Michel Isay Gordillo Alavez

Expediente 613/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
613/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • FRANCISCO TLAHUICOLE HERNANDEZ REYES y Otros.
  • Michel Isay Gordillo Alavez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delito de Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, a través del cual, informa que en la indagatoria iniciada con la vista de posibles actos de tortura cometidos en agravio del aquí quejoso, en el presente sumario constitucional, se determinó el no ejercicio de la acción penal y su archivo por no encontrarse reunidos los extremos que exige el tipo penal de tortura; de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. CÚMPLASE...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve (fojas 23 a 26), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio FECC/UIET-T/970/2019 signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Tortura de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, a través del cual informa, que en cumplimiento a la vista que se le dio el veinticinco de junio del año en curso (fojas 4 a 9), relativas a la existencia de posibles actos de tortura cometidos en contra de Michel Isay Gordillo Álvarez, se inició la carpeta de investigación 338/2019/UEIT; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a los que haya lugar.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso Michel Isay Gordillo Alavez, a través del cual -en primer lugar- reitera el domicilio que señaló la parte promovente en la demanda por comparecencia tramitada ante este juzgado federal; en segundo lugar, autoriza con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Tlahuicole Hernández Reyes, y en tercer lugar refiere que ha cesado el acto reclamado consistente en la incomunicación. Al respecto, se provee: No se realiza ningún pronunciamiento respecto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, porque el veinticinco de junio pasado, se acordó lo conducente. Téngase por autorizado, con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Tlahuicole Hernández Reyes, quien cuenta con cédula profesional de licenciado en Derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Y, finalmente, respecto a la manifestación que refiere en el sentido de que el acto reclamado consistente en la incomunicación ha cesado, provéase lo conducente a continuación. PROVISIÓN RESPECTO A LA DILIGENCIA ACTUARIAL. Por otra parte, vista la diligencia practicada el veinticinco de junio pasado, por el actuario judicial adscrito al quejoso Michel Isay Gordillo Alavez, se aprecia -en lo que interesa- lo siguiente: "(.) a lo que le pregunto si ratifica la demanda de garantías, y manifiesta que sí ratifica la demanda de garantías .procedo a dar fe de su integridad física: me manifiesta que fue golpeado en las piernas y en la espalda, así como en la zona de los riñones pero que no presenta rastro de golpes y que los agraviados fueron los que lo golpearon. Doy fe que en este momento no presenta golpes en el cuerpo, que tuvo contacto con su defensor en casa de Justicia Cholula el día de ayer a las 11:30 de la mañana, y que el día de hoy no ha solicitado hablar con su abogado. Me manifiesta que no ha sido torturado. (.)" [Lo subrayado y resaltado no es de origen.] En ese sentido, se precisa que aun cuando la persona que -en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo- instó la tramitación del presente juicio de amparo, señaló como actos reclamados la incomunicación y tortura de Michel Isay Gordillo Alavez, únicamente se tiene como acto reclamado destacado el primero de los actos señalados. Esto es así, atento a que de la diligencia indicada supra líneas, es el propio quejoso quien refirió que los agraviados (se entiende que se trata de la parte agraviada en la causa penal 4/2019/CHOLULA que -según el dicho del promovente Francisco Tlahuicole Hernández Reyes- se sigue en contra del quejoso directo) -y no alguno de los custodios (autoridades) del Centro Penitenciario en el que se encuentra recluido- fueron quienes lo golpearon. De ahí que, no es dable considerar también como acto reclamado, el de tortura, porque si bien en el uso de la voz que dio el actuario al quejoso Michel Isay Gordillo Alavez, éste le indicó que fue golpeado en las piernas y en la espalda, y en la zona de los riñones; sin embargo, debe indicarse que esos golpes no sucedieron durante el momento en el que aquéllos se encontraron detenidos a disposición de la responsable sino que -según el dicho del propio quejoso- fueron provocados por la parte agraviada; máxime que de viva voz manifestó que no ha sido torturado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, como se precisó, se advierte que el quejoso Michel Isay Gordillo Alavez, a través de la persona que promovió a su favor, reclamó de la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, la incomunicación. No obstante, de la diligencia practicada por el fedatario judicial adscrito a este Juzgado Federal y de la manifestación precisada por el quejoso Michel Isay Gordillo Alavez en el escrito de cuenta, se evidencia que el acto reclamado consistente en la incomunicación, ha cesado en todos sus efectos. En tales condiciones, a pesar de que de la actuación judicial practicada por el fedatario adscrito, al quejoso, se aprecia que sí ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que hace inviable el presente juicio de amparo, como a continuación se expone. En efecto, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el presente caso, tenemos que Francisco Tlahuicole Hernández Reyes instó la tramitación del presente controvertido constitucional a favor del quejoso Michel Isay Gordillo Alavez, y -ante presencial judicial- señaló como autoridad responsable únicamente al 1. Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla; y como acto reclamado la incomunicación de Michel Isay Gordillo Alavez. Sin embargo, con esta fecha se recibió la diligencia que practicó el actuario judicial adscrito, de la que se aprecia -en lo que interesa- que a Michel Isay Gordillo Alavez, se le permitió comunicarse con su abogado; inclusive, el propio quejoso en el escrito con número de registro 12960, realizó un pronunciamiento en ese sentido. Lo anterior, hace patente que los efectos del acto reclamado, consistente en la incomunicación de la parte quejosa, han cesado en todos sus efectos, al haberse permitido a éste tener comunicación con su abogado. Y, con ello han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos preceptos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." OFICIO SIN MAYOR ACUERDO. Finalmente, intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio (y anexos) signado por el 1. Director del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, mediante el cual manifiesta acatar la suspensión de plano concedida al aquí quejoso mediante auto de veinticinco de junio del año en curso; no obstante, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, atento a lo acordado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo, promovida por Francisco Tlahuicole Hernández Reyes, quien comparece a nombre de Michel Isay Gordillo Alavez, fórmese expediente y regístrese con el número 613/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. VISTA MINISTERIAL POR POSIBLES ACTOS DE TORTURA. Ahora bien, la promovente de amparo manifestó que el quejoso directo fue víctima de actos de tortura en el interior del Centro de Reinserción Social del Distrito judicial de Cholula, Puebla; por lo que, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. Las anteriores manifestaciones a criterio del suscrito juzgador, pueden constituir actos de tortura, por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, dése vista a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente, e informe el seguimiento de la investigación respectiva. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Asimismo, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público con copia de la demanda de garantías. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN TORTURA E INCOMUNICACIÓN. Ahora bien, toda vez que la promovente se duele de diversos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la tortura e incomunicación o cualquier otro que atente contra la vida y la dignidad humana, así como de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional o de los que cataloga el artículo 15 de la ley de la materia, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos; para lo cual, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, dentro del término de veinticuatro horas, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo de veinticuatro horas, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de la citada autoridad que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. DOMICILIO. Toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se constituya en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y notifique al quejoso Michel Isay Gordillo Alavez, le requiera para que manifieste en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifica o no la presente demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentra, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o personas de confianza, si sabe el motivo por el cual se encuentra detenido y si ha sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión solicitado por el promovente, toda vez que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquéllos que, en su caso, se decretarían con el trámite de la medida cautelar solicitada. DOMICILIO. Téngase como domicilio del promovente del amparo el que señaló en la comparecencia de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los actuarios de la adscripción para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. AUTORIZADOS Se hace constar que, del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso no menciona persona alguna que se ostente como autorizado en términos amplios o restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales conducentes. COMPENSACIÓN CARGA LABORAL Ahora bien, toda vez que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, fue recibida por el Secretario adscrito a este juzgado por encontrarse de guardia; en consecuencia, para compensar la carga laboral, se requiere al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla para que remita la boleta de turno que corresponda, tomando en consideración que la demanda que se proveyó se trata de alguno de los supuestos del artículo 22 constitucional, por lo que se ordena remitir copia autorizada de la demanda para los efectos administrativos correspondientes.

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