Mercedes de Jesús García Ruíz y Otros.
Expediente 1612/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Mercedes de Jesús García Ruíz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación..
- Principal
Se tienen por recibidos los oficios de cuenta signados por la Secretaria Ejecutivita del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas y Subdirector de Amparo, en ausencia del Fiscal General del Estado, residentes en esta ciudad, por medio de los cuales dan contestación a lo requerido en auto de veintiocho de octubre del año en curso. Ahora, de la información y constancias que remiten las citadas autoridades, por lo que respecta al Fiscal General, se aprecia que no hizo requerimiento alguno a efecto que el Fiscal del Ministerio Público Investigador 06, de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía de Derechos Humanos, dé el trámite debido al Registro de Atención 0062-101-2801-2021, a fin de realizar las diligencias necesarias para que se lleve a cabo la ratificación del dictamen médico, rendido mediante oficio 00386/1437/2022. Referente, a la Secretaria Ejecutivita del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, proporciona información de veintiocho de septiembre de dos mil veinte; sin embargo, no se aprecia los mecanismos utilizados para que la autoridad responsable de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En ese contexto, es evidente que las solas manifestaciones de los ocursantes antes referidos, deben considerarse como una actitud evasiva que genera retraso en el acatamiento de la sentencia de amparo, ya que únicamente se limitan a informar que han hecho gestiones desde el uno de octubre de dos mil veinte, así como desde el diez de noviembre de dos mil veintidós, donde se advierte que se ordenó la devolución del exhorto 63/2019-E, al juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, y no han ratificado el dictamen médico dentro del Registro de Atención 0062-101-2801 y sus acumulados, pero sin concretizar alguna que no lleve a lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante el requerimiento realizado. Por lo que se concluye que las autoridades en su calidad de superiores jerárquicos no realizaron actos contundentes que permitan establecer su voluntad de cumplir a cabalidad con lo ordenado por este Órgano de Control Constitucional, a lo que se encuentran obligados en términos del tercer párrafo del artículo 192, de la Ley de Amparo. En relación a lo anterior, pues con su conducta, retrasan innecesariamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el presente juicio, contraviniendo lo estipulado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192, 193 y 194, de la Ley de Amparo; por tanto, requiéraseles de nueva cuenta al Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación, informen a este Juzgado de Distrito, las gestiones que estén practicando a fin de lograr el debido cumplimiento a la resolución constitucional dictada en autos, haciéndoles de su conocimiento que sigue subsistente la medida de apremio decretada en auto de veintiocho de octubre del año en curso. "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO: Con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección de la justicia federal, será a efecto que: El Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas y Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, en el ámbito de sus respectivas competencias y funciones, dentro de los tres días siguientes a que cause ejecutoria la presente resolución, realice las siguientes actuaciones: a). En el supuesto que a la fecha en que cause ejecutoria este fallo, no se hayan desahogado las pruebas pendientes destacadas con antelación, instruya las acciones necesarias para que las mismas se recepcionen en un término no mayor a treinta días naturales contados a partir del siguiente al en que reciba la legal notificación de la misma; y, b). En el supuesto que haya desahogado los medios de prueba mencionados, deberá ordenar el agotamiento y el cierre de instrucción en la causa penal 276/2015 y emitir la resolución respectiva dentro del término legal que proceda, sin que pueda excederse del mismo, pues sería postergar de manera injustificada la solución de dicho proceso penal. (.)" Lo resaltado es nuestro. "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico." Cobra aplicación por identidad jurídica, el criterio, que literalmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DE LAS. De conformidad con el artículo 105 de la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no quedare cumplida dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, se mandará oficio al superior inmediato de la autoridad responsable, no para que sirva de intermediario respecto al acuerdo contenido en tal oficio, sino para que en ejercicio de su jerarquía y empleando todos los medios que la ley le conceda, obligue a su subordinado a cumplir sin demora la sentencia constitucional.". Asimismo, hágaseles del conocimiento a las citadas autoridades para que cumplan su deber de actuar sin evasiones, reiterándoles que el cumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo o cuando se efectúen procedimientos ilegales que retarden el cumplimiento de esta, cuyo objetivo consiste en no cumplir con el mandato federal, pues de seguir en ese actuar, se impondrán las sanciones de multa y continuar con el procedimiento de inejecución, enviándose los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, según corresponda para que en el momento procesal oportuno, en caso de proceder, la destitución del cargo y posteriormente la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
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