Mia Adamari Manríquez Espinoza

Expediente 164/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
164/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Enriqueta Espinoza Ramírez
  • Mia Adamari Manríquez Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos la copia del oficio 14/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en Materia de Amparos; mediante el cual remitió al Agente del Ministerio Público de la Federación Encargado de la Unidad de Atención y Determinación de la Procuraduría General de la República, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo, a efecto de que proceda conforme a sus facultades legales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 102 inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción I y II, 113 y 116 del Código Federal de Procedimientos Penales; de lo que este Juzgado de Distrito queda enterado para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la cuenta, agréguense a los autos el informe rendido por la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable: Registro de correspondencia Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación Mesa III. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 3938 Sin que haya lugar a dictar mayor proveído, toda vez que por auto de seis de los actuales se tuvo por no presentada la demanda de amparo en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguense a los autos el informe rendido por la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable: Registro de correspondencia Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de la Región Norte II. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 3841 Sin que haya lugar a dictar mayor proveído, toda vez que por auto de seis de los actuales se tuvo por no presentada la demanda de amparo en el juicio de amparo en que se actúa.

  4. Principal

    I. Razón actuarial. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial la razón actuarial y constancias de notificación de cinco de este mes y año, se desprende que los quejosos directos ***, ***y ***, no ratificaron la demanda de amparo que interpuso en su favor el licenciado José Alberto Vásquez Figueroa, las cuales se plasman para mayor ilustración: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y dada la voluntad manifiesta por la parte quejosa ante el funcionario judicial, como consta en el acta de notificación, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta en su nombre, quedando sin efecto las providencias dictadas en este asunto. Ahora bien, resulta claro que los quejosos directos al manifestar su voluntad de no ratificar la demanda interpuesta en su favor, evidencia que no recurrirán el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido. Toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. II. Posible acto de tortura. Ahora bien, con independencia de lo anterior, acorde a lo asentado por la Actuaria Judicial, los quejosos ***y la menor ***, manifestaron ser víctimas de malos tratos y golpes. Al respecto, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penales Crueles, Inhumanas o Degradantes, establece: "ARTÍCULO 7. El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial". En tanto que la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, en lo que aquí interesa, prevé: "ARTÍCULO 52.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. Quien presencie la comisión de un delito perseguible de oficio, tendrá obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público. La autoridad que en ejercicio o con motivo de sus funciones presencie la comisión de un delito perseguible de oficio, de inmediato lo comunicará al Ministerio Público; le transmitirá los datos que tenga y las constancias que hubiere levantado y pondrá a su disposición a los inculpados, si se les detuvo. La misma obligación tendrán los encargados de albergues y los directores de establecimientos hospitalarios o de salud, clínicas y en general los profesionales en medicina, así como los que ejercieren prestaciones auxiliares de éstas; cuando notaren en una persona o un cadáver señas que hagan presumible la comisión de un delito." El citado precepto legal señala que cuando un servidor público conozca de la probable comisión de un delito con motivo de sus funciones, tendrá que hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. En tanto que cuando se adviertan indicios de tortura ejercida sobre algún detenido, también se actualiza tal extremo. Lo anterior constriñe a este órgano de control constitucional a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que proceda como corresponda para que se investigue si existe o no tortura o tratos crueles e inhumanos contra el nombrado y en su caso la responsabilidad administrativa o penal que le resulte a los responsables. Con ese propósito debe girarse oficio al Agente del Ministerio Público de la adscripción, acompañándole copia certificada del presente expediente por duplicado, y las impresiones fotográficas originales previa copia que se deje en autos para constancia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número XXVII.10. (VIII Región) J/1 (10ª), visible en la página mil ciento siete, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de dos mil doce, tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, con registro 2001218, que a la letra dice: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. III. Domicilio. Dado que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, hágansele por medio de lista, tanto la del presente acuerdo, como las subsecuentes que le resulten, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, para tal efecto, en términos del artículo 27, fracción II, de la ley de la materia.

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