Meliton Escobar Sánchez
Expediente 937/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2019
Partes del expediente
- Meliton Escobar Sánchez
Actuaciones
- Principal
...sin que haya sido recurrido el proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes... archívese el presente como asunto concluido...este expediente es susceptible de destrucción...
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Melitón Escobar Sánchez, contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, Fiscal de Distrito Fraylesca y Fiscal del Ministerio Público Investigador, residentes en Villaflores, Chiapas, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el expediente 937/2019, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, les reclamo la orden dictada para efectos de no proceder al enjuiciamiento de os imputados René González Vázquez, Nolberto Ramírez Bravo, Humberto Rodríguez Escobar, Edubilio Escobar Sánchez, Fausto Ortiz Hernández, Basilio Hernández Ortiz, Sergio Ramírez Mazariegos, Leonardo Hernández Roblero, ya que hasta la presente fecha no se ha solicitado la audiencia inicial ante el tribunal de enjuiciamiento, contra de los CC. René González Vázquez, Nolberto Ramírez Bravo, Humberto Rodríguez Escobar, Edubilio Escobar Sánchez, Fausto Ortiz Hernández, Basilio Hernández Ortiz, Sergio Ramírez Mazariegos, Leonardo Hernández Roblero, como probables responsables de los delitos de daños y ecocidio, de hechos ocurridos en el predio denominado Argelia del municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, propiedad del hoy quejoso y sin que hasta la presente fecha se me hayan reparado los daños y no se ha aplicado justicia pronta e imparcial, dentro de la carpeta de investigación 0459-101-0407-2016, ante la Fiscalía del Ministerio Público de Villaflores, Chiapas. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, les reclamo la indebida orden dictada por las ordenadoras, de no aplicarse justicia en mi carácter de víctima y proceder al enjuiciamiento en contra de los imputados ya citados como probables responsables de los delitos de daños y ecocidio, de hechos ocurridos en el predio denominado Argelia del municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, dentro de la carpeta de investigación 0459-101-0407-2016, ante la Fiscalía del Ministerio Público de Villaflores, Chiapas." Así, de la lectura que se realiza de la demanda de forma integral como un todo, tenemos que el justiciable Melitón Escobar Sánchez, se adolece de la omisión de solicitar la audiencia inicial dentro de la carpeta de investigación 0459-101-0407-2016, ante la Fiscalía del Ministerio Público de Villaflores, Chiapas. En ese orden de ideas, este Órgano de Control Constitucional, considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracciones VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; conclusión a la que se arriba, de acuerdo con las puntualizaciones siguientes. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracciones VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Art. 16. .Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Art. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. .C. De los derechos de la víctima o del ofendido:. .VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Establecido lo anterior, de los transcritos numerales constitucionales relativos a los derechos fundamentales de las víctimas, se destaca el estatuido para la impugnación de las decisiones o abstenciones del ministerio público ante un Órgano Jurisdiccional. Así las cosas, la negativa y/o abstención del ministerio público para investigar dentro de una carpeta de investigación, de acuerdo a los ordenamientos constitucionales en el nuevo sistema de justicia, deberán ser impugnadas directamente ante el Juez de Control. En el caso, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este contexto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 109, 134 y 258, prevé el control judicial garantizado por el Juez de Control; dichos numerales establecen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: . IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código; XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento, de conformidad con las reglas que establece este Código;.". Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; .". Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento; III. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo; IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; V. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena; VI. Mantener el orden en las salas de audiencias, y VII. Los demás establecidos en la Ley Orgánica, en este Código y otras disposiciones aplicables. Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.". De los anteriores dispositivos, se obtiene que al Juez de Control le corresponde resolver sobre los derechos de la víctima relacionados, entre otros, con las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, esto es, desde la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Así, el Juez de control es el contrapeso natural para el Director de la investigación como es el Ministerio Público, sin importar si la autoridad ministerial depende del Ejecutivo, del Judicial o es un órgano autónomo. La dependencia o no a una rama del Estado no impide hablar de principios a ser observados durante el ejercicio de la función fiscal y el respeto a los derechos constitucionales durante el desarrollo de la investigación penal, o bien, de la necesidad de órganos de control y vigilancia de la actuación fiscal como es el caso de este juez. En este contexto, analizadas en su conjunto las disposiciones constitucionales y federal procesal, se deriva la legitimación para impugnar el actuar del ministerio público en la fase de investigación, por los efectos negativos que produce, será para la víctima del delito, si se tiene presente que se establece como un derecho fundamental a su favor dentro de la Carta Magna, máxime que dicho sujeto es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. El procedimiento para realizar dicha impugnación será incidental, es decir, se realizará la petición ante el Juez de control, quien convocará a una audiencia y en presencia de ambas partes (ministerio público y víctima y en su caso, al imputado y a su Defensor) y decidirá lo conducente. En atención a lo anterior, la promovente del amparo tiene la obligación de impugnar ante el Juez de Control competente la omisión, dilación y/o abstención del Ministerio Público a investigar en la carpeta de investigación de origen, de que se queja, e inclusive, la propia determinación por la que el Agente del Ministerio Público ejercite acción penal, de acuerdo a lo establecido en los numerales del Código Procesal en cita, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión de la aquí quejosa. En consecuencia, el acto aquí reclamado, se traduce en un acto jurídico-administrativo de una autoridad ministerial, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Por tanto, en contra de las actuaciones reclamadas por la quejosa a las autoridades responsables, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de las mismas tendrá que acudir ante el Juez de Control correspondiente, en estricta observancia a los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracciones VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del tenor siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Cabe señalar, que la presente determinación no hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, ya que en caso de considerar que el amparo es procedente en contra de los actos que se duele, evidentemente que la tramitación del juicio de amparo, dilataría mucho más la obtención de una respuesta acorde a sus intereses que acudir ante el Juez de Control correspondiente; ello es así, dado que la tramitación del proceso penal (metodología de audiencia), de suyo conlleva una mayor agilidad que la tramitación de la vía extraordinaria. Ello acontece en virtud de que la simple tramitación del juicio de amparo implicaría casi dos meses, sin considerar la eventual interposición de cualquiera de los recursos previstos en la Ley de Amparo, mientras que al acudir ante el Juez de Control su petición será atendida por parte del Juez de Control resolviéndola en definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso particular, como ya quedó plasmado, resultan aplicables las disposiciones del nuevo sistema penal acusatorio y oral, con base en lo dispuesto en el artículo segundo transitorio Constitucional. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en esta Entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil quince, según la Declaratoria de Inicio de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Chiapas, según decreto 36, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, de veintisiete de noviembre de dos mil catorce. Así, "los procesos penales" que se inicien a partir del treinta de diciembre de dos mil quince, deben ser tramitados y concluidos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que acontece en el caso particular, pues la denuncia de hechos la realizó la quejosa, según manifestó bajo protesta de decir verdad, el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que la tramitación de su denuncia se rige conforme al nuevo sistema penal. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en materia procesal no opera la aplicación retroactiva de la ley si se considera que la ley procesal está formada, entre otras, por normas que otorgan facultades jurídicas a una persona para participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento, y al estar éstas regidas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se le prive de una facultad con la que contaba. Esto, porque es en la sustanciación de un juicio regido por la norma legal adjetiva donde tiene lugar la secuela de actos concatenados que constituyen el procedimiento, los que no se realizan ni se desarrollan en un solo instante, sino que se suceden en el tiempo, y es al diferente momento de realización de los actos procesales al que debe atenderse para determinar la ley adjetiva que debe regir el acto respectivo. Por tanto, si antes de actualizarse una etapa del procedimiento el legislador modifica su tramitación, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas o el procedimiento mismo, no existe retroactividad de la ley, ya que las facultades que dan la posibilidad de participar en cualquier etapa del procedimiento, al no haberse actualizado ésta, no se afectan. Además, tratándose de leyes procesales, existe el principio doctrinario de que las nuevas son aplicables a todos los hechos posteriores a su promulgación, pues rigen para el futuro y no para el pasado, por lo que la abrogación o derogación de la ley antigua es instantánea, y en lo sucesivo debe aplicarse la nueva. En consecuencia, la aplicación del ordenamiento legal que establece el nuevo sistema procesal penal acusatorio sobre actos procesales acontecidos a partir de su entrada en vigor, no viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la diversa tesis, del tenor siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO. El artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que el sistema procesal penal acusatorio entrará en vigor al día siguiente al de la publicación del propio Decreto en el medio oficial mencionado, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes; sin embargo, la vigencia de las citadas reformas también se condicionó a lo previsto en los artículos segundo y tercero transitorios del indicado Decreto, en el sentido de que los poderes legislativos deben emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales y en la cual se señalará expresamente que el sistema mencionado se ha incorporado a los aludidos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías consagradas en la Constitución Federal empezarán a regular la sustanciación de los procedimientos penales. En ese sentido, si un precepto legal relativo al sistema procesal penal acusatorio se impugna después de la declaratoria referida, es indudable que su confrontación debe hacerse contra el nuevo texto constitucional, pero si la impugnación se realiza con anterioridad a tal declaratoria, la confrontación será a la luz del texto constitucional vigente antes de ser reformado, pues de esa manera todos los actos de autoridad quedan sujetos a control constitucional." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vigor en relación con los artículos 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracciones VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede DESECHAR de plano la demanda de amparo promovida Melitón Escobar Sánchez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la Jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene como autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rosenber López Zebadua, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito y a los restantes únicamente para los efectos mencionados por así haberlo solicitado. Finalmente, atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al actuario judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya al domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,677 expedientes
- Medardo Enrique Bravo Martínez y Otros.17/2022
- Mederbek Karagulov, representado por Misael Ortiz Cruz y Otros.1107/2023
- Mei Ling Ley Hernández1183/2022
- Melby Rodríguez Morales1759/2023
- Melecio Gómez López y Otros.1567/2022
- Mélida Hernández González y Otros.1329/2023
- Melly Yalina Reyes Gálvez1048/2019
- Mercedes Balcázar Coronel297/2019
- Mercedes Carrasco Solís494/2019
- Mercedes de Jesús García Ruíz y Otros.1612/2022
- Mercedes de Jesús García Ruiz y Otros.1863/2023
- Mercedes Genaro Villatoro Álvarez105/2019