Melissa Kassandra Contreras Nava

Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
876/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Melissa Kassandra Contreras Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. HA CAUSADO ESTADO DESECHADA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintitrés de septiembre del año en curso, por el que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Jegp

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. CUMPLE CON PREVENCION Visto el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa Melissa Kassandra Contreras Nava, a través del cumple con la prevención de veinte de este mes y año, por lo que se procede a proveer lo que a derecho corresponda. DESECHAMIENTO La quejosa reclama el archivo definitivo o cierre de la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0000909/2021, que de forma verbal le dio a conocer la autoridad responsable, determinación que se traduce en la omisión de investigar hechos. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Ahora bien, el citado artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo cuando exista un juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados. Por su parte, el numeral 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y el de no ejercicio de la acción penal. El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el artículo 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, ya que se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito de la prerrogativa constitucional de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Además, el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. Se advierte además, que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que tanto la abstención de investigar como el no ejercicio de la acción penal, del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, los derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, si en el presente asunto la quejosa reclama la abstención de investigar hechos constitutivos de delito, lo que se traduce en una omisión de ejercitar acción penal, resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa debió acudir ante el Juez de Control competente a impugnar tal omisión a través del recurso innominado que contiene éste último precepto, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces ya estaría en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. Es aplicable a lo anterior, las jurisprudencias que enseguida se citan. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021659 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.I.P. J/68 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1433 Tipo: Jurisprudencia NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado. PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 14/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 5 de noviembre de 2019. Mayoría de siete votos de los Magistrados Alejandro Gómez Sánchez, Humberto Manuel Román Franco, Olga Estrever Escamilla, Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, Miguel Enrique Sánchez Frías, Carlos Enrique Rueda Dávila y Carlos López Cruz. Disidentes: Francisco Javier Sarabia Ascencio, Emma Meza Fonseca y Fernando Córdova del Valle. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Encargada del engrose: Olga Estrever Escamilla. Secretario: Germán Ernesto Olivera Sánchez. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021064 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.I.P. J/61 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, página 1430 Tipo: Jurisprudencia MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES QUE SEÑALA O EN OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL IMPUTADO O QUIEN SE OSTENTE CON TAL CARÁCTER NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR TAL RECURSO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que ante su redacción restrictiva, el imputado o quien se ostente con tal carácter no está obligado a impugnar ante el Juez de Control las actuaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o sus omisiones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, al imputado o a quien se ostente con tal carácter no le es exigible agotarlo antes de promover el juicio de amparo indirecto, pues condicionarlo a ello representa imponerle una exigencia excesiva y carente de razonabilidad al no estar autorizado por el texto expreso de la ley para interponer dicho medio ordinario de defensa, aunado a que implicaría generarle cargas adicionales, como interponer otros recursos contra la eventual negativa del Juez de Control de admitir ese medio de impugnación en la vía ordinaria, lo que además pugna con el derecho fundamental de acceso a la justicia. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023531 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 9/2021 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta. PRIMERA SALA Contradicción de tesis 177/2020. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito. 23 de junio de 2021. Mayoría de tres votos de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Norma Lucía Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Alexandra Valois Salazar. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 3/2020 en la que sostuvo que no se advierte una razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer que resulta innecesario agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte del imputado, previo a acudir al juicio de amparo a reclamar una actuación del agente del Ministerio Público, pues de aceptarse dicha excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de agotar dicho recurso innominado, respecto del cual conoce el Juez de Control, ya que de no entenderlo así, desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del nuevo Sistema de Justicia Penal, con el surgimiento de los Jueces de Control, lo que implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación o emita alguna determinación, el ofendido o víctima o imputado acudirían al juicio de amparo a hacer valer aspectos de mera legalidad; y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría el control estatuido por dicha reforma, colocando al Juez de Distrito en la realización de funciones originarias constitucional y legalmente reservadas al Juez de Control, y El sustentado por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 6/2019, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.I.P. J/61 P (10a.), de título y subtítulo: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES QUE SEÑALA O EN OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL IMPUTADO O QUIEN SE OSTENTE CON TAL CARÁCTER NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR TAL RECURSO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, Tomo II, noviembre de 2019, página 1430, con número de registro digital: 2021064. Tesis de jurisprudencia 9/2021 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Esta tesis se publicó el viernes 10 de septiembre de 2021 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de septiembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en comento, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Héctor Guerrero Véjar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Jegp

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE DEMANDA DE MAPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado bajo el número III-876/2021. SE RECONOCE PERSONERÍA Visto el escrito de demanda de amparo que suscribe Efraín Antonio Lara Tinajero, quien se ostenta apoderado de la quejosa Melissa Kassandra Contreras Nava; en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo y con base en el poder general para pleitos y cobranzas, se reconoce al promovente el carácter de apoderado con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 28, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. PREVENCIÓN Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción IV de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificado de este auto, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en cuanto a lo siguiente: Narre de manera sucinta y cronológica los antecedentes del acto reclamado; asimismo, precise en qué consiste éste. Una vez desahogado el primer punto, indique si se dictó un auto o resolución de no ejercicio de la acción penal, y si con motivo de este se dictó el acto de archivo que refiere. Informe si a la fecha interpuso algún recurso en contra de dichos actos. Sustenta a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 202853 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Página 871 Tesis Aislada (Común) ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Amparo en revisión 393/95. Layda Francisca Pineda Vital. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís". El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. 3. Finalmente, exhiba de su escrito aclaratorio las copias necesarias para correr traslado a todas las partes. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo requerido, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. SEÑALA USUARIO Y SE AUTORIZA LA CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo se autoriza la consulta del expediente vía electrónica; precisando al efecto que tiene registrado como usuario "antoniolara"; atendiendo a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccional a cargo del propio Consejo, y en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza a la parte actora, la consulta del expediente en el señalado sistema electrónico, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a Efraín Antonio Lara Tinajero y Andy Cristopher Alcántar López, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, se tiene a los demás mencionados en el libelo constitucional como autorizados únicamente para oír y recibir todo tipo de notificación, en términos del artículo 24 de la citada Ley, por así haberlo manifestado expresamente el apoderado de la quejosa. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Héctor Guerrero Véjar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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