Mercedes del Socorro Flores Guillén

Expediente 1412/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1412/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Mercedes del Socorro Flores Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de diciembre de dos mil diecinueve . Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Transferir este expediente una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, a través del Magistrado Presidente, con domicilio en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral ***. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación en el juicio laboral ***, de su índice. Atento a ello, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 63, de la ley en la materia, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, los artículos 62 y 63, fracción IV, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su inexistencia en la audiencia constitucional (.)". Del primero de los numerales citados se desprende que el análisis de las causas de improcedencia es de oficio para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el segundo de dichos ordinales dispone que ante la inexistencia del acto reclamado debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1º, fracción I y 75, los cuales dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1º, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por lo que si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos numerales mencionados, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, así como de las actuaciones correspondientes al juicio laboral ***, se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dicha autoridad señaló las trece horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de conciliación en el juicio de origen. Ahora, la demanda que originó el sumario constitucional en que se actúa, fue presentada el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgado de Distrito Procesos Penales Federales y de Amparo y Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa; el acto reclamado por la solicitante de amparo, lo es, la omisión de la responsable señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación en el juicio laboral ***, de su índice. En virtud de lo anterior, resulta evidente que tal acto reclamado consistente en la omisión de la responsable en señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación en el juicio laboral *** de su índice, fue proveído en auto de veintiuno de octubre del actual, en que se señalaron las trece horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, es decir, con antelación a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de octubre de dos mil diecinueve), por lo que es claro que para la fecha en que se promovió el juicio de amparo el acto omisivo reclamado a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, no existía, tomando en consideración que el acuerdo se emitió antes de su presentación. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Octava época, tomo XIV, octubre de 1994, página 313, número de registro electrónico 210237, de rubro y texto siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Surtiéndose por ende la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta, por tanto, procede a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Asimismo, no pasa desapercibido que para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no obre la constancia de notificación del tercero interesado, ya que a nada práctico conduciría realizar los requerimientos correspondientes para la obtención del acuse del oficio correspondiente, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrita, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis P. V/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, registro 196912, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsaba, así como a la parte tercera interesada.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que aún no transcurre para todas las partes la vista otorgada en auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 740), respecto del dictamen emitido por la perito en materia de grafoscopía designada por este juzgado (fojas 730 a 735). En consecuencia, se difiere la reanudación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Lo anterior, tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 115, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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