Michel Jhovany Juárez Vázquez

Expediente 831/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
831/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2016

Partes del expediente

  • Michel Jhovany Juárez Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo solicitado para el efecto siguiente: "Bajo ese contexto, el concepto de violación en estudio es fundado y suficiente para conceder a Michel Jhovany Juárez Vázquez el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el Agente del Ministerio Público en adscrito a la Delegación Popular Mesa de Trámite Turno Matutino, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, realice lo siguiente: Emita un acuerdo en el que EXPRESAMENTE, deje insubsistente el acuerdo de veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual ordenó la presentación del aquí quejoso dentro de la averiguación previa AP-2730/2015/POPUL; En caso de que aún estime necesaria la presentación del demandante constitucional, emita la orden correspondiente, pero observado siempre los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal, que han quedado destacados en este fallo." (foja 56). Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 71 a 73). Por oficio sin número de diez de agosto de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina Delegación Popular informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria amparadora anexando diversas constancias dictadas en la averiguación previa AP-2730/2015/POPUL (fojas 97 a 103), de las que se advierte que dicha responsable hizo lo siguiente: Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis, ordenó nuevamente la citación del aquí quejoso, para el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a las nueve horas, a fin de desahogar una diligencia de carácter ministerial consistente en la que debería declarar en relación a los hechos en su carácter de probable responsable en la comisión del delito de fraude cometido en agravio de Gina Anaid Carriles Heredia, para lo cual debería acompañarse de abogado defensor o de lo contrario se le designaría defensor público para no violentar sus garantías, lo cual consideró necesario para la debida integración de la averiguación previa (foja 101). Sin embargo, como el fiscal responsable fue omiso en dejar sin efectos la resolución reclamada de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada en la referida averiguación previa, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, esta autoridad federal declaró no cumplida la ejecutoria de mérito y una vez más requirió a la autoridad ministerial responsable su cumplimiento (fojas 114 a 117). Así, mediante oficio sin número de treinta de agosto de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público Titular Adscrita a la Mesa de Trámite Matutina Delegación Popular de la ciudad de Puebla remitió el proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis en el que dejó sin efectos la orden de presentación solicitada mediante oficio 875 de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 132 a 134). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, y por la otra se negó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Titular adscrita a la Mesa de Trámite Matutina Delegación, Popular y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y con el oficio recibido el diez de agosto de dos mil dieciséis (foja 97) dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio de la Directora General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Turno Matutino Delegación Popular de la ciudad de Puebla; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA los siguientes autos: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 43 a 57), se concedió el amparo solicitado por el quejoso Michel Jhovany Juárez Vázquez, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "I) Emita un acuerdo en el que EXPRESAMENTE, deje insubsistente el acuerdo de veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual ordenó la presentación del aquí quejoso dentro de la averiguación previa AP-2730/2015/POPUL; y, II) En caso de que aún estime necesaria la presentación del demandante constitucional, emita la orden correspondiente, pero observando siempre los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal, que han quedado destacados en este fallo." (foja 56 vuelta). Resolución que el veinticinco de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 71 a 73). Por lo anterior, mediante oficio sin número de diez de agosto de dos mil dieciséis (fojas 97 a 103), la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la averiguación previa AP-2730/2015/POPUL de su índice, de las que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis, ordenó nuevamente la citación del aquí quejoso, para el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a las nueve horas, para desahogar una diligencia de carácter ministerial consistente en que declare en relación a los hechos en su carácter de probable responsable en la comisión del delito de fraude cometido en agravio de Gina Anaid Carriles Heredia, para lo cual deberá de acompañarse de abogado defensor o de lo contrario se le designará un defensor público para no violentar sus garantías, lo cual resulta necesario para la debida integración de la averiguación previa (foja 101). Sin embargo, el fiscal responsable no procedió a dejar sin efectos la resolución reclamada de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada en la referida averiguación previa AP-2730/2015/POPUL. Lo anterior es así, ya que si bien en proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 101), refiere que remite a esta autoridad el diverso acuerdo de seis de junio del mismo año, mediante el cual deja sin efectos la resolución reclamada, también lo es que el mismo no lo anexó a las constancias que remitió, aunado a que dicho proveído es de fecha anterior a la sentencia dictada en el presente sumario constitucional que es de treinta de junio de dos mil dieciséis, de lo que se evidencia una incongruencia por parte de la autoridad responsable. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. De lo anterior, resulta evidente que no se han agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional. Motivo por el cual, esta autoridad no se encuentra en aptitud de determinar sobre el cumplimiento dado a los lineamientos de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina Delegación Popular, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de PLENO cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN LOS TÉRMINOS DECRETADOS EN LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS Y, EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá dejar sin efectos la resolución reclamada de veinte de mayo de dos mil dieciséis; en el entendido de que el auto de seis de junio de dos mil dieciséis, no puede surtir efecto alguno para efectos del cumplimiento de la sentencia amparadora, por ser de fecha anterior a la sentencia; remitiendo a esta autoridad las constancias que así lo justifiquen. Y, una vez que se cuente con la anterior requerido este juzgado federal proveerá lo conducente respecto si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no hacerlo así, el suscrito continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina Delegación Popular, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de veinticinco de julio de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que al constituirse en el domicilio calle Cuatro Sur número mil trecientos cuatro (1304), colonia el Carmen en la ciudad de Puebla y después de acudir al referido domicilio en varias ocasiones y tocar el zaguán, nadie acudió a su llamado por lo que se vio impedido para realizar la mencionada diligencia. Atento a lo anterior, se comisiona nuevamente al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, a fin de que lleve a cabo dicha diligencia, aún en horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo y, hecho lo anterior, en caso de continuar la imposibilidad asentada en la razón de cuenta (que se encuentre cerrado el domicilio que busca y nadie atienda a su llamado) deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. El auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 43 a 57), se concedió el amparo solicitado por el quejoso Michel Jhovany Juárez Vázquez, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "I) Emita un acuerdo en el que EXPRESAMENTE, deje insubsistente el acuerdo de veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual ordenó la presentación del aquí quejoso dentro de la averiguación previa AP-2730/2015/POPUL; y, II) En caso de que aún estime necesaria la presentación del demandante constitucional, emita la orden correspondiente, pero observando siempre los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal, que han quedado destacados en este fallo." (foja 56 vuelta). Resolución que el veinticinco de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 71 a 73). Por lo anterior, mediante oficio sin número de diez de agosto de dos mil dieciséis (fojas 97 a 103), la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la averiguación previa AP-2730/2015/POPUL de su índice, de las que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de nueve de agosto de dos mil dieciséis, ordenó nuevamente la citación del aquí quejoso, para el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a las nueve horas, para desahogar una diligencia de carácter ministerial consistente en que declare en relación a los hechos en su carácter de probable responsable en la comisión del delito de fraude cometido en agravio de Gina Anaid Carriles Heredia, para lo cual deberá de acompañarse de abogado defensor o de lo contrario se le designará un defensor público para no violentar sus garantías, lo cual resulta necesario para la debida integración de la averiguación previa (foja 101). Sin embargo, el fiscal responsable no procedió a dejar sin efectos la resolución reclamada de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada en la referida averiguación previa AP-2730/2015/POPUL. Lo anterior es así, ya que si bien en proveído de nueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 101), refiere que remite a esta autoridad el diverso acuerdo de seis de junio del mismo año, mediante el cual deja sin efectos la resolución reclamada, también lo es que el mismo no lo anexó a las constancias que remitió, aunado a que dicho proveído es de fecha anterior a la sentencia dictada en el presente sumario constitucional que es de treinta de junio de dos mil dieciséis, de lo que se evidencia una incongruencia por parte de la autoridad responsable. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. De lo anterior, resulta evidente que no se han agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional. Motivo por el cual, esta autoridad no se encuentra en aptitud de determinar sobre el cumplimiento dado a los lineamientos de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina Delegación Popular, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de PLENO cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN LOS TÉRMINOS DECRETADOS EN LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS Y, EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá dejar sin efectos la resolución reclamada de veinte de mayo de dos mil dieciséis; en el entendido de que el auto de seis de junio de dos mil dieciséis, no puede surtir efecto alguno para efectos del cumplimiento de la sentencia amparadora, por ser de fecha anterior a la sentencia; remitiendo a esta autoridad las constancias que así lo justifiquen. Y, una vez que se cuente con la anterior requerido este juzgado federal proveerá lo conducente respecto si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no hacerlo así, el suscrito continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Matutina Delegación Popular, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de veinticinco de julio de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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