Micaela Sanchez Vélez

Expediente 524/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
524/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Micaela Sanchez Vélez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (depura) Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos la razón signada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente al tercero interesado la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el presente asunto, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la sentencia de mérito, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFCAR A LA PARTE TERCERA INTERESADA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Micaela Sánchez Vélez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad Acto reclamado. ".el auto de fecha VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2020mediante el cual se decreta EL APERCIBIMIENTO DE ARRESTO POR SEIS HORAS" SEGUNDO. El diez de agosto de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 524/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: El apercibimiento de arresto por seis horas decretado mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio TJA/2/15/16. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de constancias que integran el expediente TJA/2/15/16; documental que por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa, toda vez que este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, advierte que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de garantías. El suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La causal de improcedencia prevista en la fracción transcrita, establece que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo tales consideraciones, de las copias certificadas del juicio administrativo de origen, se advierte lo siguiente: El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable declaró la nulidad del procedimiento administrativo UAI/127-I/12-12, por lo que se le concedió el término de diez días a la autoridad demandada para acatar el aludido fallo. No obstante los diversos requerimientos y medidas de apremio hechas efectivas, las autoridades demandadas continuaron con una actitud contumaz, por lo que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, se apercibió con imponer a Micaela Sánchez Velez, en su carácter de síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, un arresto por seis horas, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Determinación que corresponde al acto reclamado. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, la Sala responsable, ante la contumacia de las autoridades demandadas, hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que impuso a la quejosa un arresto por seis horas. De lo antes expuesto se colige que, efectivamente, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, fue dictado en un juicio administrativo, el cual se encuentra en la etapa de ejecución y con la emisión del acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, ha cambiado la situación jurídica en la que se encontraba la quejosa por virtud del acto reclamado en el presente juicio, pues si bien en el presente juicio se reclamaba el apercibimiento realizado por la responsable respecto de la imposición de una medida de apremio para lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad, tal medida de apremio ya fue impuesta ante la conducta contumaz de la aquí quejosa. En consecuencia, ha operado un cambio de situación jurídica, que impide analizar los argumentos tendientes a combatir la inconstitucionalidad del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte; pues esto afectaría la nueva situación jurídica que creó el acuerdo de seis de agosto del mismo año, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo. En efecto, no se puede analizar la inconstitucionalidad del acto reclamado en este juicio, sin afectar la nueva situación, debido a que se ha dado una situación jurídica diferente de la que se encontraba con anterioridad el justiciable, esto es así, pues en tal acto hizo efectivo el apercibimiento, lo que hace imposible resolver sobre la legalidad del mismo, sin afectar la nueva situación jurídica existente, lo que provoca la improcedencia del juicio. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis aislada 2 CXI/96, de la página 219, de la Novena Época, con registro 199808, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, materia común, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Así como por los argumentos que sustentan la jurisprudencia XIII.2 J/6, de la página 1076, de la Novena Época, con registro 186903, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, que señala: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI DURANTE SU SUSTANCIACIÓN SE EMITIÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es inexacto que el Juez Federal deba abordar el estudio de las posibles violaciones cometidas en la orden de aprehensión, cuando no se dan los supuestos previstos en la segunda parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, siendo su redacción actual, conforme a la reforma por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la siguiente: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. ..."; de ahí que, excluidas de dicho apartado las violaciones al artículo 16 constitucional, esta segunda parte de la fracción y precepto legal aludidos no resulta aplicable, porque el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, regida por los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional; por tanto, no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener la orden de captura reclamada, ante el pronunciamiento del auto de formal prisión, porque tratándose de violaciones a dicho precepto constitucional, con el dictado de esta última resolución, sobreviene un cambio de situación jurídica de los indiciados, en términos de la primera parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio, como correctamente lo determinó el Juez Federal". En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además con los artículos 35, 73, 74 y 124, de la Ley de Amparo es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Micaela Sánchez Vélez, contra los actos atribuidos a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO: "R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Micaela Sánchez Vélez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad Acto reclamado. ".el auto de fecha VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2020mediante el cual se decreta EL APERCIBIMIENTO DE ARRESTO POR SEIS HORAS" SEGUNDO. El diez de agosto de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 524/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: El apercibimiento de arresto por seis horas decretado mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio TJA/2/15/16. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de constancias que integran el expediente TJA/2/15/16; documental que por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa, toda vez que este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, advierte que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de garantías. El suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La causal de improcedencia prevista en la fracción transcrita, establece que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo tales consideraciones, de las copias certificadas del juicio administrativo de origen, se advierte lo siguiente: El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable declaró la nulidad del procedimiento administrativo UAI/127-I/12-12, por lo que se le concedió el término de diez días a la autoridad demandada para acatar el aludido fallo. No obstante los diversos requerimientos y medidas de apremio hechas efectivas, las autoridades demandadas continuaron con una actitud contumaz, por lo que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, se apercibió con imponer a Micaela Sánchez Velez, en su carácter de síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, un arresto por seis horas, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Determinación que corresponde al acto reclamado. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, la Sala responsable, ante la contumacia de las autoridades demandadas, hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que impuso a la quejosa un arresto por seis horas. De lo antes expuesto se colige que, efectivamente, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, fue dictado en un juicio administrativo, el cual se encuentra en la etapa de ejecución y con la emisión del acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, ha cambiado la situación jurídica en la que se encontraba la quejosa por virtud del acto reclamado en el presente juicio, pues si bien en el presente juicio se reclamaba el apercibimiento realizado por la responsable respecto de la imposición de una medida de apremio para lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad, tal medida de apremio ya fue impuesta ante la conducta contumaz de la aquí quejosa. En consecuencia, ha operado un cambio de situación jurídica, que impide analizar los argumentos tendientes a combatir la inconstitucionalidad del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte; pues esto afectaría la nueva situación jurídica que creó el acuerdo de seis de agosto del mismo año, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo. En efecto, no se puede analizar la inconstitucionalidad del acto reclamado en este juicio, sin afectar la nueva situación, debido a que se ha dado una situación jurídica diferente de la que se encontraba con anterioridad el justiciable, esto es así, pues en tal acto hizo efectivo el apercibimiento, lo que hace imposible resolver sobre la legalidad del mismo, sin afectar la nueva situación jurídica existente, lo que provoca la improcedencia del juicio. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis aislada 2 CXI/96, de la página 219, de la Novena Época, con registro 199808, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, materia común, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Así como por los argumentos que sustentan la jurisprudencia XIII.2 J/6, de la página 1076, de la Novena Época, con registro 186903, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, que señala: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI DURANTE SU SUSTANCIACIÓN SE EMITIÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es inexacto que el Juez Federal deba abordar el estudio de las posibles violaciones cometidas en la orden de aprehensión, cuando no se dan los supuestos previstos en la segunda parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, siendo su redacción actual, conforme a la reforma por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la siguiente: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. ..."; de ahí que, excluidas de dicho apartado las violaciones al artículo 16 constitucional, esta segunda parte de la fracción y precepto legal aludidos no resulta aplicable, porque el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, regida por los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional; por tanto, no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener la orden de captura reclamada, ante el pronunciamiento del auto de formal prisión, porque tratándose de violaciones a dicho precepto constitucional, con el dictado de esta última resolución, sobreviene un cambio de situación jurídica de los indiciados, en términos de la primera parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio, como correctamente lo determinó el Juez Federal". En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además con los artículos 35, 73, 74 y 124, de la Ley de Amparo es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Micaela Sánchez Vélez, contra los actos atribuidos a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Micaela Sánchez Vélez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad Acto reclamado. ".el auto de fecha VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2020mediante el cual se decreta EL APERCIBIMIENTO DE ARRESTO POR SEIS HORAS" SEGUNDO. El diez de agosto de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 524/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: El apercibimiento de arresto por seis horas decretado mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio TJA/2ª/15/16. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de constancias que integran el expediente TJA/2ª/15/16; documental que por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. Resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por la quejosa, toda vez que este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, advierte que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de garantías. El suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La causal de improcedencia prevista en la fracción transcrita, establece que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo tales consideraciones, de las copias certificadas del juicio administrativo de origen, se advierte lo siguiente: El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable declaró la nulidad del procedimiento administrativo UAI/127-I/12-12, por lo que se le concedió el término de diez días a la autoridad demandada para acatar el aludido fallo. No obstante los diversos requerimientos y medidas de apremio hechas efectivas, las autoridades demandadas continuaron con una actitud contumaz, por lo que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, se apercibió con imponer a Micaela Sánchez Velez, en su carácter de síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, un arresto por seis horas, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Determinación que corresponde al acto reclamado. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, la Sala responsable, ante la contumacia de las autoridades demandadas, hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que impuso a la quejosa un arresto por seis horas. De lo antes expuesto se colige que, efectivamente, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, fue dictado en un juicio administrativo, el cual se encuentra en la etapa de ejecución y con la emisión del acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, ha cambiado la situación jurídica en la que se encontraba la quejosa por virtud del acto reclamado en el presente juicio, pues si bien en el presente juicio se reclamaba el apercibimiento realizado por la responsable respecto de la imposición de una medida de apremio para lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad, tal medida de apremio ya fue impuesta ante la conducta contumaz de la aquí quejosa. En consecuencia, ha operado un cambio de situación jurídica, que impide analizar los argumentos tendientes a combatir la inconstitucionalidad del acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte; pues esto afectaría la nueva situación jurídica que creó el acuerdo de seis de agosto del mismo año, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo. En efecto, no se puede analizar la inconstitucionalidad del acto reclamado en este juicio, sin afectar la nueva situación, debido a que se ha dado una situación jurídica diferente de la que se encontraba con anterioridad el justiciable, esto es así, pues en tal acto hizo efectivo el apercibimiento, lo que hace imposible resolver sobre la legalidad del mismo, sin afectar la nueva situación jurídica existente, lo que provoca la improcedencia del juicio. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis aislada 2a. CXI/96, de la página 219, de la Novena Época, con registro 199808, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, materia común, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Así como por los argumentos que sustentan la jurisprudencia XIII.2o. J/6, de la página 1076, de la Novena Época, con registro 186903, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, que señala: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI DURANTE SU SUSTANCIACIÓN SE EMITIÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es inexacto que el Juez Federal deba abordar el estudio de las posibles violaciones cometidas en la orden de aprehensión, cuando no se dan los supuestos previstos en la segunda parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, siendo su redacción actual, conforme a la reforma por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la siguiente: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. ..."; de ahí que, excluidas de dicho apartado las violaciones al artículo 16 constitucional, esta segunda parte de la fracción y precepto legal aludidos no resulta aplicable, porque el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, regida por los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional; por tanto, no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener la orden de captura reclamada, ante el pronunciamiento del auto de formal prisión, porque tratándose de violaciones a dicho precepto constitucional, con el dictado de esta última resolución, sobreviene un cambio de situación jurídica de los indiciados, en términos de la primera parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio, como correctamente lo determinó el Juez Federal". En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además con los artículos 35, 73, 74 y 124, de la Ley de Amparo es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Micaela Sánchez Vélez, contra los actos atribuidos a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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