Micaela Nava Tepato

Expediente 584/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
584/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Micaela Nava Tepato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se determinó negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, el tomo de prueba que se formó con la causa judicial 103/2021, así como los registros de audio y video -DVD-; que acompañó a su informe. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Razones actuariales. Agréguense a los autos, las razones actuariales de cuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, hace constar la imposibilidad de realizar la notificación de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós a los terceros interesados 1) Eva Nava Tepatato; así como a los asesores jurídicos 2) Brenda Sánchez Sánchez y 3) Germain Pintor Padilla, en virtud de que su domicilio se encuentra fuera de la zona metropolitana donde se encuentra este órgano jurisdiccional. Efectivo apercibimiento se ordena notificar por lista a terceros interesados. Ahora, visto el estado que guardan los autos y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que los terceros interesados no dieron cumplimiento a los requerimientos formulados en proveídos de trece de julio y cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que los terceros interesados no dieron cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente, así como la de la sentencia de treinta y uno de este año y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese y por lista a los terceros interesados la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós.RESOLUCIÓN DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS:} ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Micaela Nava Tepato, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de febrero de dos mil veintidós Quejosa solicita Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual solicita se resuelva el presente juicio de amparo, toda vez que el Juez Quinto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en el Estado de Tlaxcala, señaló fecha para el desahogo de la audiencia intermedia, dentro de la causa judicial 103/2021, la cual se encuentra relacionada con el presente asunto; atento a lo anterior, dígase a la parte pormovente que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós se dictó sentencia en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 584/2021-VIII, promovido por Micaela Nava Tepato, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito recibido el doce de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Micaela Nava Tepato, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA JUEZA SEXTO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL 103/2021-VI,. IV. ACTO RECLAMADO: De la JUEZA SEXTO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL 103/2021-VI. Reclamo el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO pronunciado el día CINCO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO; que se me viene instruyendo supuestamente, por la comisión del delito robo, cometido en agravio de EVA NAVA TEPATO". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violó en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relataron los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, de dicha demanda tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, la radicó bajo el número 584/2021-VIII, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete y señaló fecha para la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo el siete de octubre de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos dentro de un juicio, en específico, el auto de vinculación a proceso cuyos efectos son de imposible reparación y se emitió dentro de un procedimiento de primera instancia penal del índice de una autoridad con residencia en esta ciudad, cuya ejecución se lleva a cabo en la misma en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias que integran el presente juicio de amparo, causa penal 103/2021 de origen, las cuales son un documento público, a las que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: De la Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer: El auto de vinculación a proceso dictado el cinco de julio de dos mil veintiuno, por el hecho que la ley señalada como robo, previsto y sancionado por los artículos 321, 324 del Código Penal en el Estado de Tlaxcala, en victimización de Eva Nava Tepato, en la causa judicial 103/2021. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, toda vez que al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reclaman, por lo que se tienen por ciertos. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que corrobora con las copias auténticas de la causa penal 103/2021, así como el registro de audio y video de las audiencias celebradas el veintinueve de junio y cinco de julio de dos mil veintiuno, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Igual consideración debe hacerse en cuanto al disco óptico en formato de videograbación (DVD), remitido por la autoridad señalada como responsable ordenadora, ya que éste es considerado como prueba documental pública y se tiene por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que señala: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Oportunidad. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Al respecto, debe indicarse que la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno se le notificó a la quejosa en audiencia de esa misma fecha; actuación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 fracción I, 18 y 22 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de amparo inició del siete al veintisiete de julio de dos mil veintiuno, tomando en consideración que los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de julio de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos fueron inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la demanda de amparo se presentó el doce de julio de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, tal y como se demuestra en el siguiente calendario: JULIO DE 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Día inhábil 1 2 3 Día inhábil 4 Día inhábil 5 Notificación de auto de vinculación 6 Surte efectos 7 Inicia computo 8 9 10 Día inhábil 11 Día inhábil 12 Presentación demanda 13 14 15 16 17 Día inhábil 18 Día inhábil 19 20 21 22 23 24 Día inhábil 25 Día inhábil 26 27 Fenece término 28 29 30 31 QUINTO. Causas de improcedencia Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En tal virtud, se analizaron las constancias de autos, y de las mismas no se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer; por lo que, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación hecho valer. Consideraciones previas. a) En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un proceso penal donde la parte quejosa tiene el carácter de imputado; sin embargo, dicha figura sólo se aplicará siempre y cuando se le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concedérsele el amparo, por lo que no procede analizar el acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiarlo, lo perjudica o no le reporta utilidad alguna . b) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2010, determinó que el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, está obligado a considerar todos los argumentos formulados por éste y su defensor en la demanda de amparo o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron a la responsable, a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo que le hubiere otorgado a los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa; supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal; esta suplencia se torna absoluta, aún ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales; lo anterior, desde luego, sin subrogarse en el papel de defensor; dicho criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a) , de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESION DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AÚN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE". c) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2010, determinó que la interpretación armónica del principio de contradicción con la institución de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, contenida en el ordinal 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que ambos procuran proteger ampliamente y apartándose de formalismos, los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, por cuyo motivo, tratándose de la materia penal, la suplencia se da aun en el caso de no haberse expresado conceptos de violación o agravios por el imputado, pues el órgano de control constitucional puede suplir no sólo su deficiente formulación, sino su total ausencia, pudiendo, por ello, el imputado y su defensor, a través del juicio de amparo, impugnar el alcance probatorio que asignó la jueza de control o jueza de garantía a los datos de investigación que motivaron la formalización del procedimiento y a los datos aportados en su defensa y, en consecuencia, el dictado del auto de vinculación a proceso, expresando las razones por las que a su juicio fue indebida dicha valoración; de estimar lo contrario, se vulneraría su derecho a una defensa adecuada contenido en la fracción VIII del apartado B, del artículo 20 constitucional; dicho criterio fue sintetizado en la tesis 1a. CCL/2011 (9a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 290, de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE". d) El criterio adoptado en esta resolución atenderá también a los postulados de protección de los derechos humanos que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 1°, el cual establece que en la interpretación de las normas se favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro persona); lo que es acorde con los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto San José de Costa Rica" . e) Lo anterior no significa que necesariamente deba realizarse un control de convencionalidad de todas las normas y actos de autoridad que se adviertan dentro del expediente, ni hacer referencia obligada a disposiciones de fuente internacional, sino sólo cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 69/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 555, titulada: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES". f) De conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparece probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni tomarán en consideración los datos de prueba que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, dado que las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente y, con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Lo anterior de conformidad con la tesis 1a. CCLI/2011 (9a.), titulada: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE". Salvo que se trate de pruebas supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos cometidas durante la etapa de investigación realizada por el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la tesis 1a. CCIV/2014 (10a.), titulada: "DERECHOS HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". En el caso, la parte quejosa expone como motivos de disenso, esencialmente, los siguientes: Primeramente, después de exponer los derechos establecidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, establecidos en el artículo 19 constitucional, indicó que no se encuentra probado el cuerpo del delito de robo. Consideró, que en la carpeta de investigación de la que derivó la formulación de imputación, no obra denuncia por parte del agraviado Rubén García Nava, quien es el propietario del teléfono celular afecto, por lo que no se debió ejercer acción penal. Señala que la exhibición de la copia digital de la compra del teléfono, de uno de junio de dos mil diecisiete, con un costo de quince mil trescientos noventa y nueve pesos, pagado ab través de MX-Credit-Card, con número de orden 5305990914230, no demuestra la propiedad que dice tener Eva Nava Tepato. Considera que debió acreditar con un dato de prueba fehaciente, es decir, con testigos de preexistencia, la compra venta de treinta de abril de dos mil dieciocho, donde realizó el pago de la cantidad de trece mil pesos a su hijo Rubén García Nava por la compra del teléfono o, en su defecto, debió tener un endoso al reverso de la copia digital de la compra en línea a través de Cotsco México. Por otro lado, estima la parte quejosa que la autoridad responsable omite totalmente analizar que las declaraciones de María del Pilar Nava Tepato, Sonia Nava Tepato y Vanny Karole Pérez Nava, son coincidentes, lo que genera sospecha fundada de que ha sido testigos preparados, además de que no les consta en forma directa los hechos a que se refieren, por lo que dejan dudas y reticencias. Asimismo, considera que se agregaron hechos y circunstancias que no mencionó la pasivo, por lo que se considera que fueron aleccionados pues las entrevistas fueron uniformes en la esencia de los hechos relacionados con la conducta que dicen desplegó la imputada, incluyendo puntos y comas, lo que hace inverosímil la mecánica de los hechos imputados. Por otro lado, señala que las testigos María del Pilar Nava Tepato y Vanny Karole Pérez Nava, refieren que Eva Nava Tepato le compró el celular a su hijo Rubén García Nava el treinta de abril de dos mil diecinueve, mientras que ella refiere que lo compró el treinta de abril de dos mil. Con base en lo anterior, considera que no se encuentran acreditado el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, pues únicamente existe una entrevista de la víctima y la de las testigos con las deficiencias apuntadas. Dichos motivos de disenso, son infundados, lo que a continuación se justifica. En primer término, resulta pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en los términos siguientes: a. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: b. La publicidad es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; ésta sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. c. La contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. d. La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. e. La continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso. f. La inmediación implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. g. Los objetivos del Sistema Penal Acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune, lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. h. Se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. i. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. j. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. k. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. l. Por ende, cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos de prueba, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. m. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del reformado artículo 20, constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas e incorporadas en la audiencia de juicio. Por otro lado, los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso se encuentran establecidos en el artículo 19 constitucional, así como los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los lineamientos a que deben sujetarse los juzgadores para emitir una resolución de tal naturaleza. Los preceptos señalados establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Ahora bien, de las disposiciones transcritas, podemos advertir que, encontrándose en aptitud de resolver la situación jurídica del imputado, para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben cumplir con los requisitos consistentes en: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Se debe expresar analizar si existen datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho delictuoso y exista la probabilidad que participó en su comisión, expresándose el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Asimismo, se debe verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 317 del último ordenamiento jurídico. Bajo esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que se haya formulado imputación; que el activo haya rendido su declaración (o ejercido su derecho a no hacerlo); y que se desprendan datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho delictuoso y exista la probabilidad que participó en su comisión; siempre que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En este sentido, se debe precisar que los argumentos donde la parte quejosa señala se debió acreditar el cuerpo del delito de robo y la probable responsabilidad de la imputada, deben considerarse infundados, pues dichos requisitos no se requieren para el dictado de un auto de vinculación a proceso; no obstante, se verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en el párrafo que antecede. A manera de antecedentes se debe precisar que la audiencia inicial se desarrolló de la siguiente forma: Según se advierte del disco óptico relativo a la audiencia de formulación de imputación, la misma se llevó a cabo el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Después de haberse iniciado la audiencia, se hizo constar la presencia de las partes. Asimismo, en el acto el juez preguntó a la imputada si le habían hecho saber sus derechos, contestando de manera afirmativa. Luego, en uso de la voz la fiscal del Ministerio Público informó a la imputada los hechos por los que se les estaba investigando, la calificación jurídica preliminar, la forma de participación y las personas que declararon en su contra. Acto continuo se cuestionó a la imputada si entendió los hechos que se le atribuyen, quien contestó en sentido afirmativo; luego, se le reiteró el derecho que tiene de declarar o no hacerlo, en relación a la recriminación efectuada en su contra, por lo que, después de haber platicado con su defensor, se acogió al derecho de no declarar. Seguidamente, ante la pregunta de la responsable si existía alguna petición, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de la imputada. En uso de la palabra el Agente del Ministerio Público solicitó se dictara auto de vinculación a proceso contra la aquí quejosa, por su probable participación en la comisión del delito de robo, previsto y sancionado por los artículos 321, 322 y 323, fracción III, del Código Penal del Estado de Tlaxcala, por los hechos materia de imputación, haciendo saber los datos de prueba con los cuales consideraba se establecía el hecho considerado como delito y la probabilidad de que la imputada participó en su comisión. Seguidamente, se le explicó el derecho que tenían de ofrecer pruebas y de determinar si quería que su situación jurídica se resolviera en ese momento o dentro de las setenta y dos horas siguientes o el término ampliado; por lo que, después de platicar con su defensor el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica en el término ampliado. Consecuentemente, se fijó la continuación de la audiencia para el día cinco de julio de dos mil veintiuno, en la cual, la imputada no ofreció pruebas, no obstante, la defensa realizó diversos alegatos contra el alcance y suficiencia de los datos de prueba. Luego, el Fiscal replicó las manifestaciones de la defensa, al igual que el asesor jurídico de la víctima, ejerciendo todas las partes su derecho de contrarréplica. En último lugar la Juez de Control resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, dictando auto de vinculación a proceso. Se debe indicar que, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, se acreditan los dos primeros requisitos formales para el dictado de un auto de vinculación a proceso, pues la representación social formuló imputación en contra de la aquí quejosa, atribuyéndole hechos que a su parecer actualizan el ilícito de robo, previsto y sancionado por los artículos 321, 322 y 323, fracción III, del Código Penal del Estado de Tlaxcala; dichos hechos los hizo consistir, esencialmente, en los siguientes: "Señora Micaela Nava Tepato, esta representación social hace de su conocimiento que se sigue una investigación en su contra toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos: que el día 30 de mayo del año 2020 al ser aproximadamente las 17 horas con 30 minutos la víctima de nombre Eva Nava Tepato, se encontraba en su terreno denominado la arena o Atenco ubicado entre la calle Hidalgo y esquina Calle Nueva municipio, de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, realizando actividades de labor observando como trabajaba un señor en la máquina de trascabo mismo que fue contratado por la víctima para remover escombro de su terreno en mención, cuando en ese momento llega usted señora Micaela Nava Tepato, quien le dijo al señor del trascabo que dejara de trabajar o lo hacía responsable si algo le pasaba, acto seguido la señora Eva Nava Tepato, sacó su teléfono celular marca Apple, iPhone 7, color negro, de 32 GB, número 637 157, con número telefónico 22 24 64 82 42, para efecto de grabar lo sucedido en trasladar al operador de dicho trascabo por lo sucedido, sin embargo, en este momento usted señora Micaela Nava Tepato se acercó a la víctima dándole un manotazo con la mano izquierda y con la mano derecha le arrebata su teléfono celular ya mencionado, por lo que que la víctima le pide que le devuelva su teléfono pero usted señora Micaela Nava Tepato corrió y abordó una camioneta color vino, argumentando que no le iba a devolver nada, sin que hasta la fecha actual usted haya entregado a la víctima su teléfono de referencia, es decir, el teléfono celular marca Apple, iPhone número 7, color negro, de 32 GB, número 637 157, con número telefónico 22 24 64 82 42, como resultado de esta acción se tradujo en la afectación del bien jurídico tutelado, por el tipo penal de robo, siendo éste el patrimonio, hechos que a consideración de esta autoridad tiene clasificación jurídica como el delito de robo conforme a lo establecido por los artículos 321, 322, y 323, fracción III, del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala, ilícito para el cual se realizó movimiento voluntario positivo de hacer cuya conducta es de consumación instantánea, lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 16, fracción I, 17 fracción I, 18 párrafo primero, del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala, atribuyéndole su participación de manera individual en término de lo establecido por el artículo 21, fracción I, del Código Penal en vigor. Asimismo le hago saber que la persona que depone en su contra hasta este momento en la investigación es la señora Eva Nava Tepato, en su calidad de víctima, María del Pilar Nava Tepato, Vanny Karole Pérez Nava, Sonia Nava Tepato, como testigos." También, se precisa que en el número telefónico indicado, al final lo correcto es "43" y no "42". Asimismo, como se dejó asentado en líneas que anteceden, se brindó a la imputada la oportunidad de declarar, sin embargo, ejerció su derecho a no hacerlo. Por otro lado, a efecto de verificar si se cumple con el tercer requisito, primeramente se debe precisar que este juzgador no puede analizar de manera directa si existen datos de prueba que indiquen indicios razonados de hechos que constituyan el ilícito y que los imputados los cometieron o participaron en su comisión, ya que el análisis de dichos requisitos está limitado al estudio que se realice respecto de las consideraciones expuestas por la responsable al dictar el auto de vinculación a proceso y tener por acreditados dichos requisitos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.), de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, con número de registro 2022178, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Debe señalarse que conforme al artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el proceso penal existen los datos de prueba, medios de prueba y prueba. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez. En tanto que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Asimismo, se denomina prueba, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al juez como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta. Para ser admisibles los datos o medios de prueba deberán ser idóneos, o sea que la prueba sea apropiada para demostrar hechos; pertinentes, es decir, que acreditan hechos que tienen relevancia para un proceso concreto; útiles para esclarecer los hechos en conjunto con otros, esto es, que contribuyen a la investigación de los hechos, y suficientes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De ahí que, para dictar la vinculación a proceso, la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues el estándar probatorio es menor y el hecho delictuoso no debe entenderse como un anticipo de la tipicidad en esta etapa procesal. Es decir, el juez sólo debe atender al hecho ilícito, el cual no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad en esta etapa, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. Lo anterior, en virtud de que la etapa preliminar o de investigación del nuevo esquema de juicios orales, tiene como objeto determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, ubicada en publicación semanal, viernes 04 de agosto de 2017, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones ´comprobar´ por ´establecer´ y ´cuerpo del delito´ por ´hecho que la ley señala como delito´, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de ´pruebas´ ni se exige ´comprobar´ que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado ´cuerpo del delito´, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." De ahí que, el juzgador de control no se encuentra obligado a precisar los elementos objetivos, normativos y sustantivos del hecho ilícito. Apuntado lo anterior, se debe recordar que la representación social imputó a la aquí quejosa hechos que a su parecer actualiza el delito de robo, previsto y sancionado por los artículos 321, 322 y 323, fracción III, del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Asimismo, resulta importante asentar que la representación social, para tener por acreditado el hecho con las características de ese delito y la probable participación o intervención de los imputados, hizo la siguiente exposición: "Con fundamento en lo establecido en el artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita a usted dictar auto de vinculación a proceso a Micaela Nava Tepato, en virtud de que esta autoridad cuenta con datos de pruebas suficientes que acreditan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de robo cometido en agravio de Eva Nava Tepato y que existe la probabilidad de que la hoy imputada lo cometió ya que el día 30 de mayo del año 2020, aproximadamente a las 17 horas con 30, minutos la víctima de nombre Eva Nava Tepato se encontraba en su terreno denominado la arena y/o Atenco, ubicado entre la calle Hidalgo y esquina Calle Nueva, municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, realizando actividades de labor; asimismo, observando como trabajaba un señor en la máquina de trascabo mismo que fue contratado por la víctima para remover escombros de su terreno en mención, cuando en este momento llegó la imputada de nombre Micaela Nava Tepato, quién le dijo al señor de trascabo que dejara de trabajar o lo hacía responsable si algo le pasaba. Acto seguido la señora Eva Nava Tepato, sacó su teléfono celular marca Apple, iPhone 7, color negro, de 32 GB, número 637 157, con número telefónico 22 24 64 82 43, para efecto de grabar lo sucedido en trasladar al operador de dicho trascabo por lo sucedido, sin embargo, en este momento usted señora Micaela Nava Tepato se acercó a la víctima dándole un manotazo con la mano izquierda y con la mano derecha le arrebata su teléfono celular ya descrito, apoderándose en ese momento del teléfono de la víctima sin su consentimiento, por consiguiente la víctima le pide que le devuelva su teléfono, pero la imputada corrió y abordó una camioneta color vino, argumentando que no lo iba a devolver nada, saliendo así de la esfera del poder de la víctima, sin que hasta la fecha actual la imputada entregara a la víctima su teléfono de referencia. Hechos que tienen soporte con los siguientes datos de prueba que a continuación se señalan: Una denuncia de Eva Nava Tepato de fecha 30 de mayo del año 2020, en la cual manifiesta lo siguiente: comparezco ante esta representación social para manifestar que el día de hoy 30 de mayo del año 2020, al ser aproximadamente las 17 horas con 30 minutos, me encontraba en mi terreno denominado la arena, ubicado en San Juan Huactzinco, Tlaxcala, realizando actividades de labor y viendo como trabajaba el señor en la máquina el cual no recuerdo su nombre, que se contrató para remover escombro en el terreno, cuando llegó mi hermana de nombre Micaela Nava Tepato y le dijo al señor dejé de trabajar porque de lo que me pase usted se hace responsable, por lo que tomé mi teléfono marca iPhone 7 color negro con número telefónico 22 2464 8243, siendo lo único que recuerdo por el momento, posteriormente proporcionaré demás datos necesarios grabar a mi hermana para tener una prueba de que si le llegara a pasar algo, ella misma se lo había provocado y con el propósito de no culpar al señor que maneja la máquina después mi hermana se acercó a mí y me da un manotazo con la mano izquierda y con la mano derecha me arrebata mi celular, diciéndole que me devolviera mi celular, que para que me lo quitó, y después corrió por lo que fui detrás de ella para que me devolviera mi teléfono celular y alcanzarla, se subió una camioneta color vino del lado del copiloto y de piloto el señor Jaime Cruz Cervantes, diciéndole que me devolviera mi celular en repetidas ocasiones comentándole que tenía información, contestándome mira hija de la rechingada súbete, no te voy a dar nada, sin devolverme nada, haciendo mención que tengo información de la supervisión escolar de la cual necesito para el trabajo y que hago responsable por el mal uso que le den a la información es por tal motivo que venga presentar formal querella por hechos con apariencia de delito de robo cometido en mi victimización y en contra de Micaela Nava Tepato. Asimismo tenemos la entrevista a la testigo de nombre María del Pilar Nava Tepato, de 23 de junio del 2020 mediante el cual manifiesta lo siguiente: comparezco ante esta representación social a fin de manifestar que el día 30 de mayo del 2020, siendo aproximadamente las 17 horas, me encontraba en el predio denominado la arena ubicado en el municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, en compañía de mis hermanas de nombres Eva Nava Tepato, Sonia Nava Tepato, ya que mi hermana Eva Nava Tepato contrató una máquina mano de chango con la cual estaba removiendo un montón de piedra, el cual se encuentra dentro del terreno ya que lo iba a cambiar de lugar cuando en este momento llegó mi hermana Micaela Nava Tepato y se sube arriba del montón de piedra con la finalidad de detener el trabajo. Al mismo tiempo que le decía al conductor de la máquina que dejara de estar trabajando porque si algo le pasaba iba a ser responsabilidad del conductor de la máquina, por lo que el señor deja de trabajar, entonces mi hermana Micaela Nava Tepato se dirige con mi hermana Eva Nava Tepato y le da un manotazo en su pecho con su mano izquierda y con su mano derecha le arrebata su celular iPhone, diciéndole a Eva Nava Tepato, deja de estar grabando hija de la chingada y se va con el celular propiedad de mi hermana Eva el cual es un iPhone color negro mismo que se lo compró a su hijo de nombre Rubén García Nava, el día 30 de abril del año 2019, entonces mi hermana Eva Nava Tepato Sigue avanzando y le dice no te voy a dar nada eres una desgraciada hija de la chingada, dirigiéndose hacía una camioneta marca Ford Color vino, en la cual se encontraba del lado del conductor mi cuñado Javier Cruz Cervantes, por lo que mi hermana Eva Nava Tepato le dice nuevamente a Micaela Nava Tepato que le regresara su teléfono celular pero Micaela la ignora, da vuelta a la camioneta se sube del lado del copiloto y se da a la fuga siento todo lo que tengo que declarar. Asimismo, se encuentra como dato de prueba la entrevista de Vanny Karole Pérez Nava, de fecha 23 de junio del 2020, mediante el cual manifiesta lo siguiente: comparezco ante esta representación social a manifestar que el día 30 de mayo del año 2020, siendo aproximadamente las 17 horas me encontraba en el predio denominado la arena, ubicado en el municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, en compañía de mi señora madre de nombre María del Pilar Nava Tepato, mi tía Eva Nava Tepato, entre otras personas y yo; ya que se encontraban platicando yo observando como el conductor de una máquina retroexcavadora tipo mano de chango estaba cambiando un montón de piedra que se encuentra dentro del citado terreno, pero en ese momento llegó mi tía Micaela Nava Tepato y para evitar que la máquina siguiera quitando la piedra, ésta se sube arriba del montón de piedras para detener el trabajo por lo que el señor conductor de la máquina deja de trabajar y enseguida mi tía Micaela Nava Tepato se dirige con mi tía Eva Nava Tepato y con su mano izquierda le da un manotazo en su pecho mientras que con su mano derecha le quita su celular iPhone y le dice a mi tía Eva Nava Tepato deja de estar grabando hija de la chingada, llevándose el celular propiedad de mi tía Eva Nava Tepato, el cual es iPhone color negro, el cual el día 30 de abril del año 2019, le compró su hijo de nombre Rubén García Nava, posteriormente mi tía Eva Nava Tepato persigue a mi tía Micaela Nava Tepato pidiéndole que le regresara su celular pero mi tía Micaela Nava Tepato continúa avanzando con dirección a una camioneta que se encontraba estacionada marca Ford Color vino, en cuyo interior se encontraba mi tío Javier Cruz Cervantes, sentado en el lado del conductor y nuevamente mi tía Micaela Nava Tepato le dice a mi tía Eva Nava Tepato, no te voy a dar nada eres una desgraciada hija de la chingada; da vuelta a la camioneta y se sube de lado del copiloto y se da la fuga siendo todo lo que tiene que declarar. Con el escrito de la víctima Eva Nava Tepato, el cual fue recibido por esta representación social el día 23 de junio del año 2020, en el cual refiere que por medio del presente escrito vengo a informar a usted que el terreno la arena también conocido como Atenco, se encuentra pasado el puente de San Lorenzo Axocomatitla, que se une con San Juan Huatzingo entre calle Hidalgo y esquina calle Nueva, así como le comunico que la señora Micaela Nava Tepato vive sobre la calle Justo Sierra de San Juan Huatzingo, hago de su conocimiento que el teléfono que me fue robado me lo vendió mi hijo Rubén García Nava, el 30 de abril del año 2018, Rubén García Nava compró en línea a través de Cosco México el teléfono Apple iPhone 7, 32 gb, negro, número 637 157, con fecha 1 de junio del 2017, tal como la crédito con el dato de prueba de la cuenta de mi hijo Rubén García Nava, que pagó su teléfono a través de Skype, con el número de orden 5305 9909 14230, pagando un total de $15,399.00, tal como lo acredito con el dato de prueba consistente en la impresión de cuenta de Rubén García Nava, impreso en fecha 17 de junio del año 2020, dicho teléfono se lo compré a mi hijo por la cantidad de $13,000.00, mismo que se los pagué en efectivo en billetes de a $500; fue ratificado con fecha 2 de julio del año 2020, y refiere que exhibe copia digital de los detalles de la orden de cuenta de su hijo de nombre Rubén García Nava, quién realizó el pago del iPhone de mi propiedad motivo de la presente indagatoria a través de MX Credit Card con número de orden 53 05 99 09 14230 por la cantidad de $15,399.00; documento del cual dejo copias para que sean agregadas a las presentes actuaciones. Con el informe de policía de investigación número 342/ 2020, de fecha 6 de julio del año 2020, suscrito por Aurelio Hernández Hernández, Gabriela Ortega flores y Juan Carlos, agentes de policía de investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado en el cual refieren: le informamos que tuvimos presente de manera voluntaria en las oficinas que ocupa el quinto grupo de policía de investigación de Zacatelco a la Vanny Karole Pérez Nava ante quién presento identificación como oficiales de policía de investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, refiere que se presenta con la finalidad de aportar una memoria USB la cual contiene un video respecto de los hechos que se investigan simultáneamente los escritos iniciamos la cadena de custodia correspondiente así como el embalaje y etiquetado de dicho indicio probatorio mediante número de oficio 341/2020 solicitamos al jefe del departamento de servicios periciales designe perito oficial en materia de audio y video para procesar dicho indicio y posteriormente remita a bodega de evidencias con la que cuenta esta procuraduría; así mismo se anexa la entrevista de la C. Vanny Karole Pérez Nava, de fecha 2 de julio del año 2020, quién refiere que deseo manifestar que me presentó de manera voluntaria refiero que de los hechos que se investigan sea me presenté ante el agente del Ministerio Público con la finalidad rendir mi entrevista de testigo de los mismos hechos la cual ya obra dentro de la carpeta de investigación y ahora me presento con la policía de investigación con la finalidad de hacer entrega de una memoria USB de la marca adata de una capacidad de 16 Gb la cual contiene un video de 3 minutos con 7 segundos de duración, que el dicho video se observa como la C. Micaela Nava Tepato se va retirándose con el teléfono de la C. Eva Nava Tepato y se sube a una camioneta color vino la cual es propiedad del señor Javier Cruz Cervantes, en la cual ambos se retiran del lugar siendo todo lo que deseo manifestar. Se cuenta como datos de prueba, la entrevista de Sonia Nava Tepato, de fecha 27 de julio del año 2020, mediante el cual manifiesta lo siguiente: comparezco ante esta representación social para manifestar que el día 30 de mayo del 2020, siento aproximadamente las 5 y 5:30 de la tarde, me encontraba en el predio denominado Atenco conocido como la Arena, ubicado el municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, en compañía de mis familiares, entre estos María del Pilar Nava Tepato, Vanny Karole Pérez Nava y de mi hermana Eva Nava Tepato, entre otras personas y nos encontrábamos platicando cuando en este momento llegó mi hermana Micaela Nava Tepato, quien vestía pans y suéter color negro, chaleco color beige, tenis color negro con suela blanca, una coleta y se sube sobre un montón de piedra para construcción que se encuentra en el interior de dicho predio impidiendo que el conductor de una máquina color amarillo de trascabos tipo mano de chango, retirara la piedra; entonces el señor conductor de la máquina dejó de trabajar en este momento, en seguida Micaela Nava Tepato nos manifestó que si le llega a pasar algo y vamos a hacer las culpables, entonces mi hermana Eva Nava Tepato al ver a mi hermana Micaela que estaba muy agresiva le empieza a grabar con iphone color negro, pero Micaela Nava Tepato, al darse cuenta de que está siendo grabada se baja del montón de piedras y se dirige a mi hermana Eva Nava Tepato diciéndole hija de la chingada deja de estar grabando dándole un golpe en el pecho con su mano izquierda y con su mano derecha le quita su teléfono iPhone color negro, enseguida Micaela Nava Tepato mete el iphone a la bolsa de su chaleco de lado derecho y dándose la vuelta se dirige hacia la salida del terreno, entonces mi hermana Eva Nava Tepato le decía a Micaela que le regresara su teléfono celular que no fuera ratera pero Micaela Nava Tepato la ignoró y continúa caminando con dirección a la salida del terreno y solo le contestaba a Eva Nava Tepato que se fuera a la chingada, vuelve a caminar a la calle y se sube a una camioneta Ford Color vino en la cual esperaba el señor Javier Cruz Cervantes; posteriormente se retira del lugar a bordo de dicha camioneta robándose el teléfono iPhone de mi hermana Eva Nava Tepato el cual hace aproximadamente un año se lo compró su hijo Rubén García Nava, siento todo lo que tengo que declarar. Finalmente se cuenta con el informe de área de voz y audio y video de fecha 11 de diciembre del 2020, suscrito por el perito en audio y video Alberto Carlos Casco Vázquez, perito escrito al departamento de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual hace mención de las siguientes observaciones: se localiza la persona del género femenino de una edad aproximada de 50 años, cómo se menciona en el oficio de solicitud de intervención, la persona mencionada en el oficio de solicitud corresponde a una a la primera persona femenina que se describe, la primera persona femenina aborda un vehículo de marca Ford tipo pickup mismo que se encuentra estacionado, el vehículo que aborda la primera persona femenina descrita tiene el siguiente numeral de placa XB53806." Por su parte, al dictar el auto de vinculación a proceso la Jueza de Control precisó: "Después de haber escuchado a las partes en este momento doy por cerrado el debate en relación a la solicitud del agente del Ministerio Público de vinculación a proceso y procedo a resolver en los siguientes términos: Tlaxcala de Xicoténcatl, a 5 de julio del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 316, 317, 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales se procede a resolver la solicitud de vinculación a proceso formulada por la agente del Ministerio Público y por ello la situación jurídica de la imputada Micaela Nava Tepato, por los hechos que la ley señala como delito de robo en victimización de Eva Nava Tepato dentro de la causa judicial 103/2021, en los siguientes términos, en primer lugar debo de referir que en relación a la competencia, esta juzgadora como juez de control para conocer y resolver acerca de la situación jurídica de Micaela Nava Tepato, se encuentra establecida por los artículos 19 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 8, 50 bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en virtud de que los hechos narrados por la ministerio público acontecieron en el municipio de San Juan Huatzingo, perteneciente a este Distrito Judicial de Guridi y Alcocer con lo cual se justifica la competencia de esta autoridad en cuanto a fuero, materia y territorio. Por otra parte debo decir que el artículo 19 constitucional establece que ninguna de ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, plazo que podrá ser ampliado a petición única del imputado de conformidad en el presente procedimiento debo decir que me encuentro dentro del plazo que señala el artículo 19 que mencionado toda vez que la señora Micaela Nava Tepato se acogió al término de la ampliación, es decir, de 144 horas para resolver su situación jurídica quien se sometió a través de la cita que se le giró para que compareciera a este órgano jurisdiccional a la audiencia inicial el día 29 de junio del año curso, a las 15 horas, por lo que me encuentro dentro del término de las 144 horas, toda vez que esté término fenece hasta el día de hoy hasta las 15:00 horas me encuentro dentro de la temporalidad que marca la 19 constitucional. Es importante puntualizar que la señora Micaela Nava Tepato manifestó ser su voluntad que sus datos personales se mantengan en reserva de ahí que los mismos no se mencionaran en la audiencia y solo se incluirán las resoluciones que resulte indispensable. Precisando lo anterior, se procede a analizar los requisitos que establece el artículo 19 y 316 del código Nacional de Procedimientos Penales; son los siguientes: primero debe de existir petición del agente del Ministerio Público de vincular a proceso el cual se encuentra satisfecho, toda vez que en la audiencia inicial referida la agente del Ministerio Público solicito esta vinculación a proceso, otro requisito es que haya formulado imputación, ello también aconteció en la misma audiencia inicial, se formuló imputación a la señora Micaela Nava Tepato por el hecho que la ley señala como delito de robo, se encontró asistida de su abogada defensora en esa audiencia, además a la señora Micaela Nava Tepato se le otorgó la oportunidad de declarar, el cual es un derecho fundamental que se le hizo saber y encontrándose asistida de su abogada defensora manifestó previo asesoramiento de ella reservarse el derecho de declarar, consta en audio y video de la audiencia inicial referida y también en esta audiencia no declaró. Enseguida procedo al estudio de los requisito previsto en la fracción III, del artículo 316 del código nacional que establece que de los antecedentes de investigación desprendan datos de prueba que establezcan de forma indiciaria: 1. Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; y, 2. Que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. De la imputación y los datos de prueba expuestos por la Agente del Ministerio Público, que los doy por reproducidos en este momento en su integridad, únicamente los mencionaré al emitir está determinación solo en lo conducente, ello para evitar repeticiones innecesarias. Ya que constan en audio y video de la audiencia inicial. En concreto la Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de la señora Micaela Nava Tepato en los siguientes hechos: qué el día 30 de mayo del año 2020, al ser aproximadamente las 17 horas con 30 minutos, la víctima Eva Nava Tepato se encontraba en su terreno denominado la arena y/o Atenco, ubicado en la calle Hidalgo y esquina con calle 9, del municipio de San Juan Huatzingo, Tlaxcala, realizando actividades de labor observando como trabajaba un señor en la máquina de trascabo mismo que fue contratado por la víctima para remover escombro de su terreno, en ese momento llegó la señora Micaela Nava Tepato y le dijo al señor del trascabo que dejara de trabajar o lo hacía responsable si algo le pasaba; enseguida la señora Eva Nava Tepato tomó su teléfono celular marca Apple iPhone 7, color negro, de 32 GB, con número 637 157 y con número telefónico 22 2464 8243, tomo el teléfono para efectos de grabar lo sucedido y deslindar al operador de dicho trascabo por lo sucedido, sin embargo refiere que la señora Micaela Nava Tepato se acercó a la víctima le dio un manotazo y con la otra mano le arrebata su teléfono celular, que la víctima le pide que le devuelva su teléfono pero la señora Micaela Nava Tepato abordó una camioneta, caminó hacia una camioneta vino y le dijo que no le iba a devolver nada y que hasta la presente fecha no le ha devuelto el teléfono mencionado. A este hecho del Ministerio Público le dio una clasificación jurídica lo clasificó como el hecho que la ley señala como delito de robo el cual refiere la Agente del Ministerio Público se encuentra previsto y sancionado por los artículos 321, 322 y 323, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, el primero de los artículos dice lo siguiente: "Comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena.". El siguiente artículo 323 establece "A quién comete el delito de robo se le impondrán las siguientes sanciones: Sección III, de dos a seis años de prisión y multa de 144 a 432 días de salario cuando el valor de lo robado exceda de 90 pero no de 600 veces el salario mínimo." De este último precepto se advierte que el hecho que la ley señala como delito de robo se sanciona con pena privativa de libertad y multa; la agente del ministerio público refiere que como elementos del hecho como de robo son: uno que hay una acción de apoderamiento de cosa mueble ajena y dos que ello fue sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, en el caso concreto, el bien jurídico tutelado lo es el patrimonio de las personas y refiere que es una conducta de naturaleza dolosa; la Agente del ministerio público señala que estos hechos los sustenta en los siguientes datos de prueba: Primero lo menciona la entrevista o la denuncia o querella de la señora Eva Nava Tepato de fecha 30 de mayo del año 2020, quien en concreto manifestó lo mismo, que el día hora y lugar de los hechos que mencionado la señora Eva Nava Tepato, que le arrebata su teléfono celular cuando ella estaba grabando la señora Micaela Nava Tepato, en el predio citado y no obstante que le dice que le devuelva el teléfono se sube a la camioneta y le dice que no lo va a devolver, menciona la víctima que en ese teléfono tiene información de la supervisión escolar de su trabajo y que la hace responsable del mal uso. Concretamente existe un señalamiento de que se apodera del teléfono celular. El siguiente dato de prueba que refiere el Agente del Ministerio Público es la entrevista de la señora María del Pilar Nava Tepato, quien señala que el 30 de mayo del año 2020, aproximadamente a las 17 horas se encontraba en el predio denominado la arena, ubicado en el municipio de San Juan Huatzingo, en compañía de sus hermanas Eva Nava Tepato y Sonia Nava Tepato, que su hermana Eva Nava contrató una máquina que estaba removiendo un montón de piedra en el terreno, que en eso llegó su hermana Micaela Nava Tepato, se subió al montón de piedra y al tiempo que le decía al conductor de la máquina que dejara de estar trabajando porque si algo pasaba iba a ser responsabilidad del conductor de la máquina. Entonces en ese momento la señora Eva Nava Tepato empieza a grabar a la señora Micaela Nava Tepato y esta última le arrebata el celular a la señora Eva Nava Tepato y refiere la testigo que este celular es propiedad de su hermana Eva Nava Tepato porque se lo compró a su hijo de nombre Rubén García Nava. El siguiente dato de prueba es la entrevista de Vanny Karole Pérez Nava que señala que el día 30 de mayo de 2020, aproximadamente a las 17 horas se encontraba en el predio señalado en compañía de su mamá María del Pilar Nava Tepato así como de su tía Eva Nava Tepato, porque estaba trabajando una máquina retroexcavadora y en ese momento llegó su tía Micaela Nava Tepato, para evitar que la máquina siguiera trabajando y que le dice al conductor de la máquina que dejara de trabajar, es en este momento la señora Eva Nava Tepato empieza a grabar a Micaela Nava Tepato, con su teléfono celular, y la señora Micaela Nava Tepato le arrebata su celular a Eva Nava Tepato, refiere también esta testigo que el teléfono es propiedad Eva Nava Tepato, y que es un teléfono iPhone color negro y que se lo compró a su hijo Rubén García Nava. Otro dato de prueba lo es la entrevista de Sonia Nava Tepato, quién también coincide en el sentido de que el 30 de mayo de 2020, aproximadamente entre las 5 y 5:30 de la tarde se encontraba en el citado predio y que también observó cómo llegó su hermana Micaela Nava Tepato, se subió al montón de tierra y que impidió que el conductor de la máquina de trascabo continuará trabajando que en ese momento la señora Micaela Nava le manifestó que si le llega a pasar algo y ellos iban a ser los culpables, que entonces Eva Nava Tepato empezó a grabar con su teléfono color negro a Micaela Nava Tepato, cuando se dio cuenta que estaba siendo grabada se dirigió a Eva Nava Tepato diciéndole hija de la chingada deja de estar grabando y le quitó su teléfono iPhone color negro y se va hacia la camioneta. Otro dato de prueba que refiere el agente del ministerio público lo es el escrito de la señora Eva Nava Tepato recibido en la representación social el 23 de junio de 2020, y ante el cual hace de conocimiento que el teléfono fue robado se lo vendió su hijo Rubén García Nava, su hijo lo compró en línea a través de Costco México, que es un teléfono marca Apple iPhone 7 color negro de 32 GB con número 6371 57, de fecha 1 de junio de 2017, y que su hijo lo pagó a través de crédito cart con una orden de pago, que señala la agente del ministerio público en la cantidad de $15,399.00. También presenta la impresión de la cuenta de Rubén García Nava de 17 de junio de 2020, y que este teléfono ella se lo compró a su hijo por la cantidad de $13,000. Exhibe copia digital de los detalles de la orden de cuenta de su hijo Rubén García Nava. Otro dato de prueba que refiere la Agente en ministerio público es el informe de policía de investigación con número 342 diagonal 2020 de fecha 6 de julio del año 2020, de los suscrito por los agentes de la policía de investigación quién refieren que compareció ante ellos Vanny Karole Pérez Nava con la finalidad de aportar una memoria USB en la cual contiene los hechos que se investigan que los policías llevaron a cabo la cadena de custodia correspondiente y lo enviaron al perito de materia de audio y video Asimismo está el citado informe de audio y video de fecha 11 de diciembre 2020, suscrito por el perito Alberto Carlos Casco Vázquez, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien refiere que en el mismo se localiza a una persona del género femenino de una edad aproximada de 50 años y que es mencionada en el oficio de solicitud, corresponde a la primera persona femenina, que se describe un vehículo marca Ford tipo pickup Color vino, que se encuentra estacionado lo aborda esta persona y señala el número de placas de la camioneta. Ahora bien, estos datos de pruebas son los que refiere el agente del ministerio público que constan en audio video cómo lo he señalado estos estos datos de prueba el valorados de manera libre y lógica esta juzgadora, de conformidad con los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se infieren indicios que esta juzgadora hasta esta etapa del procedimiento estima idóneos por contener datos útiles relacionados con los hechos que se investigan siendo una relación de causalidad entre su contenido y el objeto o la finalidad, por los que se aportaron siendo pertinentes en virtud de que aquello que se desprende puede ser percibido por medio de los sentidos además resultan creíbles suficientes para apreciados de manera conjunta integral y armónica permiten establecer hasta esta etapa procesal que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de robo esto por el artículo 321 del Código Penal vigente en el Estado, en victimización de Eva Nava Tepato, y que la imputada fue la persona que probablemente en forma dolosa desplegó una conducta de acción en términos del artículo 21, fracción I, del Código Penal, es así pues como se evidenciara a continuación, los datos aportados por la Agente del ministerio público demuestran que existió un apoderamiento de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo con la cual se lesiona el bien jurídico tutelado, el patrimonio de las personas. La entrevista realizada o la denuncia de la señora Eva Nava Tepato, dato de prueba que se estima idóneo y pertinente, responde al dicho de la víctima en relación a los hechos que fueron cometidos en su contra, se les da un valor de indicio en relación a las circunstancias de que el día 30 de mayo de 2020, aproximadamente de las 17 y 17:30 horas cuando se encontraba en su terreno denominado la arena y/o Atenco de San Juan Huatzingo estaba una máquina trabajando porque ella la había contratado que en ese en ese momento llegó Micaela Nava Tepato y trató de impedir que siguieran trabajando, en esto la señora Eva Nava Tepato empieza a grabar con su teléfono celular marca iPhone color negro y la señora Micaela Nava Tepato se apodera del mismo sin su consentimiento; estos hechos fueron presenciados por los Testigos María del Pilar Nava Tepato, Vanny Karole Pérez Nava, Sonia Nava Tepato , quienes son coincidentes en señalar que el día hora y lugar de los hechos se apoderó del teléfono celular de Eva Nava Tepato, no obstante que le dijo que se lo devolviera no se lo devolvió y se fue en la camioneta. Ello se adminicula con la impresión de la cuenta de Rubén García Nava, fecha 17 de junio de 2020, del que se desprende que el citado Rubén García Nava fue quién compró el teléfono través de credit-card por la cantidad de $15,399.00. Con estos datos de prueba tenemos por acreditado el hecho, es decir que el día hora y lugar de los hechos hubo un apoderamiento teléfono que es señalado este apoderamiento se realizó sin consentimiento de quién legalmente podía disponer del mismo, en el caso concreto tenemos como dato de prueba las declaraciones de los Testigos y la propia querellante quién manifiesta que ella le compró el teléfono celular a su hijo Rubén García en la cantidad de $13000. Se justifica que efectivamente el citado señor Rubén pagó el teléfono en la fecha que he mencionado a través de compra en línea de credicard en la cantidad de $15,399, que ella se lo compró al señor Rubén García Nava, que es su hijo, ello también lo corroboran los testigos de cargo que he mencionado; ahora bien, si bien es cierto también tenemos un video del perito oficial quien refiere y describe a una persona de sexo femenino aproximadamente de 50 años que se sube a una camioneta, sin embargo, con el mismo únicamente se acredita este hecho, es decir, que esta persona se aborda la camioneta más no acredita que se haya apoderado del teléfono celular, sin embargo de las entrevistas de los de las testigos sí son coincidentes en manifestar señora Micaela Nava Tepato se apodera de este teléfono celular; este teléfono celular es considerado como cosa mueble, toda vez que puede ser trasladado de un lugar a otro sin que se altere esencia; consecuentemente para esta etapa procesal queda acreditado con los datos de prueba que es señalado que la ley señala como delito de robo al existir un apoderamiento del teléfono celular descrito fue sin consentimiento de quien legalmente podía otorgar, que como lo he mencionado es la señora Eva Nava Tepato, pues no dio su consentimiento incluso presentó una denuncia en contra de Micaela Nava Tepato por este desapoderamiento. Ahora bien por lo que respecta al artículo 323, fracción III, decir el valor robado que nos señala lo siguiente ".de dos a seis años de prisión y multa de 144 a 432 días de salario mínimo, cuando el valor de lo robado exceda de 90 pero no de 600 veces el salario mínimo." el ministerio público en la audiencia inicial es omisa en manifestar porque se acreditaba está hipótesis, sí bien es cierto existe una nota de compra en línea en favor de Rubén García Nava por la cantidad $15,399.00 y el dicho de la de la hoy víctima Eva Nava Tepato, pato en el sentido de que ella compró este teléfono celular en $13,000.00 al señor Rubén García Nava, sin embargo no existe ningún dictamen oficial que establezca el valor del citado teléfono, por lo cual la Agente del ministerio público al haber sido omisa en la audiencia inicial al solicitar la vinculación a proceso, en ese sentido esta juzgadora no tiene elementos reales para determinar la cuantía, el valor del teléfono celular, motivo por el cual se actualiza lo previsto por el artículo 324 del Código Penal vigente en el Estado, que cuando no se tiene acreditado el valor de lo robado estará a lo previsto por el artículo 324. Por otra parte debo decir que en relación a la forma de autoría y participación para este órgano jurisdiccional se advierte que la misma se encuentra prevista en la fracción I, del artículo 21, del Código Penal vigente en el Estado pues hasta esta etapa existen indicios idóneos y pertinentes que apreciados en forma conjunta, integral y armónica, en términos de lo que establecen los artículos 259 y 265 del código Nacional de Procedimientos Penales, que son suficientes para establecer razonablemente que el hecho que la ley señala como delito robo previsto por el artículo 321 del Código Penal, en victimización de Eva Nava Tepato, probablemente fue cometido por la hoy imputada como autor material, es decir por sí misma pues hasta esta etapa procesal existen datos que hacen presumir que el día hora y lugar de los hechos que es señalado se apoderó de un teléfono celular ya descrito sin consentimiento de quien podía legalmente otorgarlo como lo es la señora Eva Nava Tepato, pues la denuncia de la misma en su calidad de víctima, lo que se adminiculó con el dicho de las testigos María del Pilar Nava Tepato, Vanny Karole Pérez Nava y Sonia Nava Tepato, quiénes son coincidentes en manifestar que el día hora y lugar de los hechos la señora Micaela Nava Tepato se apoderó del teléfono celular de la señora Eva Nava Tepato sin derecho y sin consentimiento de esta última y que este teléfono es propiedad de Eva Nava Tepato por haberlo comprado a su hijo el señor Rubén García Nava. Ahora bien, en relación a las manifestaciones expresado la defensora en esta audiencia sentido de que de que no existe el requisito de procedibilidad es decir que se encuentre acreditada la legitimación por parte de Eva Nava Tepato para presentar la denuncia porque refiere que ella no compró el teléfono celular y que este teléfono celular lo compró su hijo Rubén García, al respecto debo decir que si bien es cierto por los datos de prueba que ha referido la Agente del Ministerio Público y de los cuales constan en la carpeta de investigación y tienen acceso las partes más no así de esta juzgadora se advierte que quien compró el teléfono materia de la presente causa judicial, fue el señor Rubén García Nava el día primero de junio de 2017, en la cantidad de $15,399.00 sin embargo hemos escuchado a través de la denuncia de Eva Nava Tepato y de 2 de las testigos María del Pilar Nava Tepato, Vanny Karole Pérez, quienes fueron coincidentes en declarar que este teléfono celular lo compró Eva Nava Tepato a su hijo Rubén Nava en consecuencia el requisito de procedibilidad, es decir, que sea la persona que directamente tiene el derecho para presentar una denuncia o querella por estos hechos, lo es la señora Eva Nava Tepato, pues para esta etapa procesal como lo he señalado no se necesitan pruebas plenas que acrediten efectivamente la propiedad de una manera total la señora Eva Nava Tepato, pues tenemos el dicho de la referida señora Eva Nava Tepato y de las testigos quiénes fueron coincidentes en señalar que ella es la propietaria del teléfono celular y si bien es cierto no consta no ofrecieron como dato de prueba la entrevista del señor Rubén García Nava, para justificar a quién pertenecía el teléfono celular es irrelevante para esta etapa procesal de que la señora Eva Nava Tepato ha mencionado que ella es la propietaria porque ella se lo compró a su hijo y este hecho se encuentra robustecido por la entrevista de las testigos mencionados. Cierto, como lo dice la defensa, respecto a este teléfono celular exhibieron un escrito, la señora Eva Nava Tepato en el que dice que Rubén García Nava que ya le compró el teléfono el 30 de abril de 2018 y las testigos María del Pilar Nava Tepato y Vanny Karole Pérez refieren que fue el 30 de abril pero de 2019, sin embargo es un indicio de que la señora Eva Tepato compró el teléfono celular a su hijo Rubén García Nava. Por otra parte, la abogada defensora refiere el dato de prueba, del video en el que señala que la señora Micaela se va retirando y aborda una camioneta pero quiere que el perito de audio y video el solamente describe que observa una persona de 50 años y observa un vehículo al que aborda pero en ningún momento manifiesta que observa que le quite el teléfono celular a la señora Eva Nava Tepato; al respecto me he pronunciado en esta audiencia que en efecto este video no es idóneo para acreditar que el momento del apoderamiento es decir el momento en el cual se apodera del celular la señora Micaela Nava Tepato, de la señora Eva, únicamente de dicho video describen como una persona de 50 años aborda una camioneta este tipo Ford, lo he referido en esta audiencia, el mismo no es idóneo para acreditar el apoderamiento que refieren del teléfono celular. En consecuencia vuelvo a reiterar la defensa que no existe querella y que no existen elementos indicios suficientes para vincular a proceso, la Agente Ministerio Público refiere que si son suficientes los indicios para vincularlo a proceso y que existe la nota de venta de Rubén García Nava acredita que el teléfono lo compró el señor Rubén García Nava pero después a esta persona se lo compró Eva Nava Tepato, en la cantidad de $13,000.00 motivo por el cual esta juzgadora advierte que es contrario a la defensa en el sentido de que no hay datos suficientes para vincular a proceso, contrario a ello, como lo he señalado los datos expuestos ministerio público en esta etapa procesal se estima que son suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito de robo y que probablemente la señora Micaela Nava Tepato fue quién los cometió. Por otra parte, no existe una causa de exclusión de la acción penal o excluyente de delito; es importante puntualizar, que dada la etapa procesal en que nos encontramos de conformidad con lo establecido por el artículo 19 constitucional y 316, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no requiere la existencia de datos plenos, que demuestren la existencia de los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción típica el delito correspondiente dado que este ejercicio claro como juicio de tipicidad solo es exigible para un dictado de una sentencia, es en esta etapa donde el autoridad judicial decide si el delito quedó o no acreditado de ahí se puede afirmar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta que el juez encuadre la conducta a una norma penal identificar independientemente de la metodología, el tipo penal aplicable lo cual se ha realizado en esta determinación. En consecuencia lo único que se traduce es una continuación de una investigación pero en una fase judicializada por tanto es aplicable el criterio de la tesis jurisprudencial con número de Registro 2014800. Por tanto, con fundamento en los artículos 316, 317, 318 y 319 del código Nacional de Procedimientos Penales siendo las 9 horas con 56 minutos del día de hoy 5 de julio del año 2021, se dicta auto de vinculación a proceso a Micaela Nava Tepato por el hecho que la ley señala como delito de robo previsto y sancionado por los artículos 321 y 324 del Código Penal vigente en el Estado que se dijo cometido en victimización de Eva Nava Tepato. Antes de verificar si con los datos de prueba se acreditan el hecho con características de delito y la probable intervención de la imputada en los mismos, resulta indispensable dar respuesta a los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Como se dejó asentado con antelación, la impetrante del amparo parte de la premisa de que Eva Nava Tepato carece del estatus de víctima del delito, en atención a que no la considera como propietaria del celular objeto del delito, por lo que, a su consideración, tampoco existe denuncia o querella del propietario. Al respecto se debe decir que no le asiste la razón a la parte quejosa, pues de los datos de prueba verbalizados por la representación social, se desprende que de las declaraciones de la víctima Eva Nava Tepato y las testigos María del Pilar Nava Tepato y Vanny Karole Pérez Nava, todas de veintitrés de junio de dos mil veinte, se desprende que aquella era la propietaria del teléfono celular marca Apple, iPhone 7, color negro, de 32 GB, número 637 157, con número telefónico 22 24 64 82 43 (bien mueble objeto del delito), pues todas fueron coincidentes en manifestar que Eva Nava Tepato se lo compró a su hijo Rubén García Nava. De ahí que atendiendo al bajo estándar probatorio requerido en esta etapa, se estima suficiente para demostrar que la propietaria del bien mueble materia del delito lo era Eva Nava Tepato; de ahí que, se estime que ésta cuente con legitimación para haber presentado la denuncia. Sin que el hecho de que se hayan verbalizado los documentos a través de los cuales se desprende que Rubén García Nava fue quien en un primer término pagó y adquirió el teléfono celular, tengan el alcance de controvertir lo expuesto por la víctima y las testigos señaladas, en el sentido de que posteriormente fue comprado el celular por la agraviada. Por tanto, resulta infundado que se requiera la denuncia de Rubén García Nava, pues, se insiste, Eva Nava Tepato sí cuenta con legitimación para haber presentado la denuncia. Por otro lado, también resulta infundado que no se debieron tomar en cuenta las declaraciones de las testigos María del Pilar Nava Tepato Sonia Nava Tepato y Vanny Karole Pérez Nava, dado que resultaban sospechosas. En efecto, no le asiste la razón a la parte quejosa en virtud de que, como se puede advertir de la verbalización de dichos datos de prueba, realizada por la representación social, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, los testimonios no son idénticos; si bien es cierto que las declaraciones son coincidentes en sustancia y percepciones, ello no demerita su valor, por el contrario, crean certeza en el juzgador de que las testigos, al encontrarse juntas presenciaron por medio de sus sentidos los mismos hechos, sin referencia de terceros; de ahí que sean idóneas para tener por demostrados los hechos materia de la imputación. No pasa desapercibido que la parte quejosa señala que de la carpeta de investigación se advierte que las declaraciones son idénticas hasta en puntos y comas, sin embargo, ante la imposibilidad de verificar directamente la carpeta de investigación, máxime que la misma tampoco fue traída a la vista del juez de control, se debe estimar inatendible dicho argumento. Precisado lo anterior, se procederá a verificar si le asiste o no la razón a la quejosa, cuando sostiene que no se acreditan los hechos con características del delito y la probabilidad de que la imputada participó o intervino en su comisión. En primer término se debe reiterar que, como se indicó en párrafos que preceden, para dictar la vinculación a proceso, la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues el estándar probatorio es menor y el hecho delictuoso no debe entenderse como un anticipo de la tipicidad en esta etapa procesal. Es decir, el juez sólo debe atender al hecho ilícito, el cual no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad en esta etapa, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. Lo anterior, en virtud de que la etapa preliminar o de investigación del esquema de juicios orales, tiene como objeto determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, ubicada en publicación semanal, viernes 04 de agosto de 2017, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones ´comprobar´ por ´establecer´ y ´cuerpo del delito´ por ´hecho que la ley señala como delito´, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de ´pruebas´ ni se exige ´comprobar´ que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado ´cuerpo del delito´, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." De ahí que, el juzgador de control no se encuentra obligado a precisar los elementos objetivos, normativos y sustantivos del hecho ilícito. Así pues, de los datos de prueba antes reseñados, podemos concluir que, como bien lo sostiene el Juez responsable, se encuentran acreditados los hechos denunciados, en concreto, que la hoy imputada, el día treinta de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, en el terreno denominado la arena y/o Atenco, ubicado entre la calle Hidalgo y esquina Calle Nueva, municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, llegó la imputada de nombre Micaela Nava Tepato, y al ver que Eva Nava Tepato sacó su teléfono celular marca Apple, iPhone 7, color negro, de 32 GB, número 637 157, con número telefónico 22 24 64 82 43, para efecto de grabar lo sucedido, y Micaela Nava Tepato se acercó a la víctima dándole un manotazo con la mano izquierda y con la mano derecha le arrebató su teléfono celular ya descrito, apoderándose en ese momento del teléfono de la víctima sin su consentimiento, la víctima le pide que le devuelva su teléfono, pero la imputada corrió y abordó una camioneta color vino, argumentando que no lo iba a devolver nada, saliendo así de la esfera del poder de la víctima, sin que hasta la fecha actual la imputada entregara a la víctima su teléfono de referencia. Lo que, como bien lo sostuvo la juez responsable actualiza el delito de robo previsto y sancionado por los artículos 321 y 324 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que establecen: "Artículo 321. Comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena." "Artículo 324. Para estimar la cuantía del robo se atenderá al valor comercial de la cosa robada al momento del apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta días de salario." En efecto, se estima lo anterior, en razón de que, como bien lo precisó la autoridad judicial, con los datos de prueba consistentes en las declaraciones de la víctima Eva Nava Tepato y las testigos Sonia Nava Tepato, María del Pilar Nava Tepato y Vanny Karole Pérez Nava, de treinta de mayo y veintitrés de junio de dos mil veinte, (reproducidas con anterioridad) se puede sostener que la activo del delito se apoderó de una cosa mueble ajena a ella, pues la víctima y las mencionadas testigos fueron coincidentes en manifestar, esencialmente, que el día treinta de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, en el terreno denominado la arena y/o Atenco, ubicado entre la calle Hidalgo y esquina Calle Nueva, municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, llegó la imputada de nombre Micaela Nava Tepato y al ver que Eva Nava Tepato sacó su teléfono celular marca Apple, iPhone 7, color negro, de 32 GB, número 637 157, con número telefónico 22 24 64 82 43, para efecto de grabar, Micaela Nava Tepato se acercó a la víctima dándole un manotazo con la mano izquierda y con la mano derecha le arrebató su teléfono celular ya descrito, apoderándose en ese momento del teléfono de la víctima sin su consentimiento, abordando un vehículo marca Ford color vino, sin devolverle el mencionado teléfono a pesar de que la víctima se lo pedía. Declaraciones que son idóneas y suficientes, atendiendo al momento procesal, para probar que la activo del delito se apoderó de una cosa mueble ajena a ella, pues, sin ser idénticas, las declaraciones son coincidentes en sustancia y percepciones, expuestas por personas que presenciaron por medio de sus sentidos los hechos, sin referencia de terceros; de ahí que sean idóneas para inferir el apoderamiento de la cosa mueble ajena a la imputada (celular). En igual tesitura, se coincide con la autoridad responsable, cuando sostiene que con las citadas declaraciones de la víctima y testigos se demuestra que el apoderamiento del celular fue sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo. En efecto, en primer término se debe precisar que es claro que el apoderamiento de la cosa fue sin consentimiento de quien podía otorgarlo legalmente, pues, como bien lo sostuvo la jueza de control, de las declaraciones verbalizadas por la representación social, se desprende que fueron coincidente en manifestar que la imputada Micaela Nava Tepato se acercó a la víctima dándole un manotazo con la mano izquierda y con la mano derecha le arrebató su teléfono celular ya descrito, apoderándose en ese momento del teléfono de la víctima sin su consentimiento. De lo anterior se puede establecer que el apoderamiento sucedió sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, sino a través de un acto coactivo por parte de la imputada. Se debe precisar, que también le asiste la razón a la autoridad responsable, cuando sostiene que atendiendo a la etapa procesal en que nos encontramos, se encuentra demostrado que quien legalmente podría otorgar el consentimiento, lo es la señalada víctima Eva Nava Tepato. Ello es así, pues como lo sostuvo la responsable, de las declaraciones de la víctima y las testigos María del Pilar Nava Tepato y Vanny Karole Pérez Nava, de treinta de mayo y veintitrés de junio de dos mil veinte, respectivamente, se infiere que aquella era la propietaria del teléfono celular marca Apple, iPhone 7, color negro, de 32 GB, número 637 157, con número telefónico 22 24 64 82 43 (bien mueble objeto del delito), pues fueron coincidentes en manifestar que Eva Nava Tepato se lo compró a su hijo Rubén García Nava. De ahí que atendiendo al bajo estándar probatorio requerido en esta etapa, se estima suficiente para demostrar que la propietaria del mueble materia del delito lo era Eva Nava Tepato; de ahí que, como lo sostuvo la juez de control responsable, se puede establecer que quien podía entregar legalmente el consentimiento era Eva Nava Tepato. En este sentido, se coincide con la responsable que con los datos de prueba verbalizados por la representación social, se puede demostrar la existencia de los hechos imputados y que con estos se puede establecer el apoderamiento de una cosa mueble ajena (celular) sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, lo que actualiza el delito de robo, previsto y sancionado por los artículos 321 y 324 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. De ahí que se estimen infundados los conceptos de violación. PROBABLE PARTICIPACIÓN Respecto al tema de la probable participación, la parte quejosa no expuso motivos de disenso, no obstante, quien aquí resuelve estima que los razonamientos expuestos por la responsable son correctos, en atención a las siguientes consideraciones. El precepto 19 constitucional, reiterado en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exige para la formulación de un auto de vinculación a proceso que en los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; para lo cual, la Juez de Control deberá ponderar los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación. Sobre el tema de la probable participación tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se señalan, para que se tenga por acreditada. Este juzgador considera que, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, existen bastantes datos de prueba con los que se puede establecer que se encuentra acreditada, hasta este estadio procesal, la probable participación del imputado en la comisión del hecho analizado. En efecto, como lo afirmó la autoridad responsable, lo anterior se acredita con las declaraciones de la víctima Eva Nava Tepato y las testigos Sonia Nava Tepato, María del Pilar Nava Tepato y Vanny Karole Pérez Nava, de treinta de mayo y veintitrés de junio de dos mil veinte, (reproducidas con anterioridad), pues de ellas se desprende que fue la imputada Micaela Nava Tepato quien se apoderó de una cosa mueble ajena a ella sin el consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo. Ello es así, en razón de que, como lo señaló la autoridad responsable, la víctima y las mencionadas testigos fueron coincidentes en manifestar, esencialmente, que el día treinta de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, en el terreno denominado la arena y/o Atenco, ubicado entre la calle Hidalgo y esquina Calle Nueva, municipio de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, llegó la imputada Micaela Nava Tepato y al ver que Eva Nava Tepato sacó su teléfono celular marca Apple, iPhone 7, color negro, de 32 GB, número 637 157, con número telefónico 22 24 64 82 43, para efecto de grabar, Micaela Nava Tepato se acercó a la víctima dándole un manotazo con la mano izquierda y con la mano derecha le arrebató su teléfono celular ya descrito, apoderándose en ese momento del teléfono de la víctima sin su consentimiento, abordando un vehículo marca Ford color vino, sin devolverle el mencionado teléfono a pesar de que la víctima se lo pedía. En esta tesitura, este juzgador no tiene duda de que, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, los datos de prueba reseñados son suficientes para sustentar que -hasta este estadio procesal- la imputada fue quien probablemente participó en la comisión de los hechos delictivos. Bajo esta tesitura, al encontrarse demostrado que el agente del ministerio público cumplió con la carga de la prueba, en virtud de que las probanzas que recabó, se concluye que contrario a lo sostenido por el quejoso no se vulnera el principio de presunción de inocencia. En esas condiciones, ante lo evidente de la ineficacia y lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del normativo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Micaela Nava Tepato, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el día treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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