Merly Cristina Carrillo Castro
Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Merly Cristina Carrillo Castro
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de diecisiete de septiembre del año en curso; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable a la autoridad tercero interesada con domicilio fuera de la residencia de este juzgado, para que cause ejecutoria el presente juicio de amparo, por cuanto que en este caso se sobreseyó en el presente juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se le vulneran a las demás partes sus derechos con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a dichas autoridades el transcurso del término indicado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 723/2017-IV, promovido por Merly Cristina Carrillo Castro contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y otra autoridad, por considerarlos violatorios del artículo 17 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El nueve de junio de dos mil diecisiete, Merly Cristina Carrillo Castro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y otra autoridad (fojas 1 a 8). Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de trece de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda únicamente por los actos reclamados Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y Agencia de Administración Fiscal en Yucatán; se ordenó dar al Representante Social de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como solicitar a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 9 a 14). Posteriormente, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso el acto que se reclama es omisivo y no requiere ejecución material. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar de las autoridades señaladas como responsables la omisión de dar contestación al escrito presentado ante el Tribunal responsable el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete y la abstención de la Agencia de Administración Fiscal en Yucatán de brindar el auxilio al Tribunal responsable para hacer efectivo el cobro de la multa correspondiente al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, negó el acto que se le reclama. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa, lo que procede es sobresee en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Quinto. Actualización de causal de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, anexas a su informe justificado remitido ante este juzgado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal responsable acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de mayo del mismo año a fin de impulsar el procedimiento de ejecución del juicio de origen (foja 42). Determinación que fue notificada a la parte quejosa el veintisiete de junio de dos mil diecisiete por los estrados del referido Tribunal, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el nueve de junio de dos mil diecisiete, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho humano, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que sea obstáculo a lo anterior que no obre en autos el emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Merly Cristina Carrillo Castro, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y otra autoridad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE DECLARO INFUNDADO EL RECURSO QUE SE INDICA SE FIJA FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONA
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