Michelle Villaseñor Alcantar
Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Michelle Villaseñor Alcantar
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable en comento, a través del cual acusa recibo del diverso 3250, por el que le fue remitido el tomo de pruebas que adjuntó a su informe justificado, el que se ordena glosar a los autos para que obre como corresponde. Finalmente, se ordena devolver los autos al archivo de donde fueron extraídos. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado el dos de los actuales, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Ahora bien, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado: e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído de dos de marzo de dos mil veintidós que indica: "... Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa la demanda de amparo promovida por ... contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; por tanto y toda vez que en auto de veinticinco de febrero pasado, el Tribunal Colegiado citado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se AVOCA al conocimiento de la instancia constitucional aludida. Acúsese el recibo de estilo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número l-227/2022-P. Ahora bien, vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ..., por conducto de su apoderado, en contra de los actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; los cuales hace consistir en: La resolución dictada el tres de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral ... a través de la cual la Junta responsable, determinó carecer de competencia legal para resolver dicho asunto, y consideró competente a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." El numeral 107, fracción V, de la Ley de la Materia, refiere que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Del texto de dichos preceptos se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos sustantivos del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, virtud a que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, se estima que la resolución que el impetrante señala como acto reclamado, en la que la autoridad responsable se declara legalmente incompetente para conocer del juicio laboral al que hace alusión, declinando su competencia en favor de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en virtud de que es un planteamiento de incompetencia en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que el auto reclamado es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, esto es, en el caso de que el Tribunal, a favor del cual se declinó la competencia, no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, por tanto, el lauto emitido el tres de septiembre de dos mil veintiuno, por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de garantías; en consecuencia, no irroga ningún perjuicio al quejoso. Es aplicable a la anterior conclusión la diversa Jurisprudencia, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 73, que a la letra dice: INCOMPETENCIA, DECLARACION DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE.- Es inexacto que la declaración de incompetencia adoptada por el tribunal de trabajo que conoce de la demanda en primer lugar y que remite los autos a la autoridad que estima competente, sea de ejecución irreparable porque él ya no pueda revocar tal determinación; por lo contrario, puede tener reparación mediante el procedimiento señalado en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo y por las autoridades mencionadas en el artículo 705 del mismo ordenamiento Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala del Máximo Tribunal del país, número 267, y la tesis aislada sostenida por este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 216, y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 204, respectivamente, bajo los rubros y textos siguientes: INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.-La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto INCOMPETENCIA. ACUERDO DE LAS JUNTAS QUE LA DECLARA. NO ES ACTO DEFINITIVO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO NTES DE SU ACEPTACIÓN.-De conformidad con lo establecido por los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto, no es definitiva para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que tal acuerdo está supeditado a la aceptación o rechazo de la autoridad a quien se declinó la competencia, resolución que sería en su caso la que causara el agravio y que podría ser impugnada a través del amparo indirecto. En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la resolución que constituye el acto reclamado, no es de aquéllas que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no es un acto de imposible reparación, ni definitivo para los efectos del amparo indirecto, virtud a que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que está emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto. Igualmente, apoya lo anterior la jurisprudencia consultable en la página 1190, Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del texto siguiente: INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto. Sin que en el particular se estime que este último criterio, se contraponga con el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo vigente, pues si bien refiere que el amparo procede contra actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto; empero, en el particular, dicha determinación aún no es definitiva, pues el Tribunal de Conciliación no se ha pronunciado sobre si acepta o no la competencia planteada, y en todo caso cuando esto ocurra, es que se pudiera determinar que dicha resolución causa o no perjuicio a los derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que se concluye la sola determinación de incompetencia, en el presente no vulnera derechos fundamentales del peticionario de amparo. Y siendo esto así, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. También se hace del conocimiento de la impetrante, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite? correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del?Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.??? En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos?22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional,?se exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020; en ese sentido, se tiene como medio de contacto el correo electrónico que proporciona. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, y por autorizadas para tal efecto a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. Por lo tanto, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, inciso C de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidenta de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento decretado en autos, remite las constancias descritas en la constancia secretarial; con su contenido dese vista a las partes para a que manifiesten lo que a su interés legal convenga; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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