Midelt Química Ltda
Expediente 815/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec (Isidoro Edie Sandoval Lome)
- Midelt Química Ltda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso; mediante el cual solicita copias certificadas del documento que acompañó al escrito inicial de demanda, el que se ordena glosar al expediente para que obre como corresponde. Atento a lo anterior dígase al promovente que no ha lugar a acordar favorable su solicitad, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y en archivo; por auto de siete de junio de dos mil veintidós se ordenó el destino final del expediente como depurable, lo que significa que las documentales exhibidas con la demanda serán destruidas una vez que trascurra la temporalidad a que alude el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte. Por tal motivo, hágase saber a la parte interesada que puede acudir personalmente o por conducto de sus autorizados al local que ocupa el juzgado en día y hora hábil a recoger el documento. Sin que lo anterior entrañe desconocimiento del derecho previsto en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia. Esto es así, en virtud de que, al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto legal invocado tutela a favor de las partes el ejercicio de un derecho, lo que no pugna con lo previsto en el diverso artículo 280 de la legislación federal en consulta en cuanto a que los documentos que se presentaren en juicio, pueden ser devueltos a las partes que hubieren presentado, máxima que como se apuntó, se trata de un asunto concluido. Finalmente; se tienen por autorizados únicamente para la devolución de docuemtos a las personas propuestas en el ocurso de cuenta. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 815/2021-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el tres de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 815/2021-V promovido por Midelt Química LTDA por conducto de su apoderada legal Iliana Cristina Colorado Torres; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cinco de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Midelt Química LTDA por conducto de su apoderada legal solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Xochitepec y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda y se admitió a trámite por cuanto al acto atribuido al Juez señalado como responsable, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó su informe justificado a la autoridad y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y su ejecución. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: El auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta judicial JC/713/2021. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado al Juez Especializado de Control del Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Morelos, pues así lo señaló Alejandra Trejo Reséndiz (en sustitución de Isidoro Edie Sandoval Lome por periodo vacacional), al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora, además, con la copia certificada de las actuaciones que integran la carpeta judicial JC/713/2021, que fueran remitidas como complemento al informe justificado. Constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en virtud de que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y al no advertirse de oficio se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. Estudio del acto reclamado. Previo analizar los conceptos de violación se estima conveniente precisar los antecedentes del acto reclamado, advertidos de las constancias relativas a la carpeta judicial de origen materia del presente juicio de amparo: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno la parte quejosa pidió al Juez responsable lo siguiente: ".solicito el AUXILIO JUDICIAL de este Juzgado, toda vez de que se solicitaran diversos informes a la Comisión Nacional Bancaria, respecto de la persona y/o personas que a través de diversas cuentas bancarias, han obtenido diversas cantidades de dinero sin tener ningún derecho a ellas, por medio del engaño del que ha sido objeto mi representada. Detalles de las Cuentas que se especificarán el día y en la hora de la Audiencia respectiva que se sirva señalar día y hora." Lo anterior, en razón que la quejosa denunció hechos constitutivos del delito de fraude cometidos en agravio de su representada, habiéndose radicado la carpeta de investigación SJ01/932/2020 bajo el índice de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Morelos. De ahí que pretenda a través del Juez de Control, recabar y allegar pruebas (informes solicitados) a la investigación referida. 2. En la misma fecha (diecisiete de junio de dos mil veintiuno) y en atención a su petición, el Juez responsable emitió la respuesta siguiente: Auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En contra de tal determinación, se formuló el siguiente concepto de violación: Argumenta la parte quejosa que la autoridad responsable le impide ejercer sus derechos procesales, toda vez que con la negativa de requerir los informes solicitados limita su derecho de ofendido a ofrecer las pruebas que considere pertinentes dentro de la investigación SJ01/932/2020; derecho previsto por el artículo 20, apartado C, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, sostiene que el Juez responsable interpretó de manera equivocada las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que éste señala de manera enunciativa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, quienes -estas últimas- actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Inobservando las disposiciones contenidas por el artículo 20 Constitucional, que fueron establecidas -señaló- al observarse de manera reiterada y sistemática la pasividad e inactividad que muestran los Agentes del Ministerio Público para cumplir con la investigación. Es infundado el referido concepto de violación, por las razones jurídicas que en enseguida se exponen: De inicio, conviene citar el contenido del artículo 20 del Pacto Federal: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; ." El precepto citado regula entre otras cosas, los derechos de la víctima u ofendido dentro de un proceso penal acusatorio y oral, entre los cuales se encuentra el de colaborar con el Ministerio Público; de manera que se le reciban las pruebas con las que cuente durante la investigación o en el proceso, se proceda al desahogo de las diligencias necesarias y se le dé acceso a intervenir en el juicio. Por su parte, el artículo el artículo 21 Constitucional, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ." De los párrafos transcritos se observa la facultad que otorga la Constitución Federal al Agente del Ministerio Público respecto a la investigar los delitos y ejercer acción penal ante tribunales. Ahora bien, del auto combatido se observa que el Juez responsable negó la solicitud realizada por la parte quejosa consistente en requerir informes a la Comisión Nacional Bancaria respecto a diversas cuentas, con el objetivo de colaborar en la integración de la investigación de origen. La autoridad fundamentó su actuar en el artículo 21 de la Carta Magna, bajo el razonamiento de que no se encuentra facultada para realizar tal requerimiento, pues la investigación de los delitos corresponde al Agente del Ministerio Público. De lo anterior se advierte que contrario a lo expuesto por la solicitante de amparo, el Juez responsable no violó los derechos previstos por el artículo 20, apartado C, del Pacto Federal, ya que con la emisión del auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno únicamente declaró improcedente su petición al no encontrarse facultada para requerir los informes solicitados, sin que tal actuación hubiera limitado su derecho a ofrecer las pruebas que considera pertinentes dentro de la investigación de origen, ya que incluso precisó que el Agente del Ministerio Público, titular de la investigación, debía solicitar lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, se observa que la autoridad responsable al emitir el auto reclamado no impidió a la parte quejosa ejercer derecho alguno dentro de la carpeta de origen, toda vez que, si bien es cierto el Juez de Control no se encuentra facultado para realizar actos de investigación e integrar una carpeta de averiguación, también es cierto que la parte quejosa se encuentra en condiciones de formular tal solicitud ante el Fiscal encargado de la carpeta de investigación y recabar los medios probatorios que pretende. Incluso, en el caso de que la respuesta por parte del Fiscal sea en sentido negativo, la solicitante de amparo podrá recurrirla ante el Juez de Control de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre esa base, es evidente que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues no obstante que su solicitud de requerir informes a la Comisión Nacional Bancaria no resulta procedente a través del Juez de Control, tiene a su alcance diversas alternativas por las cuales puede allegarse de tales medios de convicción. Por ello se concluye, que el auto dictado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno en la carpeta judicial JC/713/2021, no contraviene los derechos de la víctima u ofendido, contenidos en el artículo 20 del Pacto Federal. Ahora, con relación a las manifestaciones encaminadas a que el Juez responsable interpretó de manera equivocada las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que -adujo- éste señala de manera enunciativa que la investigación de los delitos corresponde al Agente del Ministerio Público y a las policías, al respecto se destaca lo siguiente: El Código Nacional de Procedimientos Penales define como objeto de la investigación que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Para mayor claridad se transcribe el precepto citado: "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." En sus artículos 131 y 132, el mencionado código prevé las obligaciones del Ministerio Público y del Policía: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; . V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; . VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; . IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; . XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables." "Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución." De lo anterior se evidencia que entre las obligaciones del Ministerio Público se encuentra el solicitar al Órgano jurisdiccional -Juez- la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. Mientras que en el artículo 133, atribuye competencia jurisdiccional a los Jueces de Control para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, mas no actos tendentes a integrar una carpeta de investigación, como lo pretendía la quejosa con la solicitud efectuada a la autoridad responsable el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Para mayor comprensión, se cita el precepto descrito: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y III. Tribunal de alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este Código." Por todo ello se observa, que es facultad exclusiva del Agente del Ministerio Público recabar indicios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, reunir datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; entre tales actuaciones se encuentran, requerir informes o documentación a otras autoridades, así como solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. De ahí que asista la razón al Juez responsable, toda vez que la facultad de investigar delitos e integrar una carpeta de investigación corresponde al Ministerio Público y sus policías, como lo asentó en el acuerdo reclamado. Habiendo interpretado de forma adecuada el artículo 21, de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, deviene infundado el concepto de violación analizado. Consecuentemente al no prosperar el concepto de violación alegado, y no advertirse algún motivo para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia a Midelt Química LTDA. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a Midelt Química LTDA, respecto del acto y autoridad responsable señalada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el considerativo cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hoy tres de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 815/2021-V, promovido por Midelt Química LTDA por conducto de su apoderada legal Iliana Cristina Colorado Torres; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cinco de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Midelt Química LTDA por conducto de su apoderada legal solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Xochitepec y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda y se admitió a trámite por cuanto al acto atribuido al Juez señalado como responsable, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó su informe justificado a la autoridad y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y su ejecución. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: El auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta judicial JC/713/2021. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado al Juez Especializado de Control del Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Morelos, pues así lo señaló Alejandra Trejo Reséndiz (en sustitución de Isidoro Edie Sandoval Lome por periodo vacacional), al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora, además, con la copia certificada de las actuaciones que integran la carpeta judicial JC/713/2021, que fueran remitidas como complemento al informe justificado. Constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en virtud de que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y al no advertirse de oficio se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. Estudio del acto reclamado. Previo analizar los conceptos de violación se estima conveniente precisar los antecedentes del acto reclamado, advertidos de las constancias relativas a la carpeta judicial de origen materia del presente juicio de amparo: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno la parte quejosa pidió al Juez responsable lo siguiente: ".solicito el AUXILIO JUDICIAL de este Juzgado, toda vez de que se solicitaran diversos informes a la Comisión Nacional Bancaria, respecto de la persona y/o personas que a través de diversas cuentas bancarias, han obtenido diversas cantidades de dinero sin tener ningún derecho a ellas, por medio del engaño del que ha sido objeto mi representada. Detalles de las Cuentas que se especificarán el día y en la hora de la Audiencia respectiva que se sirva señalar día y hora." Lo anterior, en razón que la quejosa denunció hechos constitutivos del delito de fraude cometidos en agravio de su representada, habiéndose radicado la carpeta de investigación SJ01/932/2020 bajo el índice de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Morelos. De ahí que pretenda a través del Juez de Control, recabar y allegar pruebas (informes solicitados) a la investigación referida. 2. En la misma fecha (diecisiete de junio de dos mil veintiuno) y en atención a su petición, el Juez responsable emitió la respuesta siguiente: Auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En contra de tal determinación, se formuló el siguiente concepto de violación: Argumenta la parte quejosa que la autoridad responsable le impide ejercer sus derechos procesales, toda vez que con la negativa de requerir los informes solicitados limita su derecho de ofendido a ofrecer las pruebas que considere pertinentes dentro de la investigación SJ01/932/2020; derecho previsto por el artículo 20, apartado C, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, sostiene que el Juez responsable interpretó de manera equivocada las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que éste señala de manera enunciativa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, quienes -estas últimas- actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Inobservando las disposiciones contenidas por el artículo 20 Constitucional, que fueron establecidas -señaló- al observarse de manera reiterada y sistemática la pasividad e inactividad que muestran los Agentes del Ministerio Público para cumplir con la investigación. Es infundado el referido concepto de violación, por las razones jurídicas que en enseguida se exponen: De inicio, conviene citar el contenido del artículo 20 del Pacto Federal: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; ." El precepto citado regula entre otras cosas, los derechos de la víctima u ofendido dentro de un proceso penal acusatorio y oral, entre los cuales se encuentra el de colaborar con el Ministerio Público; de manera que se le reciban las pruebas con las que cuente durante la investigación o en el proceso, se proceda al desahogo de las diligencias necesarias y se le dé acceso a intervenir en el juicio. Por su parte, el artículo el artículo 21 Constitucional, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ." De los párrafos transcritos se observa la facultad que otorga la Constitución Federal al Agente del Ministerio Público respecto a la investigar los delitos y ejercer acción penal ante tribunales. Ahora bien, del auto combatido se observa que el Juez responsable negó la solicitud realizada por la parte quejosa consistente en requerir informes a la Comisión Nacional Bancaria respecto a diversas cuentas, con el objetivo de colaborar en la integración de la investigación de origen. La autoridad fundamentó su actuar en el artículo 21 de la Carta Magna, bajo el razonamiento de que no se encuentra facultada para realizar tal requerimiento, pues la investigación de los delitos corresponde al Agente del Ministerio Público. De lo anterior se advierte que contrario a lo expuesto por la solicitante de amparo, el Juez responsable no violó los derechos previstos por el artículo 20, apartado C, del Pacto Federal, ya que con la emisión del auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno únicamente declaró improcedente su petición al no encontrarse facultada para requerir los informes solicitados, sin que tal actuación hubiera limitado su derecho a ofrecer las pruebas que considera pertinentes dentro de la investigación de origen, ya que incluso precisó que el Agente del Ministerio Público, titular de la investigación, debía solicitar lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, se observa que la autoridad responsable al emitir el auto reclamado no impidió a la parte quejosa ejercer derecho alguno dentro de la carpeta de origen, toda vez que, si bien es cierto el Juez de Control no se encuentra facultado para realizar actos de investigación e integrar una carpeta de averiguación, también es cierto que la parte quejosa se encuentra en condiciones de formular tal solicitud ante el Fiscal encargado de la carpeta de investigación y recabar los medios probatorios que pretende. Incluso, en el caso de que la respuesta por parte del Fiscal sea en sentido negativo, la solicitante de amparo podrá recurrirla ante el Juez de Control de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre esa base, es evidente que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues no obstante que su solicitud de requerir informes a la Comisión Nacional Bancaria no resulta procedente a través del Juez de Control, tiene a su alcance diversas alternativas por las cuales puede allegarse de tales medios de convicción. Por ello se concluye, que el auto dictado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno en la carpeta judicial JC/713/2021, no contraviene los derechos de la víctima u ofendido, contenidos en el artículo 20 del Pacto Federal. Ahora, con relación a las manifestaciones encaminadas a que el Juez responsable interpretó de manera equivocada las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que -adujo- éste señala de manera enunciativa que la investigación de los delitos corresponde al Agente del Ministerio Público y a las policías, al respecto se destaca lo siguiente: El Código Nacional de Procedimientos Penales define como objeto de la investigación que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Para mayor claridad se transcribe el precepto citado: "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." En sus artículos 131 y 132, el mencionado código prevé las obligaciones del Ministerio Público y del Policía: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; . V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; . VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; . IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; . XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables." "Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución." De lo anterior se evidencia que entre las obligaciones del Ministerio Público se encuentra el solicitar al Órgano jurisdiccional -Juez- la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. Mientras que en el artículo 133, atribuye competencia jurisdiccional a los Jueces de Control para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, mas no actos tendentes a integrar una carpeta de investigación, como lo pretendía la quejosa con la solicitud efectuada a la autoridad responsable el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Para mayor comprensión, se cita el precepto descrito: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y III. Tribunal de alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este Código." Por todo ello se observa, que es facultad exclusiva del Agente del Ministerio Público recabar indicios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, reunir datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; entre tales actuaciones se encuentran, requerir informes o documentación a otras autoridades, así como solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. De ahí que asista la razón al Juez responsable, toda vez que la facultad de investigar delitos e integrar una carpeta de investigación corresponde al Ministerio Público y sus policías, como lo asentó en el acuerdo reclamado. Habiendo interpretado de forma adecuada el artículo 21, de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, deviene infundado el concepto de violación analizado. Consecuentemente al no prosperar el concepto de violación alegado, y no advertirse algún motivo para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia a Midelt Química LTDA. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a Midelt Química LTDA, respecto del acto y autoridad responsable señalada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el considerativo cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hoy tres de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 815/2021-V promovido por Midelt Química LTDA por conducto de su apoderada legal Iliana Cristina Colorado Torres; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cinco de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Midelt Química LTDA por conducto de su apoderada legal solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Xochitepec y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda y se admitió a trámite por cuanto al acto atribuido al Juez señalado como responsable, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó su informe justificado a la autoridad y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y su ejecución. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: El auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta judicial JC/713/2021. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado al Juez Especializado de Control del Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Morelos, pues así lo señaló Alejandra Trejo Reséndiz (en sustitución de Isidoro Edie Sandoval Lome por periodo vacacional), al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora, además, con la copia certificada de las actuaciones que integran la carpeta judicial JC/713/2021, que fueran remitidas como complemento al informe justificado. Constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en virtud de que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y al no advertirse de oficio se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. Estudio del acto reclamado. Previo analizar los conceptos de violación se estima conveniente precisar los antecedentes del acto reclamado, advertidos de las constancias relativas a la carpeta judicial de origen materia del presente juicio de amparo: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno la parte quejosa pidió al Juez responsable lo siguiente: ".solicito el AUXILIO JUDICIAL de este Juzgado, toda vez de que se solicitaran diversos informes a la Comisión Nacional Bancaria, respecto de la persona y/o personas que a través de diversas cuentas bancarias, han obtenido diversas cantidades de dinero sin tener ningún derecho a ellas, por medio del engaño del que ha sido objeto mi representada. Detalles de las Cuentas que se especificarán el día y en la hora de la Audiencia respectiva que se sirva señalar día y hora." Lo anterior, en razón que la quejosa denunció hechos constitutivos del delito de fraude cometidos en agravio de su representada, habiéndose radicado la carpeta de investigación SJ01/932/2020 bajo el índice de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Morelos. De ahí que pretenda a través del Juez de Control, recabar y allegar pruebas (informes solicitados) a la investigación referida. 2. En la misma fecha (diecisiete de junio de dos mil veintiuno) y en atención a su petición, el Juez responsable emitió la respuesta siguiente: Auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En contra de tal determinación, se formuló el siguiente concepto de violación: Argumenta la parte quejosa que la autoridad responsable le impide ejercer sus derechos procesales, toda vez que con la negativa de requerir los informes solicitados limita su derecho de ofendido a ofrecer las pruebas que considere pertinentes dentro de la investigación SJ01/932/2020; derecho previsto por el artículo 20, apartado C, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, sostiene que el Juez responsable interpretó de manera equivocada las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que éste señala de manera enunciativa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, quienes -estas últimas- actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Inobservando las disposiciones contenidas por el artículo 20 Constitucional, que fueron establecidas -señaló- al observarse de manera reiterada y sistemática la pasividad e inactividad que muestran los Agentes del Ministerio Público para cumplir con la investigación. Es infundado el referido concepto de violación, por las razones jurídicas que en enseguida se exponen: De inicio, conviene citar el contenido del artículo 20 del Pacto Federal: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; ." El precepto citado regula entre otras cosas, los derechos de la víctima u ofendido dentro de un proceso penal acusatorio y oral, entre los cuales se encuentra el de colaborar con el Ministerio Público; de manera que se le reciban las pruebas con las que cuente durante la investigación o en el proceso, se proceda al desahogo de las diligencias necesarias y se le dé acceso a intervenir en el juicio. Por su parte, el artículo el artículo 21 Constitucional, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ." De los párrafos transcritos se observa la facultad que otorga la Constitución Federal al Agente del Ministerio Público respecto a la investigar los delitos y ejercer acción penal ante tribunales. Ahora bien, del auto combatido se observa que el Juez responsable negó la solicitud realizada por la parte quejosa consistente en requerir informes a la Comisión Nacional Bancaria respecto a diversas cuentas, con el objetivo de colaborar en la integración de la investigación de origen. La autoridad fundamentó su actuar en el artículo 21 de la Carta Magna, bajo el razonamiento de que no se encuentra facultada para realizar tal requerimiento, pues la investigación de los delitos corresponde al Agente del Ministerio Público. De lo anterior se advierte que contrario a lo expuesto por la solicitante de amparo, el Juez responsable no violó los derechos previstos por el artículo 20, apartado C, del Pacto Federal, ya que con la emisión del auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno únicamente declaró improcedente su petición al no encontrarse facultada para requerir los informes solicitados, sin que tal actuación hubiera limitado su derecho a ofrecer las pruebas que considera pertinentes dentro de la investigación de origen, ya que incluso precisó que el Agente del Ministerio Público, titular de la investigación, debía solicitar lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, se observa que la autoridad responsable al emitir el auto reclamado no impidió a la parte quejosa ejercer derecho alguno dentro de la carpeta de origen, toda vez que, si bien es cierto el Juez de Control no se encuentra facultado para realizar actos de investigación e integrar una carpeta de averiguación, también es cierto que la parte quejosa se encuentra en condiciones de formular tal solicitud ante el Fiscal encargado de la carpeta de investigación y recabar los medios probatorios que pretende. Incluso, en el caso de que la respuesta por parte del Fiscal sea en sentido negativo, la solicitante de amparo podrá recurrirla ante el Juez de Control de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre esa base, es evidente que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues no obstante que su solicitud de requerir informes a la Comisión Nacional Bancaria no resulta procedente a través del Juez de Control, tiene a su alcance diversas alternativas por las cuales puede allegarse de tales medios de convicción. Por ello se concluye, que el auto dictado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno en la carpeta judicial JC/713/2021, no contraviene los derechos de la víctima u ofendido, contenidos en el artículo 20 del Pacto Federal. Ahora, con relación a las manifestaciones encaminadas a que el Juez responsable interpretó de manera equivocada las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que -adujo- éste señala de manera enunciativa que la investigación de los delitos corresponde al Agente del Ministerio Público y a las policías, al respecto se destaca lo siguiente: El Código Nacional de Procedimientos Penales define como objeto de la investigación que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Para mayor claridad se transcribe el precepto citado: "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." En sus artículos 131 y 132, el mencionado código prevé las obligaciones del Ministerio Público y del Policía: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; . V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; . VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; . IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; . XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables." "Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución." De lo anterior se evidencia que entre las obligaciones del Ministerio Público se encuentra el solicitar al Órgano jurisdiccional -Juez- la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. Mientras que en el artículo 133, atribuye competencia jurisdiccional a los Jueces de Control para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, mas no actos tendentes a integrar una carpeta de investigación, como lo pretendía la quejosa con la solicitud efectuada a la autoridad responsable el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Para mayor comprensión, se cita el precepto descrito: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y III. Tribunal de alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este Código." Por todo ello se observa, que es facultad exclusiva del Agente del Ministerio Público recabar indicios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, reunir datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; entre tales actuaciones se encuentran, requerir informes o documentación a otras autoridades, así como solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. De ahí que asista la razón al Juez responsable, toda vez que la facultad de investigar delitos e integrar una carpeta de investigación corresponde al Ministerio Público y sus policías, como lo asentó en el acuerdo reclamado. Habiendo interpretado de forma adecuada el artículo 21, de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, deviene infundado el concepto de violación analizado. Consecuentemente al no prosperar el concepto de violación alegado, y no advertirse algún motivo para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia a Midelt Química LTDA. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a Midelt Química LTDA, respecto del acto y autoridad responsable señalada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el considerativo cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hoy tres de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 815/2021-V, promovido por Midelt Química LTDA por conducto de su apoderada legal Iliana Cristina Colorado Torres; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cinco de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Midelt Química LTDA por conducto de su apoderada legal solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Xochitepec y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda y se admitió a trámite por cuanto al acto atribuido al Juez señalado como responsable, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó su informe justificado a la autoridad y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y su ejecución. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: El auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta judicial JC/713/2021. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado al Juez Especializado de Control del Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Morelos, pues así lo señaló Alejandra Trejo Reséndiz (en sustitución de Isidoro Edie Sandoval Lome por periodo vacacional), al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora, además, con la copia certificada de las actuaciones que integran la carpeta judicial JC/713/2021, que fueran remitidas como complemento al informe justificado. Constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en virtud de que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y al no advertirse de oficio se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. Estudio del acto reclamado. Previo analizar los conceptos de violación se estima conveniente precisar los antecedentes del acto reclamado, advertidos de las constancias relativas a la carpeta judicial de origen materia del presente juicio de amparo: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno la parte quejosa pidió al Juez responsable lo siguiente: ".solicito el AUXILIO JUDICIAL de este Juzgado, toda vez de que se solicitaran diversos informes a la Comisión Nacional Bancaria, respecto de la persona y/o personas que a través de diversas cuentas bancarias, han obtenido diversas cantidades de dinero sin tener ningún derecho a ellas, por medio del engaño del que ha sido objeto mi representada. Detalles de las Cuentas que se especificarán el día y en la hora de la Audiencia respectiva que se sirva señalar día y hora." Lo anterior, en razón que la quejosa denunció hechos constitutivos del delito de fraude cometidos en agravio de su representada, habiéndose radicado la carpeta de investigación SJ01/932/2020 bajo el índice de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Morelos. De ahí que pretenda a través del Juez de Control, recabar y allegar pruebas (informes solicitados) a la investigación referida. 2. En la misma fecha (diecisiete de junio de dos mil veintiuno) y en atención a su petición, el Juez responsable emitió la respuesta siguiente: Auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En contra de tal determinación, se formuló el siguiente concepto de violación: Argumenta la parte quejosa que la autoridad responsable le impide ejercer sus derechos procesales, toda vez que con la negativa de requerir los informes solicitados limita su derecho de ofendido a ofrecer las pruebas que considere pertinentes dentro de la investigación SJ01/932/2020; derecho previsto por el artículo 20, apartado C, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, sostiene que el Juez responsable interpretó de manera equivocada las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que éste señala de manera enunciativa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, quienes -estas últimas- actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Inobservando las disposiciones contenidas por el artículo 20 Constitucional, que fueron establecidas -señaló- al observarse de manera reiterada y sistemática la pasividad e inactividad que muestran los Agentes del Ministerio Público para cumplir con la investigación. Es infundado el referido concepto de violación, por las razones jurídicas que en enseguida se exponen: De inicio, conviene citar el contenido del artículo 20 del Pacto Federal: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; ." El precepto citado regula entre otras cosas, los derechos de la víctima u ofendido dentro de un proceso penal acusatorio y oral, entre los cuales se encuentra el de colaborar con el Ministerio Público; de manera que se le reciban las pruebas con las que cuente durante la investigación o en el proceso, se proceda al desahogo de las diligencias necesarias y se le dé acceso a intervenir en el juicio. Por su parte, el artículo el artículo 21 Constitucional, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ." De los párrafos transcritos se observa la facultad que otorga la Constitución Federal al Agente del Ministerio Público respecto a la investigar los delitos y ejercer acción penal ante tribunales. Ahora bien, del auto combatido se observa que el Juez responsable negó la solicitud realizada por la parte quejosa consistente en requerir informes a la Comisión Nacional Bancaria respecto a diversas cuentas, con el objetivo de colaborar en la integración de la investigación de origen. La autoridad fundamentó su actuar en el artículo 21 de la Carta Magna, bajo el razonamiento de que no se encuentra facultada para realizar tal requerimiento, pues la investigación de los delitos corresponde al Agente del Ministerio Público. De lo anterior se advierte que contrario a lo expuesto por la solicitante de amparo, el Juez responsable no violó los derechos previstos por el artículo 20, apartado C, del Pacto Federal, ya que con la emisión del auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno únicamente declaró improcedente su petición al no encontrarse facultada para requerir los informes solicitados, sin que tal actuación hubiera limitado su derecho a ofrecer las pruebas que considera pertinentes dentro de la investigación de origen, ya que incluso precisó que el Agente del Ministerio Público, titular de la investigación, debía solicitar lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, se observa que la autoridad responsable al emitir el auto reclamado no impidió a la parte quejosa ejercer derecho alguno dentro de la carpeta de origen, toda vez que, si bien es cierto el Juez de Control no se encuentra facultado para realizar actos de investigación e integrar una carpeta de averiguación, también es cierto que la parte quejosa se encuentra en condiciones de formular tal solicitud ante el Fiscal encargado de la carpeta de investigación y recabar los medios probatorios que pretende. Incluso, en el caso de que la respuesta por parte del Fiscal sea en sentido negativo, la solicitante de amparo podrá recurrirla ante el Juez de Control de conformidad con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre esa base, es evidente que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues no obstante que su solicitud de requerir informes a la Comisión Nacional Bancaria no resulta procedente a través del Juez de Control, tiene a su alcance diversas alternativas por las cuales puede allegarse de tales medios de convicción. Por ello se concluye, que el auto dictado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno en la carpeta judicial JC/713/2021, no contraviene los derechos de la víctima u ofendido, contenidos en el artículo 20 del Pacto Federal. Ahora, con relación a las manifestaciones encaminadas a que el Juez responsable interpretó de manera equivocada las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, ya que -adujo- éste señala de manera enunciativa que la investigación de los delitos corresponde al Agente del Ministerio Público y a las policías, al respecto se destaca lo siguiente: El Código Nacional de Procedimientos Penales define como objeto de la investigación que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Para mayor claridad se transcribe el precepto citado: "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." En sus artículos 131 y 132, el mencionado código prevé las obligaciones del Ministerio Público y del Policía: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; . V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; . VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; . IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; . XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables." "Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución." De lo anterior se evidencia que entre las obligaciones del Ministerio Público se encuentra el solicitar al Órgano jurisdiccional -Juez- la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. Mientras que en el artículo 133, atribuye competencia jurisdiccional a los Jueces de Control para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, mas no actos tendentes a integrar una carpeta de investigación, como lo pretendía la quejosa con la solicitud efectuada a la autoridad responsable el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Para mayor comprensión, se cita el precepto descrito: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y III. Tribunal de alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este Código." Por todo ello se observa, que es facultad exclusiva del Agente del Ministerio Público recabar indicios para el esclarecimiento de los hechos, o en su caso, reunir datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; entre tales actuaciones se encuentran, requerir informes o documentación a otras autoridades, así como solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. De ahí que asista la razón al Juez responsable, toda vez que la facultad de investigar delitos e integrar una carpeta de investigación corresponde al Ministerio Público y sus policías, como lo asentó en el acuerdo reclamado. Habiendo interpretado de forma adecuada el artículo 21, de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, deviene infundado el concepto de violación analizado. Consecuentemente al no prosperar el concepto de violación alegado, y no advertirse algún motivo para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia a Midelt Química LTDA. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a Midelt Química LTDA, respecto del acto y autoridad responsable señalada en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el considerativo cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hoy tres de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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