Merle Ovalle Domínguez
Expediente 170/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/04/2021
Partes del expediente
- Merle Ovalle Domínguez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado en el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Finalmente, al advertirse que obran documentos originales en el cuaderno en que se provee, y en cumplimiento al penúltimo párrafo del artículo 20 del citado acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de dichos documentos, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo firmada por Merle Ovalle Domínguez, por propio derecho, contra actos del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 22, 27 y 39 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 170/2021-C. Sin que sea el caso decretar la suspensión de plano, virtud que una vez analizado el escrito de demanda, no se colige que el acto reclamado sea alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, ni el quejoso se encuentra siendo objeto de alguna de las hipótesis establecidas por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales intentada, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar, que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que se pueden llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no se especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, estableció diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. En efecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una norma de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 199459, de rubro siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO De lo anterior se tiene que, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 161133, que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que es necesario que el acto reclamado cumpla con las referidas cuatro notas distintivas para que pueda considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en caso de que no se satisfaga alguna, el medio de control constitucional será improcedente. Ahora, en relación con el acto que se reclama en esta instancia, este órgano constitucional advierte que no puede considerarse propiamente un acto de autoridad, pues el acto realizado por las autoridad se encuentra relacionado con motivo del contrato de suministro de energía celebrado por la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos; lo cual se corrobora con la propia documental anexa a la demanda de amparo, consistente en el recibo del servicio de electricidad. Aunado, a que todos aquellos actores relacionados con el suministro de energía eléctrica incluido el corte, se encuentran inmersos en el contrato de suministro celebrado entre las partes, como un acto de coordinación, ello se advierte de las documentales que adjuntó la promovente a su demanda, específicamente del "aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica", documental de la que se advierte que de conformidad a lo pactado en el contrato mercantil de suministro de energía eléctrica entre las partes, procedieron a la revisión al sistema de medición e instalación eléctrica y en base a los estudios correspondientes la Comisión Federal de Electricidad procedió al ajuste correspondiente y al cobro de la aquí quejosa por las irregularidades de consumo de energía en su domicilio, actos que fueron realizados en armonía del contrato previamente establecido por las partes Por lo que el referido acto reclamado no cumple con los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia citada, ya que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, de ahí que resulta ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad. Es preciso señalar, que a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se creó una nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, de carácter empresarial y con un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales, se redefinió lo que debe entenderse por servicio público de energía eléctrica, conservando sólo las actividades de transmisión y distribución de energía como actividades estratégicas de Estado. Asimismo, se modificó la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, la cual dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para ser una empresa productiva del Estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, precisando que las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica pasan a ser servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Asentado lo anterior, conviene traer a colación el contenido de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, que dicen: Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: V.- Las empresas de abastecimientos y suministros; XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. De los citados preceptos, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, de acuerdo al nuevo marco jurídico vigente, son de naturaleza comercial, por lo cual se rigen por el Código de Comercio y, de modo supletorio por las disposiciones del Código Civil Federal. Ahora, el artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; En consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que los actos reclamados por la parte quejosa son actos de autoridad para los efectos del numeral 103 Constitucional, virtud que el acto que ejecuta la señalada como responsable, en relación con la ahora parte quejosa, son de naturaleza comercial. Por tanto, las diferencias que surjan entre éstos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales de la Federación, acorde al contenido del artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se trata de un acto que se generó por la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, dentro del procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, la cual dejó de ser una actividad exclusiva del Estado, por disposición constitucional, de ahí que la parte quejosa esté en aptitud de hacer valer sus derechos ante la autoridad correspondiente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 2016656, de texto y rubro que a la letra dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo De igual forma, rebustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro de rubro siguiente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." Finalmente, apoya lo anterior la Jurisprudencia emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció criterio en contrario, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 2019230, de rubro siguiente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS Domicilio y autorizado Se tiene como autorizado en los términos solicitados, a quien refiere, y como domicilio procesal, el señalado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause estado la presente resolución. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.
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