Mercedes del Socorro Flores Guillén
Expediente 639/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/07/2019
Partes del expediente
- Mercedes del Socorro Flores Guillén
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: ************************* Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: ******************** 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. En tal virtud, envíese el oficio correspondiente el primer día hábil en que la citada autoridad reanude sus labores. **************************************** Lo anterior, toda vez que mediante oficio ********************, de nueve de julio de dos mil diecinueve, el secretario general de acuerdos y del Pleno del Tribunal del Trabajo Burocrático, del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad, informó a este Juzgado que se autorizó el primer periodo vacacional al citado tribunal, comprendido del dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve y, que reanudará sus labores el cinco siguiente. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 16/94, sustentada por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1994, página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad, por el que además remite copias certificadas del expediente ********** de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito de aclaración de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar dentro del expediente ******** lo relativo al emplazamiento a juicio del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas (foja 33). En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, como ya se dijo, la quejosa se duele de la omisión de acordar dentro del expediente *********** lo relativo al emplazamiento a juicio del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante, se advierte que en acuerdo de veinte de junio del año que transcurre, ordenó enviar despacho al Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, para efectos de correr traslado y emplazar al juicio de origen al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Comitán de Domínguez, Chiapas; es decir, acordó lo relacionado al emplazamiento al juicio de origen al citado Ayuntamiento; lo cual ocurrió en fecha posterior a la presentación de la demanda, la autoridad responsable oficiante, subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, de acordar lo relativo al emplazamiento al juicio de origen al Ayuntamiento Constitucional de Comitán de Domínguez, Chiapas; ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y las constancias remitidas por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintitrés de julio de dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL TERCERO INTERESADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que para poder estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, son necesarias las constancias relativas al expediente laboral ******** de su registro. Con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio a la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de su recibo, remita las copias certificadas debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas del citado expediente laboral. En el entendido que de no cumplir, se hará efectivo el apercibimiento realizado en proveído de seis de junio del año en curso (fojas 41-43). Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia número 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Al no estar debidamente integrado el presente juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA PORL LISTA AL TERCERO INTERESADO A.C.DE C. DE D. C., LA RESOLUCIÓN DE VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO QEU DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido en proveído de seis de junio de dos mil diecinueve (fojas 41-43), al tercero interesado ********* para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho. Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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