Mercy del Socorro Novelo Yeh

Expediente 1188/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1188/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Mercy del Socorro Novelo Yeh

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 8611/2023 remitido en línea y signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, a través del cual comunica el contenido el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en los autos del toca 207/2023 de su índice, del que se advierte que admitió a trámite la demanda de amparo directo promovida por ******************** contra el acto de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que le fue enviada por este juzgado mediante oficio 26544/2023-I, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. En virtud de que en este juicio no queda trámite pendiente de resolver, archívese como asunto totalmente concluido. Por último, toda vez que el cuaderno de antecedentes de este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; por tanto, el presente cuaderno es destruible; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ******************** contra los actos que reclama al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1,4, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El nueve de diciembre de dos mil veinte ******************** presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, la demanda en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión; Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de quienes reclamó: "Del Congreso de la Unión, se reclama: La discusión y aprobación del decreto legislativo por el que se modifica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en particular se reclama la inconstitucionalidad del artículo 34 vigente" Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: Su participación en la promulgación y orden de publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), particularmente respecto del artículo 34 vigente. Su participación en la aprobación y expedición del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en particular respecto de su artículo 41 vigente. De la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se reclama: La omisión en la publicación y puesta a disposición de la totalidad de la información relacionada con el expediente de Impacto Ambiental del proyecto Tren Maya fase 1 (Proyecto TM F-1) con clave o Bitácora ********************, cuyo promovente es la empresa pública ******************** pues como se señaló en el escrito inicial de demanda, la autoridad señalada fue omisa en proporcionar, al menos, la siguiente información: A. Anexos relacionados con la manifestación de impacto ambiental; B. Información adicional proporcionada por el promovente. Del titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se reclama: I. La omisión en la publicación y puesta a disposición de la totalidad de la información relacionada con el expediente de Impacto Ambiental del proyecto Tren Maya fase 1 (Proyecto TM F-1) con clave o Bitácora ********************, cuyo promovente es la empresa pública ******************** pues como se señaló en el escrito inicial de demanda, dicha autoridad fue omisa en proporcionar, al menos, la siguiente información: A. Anexos relacionados con la manifestación de impacto ambiental; B. Información adicional proporcionada por el promovente. Segundo. Admisión de la demanda. Previó cumplimiento a la prevención que se realizara a la parte quejosa, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda únicamente por las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados precisados en el escrito aclaratorio; a quienes se les solicitó sus informes justificados, mismos que fueron rendidos y puestos oportunamente a la vista de las partes; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, asimismo, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de ********************, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; artículos 3, fracción II, III y IV, 5, 7 y primero y tercero transitorios del Acuerdo General 26/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como la circular SECNO/23/2021 por la que se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de julio de dos mil veintiuno, aprobó la concentración SECNO/CE/4/2021 en este Juzgado Federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es determinar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo indirecto. Por lo que del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: 1. De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ambas del Congreso de la Unión: La discusión y aprobación del decreto legislativo por el que se modifica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en particular se reclama la inconstitucionalidad del artículo 34 vigente. 2. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Su participación en la promulgación y orden de publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), particularmente respecto del artículo 34 vigente. Su participación en la aprobación y expedición del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en particular respecto de su artículo 41 vigente. De la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): La omisión en la publicación y puesta a disposición de la totalidad de la información relacionada con el expediente de Impacto Ambiental del proyecto Tren Maya fase 1 (Proyecto TM F-1) con clave o Bitácora ********************, cuyo promovente es la empresa pública ********************) - Tren Maya, S. A. de C. V. Tercero. Inexistencia de actos. La Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de dicha Secretaría, manifestó que es no cierto el acto que se le atribuye, sobre la base que su representada no tiene facultades directas para sustanciar y resolver evaluaciones en materia de impacto ambiental, lo cual dijo, es competencia del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin prueba en contrario de la parte quejosa, entonces, es válido concluir que no existen los actos que se les atribuyeron. Sin que obste la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso, ya que en dicha prueba únicamente se hizo constar el estado del trámite ********************, así como la entidad de gestión, la fecha de México, la fecha de ingreso y situación actual, pero no demuestra las conductas omisivas atribuidas al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues no se advierte que éste trámite se encuentra a su cargo. Asimismo, no se soslayan las manifestaciones de la parte quejosa en las que sostuvo que el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene facultades directas expresas e indelegables relacionados con el acto reclamado. No obstante, dichas alegaciones no encuentran sustento en autos y sí por el contario en el sumario se evidencia que el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue quien determinó el inicio al proceso de consulta pública para el proyecto "Tren maya Fase I" y ordenó poder a disposición del público la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional; también se observa que ante esa misma autoridad se verificó el proceso de evaluación; y fue quien posteriormente autorizó de manera condicionada en materia de impacto ambiental, modalidad regional (MIA-R) el referido proyecto. Por lo tanto aun cuando es verdad que el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental es dependiente jerárquico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de esa Secretaría, lo cierto es que éstas no pueden responder por actos que materialmente no emitieron, para efecto de fijar la existencia de los actos reclamados. Por lo tanto, lo que procede es sobreseer en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. La Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores y el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados ambas del Congreso de la Unión al rendir sus informes justificados manifestaron ser cierto los actos que se les reclama, consistente en la discusión y aprobación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Por su parte, la titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir su informe justificado, manifestó ser ciertos los actos reclamados consistentes en la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); así como la aprobación y expedición del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, se tienen por existentes los actos reclamados a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con el referido proceso legislativo de las normas generales reclamadas; máxime que respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, como acontece en el caso. Por tanto, se reitera, se tiene por ciertos los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, en cuanto a la creación de las normas generales reclamadas. En otro aspecto, se tiene que al rendir su informe justificado, la Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de la lectura del mismo se advierte su certeza, pues señala que puso a disposición la Manifestación de Impacto Ambiental, en términos del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sin hacer mención de los anexos e información adicional que forma parte del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), Modalidad Regional (MIA-R) del proyecto denominado "Tren Maya" fase 1 (proyecto TM F-1) con clave o bitácora ********************. Por lo tanto, lo que procede es tener por existente el acto que se le reclama. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. No obstante la certeza de los actos reclamados, resulta innecesario entrar a su estudio y análisis, en virtud que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, lo hagan valer o no las partes, por disponerlo así el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, resulta dable resaltar que el quejoso aduciendo un interés legítimo como habitante de la localidad de ********************, ********************, pretende combatir la inconstitucionalidad de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), particularmente el artículo 34 vigente, así como del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en específico el artículo 41 vigente, asimismo, la omisión de poner a disposición de manera digital y/o física los anexos y la información adicional que forma parte de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), Modalidad Regional (MIA-r) DEL PROYECTO DENOMINADO "tren Maya Fase 1 con clave de bitácora ********************, respectivamente. Ahora bien, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistente en la falta de interés legítimo del quejoso. Para demostrarlo, en principio resulta pertinente recordar los criterios que el Tribunal Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido en relación con el tema. Al resolver la contradicción de tesis 111/2013 el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que existen tres tipos de interés en el juicio de amparo: el simple, el jurídico y el legítimo. El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier persona, por el sólo hecho de ser integrante de la comunidad; mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. No obstante, nuestro sistema de amparo actual se ha ampliado y reconoce el interés legítimo de las personas para acudir al juicio de amparo. En el precedente citado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que, para reconocer que una persona cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo indirecto, se debe acreditar que la promovente cuenta con la aptitud de expresar un agravio diferenciado del resto de los demás integrantes de la sociedad, es decir que cuente con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. En este sentido, al resolver la contradicción de tesis citada, el Tribunal Pleno sostuvo que a partir del nuevo marco constitucional de protección a los derechos humanos, la interpretación de las figuras que integran el sistema del juicio de amparo -entre ellas el interés de la parte quejosa- debe realizarse a la luz del principio pro persona. De esta manera, el interés legítimo es un nivel de legitimación intermedia que se ubica entre el interés jurídico y el interés simple ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, como se concluyó en la citada contradicción de tesis 111/2013, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Dicho parámetro de razonabilidad no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Conforme a lo expuesto, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. Resulta pertinente citar la jurisprudencia 50/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por guardar relación con el tema, resulta pertinente señalar que, en lo que atañe al interés legítimo en materia ambiental, al resolver el amparo en revisión 307/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo que aquí interesa, que quien alegue un interés legítimo se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. En función de lo anterior, consideró que el interés legítimo para promover un amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales. En otras palabras, la privación o afectación de los servicios ambientales que brinda un determinado ecosistema es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. Bajo este tenor, para poder determinar quiénes se benefician de los servicios ambientales de un ecosistema, en la sentencia se adoptó como uno de los criterios para identificar esta relación el concepto del "entorno adyacente", referente a las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata. Por el contrario, es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. Además, se enfatiza que la definición del área de influencia resulta en un problema casuístico que se habrá de resolver caso por caso. En conclusión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, sin que esto rompa el equilibrio antes mencionado; legitimación amplia no es sinónimo de legitimación ilimitada, reiteró, para acreditar el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental es necesario acreditar que quien acude al juicio es beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado. De la ejecutoria anterior resultaron las tesis CCXCI/2018 (10a.) y 1a. CCXC/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por lo que la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado." "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS. El análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Específicamente, los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, lo cual no significa que sea ilimitada, pues quien acude a este juicio debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sostuvo que para probar el interés legítimo, se debe demostrar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) los promoventes pertenezcan a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica a los quejosos, estos deben demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Dichos elementos son concurrentes y basta la ausencia de alguno para que el juicio resulte improcedente. Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, en el caso concreto, el quejoso acude en defensa de un interés legítimo, pues en su demanda de amparo adujo que las autoridades no garantizaron los derechos humanos de acceso a la información participación ciudadana en relación con el derecho a un medio ambiente sano, por haberse omitido poner a disposición, tanto digital como físicamente, los anexos ni la información adicional sobre la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Tren Maya Fase "1". En el propio ocurso constitucional, el solicitante del amparo señaló: "En ese sentido se acude al presente juicio de amparo accionando mi interés legítimo, en términos del párrafo primero de la facción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al resentir en mi perjuicio un agravio personal y directo de mis derechos humanos de acceso a la información pública de participación en la toma de decisiones en materia ambiental y a un medio ambiente sano para mi desarrollo y bienestar reconocidos y protegidos por la Constitución Federal, como miembro de la comunidad afectada del Municipio de ********************, ********************". De lo anterior, se aprecia que el titular de la acción constitucional hizo depender la afectación a sus derechos a la información y participación, de la circunstancia de que el proyecto de referencia pasaría por el municipio en donde habita. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en relación con la actualización del interés legítimo en juicio rigen los principios que norman esta materia, por lo que a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública del Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en defensa del medio ambiente y los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, sin que ello signifique que sea ilimitada, pues quien aduce debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, en la tesis 1a. CCXC/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 335, Décima Época con registro digital: 2018694 que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS. El análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Específicamente, los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, lo cual no significa que sea ilimitada, pues quien acude a este juicio debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado". La propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que en un juicio de amparo, en materia ambiental el "entorno adyacente" de un ecosistema entendido como su área de influencia delimitada a partir de los servicios ambientales que presta, puede ser utilizado como criterio para verificar el interés legítimo en los juicios de amparo ambientales, por lo que se puede acreditar ese interés cuando existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y de los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente" Tal como se establece en la jurisprudencia 1a./J. 8/2022 (11a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 846, Undécima Época con registro digital: 2024385, que dispone: "JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. USO DEL "ENTORNO ADYACENTE" COMO CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLO POR PERSONAS FÍSICAS. Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que las autoridades responsables no garantizaron el derecho humano a un medio ambiente sano, pues no evaluaron de manera integral diferentes aspectos relacionados con el impacto ambiental que podría ocasionar el desarrollo de dicho proyecto y su modificación en el Área Natural Protegida con carácter de Parque Marino Nacional denominado "Sistema Arrecifal Veracruzano". El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejosas no tenían interés legítimo, en tanto no demostraron que se vieran directamente beneficiadas por el ecosistema respectivo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el "entorno adyacente" de un ecosistema, entendido como su área de influencia delimitada a partir de los servicios ambientales que presta, puede ser utilizado como criterio para verificar el interés legítimo en los juicios de amparo ambientales. De ahí que en esos casos se puede acreditar dicho interés con la existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y de los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que surge, por ejemplo, cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente". Justificación: La Primera Sala sostuvo en el amparo en revisión 307/2016 que el interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales. De ahí que uno de los criterios para identificar esa relación entre la persona y los servicios ambientales, es el concepto de "entorno adyacente", conforme al cual son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan tal entorno o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Dichas áreas se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema, es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Sin que para ello resulte necesario demostrar que el daño al medio ambiente efectivamente existe, pues atendiendo al principio de precaución, tal circunstancia debe constituir la materia de fondo del juicio de amparo". Como se advierte, aun en casos de juicios de amparo en materia ambiental a la luz del principio de participación ciudadana, con el fin de acreditar el interés legítimo, queda a cargo de la parte quejosa acreditar habitar o ser beneficiario y utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema que considera vulnerado, demostrando ser beneficiario de los servicios ambientales que presta. Sin que en el caso se haya demostrado esta circunstancia. Lo anterior, porque el tramo del proyecto del Tren Maya respecto del cual el quejoso considera vulnerado su derecho de participación es la fase I de ese proyecto, que de conformidad con el oficio ********************, que aparece en la dirección electrónica https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/camp/resolutivos/2020/********************.pdf, relativo a la autorización de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del Proyecto del Tren Maya Fase I, se advierte que esa fase comprende los municipios de Calkiní, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo, del Estado de Campeche; Libertad y Palenque del Estado de Chiapas Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique en el Estado de Tabasco, y Bokobá, Cacalchén, Chocholá, Halachó, Izamal, Kanasín, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Tekantó, Tixkokob, Tixpehual y Umán en el Estado de ********************. Lo anterior se observa del primer término de dicha manifestación al tenor literal siguiente: TÉRMINOS: PRIMERO.- La presente autorización en materia de Impacto Ambiental, se emite en referencia con los aspectos ambientales derivados de las obras y actividades del proyecto denominado "Tren Maya Fase I", que requieren del cambio de uso de suelo de áreas forestales en una superficie de 800.95 ha de vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia, vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia, vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia, vegetación secundaria arbórea de selva mediana subcaducifolia y vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia, con ubicación en los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabó, en el estado de Campeche; Libertad y Palenque, en el estado de Chiapas; Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique, en el estado de Tabasco; y Bokobá, Cacalchén, Chocholá, Halachó, lzamal, Kanasín, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Tekantó, Tixkokob, Tixpéhual y Umán, en el estado de ********************". Mientras que el quejoso refirió tener su domicilio en el municipio de ********************, que no está comprendido dentro de la Fase I del Proyecto de mérito. De ahí que aun cuando el quejoso ofreció como pruebas, un escrito dirigido al Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el que solicitó una reunión pública de información respecto al proyecto denominado Tren Maya, así como copia de una identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral, el oficio ******************** y una constancia de vecindad, lo cierto es que, al margen de que la segunda y cuarta se trata de copias simples que carecen de valor probatorio, con ese medios probatorios, si bien pudieran demostrar que reside en el municipio de ********************, también es verdad que este no está comprendido en la fase I del Proyecto del Tren Maya Lo mismo acontece con la prueba de inspección judicial desahogada el veinticinco de julio de dos mil veintidós por el actuario adscrito a este juzgado respecto del sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales "Consulta tu Trámite", en relación con el Proyecto Tren Maya, concretamente en la página: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/consultatramite/inicio.php ya que el fedatario judicial únicamente hizo constar el estado del trámite ********************, que corresponde al TRAMITE: MIA ******************** ********************, así como la entidad de gestión, la fecha de México, la fecha de ingreso y situación actual, pero en esta probanza no se advierte que la localidad de ********************, este incluida dentro del proyecto Tren Maya Fase I. Por tal razón, el quejoso no demuestra habitar o beneficiarse de los servicios ambientales de los ecosistemas por los cuales se realizarían las obras de la Fase I del proyecto denominado Tren Maya y por tanto no acredita su interés legítimo. Asi es, para efectos del interés legítimo, correspondía al quejoso demostrar que habita o se beneficia de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas por los cuales se atravesaría el Tren Maya, sin que lo hiciera, pues se reitera, solamente exhibió diversas constancias que si bien pudieran demostrar su residencia en el municipio de ********************, ********************, lo cierto es que en la primera fase de aquel proyecto no se contempló a ese municipio, por lo que esos documentos son insuficientes para acreditar que el solicitante de amparo habita o se beneficia de los servicios ambientales por los cuales cruzará el ferrocarril. Sin que obste lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que el dieciocho de junio de dos mil veinte se publicó el ingreso del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en cuyo proyecto se estableció que abarcaría el municipio de ********************. Lo anterior, porque aunque en el proyecto que se sometió a consideración de la autoridad ambiental, se estableciera que el municipio de ******************** está comprendido en el Sistema Ambiental Regional, lo cierto es que en la autorización de manifestación de impacto ambiental relativa a la fase I del proyecto denominado Tren Maya de treinta de noviembre de dos mil veinte que puede ser consultada en la dirección electrónica https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/camp/resolutivos/2020/********************.pdf, se advierte que la autoridad ambiental en ningún momento refirió que el municipio de ******************** estuviera comprendido dentro del sistema ambiental Regional por donde se construiría el proyecto ferroviario. Tal como se puede advertir en dicha Manifestación de Impacto Ambiental, en donde se mencionaron los municipios con población indígena que conforman el Sistema Ambiental Regional, como se desprende del cuadro que se inserta .En suma, con las pruebas que se admitieron en estos autos, no resulta evidente cómo la ejecución del proyecto denominado Tren Maya a partir de la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, puede afectar los derechos a la información y participación a que alude el quejoso en sus conceptos de violación, dado que tales documentos no acreditan la conexión territorial entre su domicilio y el tramo donde se construirá el proyecto de referencia; de ahí que en el caso se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues como se ha visto, el peticionario del amparo no acreditó su interés legítimo. Resta señalar que aun cuando las autoridades responsables hicieron valer diversas causas de improcedencia, no es necesario estudiar la eventual actualización de alguna de ellas, pues este Juzgado ya determinó la actualización de la prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Sirve de orientación la jurisprudencia número 54/98, visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". En las relatas circunstancias, al acreditarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados al Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ambas del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en el proceso legislativo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), particularmente respecto del artículo 34 vigente y del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en particular respecto de su artículo 41 vigente, toda vez que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley. Al respecto, es aplicable la tesis P. XVII/99 del Pleno y la jurisprudencia 71/2000 de la Segunda Sala, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, respectivamente, en páginas 34 y 235, de los Tomos IX, Abril de 1999 y Tomo XII, agosto de 2000, los dos pertenecientes al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, idénticamente, son: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Sexto. Protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de ********************, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa ******************** mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Ahora bien, del análisis de la demanda de cuenta y de su aclaración, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de su contenido, toda vez que el acto que reclama la promovente es: La sentencia de segunda instancia emitida el trece de julio de dos mil veintitrés, en el toca ******************** por la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por los Fiscales ******************** y ******************** en contra de la diversa sentencia de trece de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Estado de Yucatán, en la carpeta administrativa ******************** derivada de la causa penal ******************** En atención a lo anterior, cabe traer a cuenta lo dispuesto por los artículos 34 y 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." (...) En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda y que corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, a quien deberá remitirse por conducto de la Oficina de la Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, con la demanda, sus copias y anexos (copias simples y disco compacto en formato DVD) y escrito aclaratorio de demanda, para que, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, decida lo conducente al respecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra el acto de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual fue presentada con seis copias y con dos anexos. En consecuencia, se ordena formar el expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1188/2023-I. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende imprecisión del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, pues en el apartado relativo la quejosa señaló el siguiente: La omisión de elementos probatorios que violan sus garantías individuales. Manifestación que no describe un acto o resolución concreto, ni la fecha del mismo y asunto en el que se emitió o donde se haya generado la omisión. Además, en los hechos y conceptos de violación se duele de distintas cuestiones, ya que hace referencia a carpetas de investigación, sentencia absolutoria y peticiones formuladas; sin soslayar que al preámbulo de la demanda, la quejosa refirió que solicita el amparo en contra de la sentencia dictada en el toca 261/2022 emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por otro parte, señala como autoridad responsable a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin especificar la Sala que emitió el acto del que se duele. En tales consideraciones y a efecto de acordar lo relativo a la presente demanda de amparo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracciones III y IV y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: Precise cuál es el acto que reclama, la fecha del mismo, y si resolvió algún recurso, sobre qué versó el mismo, así como el expediente en que se dictó; o bien, si se trata de una omisión, exprese en qué consiste la misma y en su caso, la fecha de solicitud que hubiera formulado y no ha sido atendida. (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa. (...)

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