y diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con Residencia en la Ciudad de México que realizara la diligencia, remitiendo copia certificada para acreditar lo anterior. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, en cumplimiento al auto de cuatro de abril del año en curso, realizó la compensación correspondiente en la boleta de turno de la demanda de amparo. Agréguese únicamente a los autos para que obre como legalmente corresponda, toda vez que por auto de cuatro de abril del año en curso, se declaró el sobreseimiento fuera de audiencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el juicio de amparo 49/2017 de su índice, promovido por MIGDAL MARYTRINI BENÍTEZ ROCHA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, en cumplimiento a la determinación de veinticuatro de marzo actual, al existir un antecedente relacionado en este juzgado, por tratarse del mismo quejoso, idéntico acto reclamado, escritura pública y autoridades responsables. Registro de la demanda. Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente e infórmesele al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado que, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 538/2017-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Sobreseimiento fuera de Audiencia. Ahora bien, atendiendo a las constancias remitidas, se advierte que este Juzgado dentro del juicio de amparo 1272/2013-IV-N, resolvió respecto de los mismos actos reclamados que dieron origen al presente juicio, pues ambos amparos fueron promovidos por MIGDAL MARYTRINI BENÍTEZ ROCHA, contra las mismas autoridades responsables Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Tesorero del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, actos consistentes en: El contenido de los artículos 94 Bis a 94 Bis 12 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al sistema que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. 2.- El contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al impuesto adicional sobre impuestos y derechos municipales. 3.- El cobro de la cantidad de $18,825.00 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de las disposiciones descritas en los puntos 1 y 2 que anteceden. 4.- El contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. 5.- El cobro de la cantidad de $11,295.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la norma legal citada en el punto 4. 6. El contenido del artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. 7.- El cobro de la cantidad de $1,882.00 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), en aplicación de la norma legal citada en el párrafo 6. Actos que derivan de la escritura pública 263,130, pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. Indicado lo anterior, se trata de una misma demanda, al resultar ser el mismo quejoso, las mismas autoridades responsables e idénticos actos reclamados. En mérito de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Asimismo, debe decirse que la fracción X del numeral antes mencionado refiere: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;. La causa de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina "cosa juzgada", la cual tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo; se actualiza dicha causal cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, debiendo concurrir como requisitos, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Este principio impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Por tanto, toda vez que ante este Juzgado de Distrito, se encuentra radicado el juicio de amparo número 1272/2013-IV-N, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por MIGDAL MARYTRINI BENÍTEZ ROCHA, contra las mismas autoridades responsables Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Tesorero del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, sanción, refrendo, promulgación y publicación de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en específico los artículos 94 bis 94 bis-12, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, mismos que se advierte derivan de la escritura pública número escritura pública 263,130, pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, como se advierte de las constancias remitidas en copia certificada por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Por su parte, en el presente juicio de amparo, MIGDAL MARYTRINI BENÍTEZ ROCHA, reclamó del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Tesorero del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, la discusión, aprobación, expedición, sanción, refrendo, promulgación y publicación de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en específico los artículos 94 bis 94 bis-12, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos mismos que se advierte derivan de la escritura pública número 263,130, pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. En conclusión, en ambos juicios de amparo la parte quejosa es MIGDAL MARYTRINI BENÍTEZ ROCHA, la autoridad responsable es Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Tesorero del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y existe identidad de acto reclamado. Lo antes expuesto conduce a considerar que es improcedente el presente juicio de amparo en virtud de que el acto reclamado, es materia del diverso juicio constitucional 1272/2013-IV-N, del índice de este Juzgado, el cual por auto de diez de septiembre de dos mil trece, se admitió a trámite, solicitando a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señalándose fecha para la celebración de la audiencia constitucional, asimismo el siete de enero de dos mil catorce, se determinó amparar en dicho juicio de amparo, causando ejecutoria el veintiocho de enero de dos mil catorce y requiriendo el cumplimiento a las autoridades responsables, así por auto de dieciocho de agosto de dos mil catorce, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó su archivo por auto de dos de octubre de dos mil catorce, como se advierte del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Tiene aplicación al caso, 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, página 285, del rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Bajo esa tesitura, resulta incuestionable que en el caso a estudio cobra vigencia la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que en el presente juicio constitucional, la peticionaria de garantías reclama actos que han sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción X, esto es, de actos que sean materia de otra demanda, promovida por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Apoya la anterior conclusión, la jurisprudencia I.6o.T. J/86, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA" emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, de la Novena Época, visible en la página 1532. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril actual. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; sin embargo, si se advierte que no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, y sólo provoca retraso en la impartición de justicia, es innecesario otorgar esa vista. Sirve de apoyo, la reiteración de jurisprudencia I.7o.P. J/4 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, registro 2014040, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: VISTA AL QUEJOSO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO NO EXISTE LA MÍNIMA POSIBILIDAD DE QUE SE SUPERE EL OBSTÁCULO RELATIVO A LA SOBREVENIENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO POR EL JUZGADOR Y SÓLO PROVOCA RETRASO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. La porción normativa mencionada establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; sin embargo, si se advierte que no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, y sólo provoca retraso en la impartición de justicia, es innecesario otorgar esa vista; de ahí que si el Juez de amparo advierte de oficio, por ejemplo, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que se decretó la extinción de la acción penal a favor del inculpado por perdón del ofendido, en este caso, resulta inútil la aplicación del mencionado artículo 64, párrafo segundo, pues dada la extinción de la pretensión punitiva que motivó la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del quejoso, máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. La anterior determinación, comuníquese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a fin de que realice la compensación correspondiente a la boleta de turno 000443/2017. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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