Micaela Bocanegra Rodríguez
Expediente 652/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Micaela Bocanegra Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 19 del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 652/2023, promovido por ********************apoderada de ******************** contra actos de Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad., y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************apoderada de ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. La omisión de acordar y notificar la promoción presentada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, registrada con el folio ********************, dentro del expediente laboral ******************** Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 652/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de acordar la promoción presentada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, registrada con el folio ********************, dentro del expediente laboral ********************; así como la notificación del acuerdo que recaiga. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y al actuario adscrito al mismo, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, dentro del expediente laboral ********************, emitió una determinación que fue notificada personalmente a la parte actora, aquí quejosa, el seis de junio de este año y a la parte demandada el doce de junio de la misma anualidad. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto reclamado por la parte quejosa se traduce en la omisión de acordar la promoción presentada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, registrada bajo el folio ********************, del índice de la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; esto, en el juicio laboral ********************; sin embargo, con la actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada; de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de abril de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".SEXTO. Efectos del amparo. En tales condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa ********************, para el efecto de que una vez que se notifique que la sentencia ha causado ejecutoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 192 de la Ley de Amparo, las autoridades municipales: Reintegren la cantidad relativa al concepto de derecho de alumbrado público contenida en los avisos recibo ******************** a nombre de la parte quejosa, por el periodo del treinta de junio al treinta y uno de julio de dos mil veinte, que corresponden a las cantidades de: ( ********************( ******************** ( ********************( $********************( ******************** ( ********************". Resolución de amparo que fue impugnada mediante recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, el cual, se resolvió por ejecutoria pronunciada en sesión del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el recurso de revisión administrativa R.A.(P) 367/2022, en la que la Superioridad determinó: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ******************** respecto del acto y autoridades precisados en el primer resultando de la sentencia recurrida, por las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho destacados en el quinto considerando de la misma." En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante escrito del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, informó el desglose de las cantidades a pagar por devolución del Derecho de Alumbrado Público, por cada uno de los servicios números ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, así como el total que corresponde a la suma de las cantidades relativas a cada servicio, por el período comprendido del treinta de junio de dos mil veinte al treinta y uno de julio de dos mil veinte, que equivale a la cantidad de ********************, con la indicación que la cantidad de ******************** que corresponde al servicio ********************, sería pagada en dos parcialidades de ********************En relación a lo anterior, mediante escrito del once de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, informó que se expidieron a favor de la parte quejosa los cheques números ********************y********************, el tres de enero de dos mil veintitrés, por la Institución de Crédito BANORTE, mismos que amparan las cantidades de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************las cuales sumadas dan la cantidad total de ********************, exhibiendo copia certificada de los mismos. En diverso escrito del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Tesorero responsable, remitió copia certificada de los cheques números ********************expedidos el tres de enero de dos mil veintitrés, por la Institución de Crédito BANORTE, en los que consta el acuse de recibo con firma autógrafa del apoderado legal de la persona moral quejosa, con fecha trece de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, en escrito del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el tesorero responsable, remitió copia certificada de los cheques números ********************y********************, expedidos el tres de enero de dos mil veintitrés, por la Institución de Crédito BANORTE, en los que consta el acuse de recibo con firma autógrafa del apoderado legal de la persona moral quejosa, con fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Y ante la manifestación de la parte quejosa mediante escrito del tres de febrero de esta anualidad, en el sentido de que de la cantidad devuelta de ********************, que abarca el período de consumo de Derecho de Alumbrado Público del treinta de junio al treinta y uno de julio de dos mil veinte, existe una diferencia pendiente de devolver por la cantidad de ********************; la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante escrito del veintinueve de marzo del dos mil veintitrés, exhibió copia certificada de la comparecencia de esa misma fecha, donde hace constar que compareció el apoderado legal de la persona moral quejosa, a recibir en efectivo la cantidad que constituye la diferencia precisada en líneas anteriores. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar lo siguiente: La autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante escrito del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, informó el desglose de las cantidades a pagar por devolución del Derecho de Alumbrado Público, por cada uno de los servicios números ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, así como el total que corresponde a la suma de las cantidades relativas a cada servicio, por el período comprendido del treinta de junio de dos mil veinte al treinta y uno de julio de dos mil veinte, que equivale a la cantidad de ********************, con la indicación que la cantidad de ******************** que corresponde al servicio ********************, sería pagada en dos parcialidades de ********************En relación a lo anterior, mediante escrito del once de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, informó que se expidieron a favor de la parte quejosa los cheques números ********************y********************, el tres de enero de dos mil veintitrés, por la Institución de Crédito BANORTE, mismos que amparan las cantidades de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************las cuales sumadas dan la cantidad total de ********************, exhibiendo copia certificada de los mismos. En diverso escrito del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Tesorero responsable, remitió copia certificada de los cheques números ********************expedidos el tres de enero de dos mil veintitrés, por la Institución de Crédito BANORTE, en los que consta el acuse de recibo con firma autógrafa del apoderado legal de la persona moral quejosa, con fecha trece de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, en escrito del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el tesorero responsable, remitió copia certificada de los cheques números ********************y********************, expedidos el tres de enero de dos mil veintitrés, por la Institución de Crédito BANORTE, en los que consta el acuse de recibo con firma autógrafa del apoderado legal de la persona moral quejosa, con fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Y ante la manifestación de la parte quejosa mediante escrito del tres de febrero de esta anualidad, en el sentido de que de la cantidad devuelta de ********************, que abarca el período de consumo de Derecho de Alumbrado Público del treinta de junio al treinta y uno de julio de dos mil veinte, existe una diferencia pendiente de devolver por la cantidad de ********************; la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante escrito del veintinueve de marzo del dos mil veintitrés, exhibió copia certificada de la comparecencia de esa misma fecha, donde hace constar que compareció el apoderado legal de la persona moral quejosa, a recibir en efectivo la cantidad que constituye la diferencia precisada en líneas anteriores. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo a los números de servicio que aparece en la facturación electrónica ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, por el periodo comprendido treinta de junio al treinta y uno de julio de dos mil veinte, desprendiéndose que se pagó todo el período por la cantidad de ********************, con la actualización generada como lo indicó la responsable en escrito del veinticuatro de enero del dos mil veintitrés, y a su vez, devolvió la diferencia que estaba pendiente como lo adujo la parte quejosa en escrito del tres de febrero de esta anualidad, por la cantidad de ********************. En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2, se advierte y acreditó la responsable haber realizado la devolución del numerario relativo al Derecho de Alumbrado Público por un total de ********************, con la actualización generada como lo indicó la responsable en escrito del veinticuatro de enero del dos mil veintitrés, y a su vez, devolvió la diferencia que estaba pendiente como lo adujo la parte quejosa en escrito del tres de febrero de esta anualidad, por la cantidad de ********************. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y los números telefónicos que proporciona la autoridad responsable como medio extraordinarios de comunicación. Por último, con fundamento en el ordinal 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, siguiente a la notificación del presente proveído, remita en copia certificada de las constancias de notificación del auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral ******************** Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o bien de no manifestar su imposibilidad para ello, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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