Meydy Daniel Sanchez Tena

Expediente 631/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
631/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Meydy Daniel Sanchez Tena

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinte de julio de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto que desechó la demanda de garantías, le transcurrió del veintiocho de junio pasado al cuatro de los actuales; por tanto, ha fenecido sin que haya interpuesto recurso legal alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCION, dado que fue desechada la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de dos años que se requiere para que opere la prescripción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para recoger el billete de depósito número ********************, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), tomando en consideración que el mismo comenzó a partir de que surtió efectos la notificación del auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, que declaró ejecutoriada la sentencia de quince de noviembre de ese año, en la que se sobreseyó el juicio de garantías al quejoso; por tanto, se procede a declarar prescrito dicho billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que exhibió la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida por este órgano jurisdiccional, a favor del Erario Federal, por lo que una vez que quede firme el presente proveído, se ordena remitir el billete de depósito aludido, debidamente endosado al Tesorero de la Federación, con residencia en la ciudad de México. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a quince de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Tesorero Municipal de Municipio de Huaniqueo, Michoacán, y otras autoridades. Regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número VI-631/2022-2. Ahora, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "De las autoridades ordenadoras así como de las autoridades ejecutoras se reclama la retención ilegal y sin fundamento alguno de la nómina, correspondiente a la última quincena de mayo del presente ario, del suscrito. Ya que todavía hasta el día de hoy desempeño mi empleo como...". Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, respecto del citado acto reclamado a la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, del texto literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad, sino deriva de la relación que existe entre el quejoso y el Presidente Municipal de Huaniqueo, Michoacán, y otras autoridades municipales responsables, en su calidad de patrón, a través de las citadas autoridades señaladas como responsables. En efecto, las conductas de las que se duele el peticionario del amparo, evidentemente, no corresponden a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino corresponden a un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. En efecto, "autoridad" para efectos del juicio de amparo, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así pues, cualquier decisión que adopte el Presidente Municipal de Huaniqueo, Michoacán, (a través del Tesorero y contadora del municipio de Huaniqueo, Michoacán), respecto a la retención del salario, como aconteció en el caso en estudio, no constituye un acto de autoridad, sino precisamente son hechos derivados de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. En esa tesitura, debe señalarse que el acto que el quejoso reclama no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como subordinadas del patrón, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril 2016, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Se hace del conocimiento de las partes, que en?caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de??????? internet del Portal de Servicios? en Línea del Poder Judicial de la Federación?http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea?a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.? Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente:??????????????? ?"REPRODUCCIÓN?ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.".? En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad.??? De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.?? Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se?exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten?hacia?la?actuación?desde?el?Portal?de?Servicios?en?Línea?del?Poder?Judicial?de?la?Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la?Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y?trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Asimismo, se?invita?a las partes para que?propongan?formas?especiales?y?expeditas?de?contacto,?como?correos?electrónicos?y?servicios?de?mensajería?instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.? Finalmente, se tiene al promovente por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizada para tal efecto a la abogada -, toda vez que cumple con los lineamientos que establece el numeral 12 de la ley de la materia, como se desprende de la constancia secretarial que antecede; asimismo, se tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones a las demás personas que indica. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano