Mercedes García Calderón
Expediente 496/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mercedes García Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Mercedes García León; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe alguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. SE AGREGA RAZÓN ACTUARIAL, POR LISTA Agréguese al sumario la razón levantada por el Actuario Judicial de la adscripción el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de que no le fue posible notificar al tercero interesado Alejandro Chávez García, la resolución con engrose siete de septiembre de dos mil veintidós, por los motivos en ella expuestos; atento a ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista dicha resolución, así como la subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto comparezca a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese y por lista al tercero interesado la resolución con engrose de siete de septiembre de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-496/2022 promovido por Mercedes García Calderón, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el diez de mayo de dos mil veintidós, Mercedes García León, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad, así como del acto que precisó en el propio ocurso. Acto que consideró violatorio en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional, el que previa prevención, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la admitió; ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable; y, dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Alejandro Chávez García, del que se ordenó su emplazamiento. A las once horas con diez minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza mercantil emitidos por autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: La resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dictada en el incidente de nulidad de emplazamiento y embargo que interpuso Mercedes García León, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1186/2021, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto a la existencia de los actos reclamados, de las constancias que integran los presentes autos se advierte que las autoridades responsables al rendir su informe justificado señalaron que era cierto. Además, se acredita la existencia de los actos reclamados con las constancias que allegó la autoridad responsable Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. A fin de examinar la procedencia del juicio de amparo, se estima necesario relacionar los antecedentes más relevantes del acto reclamado para una mejor comprensión del asunto, los cuales se obtienen de las actuaciones que remitieron las autoridades responsables y son los siguientes. 1. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, Alejandro Chávez García, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil a José Carlos García García, como deudor principal y a Mercedes García Calderón o Mercedes G.C, como aval, entre otras prestaciones, el pago de $8,400.00 (ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). 2. Demanda que se radicó en el Juzgado Primero Menor en Materia civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con el número de expediente 1186/2021, ordenándose el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 3. Así, en diligencia de cinco de enero de dos mil veintidós, el actuario adscrito al Juzgado citado, levantó constancia en la que asentó que requirió de pago a la parte demandada Mercedes García Calderón, pero ésta se negó a realizarlo, la que además refirió que tampoco "los dejaría pasar a su casa", acto seguido, se le dio el uso de la voz a la parte actora, quien solo indicó que reservó el derecho de señalar bienes, y solicitó se ejecutaran los medios de apremio correspondientes. En ese mismo acto, procedió a emplazar a la citada demandada. 4. Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se determinó que ante la oposición de la persona que atendió la diligencia de cinco de enero de dos mil veintidós, se autorizaba la intervención de cerrajero y el rompimiento de chapas y cerraduras, en caso de que se impidiera el acceso o encontrarse cerrado el inmueble, específicamente, en el domicilio de la demandada Mercedes García Calderón o Mercedes G.C. 5. En diligencia de ocho de febrero de dos mil veintidós, entendida con Mercedes García Calderón, llevada a cabo por el actuario adscrito al Juzgado responsable, se trabó embargo sobre los bienes muebles descritos en la referida acta. 6. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora, por conducto de su endosataria en procuración Stephanie Lizbeth Piña Ponce de León, desistiéndose de la demanda entablada en contra de José Carlos García García, lo que se tuvo por hecho para los efectos legales conducentes, y se ordenó la continuación del juicio por lo que respectaba a la diversa demandada Mercedes García Calderón o Mercedes G.C. 7. Inconforme, la demandada -aquí quejosa- interpuso incidente de nulidad en contra de las diligencias de pago, embargo y emplazamiento referidas en párrafos anteriores, y seguido el procedimiento incidental en todas y cada una de sus etapas, mediante resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Juez responsable declaró improcedente dicho incidente, siendo éste el acto que reclama la peticionaria de amparo en el presente juicio constitucional. 8. Posteriormente, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Juez responsable dictó sentencia definitiva en el procedimiento ejecutivo mercantil de donde emana el acto reclamado, la que se resolvió en los siguientes términos: ".OCTAVO.- (Remate) Hágase trance y remate de los bienes muebles embargados en autos, según diligencia de fecha 8 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, para con su producto hacer efectiva la condena, atento a lo dispuesto en el artículo 1410 y relativos del Código de Comercio. (.) PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva la presente controversia. SEGUNDO.- Se declara parcialmente procedente la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil ejercitaron los endosatarios en procuración de Alejandro Chávez García frente a Mercedes García Calderón o Mercecdes G.C. (sic), quien no hizo el pago, ni se opuso a la ejecución; por tanto. TERCERO.- Se condena a dicho demandado a pagar a su contraria la cantidad de $8,400.00 (ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, además, los intereses moratorios a la tasa reducida del 3.73% (tres punto setenta y tres por ciento) mensual, a partir del 17 diecisiete de diciembre de 2019 dos mil diecinueve y, hasta la total liquidación del adeudo principal. CUARTO.- No se condena a pagar costas de esta instancia. QUINTO.- Hágase trance y remate de los bienes muebles embargados en autos, según diligencia de fecha 8 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, para con su producto hacer efectiva la condena. SEXTO. Notifíquese personalmente a las partes. (.)." 8. Ahora, este Juzgado de Distrito advierte que mediante lista de acuerdos publicada el veintidós de junio de dos mil veintidós en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el Juez responsable declaró que la sentencia definitiva causó ejecutoria por ministerio de ley, esto es, adquirió firmeza, de la que se inserta imagen para mayor visualización: Prueba a la cual se da valor probatorio pleno, toda vez que la información fue publicada en documentales de redes informáticas oficiales, las cuales forman parte del conocimiento público, por tanto, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 168124 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XX.2o. J/24 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470 Tipo: Jurisprudencia "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte la improcedencia del juicio constitucional contra el acto reclamado, ya que operó un cambio de situación jurídica, actualizándose la causal prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuyo contenido establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Sobre el particular, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación Tomo LXIX, en torno a la causa de improcedencia transcrita, sostuvo el criterio siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... ... "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 1a./J. 34/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, página 150, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN PERO EN LA MISMA CAUSA SE ACREDITA QUE SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA, NO OBSTANTE QUE UNA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA LA HAYA DECLARADO INSUBSISTENTE AL ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. Si en el juicio de amparo en que se reclama el auto de formal prisión se acredita que posteriormente, en la misma causa penal, se dictó sentencia definitiva, aunque una resolución de segunda instancia la haya declarado insubsistente al haber ordenado reponer el procedimiento, procede sobreseer en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de dicha Ley, en virtud del cambio de situación jurídica del procesado. Lo anterior es así, porque el auto de formal prisión se sustituye con el dictado de la sentencia de primer grado, y ese cambio de estatus jurídico hace que las violaciones reclamadas se consideren consumadas de modo irreparable, en tanto que no es posible decidir sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso." Del anterior criterio, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se colige que para la operancia de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que debido a esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese orden de ideas, si bien un procedimiento judicial del orden mercantil ordinariamente se instruye a través de una secuencia de actos procesales concatenados entre sí por un nexo de causalidad que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver la controversia sometida a su decisión, cuya unidad implica que la validez de los actos posteriores depende de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado realizando sobre la base de aquél. Lo que significa que, por virtud del pronunciamiento de una sentencia definitiva o un auto que ponga fin al procedimiento se llega a la conclusión de esa serie de actos procesales, que cuando se dicta y queda firme por no combatirse, se crea una nueva situación jurídica respecto de la pretensión que se hizo valer en el juicio natural. Es el caso que la quejosa reclama la resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintidós, pronunciada por la autoridad responsable, que determinó improcedente el incidente de nulidad en contra de las diligencias de pago, embargo y emplazamiento practicada el cinco de enero y ocho de febrero, ambos de dos mil veintidós, sin embargo, tal autoridad jurisdiccional emitió sentencia definitiva el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la que resolvió condenar a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda. En la especie, por lo que respecta al embargo, hay un cambio de estatus con la emisión de la sentencia condenatoria de uno precautorio a uno definitivo, en atención a que dicho embargo constituye un secuestro judicial para asegurar bienes del deudor que puedan solventar los resultados del juicio, pues se trata de -embargos- preventivos con efectos procesales durante la secuela del procedimiento, los cuales al pronunciarse sentencia ejecutoria se transforman en secuestros formales para la ejecución de la sentencia, dejando de tener el carácter procesal de medidas provisionales para constituir embargos formales. Siendo aplicable la tesis aislada número I.3o.C.173 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 906, Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "ARRENDAMIENTO. EMBARGO PRECAUTORIO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE RENTAS ADEUDADAS, SU CARÁCTER CUANDO LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA (ARTÍCULO 962 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1993). El artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, contempla una medida precautoria de carácter privilegiado en las controversias de arrendamiento inmobiliario, en virtud de que concede al arrendador la facultad de solicitar a la autoridad judicial que se embarguen bienes propiedad del arrendatario, a efecto de que garantice el pago de las rentas adeudadas en caso de que no acredite con los recibos de renta o escritos de consignación, que se encuentra al corriente en el pago de las rentas, y en tal sentido resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 252 del mismo ordenamiento, que en lo conducente dice: "La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria ...", y si el inquilino promueve incidente con el objeto de dejar sin efecto la providencia precautoria ordenada en la admisión de demanda, cuando ya había causado ejecutoria la sentencia definitiva, el incidente en comento resulta notoriamente improcedente; esto es, la providencia precautoria a que se alude constituye un secuestro judicial para asegurar bienes del deudor que puedan solventar los resultados del juicio, pues se trata de embargos preventivos con efectos procesales durante la secuela del procedimiento, los cuales, al pronunciarse sentencia ejecutoria, se transforman en secuestros formales para la ejecución de la sentencia, dejando de tener entonces el carácter procesal de medidas provisionales para constituir embargos formales." En ese orden de ideas, si en el presente sumario constitucional se reclama la diligencia de embargo precautorio y emplazamiento ejecutado el cinco de enero y ocho de febrero, ambos de dos mil veintidós, respectivamente, el primero citado respecto de diversos bienes muebles, el cual fue ordenado a fin de garantizar el pago de las rentas adeudadas; sin embargo, en el contradictorio de origen ya se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la aquí quejosa al pago de las prestaciones que le fueron reclamadas y causó ejecutoria, esto es, adquirió firmeza. De ahí que el embargo precautorio ya no tenga el carácter de medida provisional, sino que éste se transformó en un secuestro formal para la ejecución de la sentencia que se dictó, lo que ha quedado firme. Por lo que respecta al emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, también se encuentra en una situación jurídica nueva, al ser convalidada por la responsable en la sentencia definitiva, y haber tomado en cuenta su llamado a juicio para determinar lo conducente, esto es, su rebeldía a contestar la incoada en su contra al oponerse a la ejecución trabada en su contra, a pesar de que tratándose de obligaciones, correspondió a la parte demandada acreditar el cumplimiento de pago. De ahí que no sea dable analizar el acto aquí destacado como reclamado, en atención a que hubo un cambio en la situación jurídica, siendo que ello imposibilita el estudio del acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél, por tanto, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la fracción XVII del artículo 61 de la citada legislación. Lo anterior al margen de que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Ello porque la resolución que recayó al incidente planteado por la reo, hoy quejosa, no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos sino meramente procesales. De manera que, en todo caso, las violaciones cometidas podrán ser materia de amparo directo. Apoya lo expuesto las tesis siguientes: Registro digital: 167896 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 94/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256 Tipo: Jurisprudencia "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Registro digital: 205601 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común, Civil Tesis: P./J. 38/92 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 59, Noviembre de 1992, página 12 Tipo: Jurisprudencia "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." Situaciones que por sí mismas, imposibilitan al que suscribe para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados. Se cita en su apoyo la tesis número IV.3o.108 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 353, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos que se reclaman a la autoridad ejecutora toda vez que no se combaten por vicios propios. Se aplica a lo expuesto, la jurisprudencia con número de registro 253622, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito Visible en la página 286, del Volumen 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mercedes García Calderón, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y actuario de su adscripción, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones señaladas en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy siete de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE LISTA NOTIFICO al tercero interesado Alejandro Chávez García, la resolución con engrose siete de septiembre de dos mil veintidós, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-496/2022 promovido por Mercedes García Calderón, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el diez de mayo de dos mil veintidós, Mercedes García León, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otra autoridad, así como del acto que precisó en el propio ocurso. Acto que consideró violatorio en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional, el que previa prevención, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la admitió; ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable; y, dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Alejandro Chávez García, del que se ordenó su emplazamiento. A las once horas con diez minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza mercantil emitidos por autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: La resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dictada en el incidente de nulidad de emplazamiento y embargo que interpuso Mercedes García León, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1186/2021, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto a la existencia de los actos reclamados, de las constancias que integran los presentes autos se advierte que las autoridades responsables al rendir su informe justificado señalaron que era cierto. Además, se acredita la existencia de los actos reclamados con las constancias que allegó la autoridad responsable Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. A fin de examinar la procedencia del juicio de amparo, se estima necesario relacionar los antecedentes más relevantes del acto reclamado para una mejor comprensión del asunto, los cuales se obtienen de las actuaciones que remitieron las autoridades responsables y son los siguientes. 1. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, Alejandro Chávez García, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil a José Carlos García García, como deudor principal y a Mercedes García Calderón o Mercedes G.C, como aval, entre otras prestaciones, el pago de $8,400.00 (ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). 2. Demanda que se radicó en el Juzgado Primero Menor en Materia civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con el número de expediente 1186/2021, ordenándose el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 3. Así, en diligencia de cinco de enero de dos mil veintidós, el actuario adscrito al Juzgado citado, levantó constancia en la que asentó que requirió de pago a la parte demandada Mercedes García Calderón, pero ésta se negó a realizarlo, la que además refirió que tampoco "los dejaría pasar a su casa", acto seguido, se le dio el uso de la voz a la parte actora, quien solo indicó que reservó el derecho de señalar bienes, y solicitó se ejecutaran los medios de apremio correspondientes. En ese mismo acto, procedió a emplazar a la citada demandada. 4. Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se determinó que ante la oposición de la persona que atendió la diligencia de cinco de enero de dos mil veintidós, se autorizaba la intervención de cerrajero y el rompimiento de chapas y cerraduras, en caso de que se impidiera el acceso o encontrarse cerrado el inmueble, específicamente, en el domicilio de la demandada Mercedes García Calderón o Mercedes G.C. 5. En diligencia de ocho de febrero de dos mil veintidós, entendida con Mercedes García Calderón, llevada a cabo por el actuario adscrito al Juzgado responsable, se trabó embargo sobre los bienes muebles descritos en la referida acta. 6. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora, por conducto de su endosataria en procuración Stephanie Lizbeth Piña Ponce de León, desistiéndose de la demanda entablada en contra de José Carlos García García, lo que se tuvo por hecho para los efectos legales conducentes, y se ordenó la continuación del juicio por lo que respectaba a la diversa demandada Mercedes García Calderón o Mercedes G.C. 7. Inconforme, la demandada -aquí quejosa- interpuso incidente de nulidad en contra de las diligencias de pago, embargo y emplazamiento referidas en párrafos anteriores, y seguido el procedimiento incidental en todas y cada una de sus etapas, mediante resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Juez responsable declaró improcedente dicho incidente, siendo éste el acto que reclama la peticionaria de amparo en el presente juicio constitucional. 8. Posteriormente, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Juez responsable dictó sentencia definitiva en el procedimiento ejecutivo mercantil de donde emana el acto reclamado, la que se resolvió en los siguientes términos: ".OCTAVO.- (Remate) Hágase trance y remate de los bienes muebles embargados en autos, según diligencia de fecha 8 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, para con su producto hacer efectiva la condena, atento a lo dispuesto en el artículo 1410 y relativos del Código de Comercio. (.) PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva la presente controversia. SEGUNDO.- Se declara parcialmente procedente la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil ejercitaron los endosatarios en procuración de Alejandro Chávez García frente a Mercedes García Calderón o Mercecdes G.C. (sic), quien no hizo el pago, ni se opuso a la ejecución; por tanto. TERCERO.- Se condena a dicho demandado a pagar a su contraria la cantidad de $8,400.00 (ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, además, los intereses moratorios a la tasa reducida del 3.73% (tres punto setenta y tres por ciento) mensual, a partir del 17 diecisiete de diciembre de 2019 dos mil diecinueve y, hasta la total liquidación del adeudo principal. CUARTO.- No se condena a pagar costas de esta instancia. QUINTO.- Hágase trance y remate de los bienes muebles embargados en autos, según diligencia de fecha 8 ocho de febrero de 2022 dos mil veintidós, para con su producto hacer efectiva la condena. SEXTO. Notifíquese personalmente a las partes. (.)." 8. Ahora, este Juzgado de Distrito advierte que mediante lista de acuerdos publicada el veintidós de junio de dos mil veintidós en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el Juez responsable declaró que la sentencia definitiva causó ejecutoria por ministerio de ley, esto es, adquirió firmeza, de la que se inserta imagen para mayor visualización: Prueba a la cual se da valor probatorio pleno, toda vez que la información fue publicada en documentales de redes informáticas oficiales, las cuales forman parte del conocimiento público, por tanto, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 168124 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XX.2o. J/24 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470 Tipo: Jurisprudencia "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte la improcedencia del juicio constitucional contra el acto reclamado, ya que operó un cambio de situación jurídica, actualizándose la causal prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuyo contenido establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Sobre el particular, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación Tomo LXIX, en torno a la causa de improcedencia transcrita, sostuvo el criterio siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... ... "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 1a./J. 34/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, página 150, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN PERO EN LA MISMA CAUSA SE ACREDITA QUE SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA, NO OBSTANTE QUE UNA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA LA HAYA DECLARADO INSUBSISTENTE AL ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. Si en el juicio de amparo en que se reclama el auto de formal prisión se acredita que posteriormente, en la misma causa penal, se dictó sentencia definitiva, aunque una resolución de segunda instancia la haya declarado insubsistente al haber ordenado reponer el procedimiento, procede sobreseer en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de dicha Ley, en virtud del cambio de situación jurídica del procesado. Lo anterior es así, porque el auto de formal prisión se sustituye con el dictado de la sentencia de primer grado, y ese cambio de estatus jurídico hace que las violaciones reclamadas se consideren consumadas de modo irreparable, en tanto que no es posible decidir sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso." Del anterior criterio, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se colige que para la operancia de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que debido a esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese orden de ideas, si bien un procedimiento judicial del orden mercantil ordinariamente se instruye a través de una secuencia de actos procesales concatenados entre sí por un nexo de causalidad que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver la controversia sometida a su decisión, cuya unidad implica que la validez de los actos posteriores depende de la de los anteriores, de modo que si se invalida alguno, también quedan sin efectos los que se hayan continuado realizando sobre la base de aquél. Lo que significa que, por virtud del pronunciamiento de una sentencia definitiva o un auto que ponga fin al procedimiento se llega a la conclusión de esa serie de actos procesales, que cuando se dicta y queda firme por no combatirse, se crea una nueva situación jurídica respecto de la pretensión que se hizo valer en el juicio natural. Es el caso que la quejosa reclama la resolución interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil veintidós, pronunciada por la autoridad responsable, que determinó improcedente el incidente de nulidad en contra de las diligencias de pago, embargo y emplazamiento practicada el cinco de enero y ocho de febrero, ambos de dos mil veintidós, sin embargo, tal autoridad jurisdiccional emitió sentencia definitiva el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la que resolvió condenar a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda. En la especie, por lo que respecta al embargo, hay un cambio de estatus con la emisión de la sentencia condenatoria de uno precautorio a uno definitivo, en atención a que dicho embargo constituye un secuestro judicial para asegurar bienes del deudor que puedan solventar los resultados del juicio, pues se trata de -embargos- preventivos con efectos procesales durante la secuela del procedimiento, los cuales al pronunciarse sentencia ejecutoria se transforman en secuestros formales para la ejecución de la sentencia, dejando de tener el carácter procesal de medidas provisionales para constituir embargos formales. Siendo aplicable la tesis aislada número I.3o.C.173 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 906, Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "ARRENDAMIENTO. EMBARGO PRECAUTORIO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE RENTAS ADEUDADAS, SU CARÁCTER CUANDO LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA (ARTÍCULO 962 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1993). El artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, contempla una medida precautoria de carácter privilegiado en las controversias de arrendamiento inmobiliario, en virtud de que concede al arrendador la facultad de solicitar a la autoridad judicial que se embarguen bienes propiedad del arrendatario, a efecto de que garantice el pago de las rentas adeudadas en caso de que no acredite con los recibos de renta o escritos de consignación, que se encuentra al corriente en el pago de las rentas, y en tal sentido resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 252 del mismo ordenamiento, que en lo conducente dice: "La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria ...", y si el inquilino promueve incidente con el objeto de dejar sin efecto la providencia precautoria ordenada en la admisión de demanda, cuando ya había causado ejecutoria la sentencia definitiva, el incidente en comento resulta notoriamente improcedente; esto es, la providencia precautoria a que se alude constituye un secuestro judicial para asegurar bienes del deudor que puedan solventar los resultados del juicio, pues se trata de embargos preventivos con efectos procesales durante la secuela del procedimiento, los cuales, al pronunciarse sentencia ejecutoria, se transforman en secuestros formales para la ejecución de la sentencia, dejando de tener entonces el carácter procesal de medidas provisionales para constituir embargos formales." En ese orden de ideas, si en el presente sumario constitucional se reclama la diligencia de embargo precautorio y emplazamiento ejecutado el cinco de enero y ocho de febrero, ambos de dos mil veintidós, respectivamente, el primero citado respecto de diversos bienes muebles, el cual fue ordenado a fin de garantizar el pago de las rentas adeudadas; sin embargo, en el contradictorio de origen ya se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la aquí quejosa al pago de las prestaciones que le fueron reclamadas y causó ejecutoria, esto es, adquirió firmeza. De ahí que el embargo precautorio ya no tenga el carácter de medida provisional, sino que éste se transformó en un secuestro formal para la ejecución de la sentencia que se dictó, lo que ha quedado firme. Por lo que respecta al emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, también se encuentra en una situación jurídica nueva, al ser convalidada por la responsable en la sentencia definitiva, y haber tomado en cuenta su llamado a juicio para determinar lo conducente, esto es, su rebeldía a contestar la incoada en su contra al oponerse a la ejecución trabada en su contra, a pesar de que tratándose de obligaciones, correspondió a la parte demandada acreditar el cumplimiento de pago. De ahí que no sea dable analizar el acto aquí destacado como reclamado, en atención a que hubo un cambio en la situación jurídica, siendo que ello imposibilita el estudio del acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél, por tanto, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la fracción XVII del artículo 61 de la citada legislación. Lo anterior al margen de que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Ello porque la resolución que recayó al incidente planteado por la reo, hoy quejosa, no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos sino meramente procesales. De manera que, en todo caso, las violaciones cometidas podrán ser materia de amparo directo. Apoya lo expuesto las tesis siguientes: Registro digital: 167896 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 94/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256 Tipo: Jurisprudencia "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Registro digital: 205601 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común, Civil Tesis: P./J. 38/92 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 59, Noviembre de 1992, página 12 Tipo: Jurisprudencia "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." Situaciones que por sí mismas, imposibilitan al que suscribe para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados. Se cita en su apoyo la tesis número IV.3o.108 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 353, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos que se reclaman a la autoridad ejecutora toda vez que no se combaten por vicios propios. Se aplica a lo expuesto, la jurisprudencia con número de registro 253622, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito Visible en la página 286, del Volumen 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mercedes García Calderón, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y actuario de su adscripción, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones señaladas en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy siete de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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