Mercedes Medrano Flores

Expediente 1003/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1003/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
29/01/2018

Partes del expediente

  • Mercedes Medrano Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    I. Causa Estado y Archivo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de diez de enero de dos mil diecisiete (fojas 125 a 129), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido. II. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Notifíquese; y personalmente a las partes. I. Informe justificado. Vista la cuenta, agréguese al expediente el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo; sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 55 y 56), se tuvo por recibido y se acordó lo conducente. A su vez, téngasele desahogando el requerimiento que se le formuló por auto de veintinueve de diciembre del año pasado (fojas 55 y 56), y al respecto remite copia autentica de las constancias que integran la carpeta de investigación número 01917/ACU/UIACU/2017. Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. En el caso concreto, se advierte que mediante escrito presentado ante la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado de Distrito, el once de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 1 a 6), ***, en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de la Tercera Mesa, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Comandante de la Policía Ministerial o Policía Investigadora del Estado, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por los actos reclamados consistentes en: ".La PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD que se desarrolla en estos momentos en agravio de MERCEDES MEDRANO FLORES." En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 1003/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte de la quejosa directa y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las responsables (fojas 7 a 12). En esa tesitura, de la constancia de notificación personal de once de diciembre de dos mil diecisiete (foja 17), efectuada por el funcionario adscrito se advierte que la quejosa directa ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 19 a 24), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se libró el oficio 32804/2017-PF, de doce de diciembre del año pasado (fojas 25 a 27), al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a fin de que, conforme a los artículos 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y 52 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, procediera a investigar si existió o no tortura o tratos crueles e inhumanos en contra la aquí quejosa ***, y de ser así, la responsabilidad administrativa o penal que le resulte a los responsables. Luego, mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. III. Causal de sobreseimiento. Del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte que la quejosa directa ***, fue puesta en libertad el once de diciembre de dos mil diecisiete; remitiendo al efecto, copia certificada de la constancia conducente, como se aprecia en el siguiente documento (foja 122): Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la citada ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia de trato, dado que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, manifestó que la quejosa ***, fue puesta a su disposición el diez de diciembre de dos mil diecisiete, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro; sin embargo, por acuerdo ministerial de once del mismo mes y año, obtuvo su libertad. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, restituyó a la quejosa en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (foja 58 vuelta).

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para hoy, toda vez que no obra la tarjeta postal del acuse de recibo del oficio 33393/2017-PF, enviado al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Al respecto, se hace del conocimiento de la citada autoridad que es necesario que remita en el plazo que se le indicó, en el acuerdo de referencia específicamente, la copia autentica legible del acuerdo de libertad dictado a la aquí quejosa ***, en la carpeta de investigación número 01917/ACU/UIACU/2017, documental necesaria para llegar a la verdad de los hechos y resolver conforme a derecho el presente asunto. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, para su celebración.

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el informe rendido por el Coordinador de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Región Norte II, encargado del despacho de la Delegación por vacaciones del titular, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo, por medio del cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de doce de diciembre del año en curso (fojas 19 a 24), y al efecto informa lo siguiente: De lo que este Juzgado Federal queda enterado para los efectos legales procedentes. Por otra parte, glósese al expediente el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar de notificar a la parte quejosa de forma personal para que se imponga del mismo, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia , no constriñe al Juzgado a realizarlo de esa manera. No se soslaya que la fracción k), del mismo dispositivo legal, indica que queda a juicio del órgano jurisdiccional notificar de forma personal las resoluciones que lo ameriten; sin embargo, dado que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte, este Juzgador no lo considera necesario, pues la carga de imponerse de autos es del impetrante de amparo, quien debe de estar al pendiente del procedimiento e imponerse de los informes justificados que tiene a su disposición en el presente sumario. Ahora bien, toda vez que dicha autoridad acompañó a su informe de cuenta fotocopia simple de la carpeta de investigación número 01917/ACU/UIACU/2017; por tanto, de conformidad con el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo , requiérase a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado de Distrito copia auténtica legible de las constancias que anexó a su informe las cuales son necesarias para la resolución del presente juicio, para lo cual se devuelve la documental que anexó al informe de cuenta; apercibido que de no hacerlo así dentro del término concedido para tal efecto, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces la unidad diaria de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación .

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