Micaela Rivas Cuapantecatl

Expediente 1118/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1118/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Micaela Rivas Cuapantecatl

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Micaela Rivas Cuapantecatl, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1118/2022-III. Actos reclamados. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. 1. Se reclama la omisión de dar cumplimiento total a la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen 680/2018. Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. 1. Se reclama la omisión de tomar las medidas necesarias a efecto de garantizar el total cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen, y por ende, lograr la ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen 680/20218. 2. Así como, resolver el incidente de liquidación planteado por la parte actora del juicio administrativo 680/2018. Se decreta separación de juicios Por lo tanto, se estima necesario proceder a la separación de juicios, por las razones que enseguida se exponen: Los artículos 66 de la Ley de Amparo, 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo.-- La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero". "Artículo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental". La interpretación a contrario sentido de los citados preceptos, conduce a establecer que los autos que integran un juicio de amparo podrán separarse oficiosamente, cuando de ellos se advierta que se reclaman actos de distinta naturaleza y desvinculados entre sí, aunque se trate del mismo quejoso. Lo anterior, tiene su razón de ser en la facilidad que representa el manejo y resolución de asuntos en los que se controviertan actos u omisiones e incluso leyes aplicadas en distintos ámbitos territoriales o de distinta naturaleza, lo cual se refleja al proveer acerca del cumplimiento de fallos en los que se haya otorgado el amparo, pues los requerimientos destinados a ese fin, y el posterior pronunciamiento, versará sobre un sólo tema. En la especie la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Del Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. 1. La omisión de dar cumplimiento total a la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen 680/2018. Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. 1. La omisión de tomar las medidas necesarias a efecto de garantizar el total cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen, y por ende, lograr la ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen 680/20218. 2. Así como, resolver el incidente de liquidación planteado por la parte actora del juicio administrativo 680/2018. Con base en lo anterior, se estima que tales actos se encuentran desvinculados entre sí; por tanto, los mismos tienen consecuencias evidentemente distintas; bajo ese contexto, resulta procedente la separación de juicios, respecto de dichos actos reclamados, a fin de que se analicen por separado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Por ello, es evidente que no se justifica el análisis de dichos actos reclamados en un solo juicio de amparo; en tales condiciones, se concluye que en el presente caso, es procedente la separación de juicios. Luego, el presente juicio de amparo 1118/2022-III, sólo deberá tramitarse en este Juzgado de Distrito respecto de la autoridad y acto reclamado consistentes en: Del Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. La omisión de dar cumplimiento total a la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen 680/2018. Se remiten copias para nuevo juicio de amparo. En vista de lo anterior, con apoyo en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 37, 107, 108, 115, 117, 118, y demás relativos de la Ley de Amparo, se ordena recabar copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a fin de remitirlas mediante oficio al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia común, para que conozca de los actos y autoridad siguientes: Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. 1. La omisión de tomar las medidas necesarias a efecto de garantizar el total cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen, y por ende, lograr la ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen 680/20218. 2. Así como, resolver el incidente de liquidación planteado por la parte actora del juicio administrativo 680/2018. Por lo anterior, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a fin de que por su conducto sea turnada al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, de acuerdo a su sistema de turno y conozca de los actos que reclama el impetrante contra la autoridad en la materia precisadas con antelación. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Cabe señalar que en similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 246/2021, derivado del juicio de amparo 778/2020, del índice de juzgado federal, constancias que se invocan válidamente como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de los criterios jurisprudenciales de rubros "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO". Se desecha demanda de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Al respecto, la parte quejosa reclama: La omisión de dar cumplimiento total a la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen 680/2018, que se atribuye al Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala. En esa óptica, este juzgado de Distrito advierte que opera una causa de improcedencia, con relación al acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento total a la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen 680/2018, atribuido al Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; en específico, la que surge de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los preceptos en comento, se tiene que la procedencia del amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, o en su caso de un particular que realice actos equivalentes susceptibles de equiparar. En efecto, se pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, tal como se desprende del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo al establecerla respecto de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese aspecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que, la autoridad es todo aquel ente público o particular, que ejerce facultades decisorias que le confiere la ley, y por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sobre el particular, es oportuno citar la Jurisprudencia P. XXVII/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero 1997, Novena Época, visible en la página 118, cuyo contenido es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, para concebir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación de que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de ese tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público, que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. Cobra aplicación a lo antes expuesto la tesis aislada 2ª.XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo 1999, Novena Época, visible en la página 307, cuyo rubro y texto es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Sentado lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y, el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, dotado de imperio. Por lo cual, se tiene como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado, por estar dotado de imperio. Lo antes definido tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, visible en la página 1089, Registro: 161133, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Como puede observarse de los referidos criterios, para determinar si la autoridad demandada en un juicio con el carácter de patrón y condenada al pago de diversas prestaciones, al omitir dar cumplimiento al fallo en forma voluntaria, es o no autoridad para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país consideró: 1. No es autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando el marco jurídico que rige el procedimiento prevea un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas o bien la imposición de multas o medidas de apremio, como en la especie se prevé en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, como se verá enseguida. Así, el incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan. 2. Sí es autoridad para efectos del amparo, cuando la legislación aplicable prohíba obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en favor del trabajador. En esas circunstancias, para poder determinar si la omisión del Ayuntamiento del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, es acto o no de autoridad para efectos del amparo, se debe traer a colación el marco jurídico aplicable en la ejecución del laudo emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. En el caso, la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en sus artículos 139 al 143, disponen: "Artículo 139. Los actos y acuerdos de las autoridades a que se refiere esta Ley y del Tribunal de Justicia Administrativa son inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto para el caso de la interposición de un recurso que suspenda la ejecución de un acto. Artículo 140. Las autoridades administrativas, a través de sus órganos competentes, puede proceder a la ejecución coactiva de los actos administrativos, previo apercibimiento. Artículo 141. La ejecución forzosa por la administración se efectúa por los siguientes medios: I. Embargo; II. Ejecución subsidiaria, y III. Multa. Artículo 142. Si en virtud de un acto administrativo se obliga a pagar en cantidad líquida, se debe seguir el procedimiento establecido en la legislación hacendaria del Estado. Artículo 143. Tiene lugar la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso la administración realizará el acto por si o a través de las personas que determine a costa del obligado. El importe de los gastos y perjuicios se debe exigir del modo dispuesto en el Artículo anterior." Conforme a los citados artículos, se puede apreciar que la sala administrativa cuenta con esa amplia gama de instrumentos legales para lograr su ejecución. Ello es así, ya que la ley aplicable del Estado de Tlaxcala establece un procedimiento específico para dar ejecución a las sentencias emitidas que a saber es: a) Dictar un auto de requerimiento de pago con apercibimiento de ejecución forzosa; b) Dictar un acuerdo de requerimiento y embargo; c) Si la enjuiciada se niega al pago de prestaciones, se procederá a embargar bienes (excepto los indispensables para prestar los servicios públicos a que está obligado); y, d) Para el eficaz cumplimiento de la sentencia, la autoridad administrativa puede imponer a la demandada multas reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo ordenado. En consecuencia, atendiendo la legislación del Estado de Tlaxcala, la autoridad cuenta con una serie de instrumentos procesales para cumplir la sentencia, ya que debe requerir el pago de las prestaciones a que fue condenado; y de no lograr el cumplimiento voluntario, puede llegarse a su forzoso acatamiento a través de la orden y ejecución del embargo de bienes (con excepción de los indispensables para prestar los servicios públicos); además, también el incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de multas reiteradas. Tales circunstancias conlleva, en sí mismo, a que la falta de cumplimiento de la sentencia y planillas de liquidación por parte de las demandadas, no se reconozcan como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, es evidente que la sala administrativa responsable cuenta con una gama de instrumentos legales contra el Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, para lograr el cumplimiento y la ejecución de su resolución; y por consiguiente, la actuación de esta autoridad sigue manteniéndose dentro de una relación de coordinación, porque a ella fue a quien el quejoso le demandó el cumplimiento de ejecución de laudo. De ahí que si, en el caso concreto, el origen de la relación entre el Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, y la hoy quejosa, dimana de una relación procesal, que constituye derechos y obligaciones recíprocos, esto es, en un plano de igualdad; más no es de supra a subordinación, sin que tal relación se altere en la etapa de ejecución de sentencia; consecuentemente, para los efectos del presente juicio de amparo, dicha entidad - Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala- no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestidos sus actos de unilateralidad y obligatoriedad. En tal virtud, al existir la posibilidad de que la parte quejosa Micaela Rivas Cuapantecatl, logre mediante la vía ordinaria las pretensiones que reclamó en el juicio en que se dictó laudo a su favor, da lugar a estimar que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido como ya se dijo a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de aquéllos. Las consideraciones expuestas encuentran sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por tanto, la omisión por parte del Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo(. Consecuentemente, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Micaela Rivas Cuapantecatl, en atención a las razones expuestas. Lo anterior se corrobora, con el criterio sustentado en el amparo en revisión laboral 224/2021, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, derivado del juicio de amparo indirecto 488/2021, correspondiente a la sesión celebrada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ismael Gerardo Juárez Ventura e Ismael Juárez Romero, toda vez que cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales; y a las restantes personas únicamente para oír y recibir notificaciones, dado que no tienen registrada su cédula en el referido sistema. Señala correo electrónico. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico que indica, el cual en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Se autoriza usuario para notificación y consulta de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "Javier Herrera", toda vez que se encuentra registrada, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar lo conducente para la consulta del expediente electrónico. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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