Mercedes Parra Gómez
Expediente 897/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Mercedes Parra Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Auxiliar de la Presidencia de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación Y arbitraje de Tijuana, Baja California, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector ordenado en autos; asimismo solicita se le conceda prórroga de veinte días hábiles a fin de dar cumplimiento cabal con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, como lo solicita con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede prórroga por veinte días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que dé cabal cumplimiento al fallo protector decretado en autos, en el entendido que de no hacerlo así en el término otorgado, se le harán efectivos los apercibimientos con los que se le conminó. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por la auxiliar de Presidencia de la Junta Especial Número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana Baja California, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector ordenado en autos. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se desprende que el treinta y uno de octubre del año en curso, dentro de los autos del expediente laboral de origen ********************, promovido por ********************, en contra del ********************, se dictó un acuerdo en el que se hizo efectivo el apercibimiento de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, esto es, en el sentido de tenerles por perdido el derecho a las partes de formular alegatos y les dio vista por el plazo de tres días, para que manifiesten su conformidad de que no hay pruebas pendientes que desahogar, determinación que se notificó personalmente a las partes el dos de noviembre anterior. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, en el plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias en copia certificada con las que así lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo así en el término otorgado, se le harán efectivos los apercibimientos con los que se le conminó. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos siguientes: "1. Notifique el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, a las partes y otorgue el término otorgado para la formulación de alegatos. 2. Inmediatamente transcurridos los dos días otorgados para la formulación de alegatos, decrete el cierre de instrucción del juicio natural, en los términos que marca el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. 3. Una vez hecho lo anterior, provea lo necesario para que el proyecto de laudo del juicio natural sea elaborado y aprobado dentro de los plazos legales establecidos para tal efecto. En el entendido de que la presente sentencia se estimará cumplida con el dictado del laudo, en congruencia con la etapa procesal involucrada y el acto reclamado en esta instancia constitucional." Debiendo remitir las constancias en copia certificada con las que así lo acredite. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así y sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ocupa y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional En Tijuana, Baja California, a las once horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de derechos fundamentales ********************, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, ante la presencia de Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de la licenciada María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de juzgado con quien actúa y da fe, se apertura la audiencia sin la comparecencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. Enseguida, la secretaria certifica que en el presente juicio, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Luego, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: a) Escrito de demanda y anexo b) proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se admitió a trámite la demanda; c) Notificación realizada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual se le corrió traslado con el escrito de demanda; d) informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida, la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para todos los efectos legales conducentes. A continuación, se abre el período probatorio en el que la secretaria hace constar que únicamente la autoridad responsable ofreció como medios de convicción la documental pública consistente en copia certificada del auto dictado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés en el expediente laboral de origen ********************; teniéndose por desahogadas sin necesidad de una audiencia especial, misma que serán tomada en consideración en su oportunidad. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la prueba anteriormente referida de acuerdo con su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de valorarlas al momento de dictar sentencia; con ello, se cierra el periodo correspondiente. En período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló por lo que se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos y se cierra esa etapa. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el catorce de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana y sus escritos aclaratorios, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que, previa aclaración, el quejoso señaló como: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California ACTO RECLAMADO "PRIMERO: Se reclama de la autoridad responsable la violación a lo dispuesto por los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 en relación con lo dispuesto en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que desde fecha quince de agosto de dos mil veintidós, (fecha en que se formularon los alegatos), desde ese momento a la fecha ya han transcurrido un más de cinco meses, sin que la autoridad haya generado los actos procesales para emitir el Laudo en cuestión, dejando injustificadamente sin continuación el juicio laboral ******************** seguido ante la autoridad responsable y consecuentemente el que suscrito me vea privado de alcanzar la impartición de la justicia y satisfacer así el reclamo de mis derechos por medio del procedimiento laboral en términos de ley [.] (sic)" Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; previa aclaración, se admitió a trámite y se registró con el número de expediente ********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se reconoció el carácter de tercero interesado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo previo diferimiento al tenor del acta que antecede; y: C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse una omisión y la demanda se presentó en la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: - La dilación procesal dentro del expediente laboral ********************, que ha impedido la emisión del laudo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Tijuana, Baja California, por conducto del auxiliar de Presidencia de dicha junta, rindieron informe justificado aceptando la existencia de la omisión reclamada, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la copia certificada del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés dictado en el expediente laboral ********************, que remitieron en apoyo al informe justificado, documental pública, que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Cuarto. Improcedencia. En el caso de oficio no se advierte causa de improcedencia del juicio de amparo, ni las partes hacen valer alguna en particular y ante lo cual se procede al análisis de los conceptos de violación; sin que haya necesidad de su transcripción al constar en la demanda de amparo y como tal la de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo, se analizaran de manera completa. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación por cuanto a que la omisión de la responsable trasgrede el derecho fundamental de administración de justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal y suficientes para otorgar la protección solicitada. En efecto, en torno a la administración de justicia, del contenido del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, se advierte que la administración de justicia debe ser: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. En apoyo a lo anterior se cita la tesis 2a./J. 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 171257, que establece: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De este modo, del contenido del artículo 17 de la Constitución Federal, se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Ahora, en torno al procedimiento laboral y dictado del laudo respectivo, es de precisarse en principio que los artículos 685, 750, 884, 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Del contenido de los preceptos transcritos, se deduce que la etapa de resolución de los juicios competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, inicia una vez que se cierra la instrucción, lo que debe acontecer cuando concluya el desahogo de las pruebas y son rendidos los alegatos de las partes o trascurre el plazo fijado para tal efecto. Así, declarada cerrada la instrucción, dentro del plazo de diez días, el auxiliar de la junta formulará el proyecto de laudo. Presentado dicho proyecto, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los integrantes de la junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estimen necesarias para mejor proveer; en caso de ordenarse ese tipo de actuaciones, se señalará día y hora para para su desahogo, dentro de un lapso de ocho días; desahogadas las pruebas, se formulará un nuevo proyecto de laudo tomándolas en cuenta. Transcurrida la etapa anterior se citará para discusión y aprobación del laudo, dentro de los diez días siguientes. Ahora, de las constancias del expediente laboral ********************, valoradas en párrafos precedentes, se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés se otorgó el término de dos días a las partes para la formulación de los alegatos, y no obstante ello, en contravención con lo establecido en el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable a la fecha ha omitido notificar el referido auto, a efecto de otorgar el tiempo a que alude dicho proveído y en su momento oportuno declarar cerrada la instrucción en continuación del procedimiento laboral aludido, para la emisión del proyecto de laudo y el laudo mismo. En ese contexto, el retraso u omisión en la realización de los actos previos indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio, para el dictado del laudo respectivo. De ahí que se considere evidente que la omisión en que ha incurrido la responsable resulta violatoria del derecho fundamental de administración de justicia pronta y por lo tanto, se procede a otorgar la protección de la justicia federal solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CV/2013 (10a.), visible en la página 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005150, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Sexto. Efectos del amparo. Con apoyo en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo concedido es para que la Junta responsable: 1. Notifique el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, a las partes y otorgue el término otorgado para la formulación de alegatos. 2. Inmediatamente transcurridos los dos días otorgados para la formulación de alegatos, decrete el cierre de instrucción del juicio natural, en los términos que marca el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. 3. Una vez hecho lo anterior, provea lo necesario para que el proyecto de laudo del juicio natural sea elaborado y aprobado dentro de los plazos legales establecidos para tal efecto. En el entendido de que la presente sentencia se estimará cumplida con el dictado del laudo, en congruencia con la etapa procesal involucrada y el acto reclamado en esta instancia constitucional. Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal ampara y protege a la parte quejosa ********************, contra actos del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tijuana, Baja California, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución y para los efectos del considerando sexto. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria que da fe. Doy fe.
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